AMPARO DIRECTO PENAL PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE QUE INDEBIDAMENTE FUE SANCIONADO CONFORME A LAS REGLAS DEL CONCURSO IDEAL Y NO DEL CONCURSO REAL, DEBE CONCEDER LA PROTECCIÓN PARA QUE SE SUBSANE ESA IRREGULARIDAD APLICANDO LAS REGLAS DEL CONCURSO REAL, SIN QUE LA SANCIÓN PUEDA SER MAYOR A LA IMPUESTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEXTA REGIÓN, EN APOYO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 29 DE FEBRERO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: FRANCISCO OCTAVIO ESCUDERO CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, en apoyo del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
TERCERO. Ahora bien, con el fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, se estima conveniente transcribir las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidos a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la controversia de criterios anunciada.
El Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, en apoyo del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el veinticinco de enero de dos mil once el amparo directo penal 700/2010, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Los conceptos de violación resultan infundados. ... Tampoco prospera su concepto de violación d), donde expone que la sentencia es ilegal porque le fue impuesta una pena excesiva y desproporcionada, ya que aduce que se aplicó la ley en forma letrística (sic). No asiste razón al quejoso, ya que en lo relativo a la individualización de las sanciones impuestas, tampoco se aprecia que la determinación del tribunal señalado como responsable le hubiese irrogado perjuicio, porque al realizar el estudio relativo comulgó con el a quo en situar al enjuiciado, ahora quejoso, en un grado de culpabilidad mínimo, conforme a lo dispuesto en los numerales 51 y 52 del Código Penal Federal. A continuación, la Magistrada individualizó la pena atendiendo a las reglas del concurso ideal de delitos por considerar que se trataba de un concurso ideal heterogéneo en que existe una única conducta que infringe varios tipos penales de distinta naturaleza, pues sostuvo que si bien esos delitos no son de resultado formal, sino de peligro en abstracto, también es que son distintos en cuanto a que la posesión de drogas se encamina a la salud pública y respecto de la portación de armas de fuego quedan vulneradas la tranquilidad y la paz social. Puntualizado lo anterior, se advierte que el criterio del tribunal de apelación, en cuanto a la imposición de las sanciones penales, lejos de perjudicarle le beneficia. Se sostiene lo expuesto, porque este órgano de control constitucional advierte que la consideración de la Magistrada responsable no resulta acorde a derecho pues, en el caso, se actualiza el concurso real de delitos, al haberse demostrado plenamente que el hoy quejoso poseía marihuana con fines de venta; además, de manera simultánea portó un arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas del país, sin contar con el permiso correspondiente y sin pertenecer a dichos institutos; asimismo, portó un arma de fuego sin licencia expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional. En consecuencia, se trata de una pluralidad de actos o acciones independientes entre sí, que constituyen una pluralidad de delitos. Así se advierte de la jurisprudencia 85/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintisiete de octubre de dos mil diez, con el rubro y texto siguientes: ‘CONCURSO REAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTIVO COMETE EL DELITO CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, Y EL DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, AUN CUANDO SE REALICEN SIMULTÁNEAMENTE.’ (se transcribe). En consecuencia, correspondía a la autoridad responsable sancionar al ahora quejoso conforme a la regla establecida en el segundo párrafo del artículo 64 del Código Penal Federal, el cual dispone que en caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero de dicho ordenamiento legal. Sin embargo, toda vez que la determinación de la Magistrada responsable, aunque incorrecta, beneficia al solicitante de garantías, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente impedido para agravar su situación legal, pues de ordenar que se aplique la sanción correspondiente, ello implicaría que la responsable impusiera al ahora quejoso una pena de prisión mayor a la establecida en la sentencia reclamada, de ahí que deba permanecer intocada la citada determinación, en aras de respetar el principio de non reformatio in peius. Efectivamente, se debe partir del principio relativo a que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violan garantías individuales, de modo que cuando se concede la protección de la Justicia Federal, el objeto es restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, es decir, se trata de un medio extraordinario de defensa tendente únicamente a favorecer al promovente, mas no a revisar el acto reclamado, y de advertir que por alguna circunstancia es ilegal, se pueda conceder el amparo para que se emita otro que pudiera perjudicar en mayor medida al quejoso. Así, si en el caso del error mencionado consiste en que en