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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SONORA. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DE SOBRESEIMIENTO Y LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES, EMITIDAS POR LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2020. · Registro digital (IUS): 29885
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-06-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, Pág. 4522.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA. 11 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DAVID SOLÍS PÉREZ, GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA, MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ, ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, GERARDO DOMÍNGUEZ Y MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. PONENTE: GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA. SECRETARIA: VIRGINIA GUADALUPE OLAJE CORONADO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y en sus diversos 21/2020 y 1/2021 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia quedó prorrogada hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno. Asimismo, con base en lo previsto en el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, en el que expresamente se dispuso: "QUINTO. En tanto entran en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a lo previsto en los artículos transitorios segundo, tercero y quinto del decreto mencionado en el considerando primero de este acuerdo general, la jurisprudencia emitida por aquéllos a la que se refiere en este instrumento normativo será fijada por los Plenos de Circuito."

SEGUNDO.—Sesión. La resolución de este asunto se lleva a cabo vía videoconferencia en términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.

Lo anterior, en el entendido de que así fue dispuesto en el mencionado Acuerdo General 1/2021 que prorrogó la vigencia del diverso 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, dado que en su artículo 27, fracción III, el segundo de los acuerdos mencionados a la letra establece:

"Artículo 27. Sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito. Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados y de los Plenos de Circuito se prepararán, celebrarán y registrarán conforme a las siguientes reglas:

"...

"III. Las sesiones se celebrarán, invariablemente, por videoconferencia y sin la presencia del público. La sesión por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos que las que se realizan con la presencia física."

TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue planteada por los Magistrados y secretario en funciones de Magistrado, integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

CUARTO.—Criterios contendientes.

Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente precisar, en lo conducente, las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.

I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (amparo directo administrativo 389/2018).

Demanda de amparo. La parte quejosa reclamó la resolución emitida por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dentro de un juicio contencioso administrativo instado contra una autoridad municipal –reparación del daño derivada de la responsabilidad civil objetiva del Estado–, en la que se sobreseyó en el juicio.

Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal.

En el considerando respectivo, estimó no actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo –principio de definitividad–, invocada por la autoridad responsable, por advertir que se surtía la hipótesis de excepción contenida en el último párrafo de dicho precepto legal –cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional–.

Lo anterior, porque en el artículo 67 Ter, fracción IV, de la Constitución Política del Estado y los numerales 13, fracción V, 99, fracción IV y 100 a 101 Bis de la Ley Número 185 de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, el legislador local estableció la competencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer y resolver de las resoluciones –en general– emitidas por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, mediante el recurso de apelación y también facultó a ese órgano jurisdiccional para resolver el recurso de revisión en contra de las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento.

Por ello, determinó que no existía certeza del medio ordinario de defensa para impugnar la sentencia reclamada emitida por la Sala Especializada, en la que se decretó el sobreseimiento, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, puesto que podría ser procedente el recurso de apelación tomando como base que fue dictada por la Sala Especializada, o bien, el recurso de revisión, dado el sentido de la sentencia –sobreseimiento–.

Y concluyó que para establecer la procedencia del recurso de apelación o revisión previsto en la legislación ordinaria, era necesario realizar una interpretación adicional al no estar claro el alcance de las normas que la establecen; por tanto, la quejosa estaba en libertad de elegir si agotaba alguno de esos recursos, o bien, acudir directamente al juicio de amparo.

El criterio narrado dio lugar a la tesis aislada:

"Décima Época

"Registro digital: 2021997

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tipo de Tesis: Aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 77, agosto de 2020, Tomo VI

"Materias: Común y administrativa

"Tesis: V.1o.P.A.10 A (10a.)

