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Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR ESTIMAR QUE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO LOCAL ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. PROCEDE ORDENAR LA REMISIÓN DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE NULIDAD A OTRA AUTORIDAD QUE SE ESTIME COMPETENTE, POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. · Registro digital (IUS): 25960
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 2615.

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR ESTIMAR QUE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO LOCAL ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL ACTO IMPUGNADO. PROCEDE ORDENAR LA REMISIÓN DE LOS AUTOS DEL JUICIO DE NULIDAD A OTRA AUTORIDAD QUE SE ESTIME COMPETENTE, POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ, VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS Y VERÓNICA JUDITH SÁNCHEZ VALLE. DISIDENTE Y PONENTE: ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO TORRES VELÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 9 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, quienes emitieron la ejecutoria relativa al juicio de amparo directo **********, de su índice, la cual contiende con la pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, en el juicio de amparo directo **********, en los que se sustentaron criterios contrastantes a consideración del primero de los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito.

TERCERO.-Existencia de la contradicción de tesis.

I. Ejecutorias que participan en la contradicción de tesis. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que fundamentó la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y hacer referencia a los hechos que les dieron origen.

1. En sesión plenaria de nueve de mayo de dos mil catorce, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resolvió el juicio de amparo directo **********, promovido por **********, negándole la protección de la Justicia de la Unión contra la sentencia de diez de enero de dos mil catorce, dictada en el recurso de revisión **********, por la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con sede en Tlalnepantla de Baz.

En la sentencia reclamada, la sección de la Sala Superior responsable modificó en parte la de primera instancia, coincidiendo con el Magistrado a quo regional en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México carecía de competencia material para conocer y resolver del asunto propuesto por el actor recurrente, dado que la negativa ficta impugnada por éste derivaba de un conflicto individual suscitado entre el órgano municipal demandado y el servidor público accionante, quedando firme el sobreseimiento decretado en el juicio de origen, con fundamento en los artículos 267, fracción I y 268, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; empero señaló que la Sala Regional a quo, al decretar de manera llana el sobreseimiento en el juicio contencioso administrativo, transgredió en perjuicio del gobernado los artículos 1o., 14 y 17 constitucionales, por lo que de conformidad con la jurisprudencia CE-12 emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, de rubro: "INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. CUANDO SE DECLARA, DEBE ORDENARSE LA REMISIÓN DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE.", una vez que fuera notificada a las partes la sentencia emitida en el recurso de revisión, se deberían remitir los autos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por ser la autoridad competente que, al parecer del tribunal responsable, debía conocer sobre el motivo fundamental que causaba molestia al actor.

Los hechos que dieron origen a la anterior sentencia reclamada por el quejoso y que se narraron en la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consistieron básicamente en que mediante determinado escrito, dicho peticionario de amparo solicitó al presidente municipal y al director general de Desarrollo Social, ambos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, que le explicaran los motivos y fundamentos para: negar a aquél el acceso a su sitio de trabajo como coordinador administrativo de determinado parque; suspender y retener el pago de su salario y demás prestaciones desde una fecha específica anterior, ya que no había causado baja ni estaba suspendido de sus funciones, ni había firmado renuncia alguna y tampoco conocía de algún procedimiento administrativo o remoción de suspensión de sus funciones; establecer su situación jurídica dentro del Ayuntamiento, es decir, si estaba dado de baja, o si estaba suspendido de sus funciones, y de ser así, se le informaran los datos de esas determinaciones y de los procedimientos respectivos; y en caso de ser procedente, ordenar reincorporarlo a su empleo y pagarle los salarios, y demás prestaciones a que tenía derecho desde la última fecha en que los cobró; o en caso contrario, pagarle la indemnización constitucional consistente en: tres meses de sueldo, veinte días de sueldo por cada año de servicio laborado, la prima de antigüedad y el pago de los salarios caídos que había dejado de percibir, los que deberían ser contados desde la data en que le impidieron desempeñar sus funciones.

