NEGATIVA FICTA. CUANDO SE CONFIGURA ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE Y POSTERIORMENTE SE IMPUGNA MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE AQUÉLLA, AL CONTESTAR LA DEMANDA, MANIFIESTA QUE NO ES COMPETENTE PARA RESOLVER LO SOLICITADO, LA SALA REGIONAL DEBE VERIFICAR ESA CUESTIÓN Y, DE CORROBORARLA, EMPLAZAR A LA COMPETENTE PARA QUE DEFIENDA TAL ACTO, EXPRESANDO LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE SUSTENTEN SU LEGALIDAD. NEGATIVA FICTA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, SE CONFIGURA AUNQUE LA PETICIÓN DE ORIGEN SE PRESENTE ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE Y ÉSTA NO LA HAYA REMITIDO A LA COMPETENTE, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 121 DE LA MISMA CODIFICACIÓN, SIEMPRE QUE AMBAS PERTENEZCAN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O A LA DEL MISMO MUNICIPIO.
NEGATIVA FICTA. CUANDO SE CONFIGURA ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE Y POSTERIORMENTE SE IMPUGNA MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE AQUÉLLA, AL CONTESTAR LA DEMANDA, MANIFIESTA QUE NO ES COMPETENTE PARA RESOLVER LO SOLICITADO, LA SALA REGIONAL DEBE VERIFICAR ESA CUESTIÓN Y, DE CORROBORARLA, EMPLAZAR A LA COMPETENTE PARA QUE DEFIENDA TAL ACTO, EXPRESANDO LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS QUE SUSTENTEN SU LEGALIDAD.
NEGATIVA FICTA. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, SE CONFIGURA AUNQUE LA PETICIÓN DE ORIGEN SE PRESENTE ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE Y ÉSTA NO LA HAYA REMITIDO A LA COMPETENTE, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 121 DE LA MISMA CODIFICACIÓN, SIEMPRE QUE AMBAS PERTENEZCAN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O A LA DEL MISMO MUNICIPIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL OTRORA SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, ACTUALMENTE OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3 DE NOVIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, VERÓNICA JUDITH SÁNCHEZ VALLE Y VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS. DISIDENTE: MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ. PONENTE: ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ. SECRETARIO: SALVADOR FLORES MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3, 5, 9 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, al haberse denunciado la probable contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en la materia y circuito mencionados.
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima para tal efecto, ya que, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(13) cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, ellos podrán denunciar la contradicción de tesis ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia; y, en el presente caso, la posible contradicción de tesis fue denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al estimar que el criterio que había sustentado, al resolver el juicio de amparo directo 2/2015 de su índice, se confrontaba con el del otrora Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México (actualmente Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México), al fallar, en apoyo del primero de los nombrados, el diverso 456/2009 del índice del órgano auxiliado; de ahí que el primero de los nombrados se encuentra legitimado para formular la denuncia respectiva.
TERCERO.-Existencia de la contradicción de tesis.
I. Ejecutorias que participan de la contradicción. A fin de verificar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es conveniente narrar los hechos que dieron origen a las sentencias que ahora se confrontan y transcribir la parte considerativa que fundamentó la decisión de los tribunales contendientes.
A) En sesión plenaria de diez de diciembre de dos mil nueve, el otrora Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México (actualmente Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México), resolvió el juicio de amparo directo 456/2009 -del índice del órgano judicial auxiliado-, promovido por **********, por propio derecho, a quien concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto reclamado a la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el cual se hizo consistir en la sentencia de doce de marzo de dos mil nueve, dictada en el recurso de revisión 264/2008 de su índice.
Los hechos que se narraron en la ejecutoria de amparo fueron los siguientes:
"1. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil siete, ante la Oficialía de Partes de la Sexta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, **********, por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo, contra la resolución negativa ficta, que se configuró por la falta de respuesta al escrito que presentó el diecisiete de septiembre de dos mil tres, dirigido al director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.
"2. Sustanciado el juicio en todas sus partes, el ocho de febrero de dos mil ocho, la Sexta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son:
"‘PRIMERO.-Se decreta el sobreseimiento del presente juicio intentado por **********, en atención a las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución.-SEGUNDO.-Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad demandada.’
"3. En desacuerdo con la resolución anterior ********** por conducto de su autorizado **********, interpuso recurso de revisión ante la Oficialía de Partes Común a la segunda y tercera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz.
"4. La segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Tlalnepantla de Baz, a quien por razón de turno le tocó conocer del recurso de revisión interpuesto, dictó resolución el treinta de de (sic) abril de dos mil ocho, cuyos puntos resolutivos son:
"‘PRIMERO.-Se modifica la sentencia dictada el día ocho de febrero de dos mil ocho, por la Magistrado (sic) de la Sexta Sala Regional de este tribunal, en el expediente del juicio administrativo número 501/2007, por los razonamientos vertidos en el considerando II de esta resolución.-SEGUNDO.-Se decreta el sobreseimiento del juicio administrativo número 501/2007, tramitado ante la Sexta Sala Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, por los argumentos indicados en el considerando II de esta determinación.-TERCERO.-Notifíquese personalmente a la parte actora en el juicio principal y por oficio al director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, así como a la Magistrado (sic) de la Sexta Sala Regional de esta instancia de justicia administrativa.’
"5. Inconforme con la anterior determinación, ********** por conducto de su autorizado **********, el tres de junio de dos mil ocho, presentó ante la Oficialía de Partes de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, juicio de amparo directo.
"6. Seguidos los trámites del juicio, el veintiséis de febrero de dos mil nueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al que, por razón de turno le correspondió conocer de la demanda de amparo, dictó resolución en la que resolvió:
"‘PRIMERO.-Se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto precisado en el considerando sexto de esta resolución y por las razones ahí expuestas.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto y de la autoridad que se precisan en el primer resultando de este fallo, por los motivos y fundamentos plasmados en el último de sus considerandos y para los efectos ahí precisados.’
"7. En cumplimiento a la ejecutoria de veintiséis de febrero de dos mil nueve, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, dejó insubsistente la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil ocho, y dictó una nueva resolución el día doce de marzo de dos mil nueve, en la que resolvió:
"‘PRIMERO.-Se deja insubsistente la sentencia de treinta de abril de dos mil ocho, emitida por esta segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el recurso de revisión número 264/2008, en atención con lo expuesto en los considerandos II y III de esta resolución.-SEGUNDO.-Se confirma la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil ocho, dictada por la Magistrado (sic) de la Sexta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el expediente del juicio administrativo número 501/2007, por los razonamientos vertidos en el considerando IV de la presente determinación.-TERCERO.-Notifíquese personalmente a **********, y por oficio al director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, así como a la Magistrado (sic) de la Sexta Sala Regional de esta instancia de justicia administrativa y al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.’ ..."
Las consideraciones expresadas por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México (actualmente Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México), para conceder la protección constitucional a la parte quejosa contra la sentencia reclamada en el juicio de amparo directo 456/2009 del índice del tribunal auxiliado, en lo que ahora interesa, son las siguientes:
"En principio, la quejosa aduce que es ilegal la sentencia reclamada al haber considerado que, para tener configurada una negativa ficta, es requisito sine qua non que la petición se realice ante la autoridad ‘correspondiente’; pues en oposición a tal conjetura, dicho requisito no debe exigirse, en atención a que no existe disposición alguna que lo exija, como tampoco existe diversa disposición que establezca la consecuencia decretada por la responsable.
"Asimismo, arguye que aun cuando su escrito no lo presentó directamente ante la autoridad a la que lo dirigió, es cierto también que la solicitud de referencia fue presentada ante una autoridad de la misma dependencia, la cual además constituye una de sus oficinas receptoras, de ahí que no exista base legal para estimar que no se presentó ante la autoridad ‘correspondiente’.
