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Modo: Corpus Pro

AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO TIENE RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO), ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. · Registro digital (IUS): 30315
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-01-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, Pág. 1716.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS Y LOS MAGISTRADOS DAVID GUSTAVO LEÓN HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS MORENO CORREA, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JORGE TOSS CAPISTRÁN Y MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: RENATO DE JESÚS MARTÍNEZ LEMUS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer la denuncia de la posible contradicción de tesis, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, y en los considerandos segundo, cuarto, así como en los artículos 3o. y 4o. del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de la misma región sustenten criterios contradictorios en los juicios de amparo de su competencia, el o la fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, las y los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto de la o el consejero jurídico del gobierno podrán denunciar la contradicción ante el Pleno Regional correspondiente, a fin de que decida el criterio que debe prevalecer como precedente; reforma que entró en vigor al día siguiente de su publicación por disposición del artículo primero transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que conserva competencia por disposición expresa contenida en los artículos tercero y quinto transitorios del Acuerdo General Número 1/2021 por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y se establecen sus bases, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de abril del año en curso, el cual dispone que, en tanto entran en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia emitida por aquéllos, a que se refiere dicho instrumento, será la fijada por los Plenos de Circuito, cuyo alcance fue establecido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos mediante la circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril del año en curso, en la que acordó que los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo y los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta tanto entren en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el Acuerdo General 8/2015 y normatividad aplicable.

La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica, como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos Regionales, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos Regionales para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuito de una misma región, empero, acorde a los artículos transitorios previamente destacados y ante la inexistencia material y legal de los Plenos Regionales, es que este Pleno de Circuito conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO.—Criterios contendientes. Los principales antecedentes y las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como contradictorios son los siguientes:

1) El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja de trabajo **********, en sesión de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, sostuvo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo, porque no es evidente, claro y fehaciente que las autoridades señaladas como responsables: **********, ambos de **********, no tengan ese carácter, ya que los quejosos les atribuyen la omisión de dictar las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2/COVID-19, específicamente, para estar en resguardo domiciliario, por pertenecer a un grupo vulnerable, en términos de las cláusulas 43 y 123 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ********** por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el sindicato de trabajadores **********; asimismo, reclamaron la negativa de acatar las medidas conducentes a las disposiciones contenidas en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte y su modificación publicada en dicho órgano de difusión el veintiuno de abril de ese año.

Por lo que el órgano colegiado de mérito concluyó que en el auto inicial de trámite no se está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el referido acto reclamado, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en esa etapa del procedimiento, no puede llevarse a cabo un análisis exhaustivo de dicha cuestión, dado que únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañaron a ésta, de las cuales no se advirtió tal situación, determinación que hizo bajo las consideraciones siguientes:

"QUINTO.—Estudio. Los recurrentes exponen en esencia, que les causa agravio el auto de fecha nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo indirecto **********, toda vez que el titular de la ********** y **********, no tiene el carácter de autoridad responsable, ya que los quejosos se duelen de que no se les otorga permiso para ausentarse de sus labores por la contingencia sanitaria del COVID, lo que constituye una prestación de carácter laboral, que debe ser ventilada conforme a las reglas de la Ley Federal del Trabajo, y no conforme a la Ley de Amparo, por lo que la reclamación debe hacerse valer ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y no ante un Juzgado de Distrito.

"...

"5. Señalan que del examen integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que los quejosos manifestaron que prestan sus servicios para **********, argumentando en lo sustancial que su patrón no les otorga el permiso domiciliario para ausentarse de sus labores, por la contingencia sanitaria, por lo que el Juez de Distrito al admitir la demanda de amparo viola los artículos 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, ya que no tiene el carácter de autoridad responsable, pues los actos reclamados tienen una naturaleza eminentemente laboral, que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajadores y la parte patronal, por lo que la relación se da en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, de ahí que la patronal no pueda ser considerada como autoridad responsable para el juicio de amparo y, por tanto, el juzgador debió desechar la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo.

"6. Agrega que las autoridades que fueron señaladas como responsables no actúan con imperio, propio de una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, que se trate de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales que afecten la esfera legal de los quejosos, ni tampoco se trata de particulares que emitan actos de autoridad en esos términos, por lo que se trata de una decisión derivada de su calidad de ente patronal equiparado, que actúa en un plano de coordinación o igualdad.

"7. Son infundados sus agravios, por las razones que a continuación se exponen.

"8. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone:

"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’

"9. Del artículo previamente transcrito, se advierte, por una parte, que el titular del Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda de amparo y si encontrara un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano y, por otra, que precisamente la causal de improcedencia que impida admitir la demanda de amparo debe desprenderse del contenido de este escrito entendido en sentido amplio, esto es, del escrito de demanda, en su caso aclaratorio y sus respectivos anexos, únicos elementos con los que cuenta el titular del Juzgado de Distrito, al momento de decidir si admite o no la demanda.

"10. Al respecto, es necesario precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o su ampliación, en su caso, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, tal como se desprende de la jurisprudencia P./J. 128/2001, del tenor siguiente:

"‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN «MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA» PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por «manifiesto» debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo «indudable» resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.’(1)

"11. En este contexto, la capacidad del juzgador para desechar una demanda de amparo, cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, razón por la cual las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción en los precisos casos establecidos en el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede impedirse el acceso a dicho medio de control constitucional y, por tanto, de más enérgica aplicación es lo dispuesto en el artículo 113(2) del citado ordenamiento legal, para desechar de plano una demanda.

"12. Por tal razón, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

"13. De tal manera que la interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo, para desechar una demanda, es que los términos de la propia demanda acrediten un motivo notorio de improcedencia –es decir, manifiesto e indudable–, como serían los casos, por ejemplo, de extemporaneidad, cuando en la propia demanda se expresa por el agraviado la fecha en que se le notificó la resolución o acuerdo que reclama; o bien, cuando se reclamen actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o alguna otra en que no quede duda alguna de que existía la improcedencia, pues de lo contrario, la demanda debe admitirse.

"14. Estimar lo contrario implica dejar al promovente en estado de indefensión, dado que a priori se le privaría de la oportunidad de allegar pruebas al juicio que justificaran dicho requisito de procedibilidad.

"15. Con base en ello, de no existir una causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, no debe ser desechada la demanda, sino que, por regla general, debe estimarse procedente el juicio de amparo, dado que no se le puede privar al quejoso del derecho a instar el juicio de amparo, contra un acto que considere le ocasiona perjuicios; ello, sin demérito de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente.

"16. Ahora bien, en el caso concreto, como se advierte del escrito inicial de demanda, los quejosos promovieron demanda de amparo en contra de diversas autoridades de **********, por la omisión de dictar las medidas necesarias para prevenir y controlar el contagio del virus denominado SARS-CoV2/COVID-19, específicamente la no aplicación de la cláusula 43 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ********** por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el sindicato de trabajadores **********, a su favor, para estar en resguardo domiciliario estricto por la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor que atraviesa el país, resguardo que debió haberse previsto desde el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por haberse ordenado así a través del acuerdo emitido por las autoridades sanitarias competentes y reconocidas por la Ley General de Salud, por pertenecer a un grupo vulnerable; asimismo reclamaron la negativa de acatar las medidas conducentes a las disposiciones contenidas en el acuerdo publicado en el Diario de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte y su modificación publicada en dicho órgano de difusión el veintiuno de abril de este año, por lo que, en consecuencia, reclaman la negativa a autorizar a los quejosos el resguardo domiciliario para ausentarse de su trabajo con goce de sueldo y demás prestaciones.

"17. En el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, los quejosos señalaron lo siguiente:

"a) ********** labora para la empresa ********** con sede en **********, como empleado adscrito al Departamento de Seguridad Física, y que desde que inició la pandemia solicitó a sus superiores lo enviaran a su domicilio para resguardo toda vez que pertenece a la población vulnerable al padecer hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus.

"a) (sic) ********** labora para **********, con sede en **********, como empleado adscrito al Departamento de Instrumentos ATG, y que desde que inició la pandemia solicitó a sus superiores lo enviaran a su domicilio para resguardo toda vez que pertenece a la población vulnerable al padecer hipertensión arterial y cardiomiopatía dilatada y obesidad mórbida.

"b) (sic) ********** labora para **********, con sede en ********** como empleado adscrito al Departamento de Transportes, y que desde que inició la pandemia solicitó a sus superiores lo enviaran a su domicilio para resguardo toda vez que pertenece a la población vulnerable al padecer hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus.

"c) (sic) ********** labora para **********, con sede en **********, como empleado adscrito al Departamento de Vigilancia, y que desde que inició la pandemia solicitó a sus superiores lo enviaran a su domicilio para resguardo toda vez que pertenece a la población vulnerable al padecer hipertensión arterial.

"d) (sic) ********** labora para **********, con sede en **********, como empleado adscrito al Departamento de Vigilancia, y que desde que inició la pandemia solicitó a sus superiores lo enviaran a su domicilio para resguardo toda vez que pertenece a la población vulnerable al padecer hipertensión arterial, obesidad, diabetes y dislipidemia.

"18. Todos ellos manifestaron que su sindicato ha realizado diversas gestiones ante la representación patronal para efecto de que se les permita ausentarse de su centro de trabajo en términos de las cláusulas 43 y 123 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ********** por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el sindicato de trabajadores **********, sin que se les haya otorgado tal beneficio, y que el servicio médico tiene pleno conocimiento de sus padecimientos, los cuales encuadran en las hipótesis jurídicas establecidas en el artículo primero, punto III, inciso V, del ‘Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte.

"19. Asimismo, adjuntaron a su demanda las documentales relativas a todos ellos, consistentes en: constancia médica o resumen clínico expedido por personal médico de **********, solicitud de resguardo dirigida al **********, realizada a través del **********, **********, respuesta a la solicitud por parte del ********** y la credencial de identificación personal expedida por la empresa.

"20. Demanda de amparo que la Juez de Distrito proveyó admitir.

"21. Atento a lo anterior, es infundado el agravio consistente en que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo, porque no es evidente, claro y fehaciente que las autoridades señaladas como responsables, a quienes se atribuye el acto de autoridad, no tenga ese carácter para efectos del juicio de amparo.

"22. Ello en virtud de que, contrario a lo pretendido por los recurrentes, en el auto inicial de trámite que aquí se impugna, la Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, y la negativa del resguardo domiciliario, en términos de las cláusulas 43 y 123 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre ********** por sí y en representación de sus empresas productivas subsidiarias y el sindicato de trabajadores **********, así como del ‘Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, y su modificación publicada el veintiuno de abril del año en cita, en el mismo órgano de difusión, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que, en esta etapa del procedimiento, no puede llevarse a cabo un análisis exhaustivo de dicha cuestión, dado que únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañaron a ésta.

"23. En efecto, la Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza el citado motivo manifiesto e indudable de improcedencia aludido, porque no es evidente, claro y fehaciente que las autoridades señaladas como responsables actúen exclusivamente como particular, tomando en cuenta que para llegar a esa conclusión tendría que analizarse si sus actos u omisiones son o no equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta, de modo tal que su reconocimiento como tal dependerá del planteamiento realizado por los quejosos y la posibilidad de evaluar el acto, como lesivo de su esfera de derechos fundamentales.(3)

"24. Ello porque el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto.(4) Para determinar lo anterior, se requerirá hacer un análisis profundo, propio de la sentencia definitiva.

"25. Dicho análisis no puede realizarse en el auto en que se proveyó sobre la admisión de la demanda, ya que requiere un estudio informado, completo y fehaciente del acto reclamado, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en la audiencia constitucional, tomando en cuenta los informes rendidos y las pruebas aportadas por las partes. Por lo que, en ese momento, no es evidente la causa de improcedencia a que aluden los recurrentes.

"26. Ya que para que se pueda configurar una causa notoria e indudable de improcedencia, se debe atender al escrito de demanda y los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya, hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, lo que no ocurre en el caso.(5)

"27. Por ende, si bien el acto reclamado deriva de la calidad de empleados de **********, con sede en **********, ello no implica que las autoridades a quienes se atribuyen los actos reclamados, constituyan necesariamente actos de naturaleza distinta a los de autoridad; lo anterior obedece a que las condiciones derivadas de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en el ámbito laboral son inéditas, y han motivado la emisión de diversos decretos para salvaguardar la salud de la ciudadanía como: el ‘Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)’, decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el ‘Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)’, y el ‘Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2’, entre otros, emitidos por diversas autoridades del Estado, por lo que para determinar si las señaladas como responsables actúan o no como autoridades para efectos del juicio de amparo, se tendrían que analizar tales condiciones, lo que como ya se dijo, requiere de un análisis exhaustivo que no es propio del auto de inicio, sino de la sentencia de fondo, dado que el escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, son insuficientes para considerarlo de esa manera en este momento; por lo que la causal de improcedencia invocada no resulta manifiesta e indudable y, por ende, debe admitirse la demanda de amparo.

"28. En efecto, debe admitirse la demanda de garantías, tal como lo estimó la a quo, dado que el motivo aparente que destacan los recurrentes, aún no es claro y evidente como para desechar de plano la demanda de amparo, por ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culminará con la audiencia constitucional.

"29. Ello es congruente con lo que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a lo que debe entenderse por dichos términos, en el sentido de que ‘manifiesto’ consiste en algo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara e ‘indudable’ que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, es decir, que no puede ponerse en duda por claro y evidente que es.

"30. Como apoyo de lo anterior se cita la tesis 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por «manifiesto» lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.’(6)

"31. Con base en ello, contrario a lo pretendido por los recurrentes, al no existir una causa de improcedencia manifiesta e indudable, no debe ser desechada la demanda, sino que debe estimarse procedente el juicio de amparo, como lo decidió la Juez de Distrito, dado que no se le puede privar a los quejosos del derecho a instar el juicio de amparo, contra actos que consideren les ocasionan perjuicio; ello, sin demérito de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional así lo impone legalmente.

"32. No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, que la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: ‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.’, en virtud de la aclaración a l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30315-6a88c2c2/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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