lo atinente a la individualización de la pena, la responsable avaló la determinación del Juez de origen en el sentido de considerar que se actualizaba un concurso ideal de delitos, cuando según se ha expuesto, en realidad el que se configura es el concurso real, la consecuencia legal de conceder el amparo sería que la responsable en reparación de su error, dejara sin efecto el fallo reclamado en el aspecto destacado y aplicara la pena correspondiente al concurso real, lo que como se apuntó, implicaría conceder un amparo en perjuicio del promovente, lo cual desnaturaliza dicho medio de control constitucional pues, se reitera, el error judicial lejos de perjudicar beneficia al quejoso. Se invoca por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 71/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 86 del Tomo XXX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de noviembre de 2009, que dice: ‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO SE CONCEDE PARA EFECTOS, POR ACTUALIZARSE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ DE ORIGEN NO PUEDE, CON BASE EN EL MISMO MATERIAL PROBATORIO, DICTAR NUEVO FALLO EN EL QUE AGRAVE LAS PENAS INICIALMENTE DECRETADAS.’ (se transcribe). Sobre el tópico relativo a dejar intocada la determinación de la Magistrada responsable al aplicar las reglas del concurso ideal de delitos, este órgano de control constitucional no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en la tesis aislada IV.1o.P.41 P, publicada en la página 1725 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de julio de 2008, que dice: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE PRIMER GRADO QUE APLICA LAS REGLAS DE LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DEL CONCURSO IDEAL DE DELITOS Y EN LA MISMA SENTENCIA LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSIDERA QUE ESTA FIGURA NO SE ACTUALIZA Y QUE DEBE SANCIONARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL CONCURSO MATERIAL ES VIOLATORIA DE AQUEL PRINCIPIO, AUN CUANDO DICHO FALLO PUDIERA RESULTAR MÁS BENÉFICO PARA EL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe). Lo anterior, toda vez que el hecho de que la autoridad responsable haya determinado confirmar la aplicación del concurso ideal de delitos, cuando resulta aplicable el concurso real, no podría válidamente invocarse para otorgar la protección constitucional a fin de que, en aras del principio de exacta aplicación de la ley penal, se eliminara la aplicación de las reglas del concurso ideal, ya que, al no poder aplicar las del concurso real, en razón de que perjudicarían al sentenciado como se argumentó previamente, la consecuencia del amparo sería que no se aplicara ninguna de las reglas del concurso de delitos y, de ser así, se estaría empleando el juicio de amparo precisamente para contravenir dicho principio, al ordenarse a la autoridad responsable efectuar una conducta no apegada a la norma jurídica, en tanto que se sancionaría sólo uno de los delitos cometidos, lo cual resulta inadmisible, pues se comprobó plenamente la responsabilidad penal del quejoso en la comisión de más de un delito, por lo que entonces no se estaría aplicando la ley penal de manera exacta, no obstante que los hechos que motivaron el proceso penal y la sentencia, se encuentran expresamente previstos y sancionados por la ley penal, y aun así se dejaría de sancionar al quejoso por uno de esos ilícitos, pero no por inexacta aplicación de la ley que prevé y sanciona las conductas reprochadas, sino por un error en beneficio del quejoso en cuanto a la determinación del concurso de delitos actualizado, lo que haría incongruente el fallo reclamado, porque a pesar de haberse demostrado la comisión de dos distintos delitos y la plena responsabilidad penal del acusado, por un tecnicismo jurídico que beneficia al quejoso, una de las conductas delictivas quedaría sin sancionar, lo que resulta contrario a los fines del derecho penal. En consecuencia, a fin de que el Más Alto Tribunal del País determine el criterio que debe prevalecer, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procédase a denunciar la contradicción de tesis correspondiente. Por tanto, deben quedar firmes las penas impuestas al quejoso **********, consistentes en siete años y seis meses de prisión, así como cien días multa, acordes al grado de culpabilidad mínimo estimado, aplicando para ello las penas mínimas previstas para el delito de posesión de marihuana con fines de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, en relación al diverso 194 del mismo ordenamiento, que resultó ser el delito que prevé sanción mayor; pena determinada que aumentó en dos años y seis meses más de prisión, por los restantes ilícitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el 11, inciso e), y portación de arma de fuego sin licencia, previsto por el artículo 81, en relación con el 9, fracción III y 10, fracción I, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que de acuerdo a la regla del concurso ideal de delitos, que aunque incorrecta beneficia al quejoso, a la pena del delito de posesión de marihuana con fines de venta se le sumó la diversa pena prevista para los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la