PROCEDIMIENTO PENAL ABREVIADO. LA REDUCCIÓN DE LAS PENAS CONSTITUYE UN DERECHO SUSTANTIVO A FAVOR DEL IMPUTADO QUE COMPRENDE LA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y LA MULTA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SÓLO SE REFIERA A LA DE PRISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 8 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA, JULIO RAMOS SALAS, RICARDO MARTÍNEZ CARBAJAL E IGNACIO CUENCA ZAMORA. DISIDENTES: MANUEL ARMANDO JUÁREZ MORALES, GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES Y RAFAEL RIVERA DURÓN. PONENTE: JOSÉ RAYMUNDO CORNEJO OLVERA. SECRETARIA: CLAUDIA ALEJANDRA ALVARADO MEDINILLA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
6. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente, a este órgano dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
SEGUNDO.—Legitimación.
7. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que se formuló por un Juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua.
TERCERO.—Criterios contendientes.
8. Para determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
9. En sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho, el indicado Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el amparo directo penal 46/2018, en el sentido de conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, dictara una nueva, en la que reiterara las consideraciones que no fueron motivo de concesión, y siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, exclusivamente, determinara la ilegalidad de la multa impuesta como sanción pecuniaria al quejoso.
10. Las consideraciones esenciales en que se apoyó el sentido del fallo fueron las siguientes:
11. En cuanto al acreditamiento de los requisitos para la procedencia del procedimiento abreviado, no se advirtió vulneración a los derechos fundamentales del quejoso.
12. No obstante lo anterior, sí se observó infracción a los referidos derechos, al proceder a la verificación de la imposición de penas por ser contrarias a la ley, distintas o de mayor alcance a las solicitadas por el representante social y aceptadas por el acusado.
13. Sobre el particular, se recordó que al formular acusación, la fiscal federal solicitó que en caso de obtener fallo condenatorio, se procediera a la aplicación de las siguientes penas:
a) Tres años con nueve meses de prisión;
b) Sanción pecuniaria de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos); y,
c) Se negaran al quejoso los beneficios, por obrar en la carpeta de investigación sentencia condenatoria de diez de julio de dos mil quince, emitida por la Juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 369/2015, seguida en su contra por el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión con fines de comercio de suministro de cocaína y metanfetamina, cometida contra la salud pública, en procedimiento abreviado que causó ejecutoria.
14. Así las cosas, la sanción privativa de libertad impuesta se consideró acorde a lo previsto por el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto establece que, tratándose del procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá pedir la reducción de hasta un tercio de la pena mínima en los casos de ilícitos dolosos, ya que el Juez del conocimiento impuso al acusado la ofrecida por el representante social, quien solicitó tres años, nueve meses de prisión, que representa una reducción de un cuarto de la menor a imponer por la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en su variante de venta –correspondiente a cinco años de prisión–, previsto y sancionado por el artículo 195, primer párrafo, en relación con el diverso 194, fracción I, ambos del Código Penal Federal, que llevó a cabo de manera dolosa y como autor material, en términos de los cardinales 9o. y 13, fracción II, de esa misma codificación.
15. En contrario, se observó infracción a los derechos fundamentales del quejoso, respecto a la verificación de la imposición de la pena pecuniaria, toda vez que la multa con la cual se le sancionó, correspondía a la mínima establecida para el antijurídico de que se trata, que es de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos); esto es, se le impuso sin disminución alguna, en contravención a lo dispuesto por los artículos 20, inciso a), fracción VII, de la Constitución Federal y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
16. Por tanto, se consideró que lo correcto era aplicar la reducción que contempla este último arábigo tanto a la pena de prisión como a la multa, toda vez que una de las particularidades que da soporte al procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada del proceso penal, es la concesión de beneficios al imputado que acepte ante la autoridad judicial, voluntariamente, y con conocimiento de las consecuencias, su responsabilidad en la comisión del delito.
17. Prerrogativa que alcanza rango constitucional, al encontrarse contenida en el artículo 20, inciso a), fracción VII, de la Carta Magna.
18. Se precisó que, en observancia a esa disposición fundamental, el legislador federal estableció los términos y alcances de esas bondades dentro del cardinal 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
19. Conforme a ese contenido legal, se confirió a la institución ministerial la facultad de solicitar la reducción del margen mínimo de las penas de prisión y multa correspondientes a los delitos por los cuales se acusó, como forma de beneficiar al acusado que reconoce voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en los delitos; de ahí que, tratándose del procedimiento abreviado, los márgenes de punibilidad establecidos por el legislador en la norma se reducen, como una de las características principales de esa forma de terminación anticipada del procedimiento penal.
20. No demeritó la conclusión anterior el hecho de que el cardinal 202, párrafo cuarto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no hiciera referencia expresa a la multa, ya que si bien menciona que el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena de prisión, lo cierto es que también alude a ellas de forma plural, al prever que esa institución podrá pedir el decremento de las penas.
21. Se agregó que esa interpretación es acorde con el análisis conjunto y sistemático de su propio contenido, pero además con la naturaleza que la Constitución Federal imprime a esa reducción, de manera que si, como ya se explicó, la Carta Magna la estatuye como un beneficio a favor del acusado que acepta su responsabilidad penal en la comisión del o los delitos que se le reprochan, no cabe apreciarlo de manera restrictiva, sino, por el contrario, con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional –principio pro persona o pro homine–, esto es, en la medida en que en mayor grado le favorezca, en acatamiento a lo así dispuesto por el cardinal 1o. del mismo Pacto Fundamental.
22. Frente a ello, se explicó que la reducción no comprende la sanción pecuniaria relativa a la reparación del daño que establece el artículo 29 del Código Penal Federal, en favor de la víctima, ya que, conforme al derecho material y con arreglo a la ley adjetiva penal que lo tutela, el resarcimiento del daño, entendido como pena pública, independientemente del debate que suscite dicha tesis, contiene dos aspectos: la pena privativa de libertad y la accesoria de multa, que son consecuencias ineludibles del hecho de que se acredite la pretensión punitiva del proceso, de modo que el beneficio de esa reducción versa sobre ese resarcimiento público, no sobre la reparación del daño previsto en favor del ofendido cuando éste también lo resiente con motivo de la comisión de ilícitos.
23. En sustento a los razonamientos vertidos se citó la tesis XVII.1o.P.A.47 P (10a.), Décima Época, registro digital: 2014730, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Tomo II, julio de 2017, visible en la página 1051, con el título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA FACULTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SOLICITAR LA REDUCCIÓN DE LAS PENAS CON MOTIVO DE SU APERTURA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, INCLUYE LA MULTA, PERO NO LA SANCIÓN PECUNIARIA RELATIVA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO."
24. Además de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Quinta Época, que se identifica con el registro digital: 295307, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXII, visible en la página 1968, con el rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO."
25. Como consecuencia de la unidad de fines y la concurrencia de propósitos que supone el procedimiento abreviado, se entendió que si la fiscal federal solicitó al a quo la imposición de la pena de prisión reducida en un cuarto del margen mínimo de la correspondiente al citado delito por el cual se le sentenció, ese mismo porcentaje debía hacerse extensivo y aplicarse a la multa, porque técnica y jurídicamente la estimación de esa reducción debía ser congruente tanto en el cálculo de la sanción corporal, como en el de la multa que le es accesoria, dentro de los límites que para ese efecto fije para ambas la ley.
26. Se agregó que bastaba tener presente que la reducción de las penas con motivo de la apertura del procedimiento abreviado, prevista en el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, versa sobre el resarcimiento público del daño causado con el hecho delictivo, conformado, precisamente, por la pena de prisión y la multa que le es accesoria.
27. Además, acorde con la interpretación que se efectuó del precepto en mención, no era concebible que, si en relación con la sanción corporal que se impuso al sentenciado, se redujo un cuarto de la mínima correspondiente al ilícito por el que se le condenó, con base en el precepto sustantivo penal aplicable –artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal–, la de multa, cuyo mínimo según esa misma norma es de cien días, se le aplique tal cual, esto es, sin igual decremento que aquélla; no obstante que le es accesoria, y en su conjunto, comprenden, se insiste, el resarcimiento del daño, entendido como pena pública, sobre el cual recae el referido beneficio a favor del acusado que acepta su responsabilidad penal en la comisión del delito que se le imputa.
28. Esta conclusión no pugnó con la conformidad manifestada por el acusado con la propuesta que en ejercicio de esa facultad realizó la fiscalía, porque, frente a ella, volvía a tener coherencia el mecanismo normativo de mérito, en cuanto a que la reducción aplicable está referida en "fracción" por el cardinal 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la autoriza hasta en un "tercio".
29. Conforme a esa técnica reconocida para la debida aplicación de ese beneficio en favor del sentenciado, se puntualizó que la aceptación que externó recae en dicho porcentaje o fracción, de manera que la omisión de emplearlo o su indebida aplicación al fijar la pena, sea la de prisión, la multa que le es accesoria o ambas, no puede estimarse consentida, menos aun cuando el cálculo y fijación de esas sanciones contraviene el sistema establecido por el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor del cual, se insistió, deben ser reducidas en la misma proporción dentro del límite máximo que prevé, ya que por ningún motivo debía soslayarse que es por ello que el acusado aceptó su participación en la comisión del delito que se le reprocha, ante el Juez de Control, a cambio de que, a través de un procedimiento que permita la terminación anticipada del proceso, se le dictara una sentencia con penas inferiores a las que pudieran imponérsele como resultado de la tramitación del procedimiento ordinario de juicio oral.
30. En tal virtud, se consideró que la divergencia que al respecto se contenía en el fallo reclamado, al estimar legal la fijación de la multa conforme a la mínima establecida por el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, esto es, sin la reducción aplicada a la de prisión, resultaba violatoria de sus derechos fundamentales.
31. Luego, al resultar violatoria de garantías la confirmación de la multa impuesta como sanción pecuniaria al quejoso y advertida en suplencia de su queja deficiente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, en debida reparación de la misma, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Magistrado responsable:
"1. Deje insubsistente la resolución reclamada.
"2. Dicte una nueva, en la que reitere las consideraciones que no son motivo de concesión;
"3. Siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, exclusivamente, determine la ilegalidad de la multa impuesta como sanción pecuniaria a **********; y,
"4. Hecho que sea, resuelva conforme a derecho corresponda."
B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
32. En sesión de catorce de febrero de dos mil diecinueve, el citado órgano colegiado resolvió el amparo directo penal 232/2018, en el sentido de negar a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada.
33. Por lo que corresponde al tema de la contradicción de tesis, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró infundados los conceptos de violación planteados; reiteró que aquellos en los que se controvirtieron cuestiones vinculadas con el delito, calificativas y plena responsabilidad, derivados de un procedimiento abreviado, dada la naturaleza y objeto de este último, no serían materia de cuestionamiento.
34. Destacó lo que sí podía ser materia de análisis en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia definitiva derivada de un procedimiento abreviado, esto es, la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de la citada forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio; así como de ser el caso, la imposición de penas contrarias a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público, y aceptadas por el acusado, además la fijación del monto de la reparación del daño; supuestos sobre los que no advirtió deficiencia de la queja que suplir.
35. Respecto al capítulo de la individualización de sanciones, se precisó que el quejoso señaló, como conceptos de violación, los siguientes:
36. Que la autoridad responsable trastocó el derecho de interpretación favorable previsto en el artículo 1o. constitucional, toda vez que, si bien el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el Juez de Control no podrá imponer una pena distinta o de mayor alcance a la solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado; sin embargo, lo que hizo la responsable fue establecer que se le debía imponer la señalada por el fiscal federal, porque así lo aceptó en la audiencia, a pesar de que no se trata de un requisito de procedencia previsto en el artículo 201 del indicado código.
37. Agregó que del propio artículo 206, se apreciaba gramaticalmente la disyuntiva "o", lo cual debía entenderse como una alternativa, esto es, que no se podía imponer una pena distinta o mayor, pero sí una menor a la que solicitó el Ministerio Público, e incluso una sentencia absolutoria.
38. Argumentos que se consideraron infundados, porque el órgano ministerial en la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, al momento de solicitar la imposición de penas, refirió que después de pláticas con el imputado, se acordó que el total de la pena por el delito y la agravante por el cual acusó, sería de ocho años de prisión y siete mil quinientos días de multa, equivalentes a siete mil quinientas unidades de medida de actualización, al hacérsele una rebaja de un tercio de la pena, lo que dijo, fue autorizado por el delegado de la Procuraduría General de la República el veinte de diciembre de dos mil diecisiete; del mismo modo, de la propia audiencia se advirtió que el acusado, debidamente asesorado por su defensor privado, admitió las penas solicitadas por la representación social.
39. Así, atento al estudio de los autos se resolvió que la autoridad responsable actuó apegada a la legalidad, al confirmar la pena de ocho años de prisión y siete mil quinientos días multa, equivalentes a $566,175.00 (quinientos sesenta y seis mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), al ser las que solicitó el agente de la fiscalía, y el acusado aceptó en la audiencia de procedimiento abreviado.
40. Lo anterior, pues como el fiscal de la Federación señaló al Juez de Control, correspondía a la pena corporal mínima prevista para el delito de tráfico de indocumentados, sancionado en el artículo 159, fracción I, de la Ley de Migración, que señala una pena mínima de ocho años y cinco mil días multa, más cuatro años, y hasta dos mil quinientos días multa, que es la pena mínima señalada para la agravante sancionada en el artículo 160, fracción I, de la referida legislación migratoria, lo que sumado dio un total de doce años y siete mil quinientos días multa.
41. Sobre la pena corporal señalada, al total de doce años, se le descontó un tercio –que fue el acuerdo entre las partes–, lo que arrojó un total de ocho años de prisión, que corresponde a una pena menor a la mínima que hubiera sido impuesta por el delito sancionado en los artículos de referencia; por ende, se resolvió que es la que debía imponerse y respecto a la multa, se destacó que corresponde a la mínima por el delito agravado de tráfico de indocumentados, sobre la que no existió oposición del acusado, por lo que también se estimó correcto que se haya confirmado.
42. Luego, ante lo infundado de los conceptos de violación, se negó al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
43. Señalados los criterios objeto de la denuncia, debe establecerse si en el caso se actualiza la contradicción de tesis.
44. En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.
45. Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 164120, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, visible en la página 7, de rubro y contenido siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
46. En complemento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que como la finalidad de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos a fin de generar seguridad jurídica, para que exista una contradicción de tesis debe verificarse:
I. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
II. Que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
III. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
47. Lo expuesto deriva de la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 165077, Tomo XXXI, correspondiente al mes de marzo de 2010, visible en la página 122, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
48. En ese orden de ideas, existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo problema jurídico, relacionado con la reducción de las penas solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el imputado dentro del procedimiento penal abreviado.
49. Sobre el particular, los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a soluciones contradictorias, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, supliendo la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como de lo previsto por los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideró que, como consecuencia de la unidad de fines y la concurrencia de propósitos que supone el procedimiento abreviado, si la fiscal federal solicitó al a quo la imposición de la pena de prisión reducida en un cuarto del margen mínimo de la correspondiente al delito por el cual se le sentenció, sin hacer referencia a la multa, ese mismo porcentaje debía hacerse extensivo y aplicarse a esta última, porque técnica y jurídicamente la estimación de esa reducción debía ser congruente tanto en el cálculo de la sanción corporal como en el de la multa que le es accesoria, dentro de los límites que para ese efecto fije para ambas la ley.
50. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito resolvió infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso respecto a la individualización de la pena, sin advertir queja deficiente por suplir en su favor, toda vez que la autoridad responsable actuó apegada a la legalidad al confirmar la pena de ocho años de prisión y siete mil quinientos días multa, equivalentes a $566,175.00 (quinientos sesenta y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 11/100 (sic) moneda nacional), al ser las que solicitó el agente de la fiscalía, y el acusado aceptó en la audiencia de procedimiento abreviado.
51. Lo anterior, pues como el fiscal de la Federación señaló al Juez de Control, correspondía a la pena corporal mínima prevista para el delito de tráfico de indocumentados, sancionado en el artículo 159, fracción I, de la Ley de Migración, que señala una pena mínima de ocho años y cinco mil días multa, más cuatro años y hasta dos mil quinientos días multa, que es la pena mínima señalada para la agravante sancionada en el artículo 160, fracción I, de la referida legislación migratoria, lo que sumado dio un total de doce años y siete mil quinientos días multa.
52. Asimismo, sobre la pena corporal señalada, al total de doce años, se le descontó un tercio –que fue el acuerdo entre las partes–, lo que arrojó un total de ocho años de prisión, que correspondía a una pena menor a la mínima que hubiera sido impuesta por el delito sancionado en los artículos de referencia; por ende, se resolvió que es la que debía imponerse y respecto a la multa, se destacó que correspondía a la mínima por el delito agravado de tráfico de indocumentados, sobre la que no existió oposición del acusado, por lo que también se estimó correcto que se haya confirmado.
53. Posturas divergentes que llevan a este Pleno del Decimoséptimo Circuito a estimar que el diferendo existente se centra en resolver el siguiente cuestionamiento:
54. ¿Tratándose del procedimiento abreviado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29161-1141c49c/procedimiento-penal-abreviado-la-reduccion-de-las-penas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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