AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA QUE EL JUZGADOR EXAMINE EXHAUSTIVAMENTE EL ACTO RECLAMADO Y DETERMINE SI AFECTA LOS INTERESES PATRIMONIALES DE UNA PERSONA MORAL PÚBLICA Y SI ÉSTA ACTÚA EN UN PLANO DE COORDINACIÓN O DE SUPRA A SUBORDINACIÓN CON EL GOBERNADO Y, CON BASE EN ELLO, DESECHARLA.
AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA QUE EL JUZGADOR EXAMINE EXHAUSTIVAMENTE EL ACTO RECLAMADO Y DETERMINE SI AFECTA LOS INTERESES PATRIMONIALES DE UNA PERSONA MORAL PÚBLICA Y SI ÉSTA ACTÚA EN UN PLANO DE COORDINACIÓN O DE SUPRA A SUBORDINACIÓN CON EL GOBERNADO Y, CON BASE EN ELLO, DESECHARLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 26 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR TAPIA GARCÍA, GRACIELA MARGARITA LANDA DURÁN, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, DAVID GUERRERO ESPRIÚ Y FAUSTINO CERVANTES LEÓN. DISIDENTE: JORGE SALAZAR CADENA. PONENTE: GRACIELA MARGARITA LANDA DURÁN. SECRETARIO: ALEJANDRO GABRIEL GARCÍA NIEVA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito con sede en esta ciudad, lugar donde este Pleno ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, puesto que fue formulada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Mexicali.
TERCERO.-Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, conoció del recurso de queja **********, interpuesto por el presidente municipal del Ayuntamiento de Tijuana.
En el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, del que derivó el recurso de queja **********, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en la misma ciudad, se reclamó el auto que desechó la demanda de amparo promovida por el presidente municipal del Ayuntamiento de Tijuana, al considerar que se trataba de una autoridad y no de un gobernado, por lo que no era procedente el juicio constitucional para reclamar actos que afectan su imperio.
Las consideraciones expresadas por el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de queja de referencia, en la parte que interesa, son las que a continuación se transcriben:
"SEXTO.-El único agravio hecho valer por la autoridad inconforme resulta jurídicamente ineficaz, conforme a las consideraciones que enseguida se exponen. En él aduce esencialmente que es genérica e incorrecta la apreciación del Juez de Distrito, al considerar actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con los numerales 1o. y 7o., todos de la Ley de Amparo y, como consecuencia de ello, desechar de plano la demanda, situación que, afirma, afecta su derecho a ser escuchado y vencido dentro del juicio contencioso administrativo, cuyas actuaciones reclamó en la demanda de amparo. Agrega que la Constitución Política Mexicana protege a las personas contra la acción del Estado que sea lesiva de sus derechos humanos, a través del juicio de amparo, que esos derechos constituyen restricciones al poder público, por ende, el Estado no goza de esas garantías y, por lo mismo, no puede promover juicios de amparo. Añade que a esa regla general, el legislador ha opuesto una excepción en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales. Continúa exponiendo que al tratarse el juicio de amparo de un sistema jurídico operativo y funcional, cuyas normas guardan cierto carácter racional, deben armonizarse donde exista compatibilidad jurídica y similitud de razón, siendo aplicable la interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley de Amparo, para dotar a un enunciado, de comprensión dudosa, de un significado sugerido o no impedido por el sistema jurídico del que forma parte; que por ello, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe atenderse en consonancia con el referido artículo 7o., pues afirma que este precepto no debe aplicarse sólo por su contenido, sino que requiere ser analizado en cada caso en particular y en función de los numerales legales que se vinculan con el supuesto correspondiente, en el caso, el relativo a la legitimación que, por ello, debe atenderse a lo dispuesto por los artículos 1o. de la Constitución Política Mexicana, 1o., fracción I, 6o. y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, vinculados con el artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California. Después de transcribir la jurisprudencia 45/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/31 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubros: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ y ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO SI NO LO HACEN EN DEFENSA DE SUS INTERESES PATRIMONIALES, SINO COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN COMO ENTES DOTADOS DE PODER PÚBLICO.’. Señala que no deben pasar inadvertidas circunstancias de especial trascendencia como son: 1. Que el artículo 7o. de la Ley de Amparo, presupone la existencia de un acto de autoridad, esto es, dotado de poder público; 2. Que el referido acto autoritario fue analizado en el juicio natural y, además, fue motivo de decisión final por parte de la autoridad jurisdiccional, en el caso, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; y, 3. Que tal acto fue emitido por quien inicia la acción constitucional. Circunstancias que, afirma, no se aceptan porque el recurrente, con el carácter de persona moral de derecho público, en ningún momento realizó o emitió un acto dotado de poder público; que no se intenta en la vía constitucional defender un acto de esa naturaleza, que el Juez Federal debió ponderar esos aspectos, y que también debió advertir que jamás fue llamado a ese juicio y, por ende, que no adquirió el carácter de autoridad demanda, no obstante que pudiera resultar afectado el patrimonio municipal. Agrega que, ante ello, no hay duda de que actúa como persona moral, desprovista de imperio y se encuentra en un plano de igualdad con los particulares y sujeto a ser afectado por un acto de autoridad, como lo es la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, por lo