de portación de arma de fuego sin licencia, teniendo como límite la mitad de la pena individualizada del delito que mereció la mayor, es decir, dos años y seis meses de prisión, por ser la mitad de la pena individualizada de cinco años impuesta por la posesión de marihuana con fines de venta, de ahí que la pena de siete años y seis meses de prisión, así como cien días multa, no vulnera las garantías individuales del hoy quejoso pues, incluso, le beneficia en relación a la que legalmente le correspondía según el concurso real de delitos. En cuanto a la multa por el equivalente a cien días de salario, es correcto que se haya tomado en consideración el salario mínimo vigente en el lugar y el día de los hechos, que era de $54.80 (cincuenta y cuatro pesos con ochenta centavos), al no existir certeza sobre la percepción neta diaria del acusado, hoy quejoso, ya que ante el Ministerio Público de la Federación dijo percibir mil doscientos pesos semanales, y ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, dijo percibir mil ochocientos pesos semanales, aproximadamente; multa que para el caso de insolvencia acreditada, se le sustituyó correctamente por cien jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, como lo prevé el párrafo tercero y siguientes del ordinal 27 del Código Penal Federal, sanciones que, se estima, guardan relación de congruencia con el grado de culpabilidad apreciado en el sentenciado por la Magistrada responsable y que no le causa agravio. De la misma manera, los aspectos de la condena relativos a su amonestación, el decomiso de los artefactos afectos a la causa penal de origen y la suspensión en los derechos políticos y civiles, no violan los derechos fundamentales del impetrante de garantías, porque tales determinaciones tienen fundamento en los artículos 40, 42 y 46 del Código Penal Federal y 528 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que obedecen a la naturaleza misma de las consecuencias derivadas de su ilícita conducta. Tampoco transgrede sus garantías individuales el hecho de que la Magistrada responsable haya negado los beneficios de la condena condicional y la sustitución de la pena de prisión, esto en atención a que, habiéndose impuesto la de siete años y seis meses, ésta rebasa el límite establecido en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal. Finalmente, no prospera el concepto de violación donde expone que deben aplicarse en su beneficio las penas que para el delito de posesión de marihuana con fines de venta prevé el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, ello en atención a que si bien es cierto que el numeral 476 de dicha legislación, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve (y que, por tanto, estaba vigente al dictarse la sentencia de primera instancia), prevé una menor penalidad para el delito de posesión de narcóticos con fines de venta, lo cierto es que no procedía su aplicación por parte de la Magistrada responsable, toda vez que de acuerdo a la diligencia de inspección ocular practicada por el representante social de la Federación, el narcótico que se aseguró al ahora quejoso y a otros, mismo que se identificó pericialmente como cannabis sativa l, conocida comúnmente como marihuana, arrojó un peso neto de nueve kilos y ochocientos cincuenta y seis gramos, lo cual excede del máximo contemplado en el artículo en mención, que dispone: ‘Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.’. Por su parte, la tabla de orientación de dosis máximas de consumo, contemplada en el artículo 479 de la Ley General de Salud, prevé como dosis máxima de consumo personal e inmediato, la de cinco gramos de cannabis sativa l o marihuana, la cual, multiplicada por mil, arroja la cantidad de cinco mil gramos, o bien cinco kilogramos, por lo que resulta claro que dichas disposiciones no resultaban aplicables a favor del ahora quejoso, pues los hechos por los cuales se le dictó sentencia condenatoria, materia del delito contra la salud, consisten en haber poseído nueve kilos y ochocientos cincuenta y seis gramos de cannabis sativa l, con el fin de venderla a terceras personas, cantidad que excede del máximo de cinco kilogramos precisado. Por tanto, con independencia de que la Magistrada responsable no haya efectuado pronunciamiento al respecto, por no resultar aplicable dicha reforma a favor del quejoso, este órgano colegiado determina procedente efectuar el análisis de fondo planteado en dicho concepto de violación, ya que el artículo tercero transitorio del decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí que en la hipótesis de resultar aplicable dichas reformas, la responsable estaría obligada a invocarlas en su beneficio; empero, en este caso, al no situarse el quejoso en la hipótesis a que alude el artículo 476 de la Ley General de Salud, resulta innecesario que obre pronunciamiento de la Magistrada de apelación, a efecto de dar contestación al motivo de disenso en cita, pues al resultar inaplicable dicha legislación al ahora quejoso, en aras del principio de celeridad, se califica de infundado el concepto de violación que hace valer en su demanda de amparo. En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada."
