AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA EXAMINAR SI EL OFICIO EXHIBIDO PARA ACREDITAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO (PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 22 DE MAYO DE 2015) CONCRETA LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS DE ESE ORDENAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ, ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES Y ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. DISIDENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: RAMÓN LOZANO BERNAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por versar sobre una contradicción de criterios de dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Décimo Sexto Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue presentada por el Juez de Distrito que dictó las resoluciones estudiadas en las respectivas quejas donde se sustentaron los criterios que se denuncian como discrepantes.
TERCERO.-Con el propósito de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de este circuito contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en sesión de quince de octubre de dos mil quince, al resolver el recurso de queja administrativa **********, derivado del juicio de amparo número **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Celaya, Guanajuato, determinó revocar el desechamiento de la demanda de amparo, por lo siguiente:
"SEXTO.-Estudio del asunto.
"Los agravios primero y segundo son fundados y suficientes para revocar el acuerdo recurrido, como se justifica a continuación:
"********** presentó demanda de amparo contra el Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el veintidós de mayo de dos mil quince, la orden verbal o escrita que implique la ejecución de ese reglamento y su correlativa cumplimentación, así como la emisión del oficio ********** (esto último sólo respecto de una autoridad).
"Como autoridades responsables señaló al Ayuntamiento Constitucional, presidente municipal, Dirección General de Desarrollo Urbano (a quien le imputó la emisión del oficio **********), Dirección General de Tránsito y Vialidad, Tesorería Municipal y Coordinación de Inspección de la Dirección General de Desarrollo Urbano, todos de Celaya, Guanajuato.
"En los antecedentes, narró que desde hace aproximadamente veinte años ha explotado legalmente y en su beneficio un negocio de estacionamiento ubicado en el centro de la ciudad de Celaya, Guanajuato; inmueble que perteneció a su finado esposo; para acreditar esa circunstancia, acompañaba una escritura pública.
"Que cuenta con el permiso de uso de suelo para actividades comerciales, industriales y de servicios, expedido el treinta de diciembre de dos mil trece, para el giro de ‘estacionamiento (sin lavado de autos)’.
"Que el diez de agosto de dos mil quince, fue entregado a los empleados de su estacionamiento el oficio **********, el cual le fue entregado por sus empleados ese día, lo cual, considera como el primer acto de aplicación del reglamento que reclama.
"A la demanda de amparo acompañó, además de la escritura pública relativa a la propiedad del inmueble referido (fojas 33 a 47), el permiso de uso de suelo (foja 30) y el mencionado oficio (foja 50).
"La demanda fue desechada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Celaya, al tener por actualizada en forma notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el numeral 113, en relación con el diverso 61, fracción XII, ambos de Ley de Amparo, con base en lo siguiente:
"• El juicio de amparo es improcedente, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia y éste no haya ocurrido o no se haya acreditado su existencia.
"• Las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio se tratará de autoaplicativas; si requieren un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión, se está en el caso de normas heteroaplicativas.
"• Para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afecten la esfera jurídica de quien solicita la protección federal.
"• La quejosa reclama una norma general con motivo del que señala como un acto de aplicación, a saber, del oficio número ********** de la Dirección General de Desarrollo Urbano de Celaya, Guanajuato.
"• Sólo exhibió una copia simple del oficio **********, aclarando la solicitante del amparo que así se le entregó, en copia simple y sin acuse de recibo; por lo que es un documento que carece de valor probatorio, que además no está adminiculado con ninguna otra probanza.
"• El documento está dirigido al ‘propietario, arrendatario, representante legal o en su caso los ocupantes del lugar’, y no expresamente a la aquí quejosa **********, ni tampoco señala el domicilio del inmueble del que se ostenta poseedora, por lo que no se puede establecer una relación de aplicación del reglamento hacia la quejosa.
"• Entonces, el oficio no es un acto de aplicación del reglamento impugnado.
"Como se advierte, el desechamiento de demanda obedece a que la quejosa no demostró, desde la presentación de demanda, el acto concreto de aplicación; lo cual es incorrecto, porque el auto inicial no es el momento procesal oportuno para dicho análisis, lo que, además, genera una carga procesal desproporcionada a la quejosa, que ni siquiera tiene base legal.
