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AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. · Registro digital (IUS): 25252
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-10-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Pág. 1159.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE JULIO DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO CEDILLO OROZCO, RODOLFO CASTRO LEÓN Y ARMANDO ERNESTO PÉREZ HURTADO. DISIDENTE: ANTONIO VALDIVIA HERNÁNDEZ. PONENTE: RODOLFO CASTRO LEÓN. SECRETARIO: JOSÉ LUIS ALVARADO GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1, 3 y 9 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, presidente Antonio Valdivia Hernández, Gabriel Montes Alcaraz y Fernando Cotero Bernal, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 37, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

En ese entendido, se tiene que las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 157/2013, que deriva del amparo indirecto 830/2013, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en sesión celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil trece, en lo conducente, son del tenor siguiente:

"Con relación a los actos atribuidos al Congreso, Fiscalía General, Consejo de Administración del Congreso, secretario general del Congreso, director de Control Presupuestal del Congreso, director de Administración y Recursos Humanos del Congreso, Junta de Coordinación Política en el Congreso y director del Jurídico del Congreso, todos del Estado de Jalisco, señalados en los incisos del e) al l) de la demanda de amparo, y que en el auto recurrido se sintetizaron, en los consistentes en: ‘... impedimento a que el quejoso (sic) elabore su trabajo en los términos que establece su nombramiento; la privación de la posesión y derechos laborales que el quejoso (sic) dice tiene reconocidos en las normas jurídicas; los actos tendientes a despedirlo (sic) de forma injustificada y sin mediar procedimiento de responsabilidad laboral; las modificaciones a las condiciones de trabajo que el quejoso (sic) indica ha desarrollado para la autoridad señalada como responsable, y los cuales a su dicho se pretenden modificar sin su consentimiento; así como la violación a las garantías de seguridad jurídicas y a la estabilidad en el empleo sobre el puesto de base; la suspensión temporal, suspensión definitiva o al cese injustificado sin que medie procedimiento de responsabilidad laboral, el hostigamiento laboral que realiza y la retención de salarios devengados, así como el incumplimiento a la ley de egresos para el ejercicio fiscal 2013 del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en específico la partida 1000’, los cuales fueron enumerados en la demanda de amparo del e) al k), se tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los artículos 5o., fracción II y 1o., fracción I, todos de la Ley de Amparo, por considerar que no son actos de autoridad, sino que en los mismos, a quien se les atribuye tal carácter, actúan en su función de patrón equiparado, en una relación de coordinación con la quejosa.

"En efecto, las circunstancias que la quejosa sostiene realizaron las entidades señaladas como responsables, en el sentido de que se le está impidiendo que labore en los términos establecidos en su nombramiento, mediante el hostigamiento laboral, traducido en las amenazas con denunciarle penalmente, cambiarle de área de trabajo, realizar presión directamente en su centro de labores, quitarle de la nómina y darle de baja en el sistema de cómputo respectivo, sin poder registrar su entrada y salida en el centro de trabajo e impedirle el ingreso a las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco, así como retenerle su sueldo; son actos que se apartan de las características que distinguen a aquellos que provienen de una autoridad revestida de imperio, sino que, los mismos, son emitidos con motivo de una relación contractual de índole de trabajo; por lo tanto, la decisión de que las autoridades señaladas como responsables no lo son para el juicio de amparo, es correcta, dado que tales organismos no los desplegaran investidos con facultades o poderes de decisión o ejecución, para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, ni pueden hacer cumplir sus determinaciones de forma coercitiva, sino que serán decisiones que les ubiquen como particulares, como parte patronal.

"Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de clave 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089, Tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.’

"En consecuencia, al estar en presencia de actos, de llegar a existir, desplegados como patrón, deviene correcta la determinación sustentada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II del artículo 5o. y fracción I del artículo 1o. de la vigente Ley de Amparo, con la salvedad de que la fracción II debe ser interpretada en sentido contrario, así como también en relación con la fracción II del precepto 107 de la vigente Ley de Amparo, aplicada también en sentido contrario, pues, se insiste, los actos reclamados no fueron o serán emitidos por entidades revestidas del carácter de autoridades, sino como particulares (patrones).

"Cobra aplicación al respecto, por compartirse, la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, identificada como I.15o.A.36 K, visible en la página 1316, Tomo XXVIII, correspondiente a noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional.’

"Sin ser obstáculo para así concluirlo, que se señale en el inciso f) de la demanda de amparo, como autoridad responsable, a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, pues aun cuando la ahora recurrente manifestó que su nombramiento fue expedido por el Congreso del Estado de Jalisco, como asistente parlamentario y, por lo tanto, podría inferirse que no existe relación con dicha entidad, de lo manifestado se desprende que el acto reclamado también deriva de la que existe con la entidad pública para la que presta sus servicios, pues le atribuye ‘El impedimento a ingresar a prestar mis servicios a las instalaciones del Poder Legislativo del Estado, ello por orden del Consejo de Administración del Congreso del Estado’; de ahí lo objetivamente correcto del desechamiento de la demanda de amparo.

"Por lo tanto, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo, respecto de los actos consistentes en el impedimento a que la quejosa labore en los términos que refiere su nombramiento, mediante el hostigamiento laboral, traducido en las amenazas con denunciar penalmente, cambio de área de trabajo, realizar presión directamente en el centro de labores, quitar de la nómina y dar de baja en el sistema de cómputo respectivo, y obstaculizar con ello los registros de entrada y salida del centro de trabajo e impedir el ingreso a las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco, es objetivamente correcta.

"Al caso es aplicable la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que se comparte, publicada en la página 164 del Tomo (sic), octubre de 1991, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), de la Octava Época, que dice:

"‘DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero-patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo.’

"Como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, destaca que, al consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que, al resolverse los recursos de queja 129/2013 y 137/2013, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, así como en los recursos de queja 124/2013 y 138/2013 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, se hubiera concluido en que incorrectamente se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en contra de los actos consistentes en el impedimento a que las quejosas laboraran en los términos establecidos en su nombramiento mediante hostigamiento laboral.

"Las consideraciones que se plasmaron en esos recursos, en esencia, se hicieron consistir en que en el auto inicial del juicio de amparo indirecto, por una parte, no pueden llevarse a efecto análisis exhaustivos, al no ser el momento procesal oportuno para esos fines y, por otra, que el artículo 108 de la ley de la materia no obligaba a la parte quejosa a demostrar que el acto que reclama proviene de una autoridad para efecto del juicio de amparo, razón por la cual, concluyó en que la causal de improcedencia invocada no era evidente y manifiesta, en tanto que para llegar a esa determinación era necesario realizar un estudio pormenorizado del concepto de autoridad y de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para dilucidar el tipo de relación existente entre el quejoso y a quienes se les atribuyeron los actos conculcatorios de derechos fundamentales; como sustento de esa determinación, se invoca la jurisprudencia de rubro: ‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’

"Tal decisión no se comparte, en la medida de que, en el caso, para advertir la notoria e indudable improcedencia de la acción constitucional de amparo en contra de esos actos, basta imponerse del escrito de demanda y los anexos que a ella se acompañan, para determinar sin lugar a dudas y algún análisis de fondo o estudio pormenorizado de estos hechos, para llegar a la conclusión de que éstos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que de los acontecimientos en que se apoya la quejosa existen elementos indubitables que conducen a ello; tal es el caso de que se dice ser servidora pública en activo, además de que lo reclamado, en esencia, se traduce en cuestiones propias del nexo obrero-patronal que les une con las entidades señaladas como responsables.

"A lo que debe agregarse que la jurisprudencia en que se sustenta esa determinación, de rubro: ‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’, es inaplicable al caso.

"Ello en virtud de que del contenido de la ejecutoria de la que derivó se desprende que el juicio de amparo se instó para reclamar la inconstitucionalidad de leyes, al reclamarse un acto materialmente legislativo en materia administrativa, consistente en la promulgación de un decreto en el que se modifican las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica; asimismo, en ese caso, existía incertidumbre en cuanto a establecer si a la autoridad a quien se le atribuyó el acto tenía o no facultades de imperio para emitir el acuerdo cuestionado, así como si la naturaleza de esa disposición era o no una norma propiamente dicha; sin embargo, tratándose de los actos relativos al hostigamiento laboral e impedimento del ejercicio del nombramiento que como servidor público le fue concedido a la ahora recurrente, su naturaleza es de índole laboral y, por su contexto y fines que se indican, sin necesidad de un estudio profundo de ello, fácilmente se concluye en que provienen del nexo obrero patronal existente entre la recurrente y las entidades señaladas como responsables.

"Por ello, procede denunciar ante el Pleno de Circuito en Materia de Trabajo del Tercer Circuito la posible contradicción de criterios, conforme a lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 226, fracción III, del ordenamiento legal invocado."

Por otra parte, las consideraciones en las que se sustenta la ejecutoria emitida el catorce de noviembre de dos mil trece, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 129/2013, son del tenor siguiente:

"Adicionalmente, tampoco es causa notoria y manifiesta de improcedencia lo relativo a que, por lo que ve al hostigamiento laboral, traducido en amenazar al quejoso con denunciarlo penalmente, cambiarlo de área de trabajo, realizar presiones directas en su trabajo para no aguantar la presión, quitarlo de la nómina para que no le paguen y darlo de baja en el sistema de cómputo para que no pueda registrar su entrada y salida, el impedirle el ingreso a las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco y retener su sueldo, no se está frente a un acto de autoridad.

"En efecto, contra la manera de resolver del Juzgado de Distrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el acuerdo inicial no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente el supuesto, habida cuenta que sólo existen las alegaciones contenidas en la demanda y los anexos que a ella se acompañen, y para estimar que se actualiza la causal de improcedencia de que se trata se requiere un análisis profundo que es propio de la sentencia.

"El criterio de que se habla aparece en la jurisprudencia 54/2012, de rubro y texto siguientes:

"‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez Federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.’(1)

"Para una mayor claridad, a continuación se reproduce parcialmente la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 297/2011, de donde deriva tal jurisprudencia:

"‘Por tanto, el análisis que se realizará en esta contienda será, en primer término, determinar si el Juez Federal, en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, puede realizar el análisis del acto reclamado, con el propósito de verificar si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"‘El artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo establece:

"‘«Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

(Reformada, D.O.F. 5 de enero de 1988) (Republicada, D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1 de febrero de 1988).

"‘«III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes.»

"‘De lo transcrito deriva que la ley de la materia establece como obligación del gobernado que, al presentar una demanda de amparo, debe señalar a las autoridades encargadas de los órganos de los Estados cuando se trate de amparos contra leyes.

"‘Así, en los asuntos de los que deriva esta contienda en que se actúa, las quejosas señalaron como responsable del acto reclamado al secretario de Hacienda y Crédito Público, acto que se hizo consistir en el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año.

"‘El acuerdo en mención constituye un acto materialmente legislativo, ya que se trata de una disposición de observancia general, porque reúne las características de una ley, como son la generalidad, abstracción y obligatoriedad que amerita el tratamiento de un amparo contra leyes, y porque se emitió con fundamento en los artículos 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15, fracción V, de la Ley de Planeación y 12, 30, 31 y 32 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

"‘De tal suerte que ese juicio de amparo tiene las características de un amparo contra leyes, a través del cual se aspiró, a fin de combatir la pretendida inconstitucionalidad del acuerdo citado, en mérito, según las quejosas, del primer acto de aplicación.

"‘Por tanto, si en la demanda de amparo se señaló como autoridad responsable al secretario de Hacienda y Crédito Público, en la medida en que expidió el acuerdo reclamado, el Juez de Distrito debe atender a esa manifestación, sin perjuicio de que, en el transcurso del procedimiento, lleve a efecto el análisis exhaustivo de los elementos materiales y jurídicos que se aporten en el juicio, con la finalidad de resolver si el acto que reclamó tiene el carácter de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"‘Lo anterior es así, porque en el proveído inicial del juicio de amparo indirecto no pueden llevarse a efecto análisis exhaustivos, por no ser ese momento el oportuno para esos fines, ya que en esa etapa procesal únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta.

"‘Además de que el artículo 116 de la Ley de Amparo, al establecer los requisitos de una demanda de amparo indirecto, no obliga a que el quejoso acredite que el acto que reclama tiene la naturaleza de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sólo conmina a que se señale al titular que expidió la ley general que, en el caso, se trata, como se dijo, de una disposición general expedida por el secretario de Hacienda y Crédito Público, y si en la demanda de amparo se cumple, en principio, con esa disposición, el Juez Federal no está facultado para agregar análisis que no están establecidos en la ley.

"‘De allí que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere que el Juez Federal, en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, no puede llevar a cabo el análisis del acto reclamado, con el propósito de verificar si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.

"‘Consecuencia de lo anterior es que, en la especie, no se está en el caso de desechar la demanda de amparo indirecto, por estimar que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que se recoge del contenido de los artículos 1o., 73, fracción XVIII y 145 de la Ley de Amparo.

"‘Así es, el punto de inicio de análisis en este apartado debe llevarse a cabo partiendo de la capacidad del juzgador para que resuelva desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que constituye, sin duda, una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad, que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que este Alto Tribunal ha sostenido el criterio jurisprudencial de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 73 de la Ley de Amparo, puede impedirse el acceso a dicho medio de control constitucional y, por lo tanto, de más enérgica aplicación es lo dispuesto en el artículo 145 del citado ordenamiento legal, para desechar de plano una demanda.

"‘Sustenta jurídicamente el anterior aserto la siguiente jurisprudencia:

"‘«Séptima Época

"‘«Instancia: Segunda Sala

"‘«Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘«Tomo: 84, Tercera Parte

"‘«Página: 35

"‘«IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones.»

"‘El artículo 145 de la Ley de Amparo establece:

"‘«Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.»

"‘De la transcripción que antecede se desprende que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

"‘En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

"‘Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

"‘De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables; de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

"‘Así es, la justa interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo es que los términos de la propia demanda acrediten un motivo notorio de improcedencia o, como dice el propio artículo, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como, por ejemplo, el caso de extemporaneidad de la demanda, si la promoción del juicio de garantías se realiza después del término fijado por la ley, cuando en la propia demanda se expresa por el agraviado la fecha en que se le notificó la resolución o acuerdo que reclama o aquélla desde la que haya tenido conocimiento de los hechos que estima violatorios de garantías o de su ejecución, o que se hubiese ostentado sabedor de ellos; o de manera más contundente, cuando se reclamen actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los acuerdos administrativos o resoluciones jurisdiccionales; o las sentencias dictadas en los juicios de amparo, o alguna otra en que no quepa duda alguna de que existe la improcedencia pues, de lo contrario, la demanda debe ser admitida.

"‘Y es que no toda causa de improcedencia, por el solo hecho de estar prevista en el artículo 73 de la Ley de Amparo, puede justificar que, al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito, la deseche de plano, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, como es el caso de la prevista en la fracción VI de aquel numeral, esto es, la falta de interés jurídi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25252-bacae7ce/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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