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al fallar el veintiuno de febrero de dos mil ocho el amparo directo 245/2007, consideró, en lo que sustancialmente interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Los anteriores conceptos de violación transcritos son infundados; empero, este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en suplencia de la queja estima que el apartado relativo a la individualización de la pena, trastoca derechos fundamentales del impetrante ... En otro orden de ideas, por cuanto hace a la clasificación del delito, la Sala responsable estimó que no se actualizaba el concurso ideal si no el real; quien añadió que por ser más benéfica la pena impuesta debía de quedar incólume. Sin embargo, esa decisión resulta incorrecta, pues la autoridad responsable dejó de atender las prerrogativas consagradas a favor del quejoso por artículo 14 de la Ley Suprema; concerniente a que está prohibidas las sanciones por simple analogía o por mayoría de razón, cuando éstas no se encuentren decretadas por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, y en ese sentido, estaba obligada a eliminar la aplicación del concurso ideal. Es de citar al caso, el criterio de rubro y texto siguientes: No. Registro: 177613. Tesis aislada. Materias: Constitucional y penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, agosto de 2005, tesis 1a. LXXXIX/2005, página 299: ‘EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Máxime, que el agente del Ministerio Público dejó de refutar el referido punto, y en ese sentido, y dado como lo expresó el tribunal ad quem, las conductas llevadas a cabo por el quejoso se realizaron en diversos momentos, lo que significa que se trata de un concurso real, y no ideal, de ahí que no eran aplicables las penas del referido concurso, pues al hacerlo se desatendió el contenido del artículo 14 de la Ley Fundamental. Por otra parte, de la sentencia impugnada, se desprende que al individualizar la pena y determinar al quejoso un grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo, la autoridad atendió como circunstancia agravante el grado de instrucción superior al básico (preparatoria), lo que precisó la autoridad revela una capacidad intelectual que resulta suficiente para conocer las consecuencias de sus actos. Empero, esa decisión se estima incorrecta, ya que relaciona el grado académico del acusado con la capacidad del discernimiento, empero, esta última constituye un presupuesto de la culpabilidad, de forma que si se estableció que la conducta desplegada por el agente era culpable, es claro que su punibilidad debió ser graduada prescindiendo de esa capacidad, ya que al no haberlo hecho así, la autoridad llevó a cabo la recalificación de un aspecto de los elementos del delito, al utilizarlo como agravante para ubicar el grado de culpabilidad del encausado, esto es, efectuó un doble reproche sobre una misma determinación, lo cual transgrede las garantías constitucionales del quejoso. Se comparte al efecto el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 429, la cual a la letra dice: ‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, RECALIFICACIÓN DE CONDUCTAS. VIOLATORIA DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). Igual consideración se emitió en el juicio de amparo 167/2007, resuelto por este Tribunal Colegiado en sesión de diecinueve de octubre de dos mil siete. En las relacionadas consideraciones, lo procedente es conceder al quejoso el amparo que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el fallo combatido y dicte otro en el que reiterando lo relativo al acreditamiento de los delitos de amenazas e injurias como la responsabilidad del quejoso en su comisión, y proceda a emitir una nueva resolución, en la cual elimine la aplicación del concurso ideal, y en el capítulo de individualización de la pena, deje de considerar como circunstancia agravante el grado de instrucción académica del acusado y una vez hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho lo que proceda."