"En principio, lo sostenido por el a quo, parte de la hipótesis de que estamos frente a una norma heteroaplicativa, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, en criterio obligatorio, que el análisis sobre la naturaleza de la norma impugnada en amparo está proscrito para el auto inicial.
"En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:
"‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’
"Conforme al precepto de previa inserción, el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
"Jurisprudencialmente se ha reconocido que por ‘manifiesto’ debe entenderse aquello que se advierte en forma patente, notoria y clara, y por ‘indudable’ lo que no se puede poner en duda, debido a lo claro, seguro y evidente que es.
"Así, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado, en la medida de que no requiere mayor demostración, precisamente por advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo inicial, de los escritos aclaratorios o, en su caso, de los documentos que se anexan a esas promociones.
"En esos supuestos se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, ya que con independencia de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, no podría arribarse a una convicción diversa ni aun en el caso de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento.
"Luego, para advertir la notoria e indudable improcedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la demanda y sus anexos para considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya se hayan manifestado claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables; de tal modo que los informes con justificación, los alegatos y pruebas que la autoridad responsable y las demás partes hagan valer en la instancia constitucional, resulten innecesarios para configurar la improcedencia.
"En caso contrario, esto es, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o al tenerse duda de que ésta opere, la demanda no debe ser desechada, pues de hacerlo se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio constitucional contra un acto que le depara perjuicio. Por tanto, debe admitirse a trámite el libelo, a fin de estudiar debidamente lo planteado.
"Esas reflexiones se contienen en la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo XV, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’
"El criterio que subyace en esa tesis resulta aplicable en la especie, ya que si bien derivó de la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el contenido de tal normativo es similar al actual 113 del mismo ordenamiento legal en vigor.
"Ahora bien, en vinculación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios exhaustivos para justificar que una demanda de amparo debe desecharse, por no ser el momento idóneo para tal efecto, ya que en tal caso, el motivo de improcedencia no puede ser evidente, claro y fehaciente, si para razonar la actualización se requiere de un análisis más profundo que, en todo caso, es propio de la sentencia definitiva.
"Tal criterio se refiere al caso en donde, para desechar la demanda, primero se requiere fijar si la norma reclamada es autoaplicativa o heteroaplicativa, como se advierte de la siguiente jurisprudencia:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.-Del artículo 145 de la Ley de Amparo se advierte que es del propio escrito de demanda o de las pruebas anexas de donde puede desprenderse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha entendido en el sentido de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 73 de la ley en cita, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional, y por lo mismo, de más estricta aplicación es lo dispuesto en el artículo 145 para desechar de plano una demanda. En ese tenor, la circunstancia de que la improcedencia derive del análisis que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas conforme a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del estudio e interpretación tanto de las normas generales reclamadas como de los conceptos de violación en que se plantea una afectación inmediata por su sola vigencia, impide considerar que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, ya que no puede ser evidente, claro y fehaciente si para determinar su actualización se requirió de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva. Por ello, en la hipótesis aludida no se reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, ya que en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser el momento idóneo para ello.’ (Novena Época, registro «digital»: 178541, Primera Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia común, tesis 1a./J. 32/2005, página 47)
"Entonces, aun cuando sea la quejosa la que asegura que reclama la norma impugnada con motivo de su aplicación, el Juez de Distrito no tiene permitido en el auto inicial dar por válida tal afirmación, porque ello prejuzga sobre la naturaleza de la norma; de ahí que cualquier razonamiento posterior, dirigido al desechamiento de la demanda, es ilegal, pues parte de la idea de la heteroaplicatividad de la norma.
"Ahora, en cuanto al análisis relativo a que si el acto que se señale como de aplicación, en realidad concretizó o no los supuestos normativos; de igual forma, es exclusivo de la sentencia.
"Lo que es así, porque dicho análisis debe ser, por sí, exhaustivo.