"Que aun estimándose que la petición se presentó en una oficina distinta, lo cierto es que conforme a lo previsto en el artículo 121 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, dicha oficina debió haber reenviado el escrito a la autoridad destinataria y si no lo hizo, tal omisión no es imputable a la aquí quejosa, porque el precepto invocado, además de proteger el derecho de petición, establece que cuando un escrito no se presente ante la autoridad competente, no se interrumpirá el lapso de configuración de la negativa ficta.
"Que contrario a lo asumido por la responsable, el hecho de no haberse presentado el escrito directamente ante la autoridad a la cual se dirigió, no deja a esta última en estado de indefensión, pues en su contestación estará en condiciones de señalar los motivos que sustenten la negativa ficta.
"Que, asimismo, de conceder razón a la responsable, se atentaría contra el derecho de petición, pues el hecho de que un escrito no se presente ante la autoridad competente, no elimina la obligación de la que sí lo es, de emitir una respuesta ni, consiguientemente, exime a ésta de que se configure la negativa ficta en caso que no produzca respuesta oportuna.
"Para sentar los motivos que este tribunal encuentra para estimar esencialmente fundados los anteriores planteamientos, es menester transcribir el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establece los requisitos indispensables para la configuración de una negativa ficta. Dicho precepto dice: ...
"Del artículo transcrito se pone de manifiesto, en cuanto a la ficción legal que se estudia, que para que exista una resolución negativa ficta, se requiere de:
"1. La presentación o formulación de una instancia o petición;
"2. El transcurso del tiempo sin que la resolución o respuesta a la misma sea notificada en forma expresa al particular (tres meses); y,
"3. Que exista obligación de la autoridad, de emitir una respuesta en el caso concreto.
"Así, conforme a lo anterior, se pone de manifiesto que cualquier petición o instancia que se eleve a la autoridad y no sea resuelta en el plazo de tres meses, se considerará que se resolvió de forma negativa (en los casos que la propia norma dispone), lo que se conoce como negativa ficta, sin que al efecto en dicha disposición se establezca o se especifique cuáles solicitudes o instancias son o dejan de ser una negativa ficta, o cuáles se deben de contestar o no, lo que conlleva a que basta que se den los supuestos citados, para que se esté en presencia de la misma.
"El objeto de esta figura es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica, ante el silencio de la autoridad, que legalmente debe emitir la resolución correspondiente.
"La razón de la creación del derecho a impugnar la negativa ficta por el interesado, es que se obligue a la autoridad a que en la contestación le dé a conocer los fundamentos de hecho y de derecho en que apoye la resolución negativa ficta.
"Respecto de lo anterior, debe resaltarse por ser el aspecto toral del presente análisis, que del propio artículo en cuestión no puede ser deducido en forma palpable si la negativa ficta se configurará aun cuando la petición haya sido dirigida a una autoridad incompetente, pues dicho numeral guarda silencio en torno de ello, lo que dificulta aún más discernir si la autoridad legalmente competente tiene o no la obligación de emitir una respuesta al caso concreto, aun cuando el escrito no se le haya presentado directamente.
"Sin embargo, no debe perderse de vista que la justificación de la creación de la ficción legal en estudio, tiene respaldo no únicamente en lo dispuesto en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, sino también conforme al contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, de los que se desprende implícitamente la garantía de seguridad jurídica que comprende el principio constitucional, consistente en otorgar certeza al gobernado respecto de una situación jurídica o de hecho concreta, así como en el artículo 8o. constitucional que consagra el derecho de los gobernados de que toda instancia o petición elevada a una autoridad sea contestada, sin que dichos preceptos primarios hagan distinciones en la aplicación de tales prerrogativas fundamentales, sino que dada su propia naturaleza de contener garantías individuales, su aplicación debe ser general, sin privilegios o favores, pero tampoco con exclusiones, en concordancia además, con lo dispuesto en el artículo 1o. de esa propia Carta Magna.
"Todo lo anterior, desde una perspectiva prima facie, permite colegir -aplicando el principio de derecho que si la ley no distingue, no lo puede hacer el juzgador-; que si tanto el numeral secundario como los constitucionales aludidos no establecen como requisito para la concurrencia de la ficción legal que se examina, que el escrito, petición o instancia deba ser dirigido a la autoridad competente, como tampoco que estén exentas de la obligación de otorgar una contestación, y en cambio, los dispositivos constitucionales citados arrojan la certidumbre de que a todos los gobernados deben ser respetadas sus garantías individuales, en particular las antes descritas; con sustento en esta apreciación preliminar, puede establecerse la perspectiva legal de que la sentencia reclamada es ilegal.
"Sin embargo, para no incurrir en laconismos y en cumplimiento del principio de garantía completa y expeditez contenido en el artículo 17 constitucional, debe además tomarse en consideración que el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no está orientado a proteger, ni salvaguardar los intereses de la administración pública de que se trate, en este caso a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de México, de los Municipios de éste y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal de la propia entidad en cita; sino a conferir u otorgar consecuencias jurídicas a la actitud omisa que guardan aquéllas frente a los gobernados, las que consisten en dar por sentado que la petición o instancia se resolvió negativamente a sus pretensiones o que se confirmó el acto recurrido; de tal suerte que, en virtud del silencio administrativo, en el término que la ley le ha conferido a la autoridad administrativa para hacer o decidir en forma definitiva, traerá como consecuencia la actualización de la ficción legal de referencia.
"Lo anterior permite discernir que la intención del legislador local, inspirado por el principio fundamental consagrado en el artículo 8o. constitucional, es que ninguna petición o instancia quedara sin contestar o resolver, aun cuando la autoridad que deba contestar la misma no lo haga expresamente, lo que permite colegir que la institución relativa a la negativa ficta está orientada no sólo a acotar las arbitrariedades del poder público, provocados por su abstención de dar puntual acato al artículo constitucional de mérito, sino conferir la certeza a los gobernados de que sus escritos o peticiones tendrán respuesta expresa o fíctamente.
"Lo anterior es revelador de que, de estimarse legal la decisión de la Sala responsable, en el sentido de que la figura relativa a la negativa ficta, sólo procede cuando la petición, instancia o recurso se presente ante autoridad competente, se estaría coartando la ratio legis de dicha institución; de ahí que conforme a esta interpretación teleológica, tampoco puede estimarse legal la decisión de la Sala responsable.
"Más aún, de lo anterior, conforme un análisis sistemático y armónico de dicha institución, tampoco puede concederse razón a lo ponderado en la sentencia reclamada, como enseguida se explicará.
"Los artículos 120, 121 y 122 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, disponen: ...
"Como se desprende de los numerales anteriores, en ellos se dispone, en lo que interesa: que cuando un escrito sea presentado ante una autoridad administrativa incompetente, ésta lo remitirá de oficio a la que sea competente, en el plazo de tres días, teniéndose como fecha de presentación la del recibo por la autoridad incompetente y se notificará al promovente la remisión practicada, siempre que ambas pertenezcan a la administración pública del Estado o a la del mismo Municipio; en caso contrario, sólo se declarará la incompetencia; y que cuando un servidor público tenga impedimento para conocer de algún asunto, hará la manifestación al superior jerárquico, para que lo califique de plano y notifique al particular interesado y en el supuesto de que proceda, se designará quien deba sustituir al servidor impedido.
"Como se advierte de los anteriores numerales, el legislador ordinario estatuyó diversas normas que garantizan aún más el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando se determina en principio la obligación de los particulares de presentar sus escritos directamente en las oficinas autorizadas para tales efectos, o enviarlos mediante correo o mensajería, ninguna consecuencia legal en perjuicio del gobernado se estipuló cuando no se acate tal prescripción; y en cambio, se especificó de manera particular, la forma y términos en que deberán proceder las autoridades administrativas cuando el gobernado no cumpla con ese requisito, esto es, cómo deben proceder éstas en los casos en que se les presente una petición, instancia o recurso, de la que no deban conocer o estén impedidos; lo que evidencia que se otorgó una dispensa a favor del particular cuando no esté en posibilidad jurídica o material o incluso económica de presentar sus escritos a la autoridad que corresponda, arrojando a las autoridades la obligación de sanear tal deficiencia en los términos en que han sido expuestos.
"De este modo, el hecho de que el artículo 135 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, no detalle expresamente que la negativa ficta también se configura cuando el escrito, petición o instancia se presenta ante una autoridad incompetente, no puede entenderse como una restricción, pues al respecto, es conveniente recordar que cuando se trata de evidenciar el alcance de una norma jurídica que forma parte de un universo de disposiciones, sustantivas o procesales, el análisis debe ser sistemático y armónico, porque al no estar aisladas, sino como parte de un todo, es lógico que haya complementación, exclusión o inclusión entre todas ellas, de tal manera que permitan determinar su alcance o interpretación en forma cabal.
"En este sentido, debe entenderse que el hecho de que el citado artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no haga referencia específica a la posibilidad de la actualización de la negativa ficta cuando el escrito se presente ante una autoridad incompetente, no implica ni una deficiencia legislativa, ni una limitación para ello, pues al haberse establecido los supuestos que deberán concurrir cuando tal circunstancia se concrete en los diversos numerales 120 a 122 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, no se hace ya indispensable que en todos las disposiciones de esa propia compilación legal se reiteren necesariamente dichas especificaciones.
"Lo anterior pone de relieve el artículo 135 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, debe ser interpretado en el sentido de que la ficción legal que regula sí se configura aun cuando se presente ante una autoridad incompetente, pues de otra manera no se entendería la obligación que en el artículo 121 se impuso a las autoridades administrativas, relativa a que cuando un escrito sea presentado ante una autoridad administrativa incompetente, se remitirá de oficio a la que sí lo sea, ni tampoco que se tuviera como fecha de presentación aquella en que se recibió por la autoridad incompetente y que tal evento fuese notificado al promovente; sino que en, contrapartida, tales disposiciones, enlazadas armónicamente, deben entenderse en el sentido de que subsiste por encima de los obstáculos legales, materiales, económicos e incluso, por el propio desconocimiento de los gobernados del lugar donde deben presentar sus instancias, peticiones o recursos, que las mismas sean resueltas ya sea por la autoridad incompetente o por la competente -pues en el primer caso así lo deberá indicar y notificar al gobernado o bien, remitirla a la autoridad que corresponda y en el segundo contestar o resolver lo pedido-, y que asimismo se produzca una consecuencia legal para el caso de que tales autoridades sean renuentes a tal obligación.
"Con base en todo lo antes expuesto, este tribunal considera que, contrariamente a lo ponderado en la sentencia reclamada, una resolución negativa ficta puede configurarse cuando se reúnan los requisitos legales para ello, aun cuando sea presentada ante una autoridad incompetente; debiéndose hacer la acotación en el sentido de que este criterio sólo debe estar entendido únicamente respecto al supuesto de la negativa ficta regulada en el artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y complementada en los diversos 120 a 122 del mismo ordenamiento legal, la que además debe estar condicionada a que la autoridad incompetente y la competente, pertenezcan a la misma administración pública del Estado o a la del mismo Municipio; pues de no ser así, dicha regla no será procedente, pues además de que ello se deriva del propio numeral 121 indicado, no existe disposición en esa compilación o en alguna otra relacionada que permita colegir una interpretación en contrario.