"Página: 6203

"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SONORA. El artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé dos supuestos en los que se exime al quejoso de la observancia del principio de definitividad, los cuales consisten en: a) la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa se sujete a interpretación adicional, o b) cuando su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora, del artículo 67 Ter, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Sonora y de los numerales 13, fracción V, 99, fracción IV, 100 y 101 Bis de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora se advierte que, por una parte, el legislador local estableció la competencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa para conocer y resolver del recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones –en general– emitidas por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Asimismo, dispuso la facultad de la Sala Superior del citado tribunal para resolver el recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio. En ese sentido, cuando la sentencia reclamada sea emitida por la Sala Especializada en comento, se actualiza uno de los supuestos de excepción al principio de definitividad del juicio de amparo, toda vez que la procedencia del recurso de apelación o el de revisión, en este caso, implica realizar una interpretación adicional de los preceptos que los prevén a fin de determinar si el fallo de que se trate es impugnable a través de un recurso o de otro, toda vez que podría ser procedente el recurso de apelación con base en la naturaleza especializada de la Sala que dictó el fallo; o bien, el recurso de revisión, dependiendo del sentido de la sentencia. De ahí que el quejoso está en libertad de elegir si agota alguno de esos recursos, o acude directamente al juicio uniinstancial de amparo.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

"Amparo directo 389/2018. 27 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Andrade del Corro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos de los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y adiciona diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Secretaria: Ana Calzada Bojórquez.

"Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación."

II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (amparo directo administrativo 79/2019).

Demanda de amparo. La parte quejosa reclamó la resolución emitida por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dentro de un juicio contencioso administrativo planteado contra una autoridad municipal –negativa a asignar clave catastral de inmueble–, en la que declaró la nulidad del oficio impugnado por vicios formales –fundamentación y motivación–.

Sentencia de amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito sobreseyó en el juicio de amparo.

Lo anterior, al considerar actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo (principio de definitividad), pues la parte quejosa previamente a promover el juicio de amparo estaba legalmente obligada a interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, a través del cual se pudo haber revocado o modificado en su favor la sentencia reclamada.

Añadió que el juicio de amparo es improcedente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues basta con que alguna ley formal y material, prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, sin que en la especie se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado.

Razonó que en la especie se cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 61, fracción XVIII y 170, fracción I, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora es un tribunal administrativo, cuya competencia constitucional está prevista en la Constitución Política del Estado de Sonora, en los numerales 67 Bis y 67 Ter.

Señaló que la competencia jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora (Sala Superior y Sala Especializada) está prevista en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, en lo que interesa, en los artículos 1, 2, 2 Bis, 3, 4, 4 Bis, 5, 13, 13 Bis, 13 Ter, 14, 15, 26, 88, 94 y 95.

Con base en lo previsto en dichos dispositivos legales dejó establecido que la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas forma parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, por tanto, sostuvo que se cumplía con el primero de los requisitos previstos en la hipótesis de improcedencia que se estima actualizada, es decir, que el acto reclamado (sentencia definitiva) provenga de un tribunal administrativo.

Anotó que también se cumplía el diverso requisito, en la especie, que el acto reclamado en la demanda de amparo directo sea una sentencia definitiva, ya que en la impugnada se decidió el juicio en lo principal.

Determinó que contra la citada sentencia definitiva procedía el recurso de revisión previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, y preceptos relacionados –numerales 100 y 101 del mismo ordenamiento–.

Ello, en virtud que el recurso de revisión procede contra las sentencias que decidan la cuestión planteada por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de la sentencia.

Asentó que el trece de agosto de dos mil dieciocho se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora la reforma a la Constitución Política de la misma entidad federativa, a través de la cual fue adicionada con el artículo 67 Ter, se estableció como competencia de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción, para imponer, en los términos en los que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidades administrativas graves y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como para conocer de los juicios en los que se demande la responsabilidad patrimonial del Estado, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y demás competencias que otorguen otras leyes, y de aquellos asuntos de remoción de servidores públicos por causas graves establecidas en esta Constitución de los organismos autónomos, contra los cuales procede el recurso de apelación en los términos de la ley de la materia correspondiente.

Además, también se previó como competencia de la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción, para conocer y resolver en primera instancia de los juicios y recursos de carácter administrativo y fiscal cuando se trate de determinaciones emitidas por las autoridades municipales y sus organismos descentralizados.

Por tanto, al haberse establecido en la Constitución Local, mediante la aludida reforma de trece de agosto de dos mil dieciocho, que contra las determinaciones de la Sala Especializada serían procedentes los recursos de revisión y apelación en los términos previstos en la ley de la materia correspondiente, cuando la ley así lo prevea, concluyó que contra la sentencia reclamada en la demanda de amparo, dictada en un juicio promovido contra una determinación administrativa de una autoridad municipal, resulta procedente el recurso de revisión previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.

De este recurso corresponde conocer al Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que así lo disponen expresamente tanto la Constitución Política del Estado de Sonora como la Ley de Justicia Administrativa, a través del cual puede ser revocada o modificada la sentencia definitiva.

Concluyó que en la especie se actualiza la causa de improcedencia deducida de los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 170, fracción I, tercer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de lo siguiente:

a) El acto reclamado es una resolución definitiva proveniente de un tribunal administrativo, pues decide el juicio en lo principal;

b) En contra de dicha resolución, conforme a la ley que rige el acto, procede el recurso de revisión;

c) El invocado recurso de revisión se prevé en una norma ordinaria como lo es la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, misma que rige la mencionada resolución y se da dentro del procedimiento en el que se emitió la sentencia;

d) Por virtud de dicho recurso, la resolución reclamada puede ser modificada, revocada o nulificada;

e) La ley invocada no contiene lineamiento que permita la renuncia del recurso; y,

f) El aludido medio ordinario de defensa era de ineludible ejercicio, constituyendo su interposición una carga procesal para el afectado.

Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia referida y no advertirse ninguna de las excepciones de las previstas en los incisos que contiene el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

Por cuestión de orden es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de tesis, en tanto que bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.

Por contradicción de "tesis" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis. Sirve de apoyo para esta determinación la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS",(1) y la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES".(2)

De acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.

Para resolver si existe o no la contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

Por ende, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

3. Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

A partir de lo expuesto, este Pleno del Quinto Circuito considera que en el caso sí existe la contradicción de criterios denunciada, por las razones que se exponen a continuación.

1. Emisión de un criterio o tesis a partir de un ejercicio interpretativo.

En primer lugar, del análisis de los criterios contendientes es posible advertir que los Tribunales Colegiados involucrados en el presente asunto realizaron un ejercicio interpretativo para resolver los casos sujetos a su jurisdicción y emitieron respectivas sentencias en las que plasmaron los argumentos que consideraron pertinentes para sostener su decisión, sin que se advierta que alguno de ellos se hubiese limitado a aplicar jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Existencia de punto de toque o diferendo de criterios interpretativos.

De las constancias que obran en el expediente también se advierte que los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron respectivos casos en los que se vieron obligados a abordar los mismos puntos de estudio, en específico: la procedencia de los recursos en contra de la resolución de sobreseimiento y sentencia que declara la nulidad del acto impugnado por vicios formales, emitidas por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, para efectos de la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo directo.

Es así, porque mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito sostuvo que se actualiza uno de los supuestos de excepción al principio de definitividad del juicio de amparo, previstos en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclama la resolución de sobreseimiento emitida por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en tanto que si bien el legislador local previó en el artículo 67 Ter, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Sonora y los numerales 13, fracción V, 99, fracción IV, 100 y 101 Bis de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, la procedencia del recurso de apelación o el de revisión, ambos competencia de la Sala Superior de dicho tribunal administrativo, se requiere realizar una interpretación adicional de dichos preceptos para determinar si el fallo es impugnable a través de un recurso o de otro, esto es, podría ser procedente el recurso de apelación con base en la naturaleza especializada de la Sala que dictó el fallo o bien, el recurso de revisión, dependiendo del sentido de la sentencia –sobreseimiento–, de ahí que el quejoso está en libertad de elegir si agota alguno de esos recursos, o acude directamente al juicio uniinstancial de amparo.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito sobreseyó en el juicio de amparo, al considerar que contra la sentencia dictada por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, que declaró la nulidad del acto impugnado por vicios formales, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, sin que dicho numeral se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo; por ende, actualizó la causa de improcedencia deducida de los artículos 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 170, fracción I, tercer párrafo, ambos de la Ley de Amparo y no advirtió ninguna de las excepciones previstas en los incisos que contienen el primer numeral citado.

