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CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. ES IMPROCEDENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES SUSTENTA SU RESOLUCIÓN EN UN PRECEDENTE OBLIGATORIO EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 369/2023. · Registro digital (IUS): 32655
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.185.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 369/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2024. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 369/2023, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si es procedente la contradicción de criterios denunciada entre el sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito de la Región Centro-Sur, con base en un precedente obligatorio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de otro sustentado por un diverso Tribunal Colegiado de Circuito de la Región Centro-Norte.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Región Centro-Sur) denunció la posible contradicción entre el criterio que sustentaron los integrantes de dicho órgano jurisdiccional al resolver el amparo directo 3/2023,(1) en relación con lo decidido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el amparo directo 85/2022.(2)

2. El punto de contradicción advertido es sobre determinar si en un procedimiento abreviado, en el que se actualiza un concurso de delitos, el juez de control cuenta con facultades para imponer una pena menor a la acordada por las partes.

3. Admisión y turno. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 369/2023. Asimismo, admitió a trámite la denuncia presentada y determinó que, por razón de la materia, la competencia para conocer del caso corresponde a esta Primera Sala. Por ello ordenó la integración del asunto y envió los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.

4. En el mismo acuerdo, la Presidencia solicitó al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito la remisión de la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria relativa al amparo directo 85/2022, de su índice. Además, le pidió que informara si el criterio sustentado en ese asunto se encuentra vigente.

5. Vigencia del criterio contendiente. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la versión digitalizada de la ejecutoria dictada en el amparo directo 85/2022 e informó que continúa vigente el criterio sustentado en dicho asunto.

6. Avocamiento. El ocho de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala acordó el avocamiento del caso y tuvo por recibidos los autos de la contradicción de criterios que nos ocupa, los cuales se enviaron a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del país;(3) 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(4) así como 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(5) en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diversas regiones. Además, por tratarse de un tema del orden penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala, sin que se adviertan motivos para la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

8. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política del país y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(7) la contradicción fue denunciada por parte legitimada, ya que la formulan los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, órgano jurisdiccional cuyo criterio contiende en este asunto.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

9. En este apartado se realiza una síntesis de los principales argumentos que sustentó cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que contienden en la presente contradicción de criterios, así como del contexto que llevó a los órganos jurisdiccionales a resolver como lo hicieron.

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el amparo directo 3/2023

10. Procedimiento abreviado. En un procedimiento penal acusatorio, instaurado por la comisión de los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas, previstos y sancionados en los artículos 176 Ter, 206 y 207, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco,(8) el Ministerio Público solicitó la apertura de un procedimiento abreviado.

11. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público llegó a un acuerdo con el imputado, su defensa y la víctima, para que, a cambio de que aceptara su responsabilidad penal en la comisión de dichos ilícitos, se redujera en un día la pena de prisión y se le impusieran ocho meses, veintinueve días como pena privativa de libertad y el pago de la reparación del daño por la cantidad de Monto.(9)

12. El once de mayo de dos mil veintidós, el Juez Tercero de Control y Juicio Oral del Sexto Distrito Judicial de Jalisco, con sede en Nombre de ciudad, en los autos de la carpeta procesal Primer número de expediente, celebró la audiencia de procedimiento abreviado en la que, después de verificar los requisitos de procedibilidad de la forma de terminación anticipada del proceso y de otorgar el uso de la voz a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, dictó una sentencia de condena por la comisión de los delitos antes señalados, y le impuso la pena de seis meses, cinco días de prisión y Monto, por concepto de reparación del daño.

13. Lo anterior, señaló el Juez de Control, en virtud de que el delito de violencia familiar tiene una pena mínima de seis meses, mientras que el diverso delito de lesiones dolosas, al haber sido cometido con base al concurso ideal, tiene una sanción de tres días, de esos seis meses tres días tendría que ser la reducción de un día, por lo que lo correcto era imponer seis meses, cinco días de prisión.

14. Recurso de apelación. En contra de la sentencia de condena, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Décima Sala Especializada de Justicia Integral para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que lo registró con el número de expediente Segundo número de expediente.

15. El siete de septiembre de dos mil veintidós, la mencionada Sala especializada resolvió el recurso de apelación en el sentido de modificar la sentencia recurrida únicamente en lo relativo a la pena de prisión impuesta al acusado, la cual incrementó a ocho meses, veintinueve días.