"Primero, debe fijarse si la norma es autoaplicativa o heteroaplicativa (lo que ya se vio, está proscrito); posteriormente, debe analizarse y definir con claridad cuáles son los supuestos normativos; luego, su factibilidad de que éstos se materialicen, es decir, la posibilidad fáctica de su actualización a casos concretos; luego, para ello deben dilucidarse, entre otras cosas, los sujetos a quienes se dirige.
"Una vez que queda perfectamente definido lo anterior, corresponde averiguar si la hipótesis legal es demostrada por la quejosa, esto es, si ella, por sus cualidades frente al ordenamiento, es o no un sujeto de la norma; llegado a la conclusión de ese análisis, debe desentrañarse qué fue lo que la autoridad llevó a cabo y, después, si lo que realizó fue en función de las normas que se reclamen.
"Tal estudio no es de fácil constatación, al contrario, descarta la idea de que sea ‘manifiesto’, es decir, lo que es patente, notorio y claro, así como la concepción de ‘indudable’, entendido como aquello que no se puede poner en duda, debido a lo claro, seguro y evidente que es.
"Entonces, si para definir si, en el caso, el reglamento reclamado fue o no aplicado a la quejosa, es indispensable realizar una serie de análisis, como el que se ha descrito; implica que fue indebido el proceder a estudiar dicha circunstancia, esto es, si la quejosa logró demostrar el acto de aplicación desde la presentación de su demanda.
"Aunado a lo anterior, la emisión del auto desechatorio desconoció, por una parte, que el artículo 119 de la Ley de Amparo, permite que las pruebas documentales se presenten hasta llegada la audiencia constitucional.
"Por lo que si legalmente es factible que de manera documental se demuestre el interés jurídico (acto de aplicación) de la quejosa hasta el momento de la celebración de la audiencia de ley, el a quo debió brindar ese derecho inalienable de la peticionaria del amparo, no vedarlo con el argumento de que acompañó el oficio en copia simple y que éste no contiene sus datos particulares.
"Por otra, ignoró que, en términos del artículo 117 de la ley de la materia, las responsables, al rendir sus informes justificados, tienen, entre otras obligaciones, la de exponer las razones para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad y legalidad de los actos reclamados, así como acompañar, en su caso, las constancias respectivas.
"Lo que en el caso podría traducirse en un reconocimiento de las responsable ejecutoras, sobre todo la emisora del oficio **********, sobre el acto de aplicación, o bien, desprenderse éste de las constancias que llegasen a acompañar.
"Pero ese análisis, como se expresa en la jurisprudencia citada, no puede ser realizado en el auto inicial, sino en todo caso, en la sentencia.
"A mayor abundamiento y como lo expresa la inconforme, en la demanda de amparo se señala como acto reclamado, no sólo el citado oficio, sino, además, la pretendida ejecución del reglamento de que se trata, esto es, se impugna no sólo por su aplicación presente, sino por su pretendida aplicación, considerada por la quejosa como inminente; al señalar ‘la orden verbal o escrita que implique ejecución de cualquier tipo de Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Celaya, Guanajuato. ...’ (fojas 4 a la 6).
"Esto se explica al considerar que en el oficio (foja 50), se consigna que, si se es propietario de un estacionamiento público, se ‘invita’ a la regularización con base en el Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Celaya, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el veintidós de mayo de dos mil quince, pues de no contar con uso de suelo respectivo, se sustanciará el procedimiento de aplicación de sanciones, como apercibimiento, multa, suspensión de actividades y/o clausura definitiva.
"Todo lo cual es valorable hasta el dictado de la sentencia, como ya se ha dicho.
"Por lo tanto, es ilegal el auto desechatorio de la demanda de amparo, porque indebidamente se procedió a constatar si la quejosa demostró desde el primer momento procesal, el acto concreto de aplicación.
