AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 297/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 2 DE MAYO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formuló el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, toda vez que resolvió dos de los asuntos de los que deriva la presente contienda.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.
Para ello, es necesario advertir que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.
El denunciante de la contradicción de tesis en que se actúa, en su escrito correspondiente, adujo que existe discrepancia entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al emitir las resoluciones en los amparos en revisión (improcedencias) ********** y **********; y los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al emitir resolución en el amparo en revisión (improcedencia) **********, y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión (improcedencia) **********.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión del día dieciséis de junio de dos mil once, resolvió, por unanimidad de votos, el amparo en revisión (improcedencia) **********, interpuesto por **********, y el amparo en revisión (improcedencia) **********, interpuesto por **********, en la sesión de catorce de abril de dos mil once, en el punto a debate, por unanimidad de votos, resolvió, de igual manera, por lo cual, sólo se transcribe la ejecutoria dictada en el amparo en revisión citado en primer término, con el fin de evitar repeticiones innecesarias, dichas consideraciones son las siguientes:
"SEXTO. Previamente al estudio del asunto, resulta conveniente acudir a los antecedentes que se obtienen de los autos del juicio de amparo indirecto ********** y del presente recurso.
"1) **********, por conducto de su apoderado, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos siguientes:
"‘III. Autoridad responsable ordenadora y ejecutora:
"‘Secretario de Hacienda y Crédito Público.
"‘IV. Ley o acto que de cada autoridad se reclama. De la autoridad señalada como responsable en su doble carácter, se reclama: La falta de fundamentación y motivación del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil nueve (19/01/2009), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno del mismo mes y año (21/01/2009) que contiene la autorización, modificación, reestructuración de las tarifas para suministro, venta de energía eléctrica, modifica disposiciones complementarias y la fórmula para determinar o calcular en kilowatts la demanda facturable.’
"2) Por auto de cuatro de abril de dos mil once, el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México desechó de plano la demanda referida por ser notoriamente improcedente, conforme a lo establecido en los preceptos 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo.
"Lo anterior, al considerar medularmente lo siguiente:
"Que la parte quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del citado mes y año, así como la fórmula para calcularlas; teniendo como acto de aplicación el cobro que, mes con mes, viene realizando la Comisión Federal de Electricidad en los avisos-recibos que, aduce, carecen de fundamentación y motivación.
"Acuerdo que, el Juez de Distrito consideró, no puede ser deslindado del acto de aplicación, consistente en el aviso-recibo emitido por la Comisión Federal de Electricidad, aplicado a través de las diversas tarifas establecidas en el acuerdo reclamado.
"Por lo anterior, el Juez Federal estimó que aun cuando la Comisión Federal de Electricidad no haya sido señalada por la parte quejosa como autoridad responsable, se debe considerar como tal en el juicio; y tratándose de la determinación, cobro y suministro de energía eléctrica, aquélla no puede considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, en atención a lo siguiente:
"1. El origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio y el usuario, adquieren las formas del derecho privado para regular la relación entre el proveedor y particular;
"2. La relación jurídica existente entre las partes, no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y,
"3. El corte del suministro de energía eléctrica, ante el incumplimiento del usuario, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros).
"Sin que los puntos descritos conlleven a un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, como el embargo de bienes, para lo cual tendría que acudir a los tribunales ordinarios.
"Que no todo acto de un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte, constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo los que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular.
"En tales condiciones, para que la determinación que se reclame en el amparo se pueda considerar como un acto transgresor de garantías, susceptible de atacarse mediante la vía constitucional, debe contar con determinados requisitos, entre ellos, que el funcionario que la dicte lo haga en ejercicio de su potestad pública, con facultad de decisión e imperio y que su cumplimiento se trate de obtener por medio de la coacción o la fuerza.
"Que se considera lo anterior, porque el legislador de amparo no abordó las características que debe reunir la autoridad para ser considerada como tal, para efectos de la procedencia del juicio, por lo que la definición está a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Que acorde a la tesis con rubro: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’, se tiene que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho, por las que están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.
"Que los tribunales del Poder Judicial de la Federación han sostenido que la autoridad para efectos del amparo, debe ser persona o funcionario o entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de hecho o derecho, dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad de ejercer actos públicos.
"Que ante ello, la conducta de la persona moral citada no es un acto de autoridad para efectos del amparo, por carecer de los requisitos indicados, esto es, que sean actos realizados en el ejercicio de una potestad pública, que actúe con facultad de decisión e imperio, o bien, que su cumplimiento se trate de obtener por medio de coacción o fuerza.
"Que acorde a los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del amparo está condicionada a que los actos reclamados provengan de una autoridad, en los términos citados, lo que en el caso no ocurre, por lo que atendiendo a que el acto reclamado consiste en la falta de fundamentación y motivación de la determinación o procedimiento aritmético, dictado por la responsable, mediante la cual de forma unilateral obliga a pagar en conjunto con el aviso de recibo, no es acto de autoridad para efectos del amparo.
"En apoyo, citó las jurisprudencias con rubros: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DE SERVICIO, NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’ y ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’
"Que el promovente indicó como acto de aplicación, el aviso-recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, siendo que el Juez de Distrito debe analizar si el juicio de amparo es procedente contra el acto de aplicación y de no acontecer así, procede desechar el juicio, acorde a la tesis con rubro: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.’
"Que cuando se impugna una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, no se puede desvincular el estudio de la disposición impugnada, del que concierne a su acto de aplicación; siendo que, en el caso, el acto reclamado está intrínsecamente vinculado con el acto de aplicación que constituye el aviso-recibo, tomando como base el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas aludido, así como la forma para calcularlas, a través de la aplicación del cobro realizado, del que el quejoso alega falta de fundamentación y motivación.
"Que ante ello se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo, porque la citada persona moral no tiene carácter de autoridad, al efectuar el cobro por suministro de energía eléctrica, en cumplimiento del acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que, acorde al artículo 145 de la citada ley, procede desechar de plano la demanda, por ser notoriamente improcedente.
"Por otra parte, el Juez Federal señaló que ante el juzgado de su adscripción se han tramitado diversos juicios, en los que se combaten actos similares a los del asunto sujeto a revisión, los cuales se desecharon; fueron impugnados y confirmados o sobreseídos, respectivamente, por los tribunales del conocimiento, esto, al considerar que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del amparo, dado que su proceder se excluye de lo previsto en el precepto 11 de la Ley de Amparo.
"3. Contra la determinación antes señalada, Enrique Urosa Zavala, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, de **********, parte quejosa en el juicio de amparo indirecto de origen, interpuso el presente recurso de revisión, en el que hace valer en su único agravio sustancialmente lo siguiente:
"Que el Juez de Distrito, al dictar la determinación recurrida, aplicó en forma inexacta lo dispuesto en los artículos 1o., fracción I, 11, 73, fracción XVIII, 145 y demás relativos de la Ley de Amparo, en virtud de que determinó que el acto reclamado no es un acto de autoridad, porque no va a tener ejecución mediante la fuerza pública.
"Que la determinación emitida le causa perjuicio y para acreditar ello, argumenta lo siguiente: ‘1. Es una máxima que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado (la Ley del Servicio de Energía Eléctrica regula su actuación) 2. Que el acto cause perjuicio en la esfera jurídica al gobernado. 3. Que sea ejecutado o se pretenda ejecutar por la autoridad emisora o subalterno de ésta (causa molestia o privación).’
"Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictó el acto reclamado bajo el imperio de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, esto es, con el imperio que deriva de la ley; por tanto, su acto debe estar fundado y motivado, lo que se reclamó en el juicio de garantías.
"Que las tarifas se verán reflejadas al aplicarse por las dependencias del Estado, al otorgar el servicio de suministro de energía eléctrica, por lo que aunque la secretaría citada no ejecute el acto directamente, da las bases para su ejecución (cobro), ante lo cual se hace uso del imperio que la ley confiere.
"Que el Juez de Distrito, al dictar el auto recurrido, no se percató del actuar de la responsable, precisamente al dictar el acuerdo que autoriza las tarifas complementarias, que necesariamente se ejecutan en su contra, como se acredita con el aviso previo.
"Que es un hecho notorio que la mayoría de Jueces de Distrito se han pronunciado en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad, al facturar el suministro y cobro de energía eléctrica, no es autoridad para efectos del amparo, pero ello no debe proyectar a la autoridad que autorizó las tarifas, pues éstas se imponen cuando son actualizadas, por lo que el actuar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es diverso al de la comisión, siendo ésta la que aplica las tarifas, que para su validez y procedencia, deben estar fundadas y motivadas conforme a la ley.
"Que si la ley obliga a la secretaría a fijar las tarifas, al dictar el acto de autorización, necesariamente se debe basar en la ley, norma o determinación legal para ajustar su actuación, lo que es un acto de autoridad, pues ésta no puede realizar lo que la ley no le permite o autoriza; por lo que en el caso, no opera la supuesta relación de particulares o entes de igualdad ante la ley o relación de coordinación, como erróneamente pretende fundar y hacer ver el Juez Federal, dado que la ley es clara al establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice las tarifas dentro de los lineamientos legales y si en el caso no hay tal normativa, viola la Constitución, al no fundar y motivar el acto, pues aunque la Ley del Servicio de Energía Eléctrica le faculte para fijar tarifas complementarias, ello es diferente a que omita motivar y adaptar los hechos y situaciones legales que la ley le obliga a observar al fijar la tarifa; esto es, los restantes motivos de promoción del amparo, como los montos y requisitos que acrediten la necesidad de imponer la tarifa complementaria que confirme la necesidad financiera de la empresa paraestatal, pues es ilógico que tenga que recabar y obtener sus gastos de producción, suministro y expansión, fijando tarifas complementarias sin demostrar la obligación constitucional y secundaria de los suministrados o consumidores de energía.
"Que los juzgadores olvidan que es de interés público que el Estado controle el suministro y funciones de la energía eléctrica, así como que para recabar los recursos financieros, debe ser claro y preciso en cuanto a su fijación, pues las leyes acreditarán cuánto corresponderá garantizar monetariamente a los suministrados para que subsista el suministrador, por lo que la citada secretaría, al fijar tarifas complementarias que van a ser ejecutadas a los suministrados por la Comisión Federal de Electricidad, sí realiza acto de autoridad para efectos del amparo.
"Que no puede ser acto entre particulares, cuando existe una empresa de producción, expansión y suministro de energía eléctrica y las tarifas se fijan libremente sin fundar y motivar por una autoridad designada y facultada en la Ley del Servicio de Energía Eléctrica.
"Que las autoridades, aunque actúen como particulares, deben observar la ley que les faculta para actuar, pues no se puede constituir como un particular simple y llano, lo cual es ficticio y necesariamente cualquier actuación de un ente estatal deberá estar regida por la ley o, en su defecto, corresponderá acreditar la excepción a la responsable.
"Que es inverosímil que peritos en derecho olviden tal creación de la ley para regular relaciones entre entes del Estado, morales y particulares, pues los entes estatales no tienen posibilidad de convertirse en particulares y no observar la ley que los rige y faculta.
"Los consumidores o suministrados no tienen la obligación de mantener financieramente al ente suministrado, por lo que si se paga impuesto por el consumo de energía eléctrica e impuesto al valor agregado, como se advierte del aviso-recibo anexo, se releva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fundar y motivar la fijación de tarifas, alegando que lo hace como particular y así sustentar los gastos contractuales, para que opere una comisión y no se precise cuál es la aportación y pago de suministro.
"Que si la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del amparo, como aludió el Juez, lo cierto es que en la demanda no se invocó como responsable, por lo que el Juez hizo una errónea interpretación y resolvió sobre dicha instancia y no sobre la autoridad que sí se señaló como responsable, esto es, el secretario de Hacienda y Crédito Público.
"Que el Juez hizo una indebida interpretación, pues si bien para el suministro de energía se realiza un contrato de adhesión, lo cierto es que, por tratarse de una empresa del Estado, debe regirse por las disposiciones legales, en cuanto a la autorización y cobro de tarifas complementarias.
"Que ante lo anterior, le causa agravios el desechamiento, pues el acto reclamado se ejecutó al aplicarse la tarifa por la empresa estatal y, por tanto, no existe relación entre iguales, sino relación de supra a subordinación, dentro de la que la aludida secretaría interviene como autoridad con fuerza legal, para dictar una tarifa complementaria, la que se debió fundar y motivar.
"Que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los juzgadores de amparo se han pronunciado en cuanto a que el cobro y facturación del suministro de energía eléctrica no es acto de autoridad para efectos del amparo, lo cierto es que en torno a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la autorización de tarifas complementarias, no hay jurisprudencia que acepte tal determinación; por lo que no se ha actualizado excepción constitucional alguna respecto a que dicha autoridad actúe como parte del contrato de adhesión sin que funde y motive las tarifas, sin acreditar lo establecido en el artículo 30 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, por lo que su acto no es interno ni administrativo, sino investido de imperio, en el cual autoriza tarifas sin fundar ni motivar.
"Que si bien, en referencia a los diversos juicios de garantías que señala y hace valer el Juez Federal, éstos no guardan identidad con el presente, en virtud de que se trata de diferentes quejosos, autoridades y actos reclamados, por razón de la actualización de las tarifas.
"Por lo que es procedente revocar el desechamiento recurrido y ordenar la admisión de la demanda para que la responsable acredite su derecho y excepción constitucional, respecto de no fundar y motivar el acto reclamado y no sea la autoridad jurisdiccional la que interprete sin fundamento, que dicha excepción o facultad que ahora le pretende otorgar a la secretaría, en el sentido de declarar sin fundamento, que también es parte del proceso de contratación y, por ende, su actuar se da en un plano de coordinación y no de supra a subordinación.
"Que, por tanto, el auto recurrido le causa agravio, ante la omisión del Juez de Distrito del conocimiento, al no examinar los actos que se plantearon, conforme el artículo 145 de la Ley de Amparo.
"Este órgano colegiado estima fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, atendiendo, sobre todo, a la causa de pedir, en términos de las jurisprudencias siguientes:
"Tesis P./J. 69/2000, de rubro y texto siguientes:
"‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (la transcribe). Así como la jurisprudencia 2a./J. 8/2007, cuyos rubro y texto dicen: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO.’ (la transcribe). Ahora bien, del contenido de los artículos invocados por el Juez de Distrito para desechar la demanda, se desprende lo siguiente:
"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. ...’
"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscita:
"‘I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, ...’
"Por otra parte, el artículo 145 de la Ley de Amparo es del siguiente tenor:
"‘Artículo 145. El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’
"Del contenido del último precepto legal preinserto, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.
"Es decir, que sin ulterior comprobación surjan a la vista tales motivos haciendo inejercible la acción de amparo, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, o sea, que si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el citado artículo, por lo que es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso.
"En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor justificación, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.
"De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.
"Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su actualización.
"Importante resulta significar que de no reunirse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías, contra un acto que le causa perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite la demanda de amparo, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.
"Por identidad de razón y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 1a./J. 63/2009, de rubro y texto siguientes:
"‘DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO EL QUEJOSO, QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, ADUCE TENER LA POSESIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DEL LITIGIO.’ (la transcribe)
"Asimismo, no debe perderse de vista que la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse a base de presunciones, pues sólo por excepción en los precisos casos que marca el artículo 73 de la Ley de Amparo, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional; por tanto, es de más estricta aplicación en el caso del ejercicio de la facultad contenida en el referido artículo 145 del mismo ordenamiento legal, para desechar de plano una demanda.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sin número de rubro y texto siguientes: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.’ (la transcribe). Las consideraciones anteriores tienen sustento, en lo esencial, en la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro y texto siguientes: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (la transcribe). Adicionalmente, cabe precisar que en el acuerdo inicial del juicio de amparo indirecto, no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser propio en ese momento, ya que en ese estado procesal, tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia, sea manifiesto e indudable para re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23673-311f1a1d/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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