El fallo anterior dio origen a la siguiente tesis aislada:
"No. Registro: 169299
"Tesis aislada
"Materia: Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVIII, julio de 2008
"Tesis: IV.1o.P.41 P
"Página: 1725
"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE PRIMER GRADO QUE APLICA LAS REGLAS DE LA IMPOSICIÓN DE LA PENA DEL CONCURSO IDEAL DE DELITOS Y EN LA MISMA SENTENCIA LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSIDERA QUE ESTA FIGURA NO SE ACTUALIZA Y QUE DEBE SANCIONARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL CONCURSO MATERIAL ES VIOLATORIA DE AQUEL PRINCIPIO, AUN CUANDO DICHO FALLO PUDIERA RESULTAR MÁS BENÉFICO PARA EL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual la prohibición de imponer sanciones por simple analogía y aun por mayoría de razón, cuando éstas no se encuentren decretadas por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata. En ese sentido, resulta ilegal la determinación del tribunal de alzada que confirma la resolución de primer grado donde se aplican las reglas de la imposición de la pena del concurso ideal de delitos que prevé el artículo 37 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, y en la misma sentencia la autoridad responsable consideró, en forma destacada, que esa figura jurídica no se actualizaba y que debió sancionarse conforme a las reglas del concurso material, toda vez que con ello se viola el principio de exacta aplicación de la ley penal, aun cuando esa determinación pudiera resultar más benéfica al acusado, pues ello no es razón para incurrir en violación a aquella disposición constitucional.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito
"Amparo directo 245/2007. 28 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rodríguez Gámez. Secretario: Juan Carlos Esper Félix."
Similares consideraciones sostuvo el órgano colegiado en cita, en sesión de tres de diciembre de dos mil nueve, al resolver el amparo directo número 224/2009, razón por la cual se omite transcribirlas en obvio de inútiles repeticiones y se dan por íntegramente reproducidas en este apartado.
CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de esta denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia cuyos datos y texto son del tenor literal siguiente:
"No. Registro: 164120
"Jurisprudencia
"Materia: Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, agosto de 2010
"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. E
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23728-268175aa/amparo-directo-penal-promovido-por-el-sentenciado-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONCURSO REAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTIVO COMETE LOS ILÍCITOS CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO Y POSESIÓN DE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES SUSTENTA SU RESOLUCIÓN EN UN PRECEDENTE OBLIGATORIO EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SUS EFECTOS CUANDO SE CONCEDE AL INCULPADO POR INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE LO JUZGÓ. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONCURSO IDEAL DE DELITOS. LA INAPLICACIÓN DE LA REGLA PREVISTA EXPRESAMENTE POR EL LEGISLADOR PARA SANCIONARLO Y CONFIGURAR JUDICIALMENTE OTRA DISTINTA, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO PENAL PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE QUE INDEBIDAMENTE FUE SANCIONADO CONFORME A LAS (1a./J. 47/2012 (10a.))
- AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LO CONCEDE Y NO ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, (I.9o.P.123 P (10a.))
- CONCURSO DE DELITOS. SI EL TRIBUNAL DE APELACIÓN CONFIRMA EN SU RESOLUCIÓN LA FIGURA IDEAL QUE CONSIDERÓ OPERANTE EL JUEZ DE PRIMER GRADO, NO OBSTANTE ESTIMAR QUE EL QUE SE ACTUALI (III.2o.P.151 P)
- AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN QUE SE PROPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO PENAL SUSTANTIVO QUE FUNDÓ LA SUJECIÓN DEL QUEJOSO AL PROCESO Y L (6)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis