AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO CUANDO EL QUEJOSO LO CLASIFICA COMO "NEGATIVA TÁCITA", "NEGATIVA IMPLÍCITA", "FICCIÓN JURÍDICA" O ALGUNA EXPRESIÓN SIMILAR, POR LO QUE CORRESPONDE AL OPERADOR JURÍDICO INTERPRETAR EL ESCRITO EN SU INTEGRIDAD EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, CON SEDE EN HERMOSILLO, SONORA. 8 DE JUNIO DE 2021. MAYORÍA DE CINCO VOTOS EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DE LOS MAGISTRADOS MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ, GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA, ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, GERARDO DOMÍNGUEZ Y MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ. DISIDENTE: DAVID SOLÍS PÉREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE AL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER CON EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA DE LOS MAGISTRADOS MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ, GABRIEL ALEJANDRO PALOMARES ACOSTA, MIGUEL ÁNGEL BETANCOURT VÁZQUEZ Y DAVID SOLÍS PÉREZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. DISIDENTES: ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y GERARDO DOMÍNGUEZ, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: HELVETIELLA ESPINOZA SALAS.
Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Pleno del Quinto Circuito correspondiente al ocho de junio de dos mil veintiuno.
VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis 1/2021; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia. Mediante oficio 435/2021 de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, recibido el uno de marzo siguiente, por la secretaria de Acuerdos del Pleno del Quinto Circuito, el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, remitió el acuerdo de la fecha del oficio, del que se advierte que el titular de ese órgano jurisdiccional, licenciado Yamín Francisco González Mendoza, denuncia la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 177/2020, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 115/2020, en sesiones de cuatro de febrero de dos mil veintiuno.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia y turno. Por acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, la presidencia del Pleno del Quinto Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis con el número 1/2021.
En el mencionado proveído se admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; asimismo, en el propio auto, entre otras cosas, requirió a los presidentes de los tribunales contendientes para que enviaran las versiones electrónicas de las ejecutorias en cuestión, a la cuenta de correo electrónico que para tal efecto indicó, y para que informaran si los criterios que sustentaron en las mismas se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
Luego del trámite correspondiente, por auto de seis de abril de dos mil veintiuno se consideró debidamente integrado el expediente de la contradicción y se turnó el expediente y sus anexos a la Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, Ma. Elisa Tejada Hernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
TERCERO.—Pedimento. El agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1 y 3 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; Acuerdo General Número 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publicación en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de las tesis que emiten la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito; así como los numerales 1, 2, 20 y 27 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificando en cuanto a su vigencia los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 –en congruencia con los diversos Acuerdos Generales que les anteceden, 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del propio órgano colegiado–, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado, con posterioridad al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ante el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que permite sesionar asuntos a distancia, en vía remota, por videoconferencia en tiempo real; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
SEGUNDO.—Sesión vía remota. La resolución de este asunto se lleva a cabo en sesión celebrada por videoconferencia, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19.
Lo anterior, en el entendido de que así fue dispuesto en el mencionado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en su artículo 27, fracción III, cuya vigencia fue prorrogada en los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que, en ese orden, establece:
"Artículo 27. Sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito. Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados y de los Plenos de Circuito se prepararán, celebrarán y registrarán conforme a las siguientes reglas:
"...
"III. Las sesiones se celebrarán, invariablemente, por videoconferencia y sin la presencia del público. La sesión por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos que las que se realizan con la presencia física."
TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue planteada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón.
CUARTO.—Criterios contendientes. Con el fin de resolver lo conducente sobre el tema de esta contradicción, se hace indispensable puntualizar el contexto de los asuntos que motivaron la presente contradicción de criterios, así como algunos de sus antecedentes y consideraciones que los sustentaron, contenidos en las resoluciones relativas.
I. Criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. En sesión de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, resolvió, por unanimidad, el recurso de queja 177/2020, interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ********** (del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora), ejecutoria en la cual consideró, en la parte conducente, lo siguiente:
"SEXTO.—Estudio.
"Los agravios formulados son fundados, aunque suplidos en su deficiencia al tener la quejosa la calidad de pensionada, acorde a lo dispuesto por la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo; además, porque, a criterio de este Tribunal Colegiado, la causal de improcedencia que originó el desechamiento de la demanda en el auto recurrido, no es manifiesta e indudable.
"Al respecto, es aplicable la tesis 2a. XCV/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1106, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2007681 (así como en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas, y se publicó nuevamente con la votación correcta el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas), que dice:
"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables.’
"De igual forma, le resulta aplicación (sic) a lo anterior la jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, enero de 2019, Tomo I, página 9, de la Décima Época, con número de registro digital: 2018980 (así como el viernes 11 de enero de 2019 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación), de rubro (sic) y texto siguientes:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable.’
"Para arribar a esa conclusión, cabe destacar que la quejosa promovió juicio de amparo indirecto señalando como autoridad responsable a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, incluso señaló como acto reclamado en su demanda:
"‘IV. ACTO RECLAMADO:—El acto reclamado es la respuesta negativa dada a la solicitud que formulamos a la Junta Directiva del ISSSTESON, mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte.—Esa respuesta se produjo en forma tácita, en atención a que el cuatro de marzo de dos mil veinte, se ordenó y aplicó –actos de naturaleza positiva– el incremento anual de nuestras pensiones correspondiente al año de dos mil veinte, en términos distintos a los pretendidos en la solicitud antes mencionada. En otras palabras, con esos actos positivos, tácitamente nos dieron una respuesta negativa a nuestras peticiones.’ (fojas 19 y 20 de la copia certificada del juicio de amparo)
"Además, a prevención del Juez de amparo, en escrito aclaratorio del veinte de octubre de dos mil veinte, precisó que (sic) en forma destacada, que reclama:
"‘La respuesta que la H. Junta Directiva del ISSSTESON, dio a la solicitud que planteé por escrito –junto con otros pensionados–, el pasado veinticinco de febrero de dos mil veinte. En ese sentido, reitero que sí hubo una respuesta a nuestra solicitud. Sólo que ésta no se produjo formalmente –es decir, no dieron contestación por escrito– sino que lo hicieron tácitamente.
"‘Debe tenerse en cuenta que en nuestra solicitud del veinticinco de febrero de dos mil veinte, pedimos la corrección de los incrementos pensionarios efectuados en los años del dos mil diecisiete; del dos mil dieciocho; del dos mil diecinueve. Así como los términos en los que tenía que aplicarse el incremento pensionario del año dos mil veinte. Además, de la devolución de todos los saldos que pudieran derivar de estas correcciones y aplicaciones de los incrementos de nuestras pensiones.
"‘Ante ese planteamiento, la autoridad dio una respuesta tácita. Fue así, atendiendo a que la Junta Directiva del ISSSTESON, reaccionó a nuestro escrito el veinticinco de febrero de dos mil veinte, dictando la orden de aplicar el incremento pensionario del año dos mil veinte, en términos distintos a los que le pedimos. Con lo cual nos hizo ver que tácitamente negó lo que le solicitamos sobre el incremento de esa anualidad. Sin embargo, nada hizo –o dijo– con relación a las peticiones que le formulamos para corregir los incrementos de los años dos mil diecisiete; del dos mil dieciocho; del dos mil diecinueve, o de la devolución de saldos. De ahí que, con su silencio e inacción, la autoridad también puso de manifiesto su negativa implícita a la procedencia del resto de mis peticiones.’ (fojas 95 y 96 del juicio de amparo)
"De dicha demanda correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, quien en proveído recurrido de veintiuno de octubre de dos mil veinte, la desechó al considerar que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, ambos de la Ley de Amparo.
"Consideraciones del auto recurrido.
"- En dicho auto recurrido, señaló el juzgador de amparo, que previno a la quejosa en acuerdos del ocho y catorce de los corrientes (sic)(1) y que ante esas prevenciones, la quejosa fue categórica en señalar como acto reclamado: ‘la respuesta tácita dada por la Junta Directiva del ISSSTESON’, a la solicitud planteada por la parte quejosa –junto con otros pensionados– el veinticinco de febrero de dos mil veinte.
"- Luego, se señala en el auto recurrido que el juicio de amparo resulta improcedente contra la figura de la negativa ficta o tácita, que –dijo el Juez– refirió la quejosa; esto, bajo el argumento de que dicha figura sólo puede controvertirse a través del juicio contencioso, en tanto que ésa era una instancia de constitucionalidad y no de legalidad.
"- Incluso explica que a fin de evitar la inactividad de la administración, en el sistema contencioso-administrativo se exigía el acto administrativo antes del acudir a los organiso (sic) judiciales, lo que dio lugar a la tesis de silencio administrativo como una presunción de la denegación de la petición que dejará abiertas las vías procesales.
"- Agrega que en la Carta Magna se establece en el artículo 8o. el derecho de petición y la forma de ejercerse; luego, se explica en el propio auto, el origen de la negativa ficta y sostiene que esa figura fue adoptada en la Ley de Justicia Fiscal; así como la aparición de la resolución ficta, como alternativa de la resolución expresa, la que se vio reflejada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, por la cual una autoridad estaría denegando el acto de petición al no contestarlo.
"- Después de hacer referencia a las normas que en su criterio contemplan la negativa ficta, concluye que ésta se configura por el transcurso del tiempo, cuando no se ha emitido resolución escrita, ni menos aún se han satisfecho las otras formalidades que exige el derecho de legalidad.
"- Afirma por ello, que se trata de un acto de autoridad irregular que surge a la vida jurídica por disposición de la ley y así, carente de esos atributos es válido en derecho y eficiente para producir sus consecuencias jurídicas adversas a los intereses del promovente.
"- También se aduce en el auto recurrido, que en la doctrina se sostiene que la negativa ficta goza de la naturaleza de una resolución administrativa y debe surtir sus efectos plenos para que el particular considere el silencio como una resolución desfavorable a sus intereses, impugnable a través del medio ordinario de defensa correspondiente.
"- Por lo anterior, consideró que la negativa ficta es una figura de carácter procesal, ya que el silencio nació como un instrumento para hacer viable la defensa procesal del particular frente a la abstención de la autoridad por dictar una resolución a petición de aquél, no teniendo otra razón de ser, más que hacer accesible la impartición de justicia por parte de los tribunales competentes.
"- Se argumenta en el auto recurrido también, los requisitos que conforman la negativa ficta (señala tres), de acuerdo a la jurisprudencia 2a./J. 81/2001, de rubro: ‘NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN, EN UN PLAZO DE TRES MESES, A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA Y DEL CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO FORMULADA A LA AUTORIDAD FISCAL, SIENDO IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’
"- Agrega, que una vez transcurrido el plazo con el que cuenta la autoridad administrativa para responder al gobernado, sin que lo haya hecho, los particulares podrán impugnar la negativa ficta a través del medio ordinario de defensa correspondiente, mismo que en el ámbito federal se encuentra regulado en el artículo 3, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"- Añade que acotado lo anterior, debe decirse que la figura de la negativa ficta no coarta el derecho de los gobernados para acudir al juicio de amparo, por considerar violado su derecho de petición, sino que les otorga posibilidad: una es interponer la demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y otra optar por promover juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito.
"- La primera de las opciones anteriores, (señala el Juez) una vez integrada la litis con la demanda, contestación a la demanda, ampliación y contestación a la ampliación, el tribunal competente dictará la sentencia reconociendo la validez o declarando (sic) nulidad de la resolución negativa ficta, resolviendo el fondo.
"- Mientras que la segunda, si el particular opta por promover juicio de amparo indirecto reclamando el derecho de petición, de concederse el mismo, no tendría más efecto que el obligar a la responsable a dictar la resolución respectiva pudiéndolo hacer en cualquier sentido según sus consideraciones, pues el Juez de Distrito no puede estudiar el fondo del asunto, ni obligar a la autoridad a que se pronuncie en determinado sentido.
"- Ante lo apenas señalado, el juzgador concluye que se tiene que la figura de la confirmativa o negativa ficta es propia del juicio contencioso, ya que en dicho procedimiento se establece la posibilidad de que el particular amplíe la demanda en el momento en que conoce los motivos y fundamentos de la autoridad; lo que (se afirma en el acuerdo) no sucede en el juicio de amparo, pues la autoridad responsable sólo está obligada a rendir el informe justiciado (sic) en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado.
"- Señala que al no operar en el juicio de amparo el principio de litis abierta, tampoco es dable reclamar en éste, una resolución confirmativa o negativa ficta, ya que, atendiendo a la naturaleza jurídica de esta última, en su impugnación existe la posibilidad de que el gobernado esgrima argumentos en contra de la resolución recurrida en sede administrativa no planteados ante la autoridad responsable, lo que es propio de un juicio contencioso y no del juicio de amparo.
"- Por todo lo anterior, se argumenta en el auto combatido, que en el juicio de amparo no puede considerarse como acto reclamado la resolución negativa ficta, porque el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa cuyo objeto fundamental es el análisis de la constitucionalidad de los actos desplegados por las autoridades responsables, a fin de que en el supuesto de demostrarse que resultan lesivos de derechos humanos, se restituya en el goce de éstos.
"- Que al señalar el quejoso como acto reclamado la negativa ficta (sic) al sostener que elevó una solicitud a la autoridad administrativa y que ésta ha sido omisa en responderle, debe atenderse que el quejoso lo que pretende reclamar es una ficción legal (sic), por lo que el juicio de amparo es improcedente, al no ser dable la revisión de constitucionalidad de una presunción legal cuya actualización requiere diversos requisitos previstos en leyes ordinarias.
"- Insiste en el auto recurrido, que en el juicio de amparo no puede tenerse como acto reclamado una negativa ficta (sic); pero precisa, que queda a salvo el derecho del gobernado de reclamar en el amparo la inactuación de la autoridad como un acto omisivo que debiera analizarse a la luz del artículo 8o. constitucional, como lo precisó.
"- Por último, que el juicio de amparo es una instancia de constitucionalidad y no de legalidad, de ahí que (sic) el juicio de amparo no se puede estudiar la ficción legal de la negativa o confirmativa ficta, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, ambos de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, como se anunció, son fundados los agravios –suplidos en su deficiencia–, toda vez que la citada causal de improcedencia por la que se desechó de plano la demanda de amparo, no es manifiesta e indudable.
"En efecto, el desechamiento de la demanda de amparo tiene sustento –entre otros– en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, el cual establece lo siguiente:
"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’
"Del precepto legal transcrito se advierte que, el desechamiento de plano de la demanda de amparo procede cuando se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia.
"Entendiéndose por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’ lo referente a que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que resulta.
"En efecto, el aludido artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, prevé la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo, cuando de su análisis aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de allí que, cuando éste se advierta de manera notoria, será factible desechar dicha instancia constitucional; entendiéndose que tales características se dan cuando tal improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la citada demanda y de sus anexos.
"En tanto, el artículo 65 de la Ley de Amparo, prevé:
"‘Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y sólo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización.’
"De lo anterior se sigue, que el sobreseimiento podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización.
"Al respecto, ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las causas de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción en los precisos casos que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo aplicable, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional y, por lo mismo, resulta ser de aplicación estricta lo dispuesto en los diversos numerales 65 y 113 del citado ordenamiento legal, para desechar de plano una demanda.
"Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la tesis 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2012, página 448, de la Novena Época, con número de registro digital: 186605, de rubro y texto siguientes:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por «manifiesto» lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.’
"Asimismo, la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 84, Tercera Parte, página 35, de la Séptima Época, con número de registro digital: 202306 (sic) que dice:
"‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.’
"Cabe destacar que los criterios de mérito fueron emitidos a la luz de la abrogada Ley de Amparo; sin embargo, en el caso, el contenido del artículo 145 de la anterior Ley de Amparo –analizado en los criterios invocados–, resulta similar al del diverso numeral 113 de la vigente ley de la materia, por lo tanto, resultan aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo.
"En ese sentido, un motivo de improcedencia ‘manifiesto’ e ‘indudable’ es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los ocursos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de allí que los informes justificados que rindan las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30017-a0519a50/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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