Ante la omisión de dichas autoridades de dar contestación a su solicitud, el peticionario promovió juicio contencioso administrativo, en el cual impugnó la resolución negativa ficta por parte del presidente municipal y del director general de desarrollo social mencionados, y tramitado que fue dicho proceso, el Magistrado regional del conocimiento determinó sobreseer en el juicio, al considerar fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades demandadas, dado que la petición formulada por parte del actor derivaba de una relación laboral, por lo que era legalmente incompetente para conocer de las controversias que se suscitaran con motivo del cese, despido o rescisión de la relación laboral de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de México y Municipios, por lo que lo procedente era sobreseer en el juicio, al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 267, fracción I y 268, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Inconforme con la determinación anterior, el actor interpuso recurso de revisión, con motivo del cual, el tribunal responsable dictó la sentencia reclamada -de sobreseimiento y remisión de los autos de nulidad por incompetencia-, que ya se resumió previamente.

Las consideraciones expresadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en lo que interesa, son las siguientes:

"Contra tal determinación el quejoso en su primer concepto de violación sostiene que la autoridad responsable vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, 2o., 22, 95, 100, 105, 273, fracciones II y III y 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los cuales redundan en el principio de congruencia tanto externa como interna que toda resolución judicial debe tener, además de proceder al estudio de todas las pruebas aportadas por las partes de conformidad con las reglas de la lógica jurídica y la sana crítica.

"Lo anterior, porque considera que la sentencia reclamada es incongruente y errónea, dado que el Magistrado instructor no tomó en consideración lo dispuesto por los artículos 135 y 229, fracción V, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, atinentes a la procedencia del juicio de nulidad contra una resolución negativa ficta.

"Explica, a su parecer, en qué consiste y cómo se configura una resolución negativa ficta y aduce que la responsable desvió la litis que fue puesta a su consideración, dado que el acto impugnado fue una resolución negativa ficta configurada en relación con un escrito que presentó ante la demandada, mas no demandó un acto verbal de baja del servicio, cese o despido por parte del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, como de manera errónea e incongruente lo pretende hacer ver la sección.

"Aduce que la sentencia reclamada es violatoria de los principios de congruencia y exhaustividad, asimismo, trata de exponer, a su parecer, en qué consisten dichos principios e insiste en que la responsable desvió la litis, dado que el acto impugnado fue una resolución negativa ficta que se encontraba plenamente configurada por la omisión del presidente municipal y el director de Desarrollo Social, ambos del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, pero no en relación con las pretensiones que expresó en su escrito inicial de demanda, lo que contravino lo dispuesto por el artículo 273 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

"En el segundo concepto de violación sostiene que de conformidad con la contradicción de tesis 91/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que la autoridad administrativa al momento de contestar la demanda que se instaure contra la resolución negativa ficta que se le impute no podrá fundar su resolución en situaciones procesales que impidan el conocimiento del fondo, como serían la falta de personalidad, la extemporaneidad del recurso o instancia, la incompetencia de la autoridad para otorgar lo que fue solicitado por el particular y la incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer del juicio que se promueva contra una negativa ficta, cuando ésta sí se encuentra plenamente configurada.

"Refiere que una vez configurada la negativa ficta, las únicas razones que podrá exponer la autoridad para justificar la resolución son aquellas relacionadas con el fondo del asunto y no otras de carácter netamente procesal; en apoyo a sus argumentos el quejoso cita la tesis de rubro: ‘NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN.’

"Argumenta que la ficción legal negativa ficta es diferente al derecho de petición, además de que si se sobresee en el juicio se burlaría la institución negativa ficta (sic) y se cancelarían los efectos buscados con ella por el legislador, pues de prosperar la acción tendría que mandar dictar una nueva resolución negativa expresa que se ocupara del fondo, lo que equivaldría a convertir dicha figura jurídica en un derecho de petición.

"Dice que es ilegal que la autoridad responsable haya confirmado la sentencia de primer grado, dado que debió analizar los argumentos que planteó en su escrito de ampliación de demanda tendentes a controvertir los razonamientos expuestos por la autoridad demandada al contestar la demanda, respecto a la supuesta incompetencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.

"Sostiene que la responsable omitió apreciar que la Sala a quo suplió la deficiencia de la queja a la autoridad demandada, al emitir su fallo, puesto que ésta tuvo a su alcance los medios y términos procesales para hacer valer la incompetencia del tribunal, sin que ello hubiera ocurrido, ya que en lugar de haber promovido los medios legales pertinentes argumentó causales de improcedencia y sobreseimiento, lo cual no era viable en el juicio contencioso administrativo; en apoyo a sus argumentos cita la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘NEGATIVA FICTA. ES DE FONDO Y NO PODRÍA SER SOBRESEIMIENTO FICTO.’

"Los conceptos de violación expuestos por el quejoso serán analizados en su conjunto, debido a la estrecha relación que tienen entre sí, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo

"Ahora bien, dichos conceptos de violación son infundados.

"Para mayor claridad del asunto que se atiende y a fin de sostener la calificativa dada a los conceptos de violación expuestos por el quejoso, se estima oportuno decir en qué consiste la figura procesal de la resolución negativa ficta.

"En ese sentido el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, determina lo siguiente:

"‘Artículo 135.’ (se transcribe)

"Del numeral transcrito, en lo que aquí interesa, se desprende que la configuración de la resolución negativa ficta se actualiza derivada de una petición que se formule por escrito, por parte de un particular a una autoridad (del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad de carácter estatal o municipal), ante el silencio de la autoridad cuando hayan transcurrido treinta días hábiles posteriores a la presentación o recepción de la petición; siempre que se trate de peticiones que den inicio a procedimientos en materias reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

"Exceptuándose de lo anterior, cuando se trate de peticiones que tengan por objeto la transmisión de la propiedad o la posesión de bienes del Estado, Municipios y organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, la afectación de derechos de terceros, el otorgamiento o modificación de concesiones para la prestación de servicios públicos, autorizaciones de conjuntos urbanos, licencias de uso del suelo, normas técnicas, dictámenes de protección civil y del dictamen de factibilidad de impacto sanitario emitido por el Consejo Rector de Impacto Sanitario del Estado de México, y resolución del recurso administrativo de inconformidad; tampoco se configurará la resolución afirmativa ficta cuando la petición se hubiese presentado ante autoridad incompetente, así como en los casos de la rescisión de las relaciones laborales con los policías.

"De suerte que, conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, que regula la figura de la negativa ficta a que alude la parte quejosa, se tiene que es presupuesto esencial para su actualización que la petición de que se trate verse sobre las materias reguladas por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

"Ahora bien, según lo preceptuado en el artículo 1o. del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el objeto de dicho cuerpo legal se concreta a regular las cuestiones relacionadas con el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los Municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, en el entendido de que conforme a lo establecido en los dispositivos legales en cita, se exceptúan expresamente del ámbito de aplicación de la legislación en comentario, entre otras, la materia laboral, y de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 202 del citado Código de Procedimientos Administrativos Local, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, Municipios y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares.

"A efecto de corroborar lo anterior, se citan a continuación los mencionados artículos 1o. y 202 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuyo contenido es del tenor literal siguiente:

"‘Artículo 1o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 202.’ (se transcribe)

"Cabe abundar que la naturaleza jurídica de la resolución negativa ficta se centra en estimar que el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido durante un plazo no interrumpido de treinta días, genera la presunción legal de que la autoridad resolvió de manera negativa a los intereses del promovente; lo cual origina el derecho del interesado, de interponer los medios de defensa pertinentes en contra de esa negativa tácita, o bien, a esperar a que esa autoridad dicte la resolución respectiva.

"En efecto, el silencio administrativo configurado, se vuelve un acto desestimatorio de la petición elevada por el promovente, lo que da vida a la ficción legal que se atiende, es decir, la resolución negativa ficta, y esa falta de resolución produce la desestimación, por silencio, del fondo de las pretensiones del particular, lo cual se convierte en una denegación tácita de la solicitud.

"Al respecto, es de señalarse que la doctrina refiere que el efecto de la actualización de la figura procesal, trae como consecuencia, el acceso a la siguiente instancia, por constituir una técnica que permite a los interesados interponer los medios de defensa pertinentes, sin necesidad de esperar una decisión expresa como presupuesto procesal del sistema de recursos.

"En efecto, tal ficción legal trae como consecuencia la estimación de una determinación de fondo, puesto que no es dable presumir una negativa de lo pedido por el particular, sino solamente si ésta se entiende contraria a lo efectivamente pedido.

"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2006-SS (que, por cierto, la parte quejosa, cita uno de los criterios emanados de esa contradicción), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo tema principal, precisamente es la resolución de negativa ficta en el ámbito federal, criterio que resulta aplicable al caso por analogía; destacó, que con el silencio de la autoridad, ésta origina una resolución de fondo respecto de sus pretensiones, lo cual a su vez le proporciona el derecho a la interposición de los medios de defensa pertinentes, mediante el cual el tribunal debe pronunciarse respecto de la validez o invalidez de esa negativa.

"En ese sentido, señaló que tal resolución no podría atender otra cosa que no versara sobre la petición de fondo del solicitante, que se entiende negada fíctamente por la autoridad administrativa.

"De ahí que, una vez configurada la negativa ficta, la litis versará en el juicio de nulidad únicamente sobre el fondo de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado fíctamente por la autoridad.

"En ese contexto, debe señalarse, dada la importancia que conlleva en el caso en estudio, que la Segunda Sala determinó que, al estar ante la actualización de la citada figura procesal, la autoridad al contestar la demanda presentada contra la resolución negativa ficta, no podrá fundar su resolución en situaciones procesales o formales que impiden el conocimiento de fondo; a manera de ejemplo, la Segunda Sala refirió la falta de personalidad, o la extemporaneidad del recurso o de la instancia.

"La Segunda Sala justifica el anterior proceder, exponiendo que así como el particular pierde el derecho cuando no promueve adecuadamente, el que se le resuelva de fondo, asimismo, la autoridad pierde su derecho, para desechar la instancia o el recurso por esas u otras situaciones procesales que no sustentó en el plazo marcado por la ley.

"Por tanto, los argumentos para determinar la existencia de la figura procesal deberán esgrimirse por la autoridad en la contestación de la demanda; en la que sólo serán válidos los razonamientos encaminados a controvertir el fondo del asunto, puesto que las cuestiones de procedencia de la resolución negativa ficta ya no serán atendidas, dado que ya no resulta ser el momento procesal oportuno; es decir, una vez que se ha configurado la figura procesal, la autoridad ya no está en actitud de pretender exponer las razones de pudiera hacer valer para justificar el porqué no había resuelto con anterioridad al fenecimiento del plazo exigido por la ley para contestar la petición del gobernado.

"En resumen, ante la configuración de la resolución de negativa ficta, de acuerdo a los requisitos establecidos por el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; una vez actualizada, la autoridad para controvertirla no puede hacer valer razones procesales o de forma, puesto que al haber excedido el plazo de treinta días, sin que hubiese habido una respuesta a su solicitud, ésta perdió cualquier oportunidad para hacer valer tales cuestiones, por tanto, sus argumentos únicamente deberán versar sobre los elementos de fondo para declarar la invalidez de la figura procesal.

"No obstante lo anterior, se insiste, conforme a los preceptos legales 1o. y 202 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México invocados en párrafos que anteceden, se concluye que -de acuerdo al contexto en que surge la figura de la negativa ficta-, se trata de una figura procesal meramente administrativa, es decir, amén de los requisitos formales que la propia legislación en comentario prevé para su configuración (consistentes esencialmente en que se presente una petición por escrito ante la autoridad y que se dé el silencio administrativo pasados los treinta días posteriores a la presentación de la solicitud), ésta necesariamente debe versar sobre las materias que regula el Código Administrativo del Estado de México, el cual se constriñe a normar las cuestiones relacionadas con el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los Municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, exceptuándose de su ámbito de aplicación, entre otras, la materia laboral.

"Asimismo, se impone destacar, tal como se ha asentado en párrafos que anteceden, que conforme a la legislación que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, éste tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, Municipios y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares.

"En esta tesitura, si bien como lo refiere la parte quejosa, en términos generales una vez actualizada la figura de la negativa ficta, la autoridad para controvertirla no puede hacer valer cuestiones procesales o formales (puesto que al haber excedido el plazo de treinta días, sin que hubiese habido una respuesta a su solicitud, ésta perdió cualquier oportunidad para hacer valer cuestiones procesales, por tanto, sus argumentos únicamente deberán versar sobre cuestiones de fondo para declarar la invalidez de la figura procesal); lo cierto es, que en forma previa a determinar si se actualiza o no la negativa ficta y, por ende, si la autoridad al contestar la demanda puede o no hacer valer cuestiones procesales, debe quedar superado el tema relativo a la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para conocer del juicio de que se trate, y para ello, tratándose de la impugnación de una negativa ficta, debe verificarse si la petición de la que ésta se pretende derivar guarda relación con las materias reguladas por el Código Administrativo del Estado de México y, consecuentemente, si efectivamente se está ante un acto del que, por su naturaleza ya sea administrativa o fiscal, le competa conocer al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.

"En este orden de ideas, se tiene que mediante el escrito (con base en el cual la parte actora acudió a demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, la invalidez de la negativa ficta que atribuye a las autoridades a las que dirigió su solicitud), presentado el uno de marzo de dos mil trece, el accionante solicitó se le explicara por qué: no se le permitía el acceso a su trabajo como coordinador administrativo del Parque Naucalli, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, se le suspendió, se le retuvieron sus pagos y prestaciones; se le dijera su situación jurídica; se le explicara si había algún procedimiento administrativo en su contra; y, de ser posible se le reincorporara, se le pagara o se le indemnizara conforme a derecho, cuestiones que evidentemente corresponden al ámbito laboral, por lo que la petición elevada a las autoridades señaladas como demandadas no versa sobre las materias que regula el Código Administrativo del Estado de México, de cuyo ámbito de aplicación la propia legislación en cita excluye en forma expresa a la materia laboral, consecuentemente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México no es competente para conocer del asunto ni menos aún de las cuestiones derivadas de la petición en comentario.

"Por el contrario, se reitera que el acto impugnado goza de naturaleza meramente laboral, por tanto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México carece de competencia por razón de materia para conocer del asunto; de ahí que, por más que insista la parte quejosa en que al tratarse de una resolución negativa ficta, la autoridad demandada se encontraba impedida a hacer valer cuestiones procesales, y que, por tal razón no podía invocarse la improcedencia del juicio administrativo de que se trata; lo cierto es, tal como se ha visto, que en forma previa a la determinación respecto de la configuración de la negativa ficta, debe quedar superada la cuestión relativa a la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para conocer del asunto.

"Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, tratándose de la configuración de la negativa ficta es presupuesto esencial que la petición correspondiente verse sobre las materias reguladas por el Código Administrativo del Estado de México, extremo que en la especie no quedó colmado, habida cuenta que lo peticionado por la parte actora consiste básicamente en pretensiones relativas a la relación laboral entre ésta y las autoridades a las que elevó la petición, esto es, se trata de un acto de naturaleza laboral, la cual se encuentra excluida del ámbito de aplicación del código sustantivo en cita y consecuentemente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, no es competente para conocer del asunto dado que éste tiene por objeto dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, Municipios y organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares.

"Así, al estimarse que el tribunal regional resulta carente de competencia para conocer de la demanda sometida a su conocimiento, ello implica un impedimento legal para estar en posibilidad de atender las pretensiones de la parte actora, como es el estudio de la probable configuración de la resolución negativa ficta.

"En efecto, es oportuno señalar que el sobreseimiento de la demanda promovida por la parte actora constituye un acto procesal que termina el juicio por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, de ahí que no exista la obligación de la autoridad responsable de resolver el asunto sometido a su consideración, como es la resolución negativa ficta demandada a las autoridades municipales, puesto que el derecho de acceso a la justicia que le otorga el artículo 17 constitucional, se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con su demanda, la cual de ser procedente, debe ser tramitada acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador como una cuestión previa estableció la competencia de la autoridad.

"En efecto, el deber del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de reconocer o constatar la existencia del derecho subjetivo de la parte actora, supone en un principio la observancia de una formalidad ineludible como es la competencia, con lo cual no se contravienen los derechos fundamentales de seguridad jurídica, audiencia y acceso a la justicia establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente porque debe decirse que no sólo los órganos jurisdiccionales tienen el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, sino que también los gobernados deben acatar esos mecanismos al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción.

"Así, el derecho fundamental de seguridad jurídica se manifiesta como la posibilidad de que los gobernados tengan certeza de que su situación jurídica no será modificada más que, por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, bajo los términos y plazos que determinen las leyes, como lo establece el precitado artículo 14 constitucional.

"De esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25960-5bde41be/sobreseimiento-en-el-juicio-conforme-al-codigo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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