"Al respecto, se cita por su principio rector la siguiente jurisprudencia:
"‘AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN.-Para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra normas heteroaplicativas, el gobernado debe impugnar su primer acto concreto de aplicación, el cual, de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede tener origen, por regla general, en tres formas: Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación; por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma; y, por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Luego, si bien es cierto que cuando el quejoso se autoaplica una disposición que a la postre reclamará por inconstitucional o cuando es un tercero auxiliar de la administración pública el que realiza la aplicación de una norma en perjuicio del gobernado que la considera inconstitucional, no hay actos de las autoridades encargadas de la ejecución de ésta que hayan requerido su cumplimiento, esa circunstancia no implica que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo interpuesta en contra de los actos de ejecución que se imputen a dichas autoridades, toda vez que la posibilidad de reclamar los actos de ejecución de una ley no se finca en el hecho de que haya sido la autoridad la que hubiere aplicado la disposición de que se trate en perjuicio del quejoso, sino en la intervención que hubiere tenido o pudiera tener para hacer cumplir la disposición que se estima inconstitucional, lo cual puede advertirse de las pruebas y de los informes que al efecto se rindan en el procedimiento respectivo. Estimar lo contrario implicaría dejar al promovente en estado de indefensión, en tanto que a priori se le priva de la oportunidad de allegar los elementos de convicción que justifiquen la ejecución que lleva a cabo la autoridad ejecutora de la ley impugnada, por el solo hecho de no haber sido la que realizó el acto de aplicación del precepto reclamado.’ (Novena Época, Registro «digital»: 185450, Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, materia común, tesis 2a./J. 128/2002, página 235)
"Resta agregar, de igual manera, sólo a mayor abundamiento, que es discutible que por el simple hecho de que el oficio no precise el nombre de la quejosa ni el domicilio, implique la no existencia del acto de aplicación, pues si ello fuese así, bastaría que la responsable emisora del acto intencionalmente suprimiera tales datos, notifique la resolución u oficio a determinada persona en determinado domicilio, sin que lo indique y, con ello, se evada la judicialización de su proceder.
"Al resultar fundados los agravios, lo procedente es revocar el auto recurrido para efecto de que el a quo admita la demanda y se pronuncie sobre la suspensión de los actos reclamados, con base en la siguiente jurisprudencia:
"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde.’ [Décima Época. Registro «digital»: 2007069. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, materia común, tesis 2a./J. 73/2014 (10a.), página 901] ..."
Dicho Tribunal Colegiado de Circuito reiteró ese criterio, al resolver el recurso de queja 99/2015, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil quince, al resolver el recurso de queja **********, que derivó del juicio de amparo indirecto **********, del índice del mencionado Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, determinó confirmar el auto recurrido, por las consideraciones siguientes:
"QUINTO.-Son infundados en una parte y fundados pero inoperantes en otra los agravios que se hacen valer.
"En el acuerdo que por esta vía se impugna, se advierte que el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías promovida por la parte quejosa, ahora recurrente, al estimar actualizada concretamente, la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el documento exhibido en la demanda de garantías, consistente en el oficio **********, no es un acto de aplicación de la norma impugnada; concretamente, el Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Celaya, Guanajuato.
"En esa tesitura, ponderó que la quejosa reclamó la emisión, aprobación, promulgación y publicación del Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, publicado el veintidós de mayo de dos mil quince, con motivo de la emisión del oficio **********, de la Dirección General de Desarrollo Urbano de Celaya, Guanajuato.
"Al respecto, precisó que el juicio de amparo es improcedente, cuando se intenta en contra de normas generales que requirieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, y éste no haya ocurrido o no se haya acreditado su existencia.
"En ese sentido, y después de exponer lo que debe entenderse por normas autoaplicativas y heteroaplicativas, precisó que la parte quejosa reclamaba una norma general, con motivo de un acto de aplicación y que hizo consistir en el oficio **********.
"Sin embargo, ponderó que no podía darse dicha calidad a tal documento, dado que estaba exhibido en copia simple y sin acuse de recibo, por lo que carecía de valor probatorio, al no estar adminiculado con algún diverso medio de convicción.
"Por otra parte, destacó que el oficio estaba dirigido al propietario, arrendatario, representante legal o, en su caso, los ocupantes del lugar, y no expresamente a la quejosa, sin que tampoco se anotara el domicilio del inmueble del cual se ostentaba poseedora, lo que impedía establecer alguna relación a su favor con el reglamento de mérito, citando los criterios que estimó aplicables.