Lo anterior evidencia que existen posturas antagónicas sobre un mismo punto de derecho, relacionado con la procedencia del recurso previsto para impugnar determinaciones (sobreseimiento y declaratoria de nulidad del acto impugnado por vicios formales) emitidas por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito determinó que se requería interpretación adicional para elucidar si procedía el recurso de apelación con base en la naturaleza especializada de la Sala que dictó el fallo, o bien, el recurso de revisión, dependiendo del sentido de la sentencia –sobreseimiento–; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito decidió que procedía el recurso de revisión sin sujetarse a interpretación adicional.

Sin que se considere una diferencia importante en el asunto, que en el caso del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el acto reclamado por la parte quejosa fue la resolución emitida por la Sala Especializada, en la que sobreseyó en el juicio contencioso administrativo; en tanto que en el asunto abordado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el acto reclamado consistió en la sentencia de la Sala Especializada en la que declaró la nulidad del acto impugnado por vicios formales.

Es así, pues si bien, como puede observarse, los sentidos de las determinaciones reclamadas son distintos –sobreseimiento y declaratoria de nulidad del acto impugnado por vicios formales–; sin embargo, dichos supuestos se prevén en el artículo 99 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, objeto de análisis de los Tribunales Colegiados contendientes.

3. Pregunta o cuestionamiento a resolver.

Las posiciones enfrentadas sobre un mismo problema exigen, por principio de certeza jurídica, resolver la siguiente incógnita ¿si contra las resoluciones que decreten el sobreseimiento y sentencia que declaren la nulidad por vicios formales, emitidas por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, el quejoso debe agotar previamente el recurso ordinario de impugnación o puede acudir al juicio de amparo directo sin hacerlo, atendiendo a las normas que regulan la procedencia del recurso y al contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo?

SEXTO.—Estudio del punto en contradicción.

Acotada así la existencia de la contradicción de tesis, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta este Pleno de Circuito, con apoyo en las consideraciones que enseguida se exponen:

Para enmarcar el contexto de la presente resolución se establece que el juicio de amparo, en lo que interesa destacar, es un medio extraordinario y autónomo de defensa que permite a los gobernados impugnar normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos o las garantías previstas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que México es Parte, atribuibles a autoridades de los poderes públicos, y excepcionalmente a particulares, cuando éstos actúan en forma equivalente a la autoridad, conforme a funciones determinadas en una norma general.

La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado; por ello, la procedencia del juicio de amparo se considera de orden público y de estudio oficioso, aun cuando las causas de improcedencia han de analizarse bajo un criterio de interpretación y aplicación estricta.

Asimismo, el juicio de amparo es una acción constitucional en la que privan diversos principios que le imprimen sus notas características, entre los más relevantes están: 1) el de iniciativa o instancia de parte agraviada; 2) el de existencia de agravio personal; 3) el de relatividad de la sentencia; 4) el de estricto derecho; y, 5) el de definitividad. Aquí importa referirnos a este último.

El principio de definitividad entraña la premisa de que el juicio de amparo no puede promoverse, si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley ordinaria que rige el acto reclamado prevea como vía para obtener la modificación, revocación o nulificación del mismo; es decir, dicho principio desemboca en la improcedencia del juicio de amparo.

Ese principio encuentra su justificación en el carácter excepcional y extraordinario del juicio de amparo, que exige que el quejoso acuda, en primer término, a las instancias de jurisdicción ordinaria que puedan producir la insubsistencia del acto u omisión que le produce afectación, cuando existan, salvo los casos de excepción previstos en el marco legal y jurisprudencial que resulte aplicable.

La Constitución General de la República recoge este principio, aplicado en amparo directo, en el artícu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29885-82d6c576/recurso-de-revision-previsto-en-la-ley-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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