cual, dice, le asiste legitimación para intentar la acción de amparo. Concluye exponiendo que la afectación o no de los intereses patrimoniales de la parte quejosa, no es materia de la autoridad constitucional, sino que corresponde al tribunal responsable analizar esa particularidad, una vez que se le brinde la oportunidad de aportar pruebas y alegar lo que corresponda a sus intereses, por lo cual, arguye, no existía motivo para desechar la demanda de amparo. Como se anticipó, los reseñados argumentos resultan jurídicamente ineficaces. En el acuerdo combatido el Juez de Distrito desechó la demanda promovida por el presidente municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, al estimar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 7o. del mismo ordenamiento legal. Para arribar a esa conclusión, el Juez de Distrito sostuvo que: ‘el acto reclamado por el presidente municipal del Ayuntamiento de Tijuana, no afecta su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentra en un plano de igualdad con los particulares, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos de autoridad efectuados en contra de los Municipios o cualquier persona moral pública.’ ... que el promovente carece de legitimación para promover el juicio de amparo que intenta a favor de su representada, ello, toda vez que, los actos que se combaten por esta vía se hacen consistir en todas y cada una de las actuaciones emitidas por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, incluyendo los de la etapa de ejecución de sentencia, dictados en el juicio contencioso administrativo ********** promovido por ********** en contra del secretario de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana. ‘... En este orden, conviene precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas de carácter administrativo o de naturaleza fiscal emanados de las autoridades estatales, municipales o de sus organismos descentralizados, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares, como sucede en el caso; ya que según lo narrado por el promovente en la demanda de amparo y escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad, fue seguido ante la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo un juicio promovido por ********** en contra del secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, de quien demandó el pago de diversas prestaciones económicas, con la que no guarda una relación de coordinación sino de supra a subordinación, en relación con el actor en el juicio natural. Manifestaciones a las que se confiere plena eficacia demostrativa al implicar una confesión conforme lo previsto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, la cual se adminicula con las documentales que exhibiera junto con su escrito aclaratorio, las que si bien, son copias fotostáticas simples, adquieren relevancia probatoria, a la luz de los numerales 129 y 202 de la legislación invocada, las cuales evidencian que el promovente lo hace en su carácter de autoridad; por lo que es inconcuso que carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, por no ver afectado su patrimonio con una relación de coordinación con los particulares. Así entonces, llegamos a la conclusión, de que el juicio de amparo no es procedente cuando lo promueve una autoridad por actos que afecten el ejercicio de su imperio, esto es, cuando el acto de autoridad que ataca lesiona sus intereses o los intereses que tutela como ente público, dentro de su ámbito de soberanía, pues en este caso, se reitera existe entre la autoridad promovente y el actor del juicio contencioso administrativo, una relación de supra a subordinación, la cual no encuadra en las hipótesis de los artículos 1o., fracción I y 7o. de la ley de la materia; lo que de suyo hace improcedente el juicio de amparo que promueve el presidente municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tijuana, Baja California, pues el origen del acto con el que fundamenta su petición, es en función de proteger un patrimonio público y no particular, entendido como aquel que se integra de los bienes sobre los cuales el ente quejoso tiene dominio, como son los inmuebles o muebles que le sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas.’. Las anteriores consideraciones expuestas por el Juez Federal, contrario a las pretensiones del recurrente, resultan acertadas. En efecto, el artículo 7o. de la Ley de Amparo, literalmente dice: ‘Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los Municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.’. El dispositivo legal antes reproducido faculta a las personas morales oficiales para promover el juicio de amparo en defensa de sus derechos privados, pero no las autoriza para ocurrir en demanda de amparo cuando actúan con el carácter de autoridad; es decir, con imperio. Así es, tratándose de personas morales oficiales, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo, es cuando lo hagan actuando en calidad de personas morales de derecho privado, en defensa de sus intereses patrimoniales, ya que en este supuesto, obviamente no actúan en funciones de autoridad. Lo anterior se explica, en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a las personas contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos humanos, creó el juicio de amparo. Luego, al ser aquéllos restricciones al poder público que salvaguardan derechos fundamentales de la persona, queda al margen de toda discusión que el Estado como entidad públ
ca, no goza de esos derechos y, por lo mismo, que no puede promover juicio de amparo; empero a esta regla general se le opone la excepción marcada por el artículo 7o. de la Ley de Amparo, antes transcrito. El porqué de esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares; esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que las personas físicas. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus morales oficiales, de los mismos derechos tutelares que a la persona cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, en los casos en que la norma general, un acto u omisión los afecte en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, supuestos que como ya se precisó, no concurren en el presente asunto y, ante ello, no cobra aplicación la excepción prevista en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, por lo que el juicio constitucional planteado por el presidente municipal del Ayuntamiento de Tijuana, como entidad pública y sin que se vea afectado su patrimonio, es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 171/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.-El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio.’.(1) Asimismo sobre el particular se comparte el criterio plasmado en la tesis X.1o.20 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO PROMUEVE UNA AUTORIDAD POR ACTOS QUE AFECTEN LOS INTERESES QUE TUTELA COMO ENTE PÚBLICO.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales y el artículo 1o. de la misma ley, en su fracción I dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; este precepto y fracción son literalmente coincidentes con lo que establece el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal. Lo anterior permite establecer que el juicio de amparo sólo es procedente cuando quien lo impetra es el gobernado por violación a sus garantías individuales, en virtud de los actos o leyes de las autoridades, y tal actuación sólo puede ocurrir cuando la ley o acto autoritario frente al gobernado se da en una relación de supra a subordinación, en esa medida, también pueden ocurrir al amparo las autoridades que se vean afectadas en su patrimonio cuando actúan como entes particulares dentro de la doble personalidad que pueden adoptar en la realización de sus actividades, y siempre que esa lesión la origine una autoridad con sus actos o leyes en una relación de supra a subordinación; por tanto, y por exclusión, en el juicio de amparo no es procedente cuando actúan como entes particulares dentro de la doble personalidad que pueden adoptar en la realización de sus actividades, y siempre que esa lesión la origine una autoridad con sus actos o leyes en una relación de supra a subordinación, por tanto, y por exclusión, el juicio de amparo no es procedente cuando lo promueve una autoridad por actos que afecten el ejercicio de su imperio, esto es, cuando el acto de autoridad que ataca lesiona sus intereses o los intereses que tutela como ente público, dentro de su ámbito de soberanía, pues en este caso existe entre dicha autoridad y la que emite la ley o acto una relación de coordinación, la cual no encuadra en las hipótesis de los artículos 1o., fracción I y 9o. de la Ley de Amparo; en consecuencia, es improcedente el juicio de garantías que promueve un Ayuntamiento municipal contra la Ley de Coordinación Fiscal, por cuanto ésta rige relaciones entre entidades públicas en ejercicio de su soberanía, y para salvaguardar los intereses del ámbito territorial, social y político en el que ejercen su imperio, dentro de una relación de coordinación, no de supra a subordinación, que consiste, entre otros fines, en buscar el bien para beneficio de la comunidad o entidad que representan, a través de la realización de obras que disfrutan sus habitantes, no para obtener mejoras en su patrimonio, entendido como aquel que se integra de los bienes sobre los cuales el ente quejoso tiene dominio, como los inmuebles o muebles que le sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas.’.(2) No pasa inadvertido para este tribunal que la jurisprudencia y tesis aislada antes citadas, se emitieron interpretando el artículo 9o. de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, el artículo 7o. de la nueva Ley de Amparo, prevé la hipótesis normativa que fue materia de análisis en dicha jurisprudencia, por lo que se estima que continúa vigente y, por ende, obliga a su observancia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada LXX/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA.-La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.’.(3) En este orden de ideas, se sigue que la excepción prevista en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales en relación con el acto materia de controversia en el juicio natural y que además acudan en defensa de sus intereses patrimoniales con la calidad de persona moral de derecho privado; supuestos que de no actualizarse, generan la improcedencia del juicio de amparo. Es decir, aun cuando dicho dispositivo legal autoriza a las personas morales oficiales a ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes designados en las leyes respectivas, esto sucede de manera exclusiva cuando concurran los siguientes supuestos: que se afecten sus intereses patrimoniales y que hubiesen actuado como personas morales de derecho privado en relación con el acto materia de controversia en el juicio natural, no como entidades de imperio en donde existe una relación de supra a subordinación. Luego, aquellas eventualidades no se cumplen en la especie, si se tiene en cuenta que en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, el Ayuntamiento recurrente se duele de su falta de llamamiento al juicio contencioso administrativo número **********, del índice de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, promovido por ********** en contra del secretario de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ello, dijo, a pesar de que es el encargado de ejercer los recursos derivados del presupuesto de egresos, por lo que el monto económico que se exige se pague al actor en el juicio de origen, saldrá de los recursos, cuyo resguardo le compete como titular del Poder Ejecutivo Municipal. De ello se sigue que, el secretario de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, no actuó como persona moral de derecho privado con relación al acto materia de controversia en el juicio natural; sino con potestad y poder. Así es, en atención a que como lo estimó el Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California, las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, son competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas de carácter administrativos o de naturaleza fiscal emanados de las autoridades estatales, municipales o de organismos descentralizados, cuando estas actúan como autoridades, que causan agravio a particulares, como aconteció en el caso, pues el propio recurrente en la demanda de amparo, así como en el escrito aclaratorio, expuso que en el juicio contencioso administrativo del que derivan los actos reclamados, ya se dictó sentencia condenatoria en contra del secretario de Seguridad Pública Municipal y se requirió al tesorero municipal del Ayuntamiento, para que en plazo de cinco días le dé cumplimiento a la misma, lo cual por sí mismo demuestra que el secretario de Seguridad Pública de dicho Ayuntamiento al emitir el acto controvertido, en ese juicio no actuó como persona moral de derecho privado, porque de haber sido así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no sería competente para tramitar y resolver el juicio en términos del artículo 22 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. De tal forma que sí la recurrente se queja de la falta de llamamiento a ese juicio, es evidente que pretende defender el acto de autoridad emitido por el secretario de Seguridad Pública, para evitar una condena que afecte el presupuesto de egresos que dice ejercer en su carácter de presidente municipal, por lo cual no acude al juicio constitucional como persona moral de derecho privado, sino como autoridad pretendiendo se le llame al juicio de origen para proteger el presupuesto que le fue asignado para el ejercicio de la función pública, esto es, el acto de autoridad lo ataca bajo el supuesto de que lesiona los intereses que tutela como ente público, dentro de su ámbito de soberanía y, ante ello, existe entre la autoridad quejosa y la que emitió el acto reclamado una relación de coordinación, la cual no encuadra en la hipótesis de los artículos 1o., fracción I y 7o. de la Ley de Amparo; por lo que, es improcedente el juicio de amparo que promueve con el carácter de autoridad. Tampoco se advierte que con los actos impugnados se afecten los intereses patrimoniales de dicho Ayuntamiento. Se considera lo anterior, toda vez que no obstante que en el juicio de origen se condenó a la demandada al pago de prestaciones económicas, pues se requirió al tesorero municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, para que cumpla con la sentencia; ello no se traduce en una afectación a los intereses patrimoniales del Ayuntamiento, pues cuando se afectan las participaciones de un Estado (como sucede en el caso), se trata de una afectación a los bienes del dominio público; entendidos éstos como los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y, por ende, no pueden estimarse afectados los intereses patrimoniales del ente recurrente. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.12o.A.53 A sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, CUANDO OCURREN EN DEFENSA DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO.-Si bien, por regla general, es procedente el juicio de amparo cuando se afecten los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, lo cierto es que esa hipótesis no se surte cuando se trata de bienes del dominio público. El artículo 9o. de la Ley de Amparo señala que las personas morales oficiales sólo pueden ocurrir al amparo en defensa de sus intereses patrimoniales. Si se le diera una interpretación literal a ese precepto resultaría ocioso, pues si el patrimonio es la suma de derechos y obligaciones de una persona (moral o física), entonces en cualquier caso podrían acudir las personas morales oficiales (llámese órganos de gobierno) al juicio de garantías, esto es, sin restricción alguna. Pero esa interpretación no es correcta, ya que al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación (y desde luego recogiendo teorías antecedentes de ésta) sostuvo que el Estado podía actuar con un doble carácter; y que, como autoridad, no podía ocurrir al juicio de amparo, lo que es evidente si se toma en consideración que el referido juicio tutela garantías individuales. Partiendo de lo anterior, puede concluirse que las personas morales oficiales pueden ocurrir en defensa de sus intereses patrimoniales, en los términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, cuando se cumplen dos condiciones; la primera, que ocurra desprovista de imperio, es decir, como un simple particular; y la segunda, que ocurran en defensa de bienes del dominio privado, porque son ese tipo de bienes los que se pueden defender mediante el juicio de garantías, y no aquellos del dominio público, para cuya defensa la ley ha creado otros medios de impugnación. La doctrina ha distinguido entre lo que son bienes del dominio público y bienes del dominio privado, de tal manera que sólo la defensa de los bienes del dominio privado puede llevarse a cabo válidamente mediante el juicio de garantías, y no así los del dominio público. Así por ejemplo, cuando se afectan las participaciones de un Estado en ingresos federales, se trata de una afectación a los bienes del dominio público. Los bienes del dominio público son, entre otros, los destinados a sufragar el gasto público y satisfacer las necesidades públicas y forman parte del patrimonio, tanto como por su origen como por su destino. Por tanto, si la quejosa acude al juicio de amparo en defensa de sus bienes públicos, no es procedente el juicio de garantías. Conforme a lo dicho debe tenerse que en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden acudir a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25843-016af174/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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