"Luego, estimó procedente desechar de plano la demanda de amparo.
"Contra el desechamiento de la demanda, alega la parte recurrente diversas manifestaciones en torno a que la acreditación de su interés jurídico y legítimo puede hacerse en el trámite del juicio de amparo, y hasta la celebración de la audiencia constitucional, en términos, además, de los informes justificados que se rindan.
"Por otra parte, destaca que era procedente la adminiculación del oficio con los demás documentos que acompañó, tales como la copia certificada del uso de suelo, el contrato privado de arrendamiento, el acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, así como el hecho notorio del mismo reglamento, lo que, además, procedía efectuar hasta la sentencia, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
"Luego, refiere la privación de demostrar cabalmente el acto de aplicación.
"Destaca que el interés jurídico queda probado al estar dirigido el oficio al propietario, arrendatario, representante legal o, en su caso, los ocupantes del lugar, siendo que fue entregado en su estacionamiento, lo que implica en su agravio un acto de aplicación del Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, lo que también se advierte del contenido integral del citado documento, citando en su beneficio la jurisprudencia 2a./J. 70/2000, de rubro: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL.’
"Por otra parte, señala que la causa de improcedencia no es notoria ni indudable, dado que la misma puede desvirtuarse dentro del trámite del juicio de amparo, invocando diversos criterios relacionados con la aptitud de acreditar el interés jurídico hasta antes de la audiencia constitucional.
"Expone que en el acuerdo deja de darse valor probatorio al oficio **********, para después indicar que con el mismo no se da vinculación con el reglamento impugnado, lo que constituye una incongruencia interna del acuerdo recurrido.
"Destaca que no fue sólo a través del oficio en comento que se pretendió ubicar el acto de aplicación, dado que se reclamó cualquier ejecución del reglamento impugnado, lo que contraviene el principio de exhaustividad.
"Finalmente, menciona que el Juez de Distrito catalogó al Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, como de carácter heteroaplicativo, lo que alega es erróneo, pues el mismo es autoaplicativo, al imponer obligaciones a los propietarios y operadores de estacionamientos, tanto de hacer como de no hacer, a partir de que concluya el plazo de regularización previsto en el artículo tercero transitorio del mismo ordenamiento.
"Luego, indica fue indebido el desechamiento en términos de la causa de improcedencia invocada.
"Puntualizado lo anterior, corresponde tener por infundados los argumentos en que se alega que el Juez de Distrito catalogó al Reglamento de Estacionamientos Públicos para el Municipio de Celaya, Guanajuato, como de carácter heteroaplicativo.
"En efecto, no consta que el Juez de Distrito hiciera un señalamiento expreso como el que se indica, pues si bien refirió la distinción entre normas heteroaplicativas de las autoaplicativas, lo cierto es que centró el estudio para validar el desechamiento de la demanda de amparo, en el reclamo de una norma general a través de un acto de aplicación.
"Lo anterior se robustece, además, si se considera que tanto normas heteroaplicativas y autoaplicativas, pueden ser impugnadas a partir de un acto de aplicación.
"En efecto, previamente, debe enfatizarse que son leyes autoaplicativas aquellas que por el solo hecho de entrar en vigor afectan la esfera jurídica del quejoso; son leyes heteroaplicativas las que, además de estar en vigor, requieren de un acto concreto de aplicación para afectar la esfera jurídica de una persona.
"En ese sentido se advierte el contenido de los siguientes criterios:
"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conoc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26295-06d6b5d6/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES UNA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIONES X Y XI, DE LA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO CUANDO EL QUEJOSO LO CLASIFICA COMO "NEGATIVA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DERIVADA DE LA I (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. (2a. LXXI/2002)
- ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. EL ANÁLISIS DE SI TIENE ESAS CARACTERÍSTICAS ES PROPIO DE LA SENTENCIA. (1992)
- ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. EL ANÁLISIS DE SI TIENE ESAS CARACTERÍSTICAS ES PROPIO DE LA SENTENCIA. (XVI.1o.A.T. J/16)
- IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMEN (XXVII.1o.(VIII Región) 6 K (9a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis