NEGATIVA FICTA IMPUGNADA MEDIANTE JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN CASO DE QUE LA PARTE ACTORA NO AMPLÍE SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA CONTRA LAS CONSIDERACIONES EXPRESADAS EN LA CONTESTACIÓN PARA APOYARLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NO DEBE PRONUNCIARSE EN LA SENTENCIA SOBRE LOS ALEGATOS EN LOS QUE SE COMBATAN ESAS CONSIDERACIONES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 304/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 10 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Tema: Determinar si, tratándose de un juicio administrativo promovido contra una resolución negativa ficta, los alegatos se integran a la litis en el específico caso de que la parte actora haya omitido ampliar su demanda para combatir la contestación de demanda en la que la autoridad haya expresado los hechos y el derecho sustento de su resolución.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día diez de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Región Centro-Norte) y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito (Región Centro-Sur).
El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala consiste en determinar si, tratándose de un juicio administrativo promovido contra una resolución negativa ficta, los alegatos se integran a la litis en el específico caso de que la parte actora haya omitido ampliar su demanda para combatir la contestación de demanda en la que la autoridad haya expresado los hechos y el derecho sustento de su resolución.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido el siete de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de su Magistrado Presidente, denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito al resolver el amparo directo 482/2021, y el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos directos 451/2005 y 608/2017.
2. Recepción. En proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la contradicción de criterios 304/2023, admitió a trámite la denuncia relativa y solicitó, por conducto del MINTERSCJN, a la presidencia de los tribunales colegiados de circuito contendientes y al Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal la versión digitalizada del original o, en su caso, copia certificada de las resoluciones dictadas en los asuntos en contienda, así como el informe sobre si el criterio sustentado en cada uno de dichos asuntos se encuentra vigente.
3. Asimismo, turnó los autos para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán, ordenó la integración del cuaderno auxiliar de turno virtual y, dado que el tema de la contradicción de criterios se refiere a la materia administrativa, consideró competente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal.
4. Avocamiento y trámite. Por auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, el asunto fue avocado al conocimiento de esta Segunda Sala por su Presidente; mientras que, por proveído de veintisiete de octubre siguiente, tuvo por recibidos los informes de los Magistrados Presidentes de los órganos colegiados contendientes en los que expresaron que los criterios en pugna siguen vigentes y que las ejecutorias respectivas causaron estado por ministerio de ley, además de que tuvo por presentadas las constancias requeridas para la integración del expediente, por lo que ordenó su remisión a la ponencia correspondiente a efecto de que se elaborara el proyecto de solución respectivo.
I. COMPETENCIA
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente contradicción de criterios en términos de los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo(2) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General 1/2023 modificado por instrumento de diez de abril de dos mil veintitrés, toda vez que los órganos contendientes pertenecen a regiones distintas y se pronunciaron sobre un tema relativo a la materia administrativa.
II. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II,(4) en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que la parte denunciante –Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que actuó por conducto de su Magistrado Presidente–, fue la autoridad responsable en uno de los asuntos del que derivó uno de los criterios en contienda, a saber, el juicio de amparo 482/2021 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
III. CRITERIOS CONTENDIENTES
7. En el escrito de denuncia se expresa que el posible problema jurídico a resolver se ciñe a determinar si los alegatos formulados en un juicio administrativo promovido en contra de una resolución negativa ficta deben ser analizados por la sala responsable cuando en ellos se introduzcan argumentos que debieron hacerse valer en la ampliación de la demanda.
8. Al respecto, los órganos colegiados contendientes se pronunciaron conforme a los antecedentes y consideraciones que se relatan a continuación:
A. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 451/2005 y 608/2017.
A.1. Juicio de amparo 451/2005.
1) Un particular solicitó al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la correcta determinación de su pensión jubilatoria y el pago de las diferencias correspondientes.
2) El propio particular promovió el juicio 38125/04-17-09-5 del índice de la Novena Sala Regional Metropolitana del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que impugnó la negativa ficta recaída a la solicitud referida en el párrafo precedente; juicio que fue fallado en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.
3) En desacuerdo con esa sentencia, el gobernado promovió el juicio de amparo directo de origen, en cuya ejecutoria, aun cuando se concedió el amparo (únicamente para que la sala responsable analizara ciertos argumentos planteados desde la demanda y su ampliación), en lo que interesa a este asunto, se declaró infundado el concepto de violación en el que la parte quejosa se dolió de la falta de estudio de los alegatos esgrimidos en el juicio administrativo, con base en las consideraciones siguientes:
• Si bien el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación obligaba al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a considerar los alegatos, lo cierto es que ello no implica que cualquier aseveración expresada por esa vía deba ser analizada expresamente en la sentencia, sino que sólo debe reflejarse el estudio de aquéllos de bien probado, es decir, los dirigidos a ponderar las pruebas ofrecidas por la contraparte en el juicio o que controviertan los argumentos de la contestación de demanda.
• Tratándose de la impugnación de negativas fictas, conforme a los artículos 210, fracción I, y 215, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene el deber de fundar y motivar su resolución al contestar la demanda, mientras que la parte actora podrá ampliar su escrito inicial de demanda para controvertir los razonamientos expuestos por la autoridad. De ahí que, si el demandante opta por no presentar dicha ampliación, su derecho para introducir nuevos elementos a la litis quedará precluido, y, por ende, no será viable atacar la fundamentación y motivación contenida en la contestación de demanda a través de los alegatos.
• Sostener un criterio en sentido contrario haría nugatorio el contenido del artículo 210 del Código Fiscal de la Federación que prevé la figura de la ampliación del escrito inicial, toda vez que quedaría a criterio del actor controvertir en cualquier momento las razones que justifican la resolución negativa ficta expresadas en la contestación de la demanda, ya sea a través de la ampliación o los alegatos, lo cual resulta jurídicamente inadmisible. Máxime que con la ampliación de la demanda se corre traslado a la autoridad demandada para que, a su vez, esté en aptitud de contestarla, mientras que, tratándose de los alegatos, la legislación no prevé posibilidad alguna para que la contraparte pueda replicarlos.
A.2. Juicio de amparo 608/2017.
1) Una asociación civil promovió el juicio 29903/16-17-04-4 del índice de la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que impugnó un oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que le determinó un crédito fiscal por concepto de omisiones en el pago de aportaciones de seguridad social; juicio que fue fallado en el sentido de sobreseer por extemporaneidad.
2) Inconforme con ese sobreseimiento, la asociación promovió el juicio de amparo directo de origen, en cuya sentencia se negó el amparo al tenor de las consideraciones siguientes:
• Conforme a los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando la parte actora afirma que el acto impugnado no le fue notificado o lo fue ilegalmente, la autoridad queda obligada a exhibir constancia de ese acto y de su notificación mediante la contestación a la demanda, a efecto de que puedan ser combatidos mediante la ampliación de la demanda.
• Empero, esa situación no genera que la parte actora quede legitimada para ampliar la litis a través de los alegatos (incluso para atacar la constancia de notificación exhibida por la autoridad), pues si bien éstos constituyen una formalidad esencial del procedimiento, lo cierto es que en ellos no pueden plantearse argumentos no expresados en la demanda o, en su defecto, en la ampliación.
• Por tanto, si en el escrito de alegatos la asociación actora se limitó a exponer argumentos que no se hicieron valer oportunamente, es claro que no pueden quedar integrados a la litis y, en consecuencia, la sala no tenía la obligación de estudiarlos al pronunciarse sobre la oportunidad en la promoción del juicio.
B. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 482/2021.
1) Un particular presentó un escrito ante la Unidad de Servicios Integrados Cancún, Delegación Estatal Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que solicitó se le reconociera el derecho a jubilarse y, por ello, se le otorgara la pensión respectiva.
2) El mismo particular promovió el juicio 952/19-20-01-9 del índice de la Sala Regional del Caribe y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra la negativa ficta recaída a la solicitud referida en el inciso precedente, el cual fue fallado en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.
3) En desacuerdo con esa sentencia, el gobernado promovió el juicio de amparo directo de origen, en el que se concedió el amparo por considerar que la sala responsable debió reflejar el estudio de los alegatos planteados, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación:
• De una interpretación de los artículos 14, fracción IV, y 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que la ampliación de la demanda cuando se combate una resolución negativa ficta constituye una facultad o derecho adjetivo potestativo del demandante y, en esa medida, su ejercicio únicamente genera la preclusión de ese derecho procesal, mas no la consecuencia de privarlo del derecho fundamental de defensa adecuada.
• Si bien el actor no amplió su demanda para combatir la contestación de demanda, lo cierto es que a través de su escrito de alegatos estaba en aptitud de combatir los argumentos expresados en esa contestación con la intención de justificar la negativa ficta impugnada, dado que deben calificarse como alegatos de bien probado aquéllos en los que se atacan las razones jurídicas que surgen en la contestación de la demanda y las pruebas anexadas a ésta en el juicio.
• Aun cuando en algunos procedimientos, como los de índole civil, penal y de amparo, los alegatos no forman parte sustancial de la litis, la legislación que rige al juicio administrativo es clara en establecer los plazos y la forma de notificación para la presentación de los alegatos, los cuales deben ser tomados en cuenta en la emisión de la sentencia de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• En consecuencia, el hecho de que la parte actora en un juicio administrativo en el que se demanda la nulidad de una resolución negativa ficta no amplíe su demanda para controvertir los argumentos que introdujo la autoridad en la contestación, no implica que la sala responsable pueda dejar de analizar los alegatos formulados por la parte actora justamente con ese fin.
IV. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
9. El objeto de una contradicción de criterios consiste en unificar posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una oposición de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.";(5) y a la tesis también del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(6)
10. Conforme a estas tesis, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan satisfecho los extremos siguientes:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
11. Entonces, existe contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que, aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones disímiles; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
12. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(7)
13. APARTADO I. Inexistencia. De los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que no existe la contradicción de criterios denunciada en relación con la postura adoptada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el juicio de amparo 608/2017, pues aun cuando se encargó de analizar si la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa estaba vinculada a estudiar los alegatos dentro de las consideraciones que sostuvieron su sentencia, lo cierto es que el juicio administrativo de origen no fue promovido en contra de una resolución negativa ficta, sino de una resolución expresa –consistente en un crédito fiscal por incumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones de seguridad social a la vivienda–.
14. Y, en ese tenor, dado que la litis en el juicio administrativo promovido contra negativas fictas se integra de manera especial y diferenciada en relación con aquellos casos en los que se combaten resoluciones expresas, es claro que, al resolverse el juicio de amparo referido en el párrafo precedente, no hubo pronunciamiento sobre el tópico que se anunció como posible materia de una oposición de criterios.
15. APARTADO II. Existencia. En cambio, de los antecedentes y consideraciones descritos en párrafos precedentes, se advierte que existe la contradicción de criterios denunciada entre las posturas adoptadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 451/2005, y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 482/2021, pues dichos órganos colegiados adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, a saber: si los alegatos formulados en un juicio administrativo promovido en contra de una resolución negativa ficta deben ser analizados por la sala responsable cuando en ellos se introduzcan argumentos que debieron hacerse valer en la ampliación de la demanda.
16. En efecto, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió su criterio en un juicio de amparo promovido contra una sentencia del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que se reconoció la validez de una resolución negativa ficta; sobre lo cual indicó que fue correcto que la sala responsable no analizara en las consideraciones de su fallo los alegatos dirigidos a atacar los fundamentos y motivos de la indicada resolución ficta, pues el derecho del gobernado al efecto precluyó en el momento en que optó por no ampliar su demanda.
17. Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito también se pronunció en un juicio de amparo promovido contra una sentencia dictada en un juicio administrativo en el que se reconoció la validez de una resolución negativa ficta, pero sostuvo que la sala responsable indebidamente dejó de estudiar los alegatos planteados contra los razonamientos esgrimidos en la contestación de la demanda con la finalidad de justificar la citada resolución ficta, pues aun cuando la parte actora no amplió su demanda, los alegatos deben quedar integrados a la litis. 18. Así, se aprecia que la conclusión a la que arribaron cada uno de los tribunales colegiados de circuito en mención, se refirió a la figura de los alegatos en el juicio administrativo promovido contra resoluciones negativas fictas, lo que revela que existe un punto de choque, precisamente, respecto a si deben ser analizados en las consideraciones de la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando, no habiéndose ampliado la demanda, se dirigen a combatir los razonamientos plasmados en la contestación de demanda. Esto es, se satisfacen las condicionantes para la existencia de la contradicción de criterios, habida cuenta de que:
A. En los fallos dictados por dichos órganos contendientes se abordó el mismo punto jurídico, a saber, si, tratándose de juicios contra negativas fictas, las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deben plasmar en su sentencia el estudio de los alegatos dirigidos a combatir los razonamientos esgrimidos en la contestación de demanda con la intención de justificar aquella negativa.
B. Los órganos contendientes adoptaron posiciones opuestas, dado que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que no procedía el estudio de esos alegatos porque la posibilidad de atacar los argumentos planteados en la contestación debe ejercerse mediante la ampliación de demanda; mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito sostuvo que, aun cuando se combata una resolución negativa ficta, los argumentos esgrimidos en la contestación de demanda pueden combatirse mediante los alegatos.
19. Sin que sea óbice el hecho de que uno de los tribunales colegiados de circuito en comento haya emitido su decisión bajo la aplicación de diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco –que regulaba la tramitación del juicio administrativo hasta esa fecha–, mientras que el otro tribunal colegiado de circuito haya sostenido su pronunciamiento en la actual Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cinco –que norma actualmente el juicio administrativo–, toda vez que ambos ordenamientos legales son coincidentes, específicamente en cuanto a las disposiciones que resultan aplicables a los asuntos en los que se impugna una negativa ficta y a los alegatos, según se aprecia del cuadro comparativo siguiente:
Ver cuadro comparativo
20. Como puede advertirse, ambos ordenamientos regulan de manera esencialmente igual la forma en que se integra la litis en la negativa ficta en el juicio administrativo, así como la figura de los alegatos, lo que revela que se trata de un mismo contenido normativo y, por ende, permite sostener que entre los pronunciamientos de los tribunales colegiados de circuito en contienda existe un punto de choque, esto es, ambos estudiaron un mismo tema y adoptaron posicionamientos distintos. Son aplicables, en su criterio sustancial, la tesis de la Primera Sala de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS.",(8) y la tesis de esta Segunda Sala de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE POR EL HECHO DE QUE EN LAS SENTENCIAS CONTENDIENTES SE HUBIEREN APLICADO, RESPECTIVAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y LA VIGENTE, SIEMPRE Y CUANDO LOS PRECEPTOS SEAN IGUALES O COINCIDENTES."(9)
21. Por tanto, sobre la base del estudio de la misma cuestión jurídica y a partir de lo aquí relatado, se configura la contradicción de criterios, cuyo tema, se reitera, es determinar si, tratándose de un juicio administrativo promovido contra una resolución negativa ficta, los alegatos se integran a la litis en el específico caso de que la parte actora haya omitido ampliar su demanda para combatir la contestación de demanda en la que la autoridad expresó los hechos y el derecho sustento de su resolución.
V. ESTUDIO
22. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que aquí se desarrolla.
23. El artículo 17, párrafo segundo, de la Carta Magna dispone que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial"; de lo que se infiere el derecho fundamental a tener un acceso efectivo a la impartición de justicia, para lo cual no basta que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que es menester que ese acceso sea real en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos atinentes y justificados, pueda obtener una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela ha solicitado. Siendo que esa prerrogativa constitucional, a su vez, se conforma de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, que han sido explicados en la jurisprudencia de esta Segunda Sala de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."(10)
24. Adquieren relevancia para este asunto los indicados principios de prontitud y completitud en la impartición de justicia, que compelen a las autoridades encargadas a resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que al efecto establezcan las leyes, y a emitir el pronunciamiento correspondiente respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que ha puesto a discusión.
25. Así, cuando se ejerce una acción que dé inicio a un procedimiento jurisdiccional, debe plasmarse el reclamo del accionante en una demanda, dando lugar a que se llame formalmente al demandado a fin de que éste se oponga a la procedencia de la acción o al derecho controvertido a través de sus excepciones, siendo el juzgador quien debe dictar sentencia atendiendo a la demostración de los hechos constitutivos de las pretensiones y defensas, así como a la regulación de los bienes jurídicos tutelados materia del conflicto.
26. En esa virtud, un juicio tiene por objeto la decisión de una litis conforme a las normas del derecho, es decir, de ciertos puntos de discusión esgrimidos por el actor y el demandado, los cuales deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional del conocimiento.
27. Empero, debe considerarse que la oportunidad en la que esas partes están en aptitud de exponer sus pretensiones y excepciones a efecto de que quede configurada la litis a resolver, no es irrestricta, es decir, no se prolonga indefinidamente, ya que, como se ha expuesto, la impartición de justicia debe ocurrir en un lapso breve y razonable, por lo que la normatividad que rija a cada juicio precisará las etapas y los tiempos útiles para la formulación de planteamientos cuyo análisis y resolución darán lugar a la solución de la disputa, a los cuales deben ajustarse necesariamente tanto las partes como el juzgador por disposición expresa del ya citado artículo 17 de la Ley Fundamental, que dispone que los tribunales "estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes".
28. Ello porque del contenido de dicho precepto constitucional se infiere que el Constituyente Permanente pugnó por una jurisdicción sin dilaciones indebidas, tan rápido como lo permitan los derechos de los particulares, surgiendo figuras atinentes a la completitud pero también a la prontitud en la impartición de justicia, como lo es la preclusión, que parte del hecho de que, en la actividad jurisdiccional, los actos procesales están sujetos a tiempos específicos, por lo que, de no practicarse de manera oportuna, se perderá la posibilidad de hacerlo, pues esa abstención de actuar opera en perjuicio de las partes, por la extinción de la prerrogativa a realizar los actos atinentes a su defensa. Es ilustrativa al efecto la tesis de esta Segunda Sala de rubro: "PRECLUSIÓN. SUPUESTOS EN LOS QUE OPERA."(11)
29. Ahora, dada la litis a resolver en este asunto, conviene hacer una referencia a la figura de la negativa ficta, que consiste en una ficción legal a través de la cual se presume el sentido de la respuesta recaída a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito, en sentido contrario a la pretensión del interesado, cuando la autoridad administrativa no la contesta ni resuelve en el periodo indicado por la ley, siendo que su objetivo es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio del funcionario que legalmente debe emitir la resolución correspondiente, de suerte que no sea indefinida dicha conducta de abstención, sino que, al transcurrir el tiempo, se infiere que su decisión es en sentido negativo.
30. En efecto, en la contradicción de tesis 306/2010,(12) esta Segunda Sala precisó que la negativa ficta es considerada como el sentido de la respuesta que la ley presume que ha recaído a una instancia formulada por escrito de un particular, cuando la autoridad omite resolverlo en el plazo previsto en el ordenamiento legal aplicable, evitando así que se conculque el principio constitucional de seguridad jurídica. Mientras que en la contradicción de tesis 405/2022,(13) se estableció que esa decisión ficta es una prerrogativa de los gobernado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32203-b63dc8f9/negativa-ficta-impugnada-mediante-juicio-contencioso-administrativo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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