16. Lo anterior, en virtud de que consideró fundados los agravios formulados por el Ministerio Público relacionados con que, al imponer una pena menor a la que fue acordada, el Juez de Control transgredió el artículo 206, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el ministerio público y aceptada por el acusado.(10)

17. Demanda de amparo directo. En contra de la resolución de segunda instancia, el sentenciado presentó una demanda de amparo directo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:

a) Se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, en virtud de que el ministerio público no se ajustó a las reglas del concurso real de delitos cuando ofertó la pena a aplicar.

b) La responsable vulneró el principio de imparcialidad al suplir los agravios expresados por la representación social. Además, incumplió con su obligación de ejercer un debido control de convencionalidad.

c) La resolución impugnada vulnera el derecho a la libertad personal, pues el incremento determinado por la Sala Especializada implica que lo internen nuevamente, aunque ya había compurgado la pena privativa de libertad de seis meses, cinco días impuesta por el Juez de Control.

Consideró aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por título: "CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.".(11)

d) La responsable no trascribió en su resolución los agravios de la fiscalía y señaló que no tenía la obligación de hacerlo con base en criterios jurisprudenciales en materia de amparo, los cuales no eran aplicables.

e) Al haber modificado la sentencia dictada dentro de un procedimiento abreviado, la responsable vulneró el principio de estricta aplicación de la ley y el derecho de audiencia.

18. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que la registró con el número de expediente 3/2023. El trece de noviembre de dos mil veintitrés, el mencionado Tribunal Colegiado dictó sentencia en el sentido de negar el amparo, al tenor de las siguientes consideraciones:

a) No se vulneraron los derechos de audiencia y de defensa adecuada.

b) La sentencia recurrida no carece de una debida motivación y fundamentación. Aunado que no existía la obligación de transcribir los motivos de agravio.

c) No se vulneró el principio de imparcialidad, ni se incumplió con la obligación de ejercer un control de convencionalidad debido a que no era necesario llevarlo a cabo.

d) No se trasgredió el artículo 206, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1091/2021,(12) determinó el alcance de las facultades del juez de control en el procedimiento abreviado para determinar la pena a imponer y la consistencia existente entre los artículos 202, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 21, de la Constitución Política del país.(13)

Al respecto, el Alto Tribunal determinó que con la creación del procedimiento abreviado, el juez de control actúa como un árbitro en la negociación entre las partes que asumen los costos y beneficios del acuerdo pactado.

El juez de control no tiene las mismas funciones que un tribunal de enjuiciamiento, pues sólo debe revisar que se cumplan los supuestos de procedibilidad, que se respete el debido proceso y que no se vulneren los derechos de las partes.

La labor del juez de control se limita a analizar que se actualicen las condiciones de procedencia de la resolución anticipada de la controversia y a cerciorarse que la persona inculpada aceptó renunciar a ser juzgada en un juicio oral, a pesar de la presunción de inocencia que opera en su favor, con pleno conocimiento de lo que eso implica.

Las facultades del juzgador no llegan al grado de evaluar la justicia sustantiva del acuerdo, por lo que no puede cuestionar su contenido ni sus propios méritos, pues se entrometería en un convenio de las partes en función de sus propios intereses, lo que haría ineficiente el sistema.

Por ende, no puede modificar la pena o negarse a imponer una que, a su entender, sea poco beneficiosa, de conformidad con el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su penúltimo párrafo establece una prohibición de imponer una pena distinta o de mayor alcance a la solicitada por el ministerio público y aceptada por el acusado, a pesar de que debe verificar que la pena acordada se ciña al límite máximo establecido en el diverso artículo 202.

En ese sentido, el papel del juez de control es importante en tanto que le corresponde, al final, imponer la pena. Asimismo, aunque debe abstenerse de modificar o variar el consenso alcanzado, sólo él le otorga plenos efectos jurídicos mediante la sentencia.

Derivado de lo anterior, la determinación de la responsable, en la que modificó la pena que el primigenio había impuesto al acusado y determinó que lo correcto era imponer ocho meses, veintinueve días de prisión, que fue la sanción pactada por el ministerio público y el acusado, cumple con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por tanto, es posible concluir que la modificación de la pena que le fue impuesta al imputado no vulnera, en su perjuicio, los derechos de audiencia, debido proceso legal y defensa adecuada.

La resolución de la responsable se ajustó al criterio establecido en la jurisprudencia de rubro: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL.".(14)

Finalmente, es inaplicable la jurisprudencia de un Tribunal Colegiado, de título: "CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.",(15) puesto que se refiere a la individualización de las sanciones privativas de libertad en caso de que exista concurso de delitos, exclusivamente en el procedimiento ordinario, ya que el juzgador ejerce su arbitrio judicial en una forma distinta tratándose del procedimiento abreviado.

En virtud de lo anterior, señaló que no comparte la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, invocada por el quejoso, que se titula: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. TRATÁNDOSE DE CONCURSO REAL DE DELITOS, EL JUEZ DE CONTROL CONSERVA SU FACULTAD CONSTITUCIONAL PARA IMPONER UNA PENA MENOR A LA PROPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ACEPTADA POR EL IMPUTADO, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES APLICABLES.".(16)

Es infundado que la propuesta del Ministerio Público no se ajusta a las reglas del concurso real, pues en el caso se trata de un concurso ideal o formal de delitos, en términos de los dispuesto en el artículo 67 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.(17)

Aunado a lo anterior, el Juez de Control incurrió en un error, tanto al disminuir la pena de prisión pactada por las partes, como al computar la sanción que impuso, pues sostuvo que las limitantes previstas en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales no impiden al órgano jurisdiccional imponer una pena menor a la acordada.

En ese sentido, la pena de ocho meses veintinueve días de prisión impuesta por la responsable no vulnera en su perjuicio derecho fundamental alguno, pues resulta de aplicar las reglas del concurso ideal de delitos, que derivó de la suma de la pena mayor que correspondió al delito de violencia familiar (seis meses) y la pena del delito menor de lesiones (tres meses), sin que excediera de la mitad de la primera de ellas, que suman nueve meses de prisión, menos el día de descuento ofrecido por el ministerio público y aceptado por el acusado.

e) En vista de todo lo anterior, el Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo solicitado y denunció la posible contradicción de criterios que nos ocupa.

B. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte) en el amparo directo en revisión 85/2022

19. Procedimiento abreviado. En un procedimiento penal acusatorio, instaurado por la comisión del delito de robo agravado, cometido en dos distintas conductas, previsto y sancionado en los artículos 220, fracción II, 224, inciso A), fracciones VIII y IX, 225, fracción II, y 79, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México),(18) el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado.

20. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público llegó a un acuerdo con el imputado, su defensa y la víctima, para que a cambio de que aceptara su responsabilidad en la comisión de dichos ilícitos, se redujera en un cuarto la pena de prisión y se le impusieran ocho años, tres meses como pena privativa de libertad y noventa días multa.(19) Sin que fuera necesario condenar a la reparación del daño, en virtud de que se recuperaron los objetos materia del robo y de que se exhibió un billete de depósito.

21. El primero de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Control Judicial Dos, en los autos de la carpeta judicial Tercer número de expediente, celebró la audiencia de procedimiento abreviado, en la que el defensor del imputado solicitó que, en atención al artículo 79, del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se impusiera la pena mayor de las dos que propuso la fiscalía, que es la de cuatro años, diez meses, quince días de prisión para cada conducta.

22. Sustentó su decisión en la tesis aislada de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA IMPOSICIÓN DE PENAS EN CONCURSO DE DELITOS, ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ESTÁ SUPEDITADA AL CONVENIO QUE REALICEN LAS PARTES AL SOLICITAR ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL.".(20)

23. Al respecto, el Juez de Control señaló que, atendiendo a la naturaleza del procedimiento abreviado, no era procedente imponer la pena correspondiente al mayor de los delitos atribuidos, sino que debía imponer la pena aceptada por el justiciable, por lo que dictó el fallo condenatorio e impuso la pena de ocho años, tres meses de prisión y noventa días multa.

24. Recurso de apelación. En contra de la sentencia de condena, el defensor particular interpuso un recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que lo registró con el número de expediente Cuarto número de expediente. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la mencionada Sala Penal confirmó la sentencia de primera instancia.

25. Lo anterior, en virtud de que el Juez de Control observó a cabalidad los requisitos de procedencia de la forma anticipada de conclusión del proceso y consideró que los agravios del recurrente eran inoperantes por improcedentes, pues la pena impuesta no es mayor ni distinta a la propuesta.

26. Demanda de amparo directo. En contra de la resolución de segunda instancia, el sentenciado presentó una demanda de amparo directo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:

a) Se vulneraron los artículos 1o., 14, 16 y 21 de la Constitución Política del país, el principio de legalidad, el debido proceso y la facultad de imponer penas por parte de una autoridad judicial, en virtud de que se le impuso la pena sugerida por el ministerio público, cuando lo correcto era que el Juez de Control decidiera la pena a imponer.

b) Lo establecido en el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales se actualiza únicamente respecto a la pena propuesta para cada uno de los delitos, de modo que la suma de éstas, así como la decisión e imposición de la pena, le compete al juez de la causa. c) Si bien el ministerio público señaló que correspondían tres años cuatro meses quince días de prisión, por la comisión del primer delito, y cuatro años diez meses quince días de prisión, por lo que hace al segundo ilícito, sumar dichas sanciones excedía de las funciones de la fiscalía, pues esa atribución es exclusiva de la autoridad judicial, quien podía decidir si imponía sólo la pena mayor o la sumaba con la correspondiente al delito restante.

d) El órgano jurisdiccional desestimó la petición de la defensa, relativa a aplicar las reglas del concurso de delitos previstas en el artículo 79 del Código Penal para el Distrito Federal y a considerar el criterio sustentado en tesis titulada: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA IMPOSICIÓN DE PENAS EN CONCURSO DE DELITOS, ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ESTÁ SUPEDITADA AL CONVENIO QUE REALICEN LAS PARTES AL SOLICITAR ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL.".(21)

e) Se debió tomar en consideración la jurisprudencia de título: "CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.".(22)

f) La Penal responsable vulneró el artículo 1o. de la Constitución Política del país, en virtud de que debió aplicar la pena de acuerdo con el principio pro persona e imponer, en términos del artículo 79 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), únicamente la pena que corresponde al delito mayor, esto es, cuatro años diez meses quince días, para que le sea concedido al imputado el sustitutivo de tratamiento en libertad, entre otros beneficios.

27. Sentencia de amparo indirecto. De la demanda correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que la registró con el número de expediente 85/2022. El diez de noviembre de dos mil veintidós, el mencionado Tribunal Colegiado dictó sentencia en el sentido de negar el amparo, al tenor de las siguientes consideraciones:

a) No se advierten violaciones al debido proceso, dado que la determinación del juez fue impugnada a través del recurso ordinario sometido a la potestad de la responsable, mediante el cual se analizó la legalidad de la misma, al tenor de los agravios formulados por la parte recurrente, de modo en que contó con un recurso efectivo.

b) El principio de legalidad no fue vulnerado en perjuicio del quejoso, toda vez que la sentencia reclamada fue plasmada por escrito y cubre con los requisitos de debida fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y señaló las circunstancias que la llevaron a decidir en el sentido que lo hizo.

c) El acto de autoridad impugnado no vulnera derechos fundamentales, debido a que en el procedimiento abreviado es el acusado quien, con la asistencia de su defensor, acepta totalmente los hechos materia de la acusación, en los términos en que la formula el ministerio público, y renuncia a tener un juicio oral de manera voluntaria y con conocimiento de las consecuencias jurídicas. Lo anterior, con el fin de concluir anticipadamente con el dictado de una sentencia condenatoria a cambio de obtener como beneficio una sanción menor.

d) En este escenario, corresponde al Juez de Control, como rector del proceso, autorizar y resolver sobre la procedencia de la forma anticipada de conclusión del proceso con base en la petición de la representación social. Una vez autorizada su apertura, otorgará el uso de la voz a las partes, quienes podrán conciliar en los hechos materia de acusación. Por ello, su labor se constriñe a figurar como un ente intermedio que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes.

e) Asimismo, le corresponde verificar que realmente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, lo que incluye corroborar que las sanciones y su disminución determinadas por el fiscal estén dentro de los parámetros establecidos en la ley, con la prohibición de imponer una pena distinta o de mayor alcance de la que fue solicitada por el ministerio público y aceptada por el acusado.

f) En el caso, es correcta la determinación de la responsable al confirmar la sentencia dictada en el procedimiento abreviado, máxime que el imputado aceptó expresamente los hechos que se le atribuyen y la pena total propuesta por la parte acusadora. Además, no le está permitido ir más allá de los límites del recurso planteado, de ahí que la mencionada responsable advirtió que las penas impuestas corresponden a las solicitadas por el ministerio público y aceptadas expresamente por el imputado y su defensa, después de haber sido cuestionado dos veces sobre si estaba de acuerdo con ello.

g) Por lo tanto, no se observa un incumplimiento de deberes jurisdiccionales ni vulneración a los derechos fundamentales del quejoso, pues efectivamente el Juez de Control impuso la pena mínima total reducida en un cuarto, solicitada por la fiscalía y aceptada por el acusado.

h) No correspondía a la responsable analizar si era posible imponer una pena menor. Aunado a que la pena no es distinta ni mayor a la solicitada por el ministerio público y aceptada por el acusado.

i) De ahí que el concepto de violación relacionado con la aplicación del concurso real de delitos se declarara infundado, pues al tratarse de un procedimiento de naturaleza distinta al ordinario, en todo momento se deberá observar el acuerdo que emita el ministerio público, previa autorización de su superior jerárquico, el cual podía aceptar o no el imputado.

j) Es aplicable la jurisprudencia 34/2018, de esta Primera Sala, de rubro: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CUESTIONES QUE PUEDEN SER REVISABLES EN LA APELACIÓN INTERPUESTA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE AQUÉL.".(23)

k) En virtud de lo anterior, no es aplicable la tesis aislada titulada: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA IMPOSICIÓN DE PENAS EN CONCURSO DE DELITOS, ES UNA FACULTAD EXCLUSIVA DEL JUEZ DE CONTROL QUE NO ESTÁ SUPEDITADA AL CONVENIO QUE REALICEN LAS PARTES AL SOLICITAR ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL.".(24)

l) No se trastocó el derecho a la reinserción social contenido en el artículo 18 de la Constitución Política del país, porque la responsable constató que el Juez de Control hizo del conocimiento del acusado y su defensor, que en el caso no procedía otorgar los sustitutivos y beneficio en virtud del quantum de la pena aceptada por las partes.

m) Por último, consideró infundado el argumento sobre la vulneración al artículo 1o. constitucional, derivada de la omisión de hacer una interpretación pro persona del artículo 79 del Código Penal para la Ciudad de México, toda vez que debido a que el procedimiento abreviado tiene como base el convenio entre las partes, el órgano de control sólo tiene que verificar el debido proceso y que la pena esté en el rango de disminución y no sea superior o distinta a la propuesta, pero no está obligado a exponer las razones por las cuales decide imponer dicha sumatoria.

n) Por tanto, en este caso, fue correcto que la responsable se limitara a verificar que las penas estuvieran dentro del margen de disminución y no fuera distintas o superiores a las propuestas por el fiscal, es decir, fue acertado que el juzgador impusiera el total de la pena de prisión por ambos delitos, pues ese fue el convenio al que llegaron las partes, al aceptarse que el total por las dos conductas sería de ocho años tres meses de prisión.

o) No obstante, el juez podría ejercer su facultad para no imponer la totalidad de las penas si así lo estima procedente, pues ello no sería violatorio de las reglas del procedimiento abreviado porque se trataría de una pena menor, sin que esté obligado a justificar las razones por las cuales opta por esta decisión, dado que el procedimiento tiene como base el convenio expresamente aceptado entre las partes.

p) La resolución emitida en la presente ejecutoria originó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. TRATÁNDOSE DE CONCURSO REAL DE DELITOS, EL JUEZ DE CONTROL CONSERVA SU FACULTAD CONSTITUCIONAL PARA IMPONER UNA PENA MENOR A LA PROPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ACEPTADA POR EL IMPUTADO, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES APLICABLES.

Hechos: El Ministerio Público solicitó al Juez de Control la apertura del procedimiento abreviado en un asunto en el que formuló acusación contra el imputado por dos delitos cometidos en concurso real, por lo que expuso los elementos de prueba que la sustentan y pidió que se impusiera la pena de prisión que resultaba de sumar ambos ilícitos, lo que fue aceptado por el acusado asistido por su defensa. El órgano jurisdiccional, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ley, determinó que la solicitud de la Fiscalía era oportuna, por lo que decretó la apertura de dicha forma de terminación anticipada. Antes de que se emitiera el fallo correspondiente, la defensa solicitó al Juez de Control que, atendiendo a la regla del concurso de delitos y a las facultades que le confiere el artículo 79 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, únicamente impusiera la pena mayor de los dos delitos que integran el concurso real, sin atender a la propuesta de la representación social. El a quo resolvió improcedente imponer la pena solicitada por la defensa, bajo el argumento de que debía atender al convenio que realizaron las partes al solicitar esa forma de terminación anticipada del proceso penal y, por tanto, impuso la pena por los dos delitos, tal como lo solicitó la Fiscalía. Decisión que fue confirmada en apelación.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el procedimiento abreviado, tratándose de concurso real de delitos, el Juez de Control conserva su facultad constitucional para imponer una pena menor a la que fue materia de convenio entre las partes, es decir, la propuesta por el Ministerio Público y aceptada

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32655-d423eac8/contradiccion-de-criterios-es-improcedente-cuando-uno-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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