"De no permitirse la actualización de la figura de mérito aun cuando se presente a una autoridad incompetente, se infringiría flagrantemente en principio el derecho de petición, que consiste en que a todo escrito o instancia recaiga una contestación expresa, así como la institución de la negativa ficta que estipula las consecuencias legales para cuando no se acate tal garantía, pues bastaría que, en supuestos como en la especie, se vieran burlados tanto el principio constitucional como la figura ficta referidos, pues la autoridad incompetente ante quien se presentó el escrito, podría argüir que no estaba obligada a contestar por no habérsele dirigido el mismo o no tener potestad para ello, mientras que la competente, sostuviera que tampoco estaba compelida a tal obligación por no habérsele presentado aquél, soslayando además la encomienda que se encuentra contemplada en el artículo 121 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, dejando en un absoluto estado de indefensión al gobernado, pues además de que dichas argucias liberarían a una y otra de contestar lo pedido, evitarían las obligaciones y consecuencias exprofesamente reguladas en la legislación secundaria de que se trata, consistente en dar un sentido a su abstención; generando además un absoluto estado de incertidumbre jurídica que ha pretendido ser abolido por los numerales, principios e instituciones que han quedado analizados, bajo tecnicismos que lejos de propiciar un Estado de derecho, generan indefensión a los gobernados, por el solo hecho de estar impedidos legal y materialmente para presentar sus escritos a la autoridad que corresponda o simplemente para indagar el sitio donde deben ser presentadas sus promociones, incluso por falta de recursos económicos o por el mero desconocimiento.
"Cabe señalar que la anterior consideración, opuestamente a lo considerado por la Sala responsable no deja en estado de indefensión a la autoridad a quien se imputa la negativa ficta, aun cuando no le sea presentada directamente la petición, instancia o recurso, acorde con lo que enseguida se explica:
"Conforme se ha puesto en evidencia, cualquier petición o instancia que se eleve a la autoridad y no sea resuelta en el plazo de tres meses, se considerará que se resolvió de forma negativa, lo que se conoce como resolución negativa ficta.
"También se ha dicho que el objeto de esta figura es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe emitir la resolución correspondiente.
"La razón de la creación de dicha figura, es liberar al gobernado de la imposibilidad de combatir la nada jurídica y, en cambio, generarle el derecho de impugnar el silencio guardado por la autoridad de que se trate ante el órgano jurisdiccional que corresponda, donde siendo el acto impugnado tal silencio -con consecuencias legales-, a saber una contestación ficticia en sentido negativo, se obligue a la autoridad a que en la contestación le dé a conocer al justiciable los fundamentos de hecho y de derecho en que apoye la resolución negativa ficta relacionada con el escrito al que se omitió dar contestación, por esa razón, en estos casos se podrá ampliar la demanda, de tal suerte que la litis se configura no como generalmente se hace en los casos en que se demanda la nulidad de una resolución expresa, esto es, demanda-contestación, sino que se integra principalmente entre los argumentos que la demandada produce en su escrito de contestación (para sostener la legalidad de su resolución negativa ficta), y lo que el actor plantea en su escrito de ampliación, pues es hasta entonces, cuando la enjuiciada da o debe dar a conocer los fundamentos de hecho y de derecho en que apoya dicha ficción y, por ende, no es sino justo en este momento que el actor está en condiciones de expresar argumentos contra esos motivos y fundamentos, a menos que emita otros en su escrito inicial aun sin conocer los argumentos de la autoridad.
"Por ello, el hecho de que se configure la resolución negativa que se atribuye a las autoridades demandadas, por la concurrencia de los presupuestos numerados con antelación, no necesariamente debe llevar a la conclusión de que la misma es ilegal, pues en ese caso, debe procederse al examen de la controversia, tomando en consideración las argumentaciones aducidas en la instancia a la que no se dio respuesta, lo que en su caso se haya argüido en el escrito inicial de demanda; y principalmente deben analizarse los fundamentos que esgrima la autoridad en su contestación (los cuales habrán de referirse al fondo del problema) y lo que se alegue en la ampliación de la demanda y, eventualmente, lo que se precise en la contestación de ésta.
"Conforme a lo anterior, la autoridad competente para contestar o resolver la petición o instancia -que debe ser la demandada en el juicio-, aun cuando no se le haya presentado directamente el escrito o petición, no queda en estado de indefensión, pues además de que conforme a los lineamientos expuestos, en acato a lo dispuesto en el artículo 121 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para ese momento (después de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26119-f9ee0190/negativa-ficta-cuando-se-configura-ante-autoridad-incompetente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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