COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 198/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO, Y PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 7 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; VOTÓ CON SALVEDAD JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los últimos dos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo del año citado, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados Especializados en Materia Administrativa y otro en Materia Civil de distinto Circuito, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan.
I. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
El juicio de amparo se promovió contra actos de la Comisión Federal de Electricidad (en lo sucesivo CFE), de quien se reclamó la desconexión del suministro de energía eléctrica y en ampliación se impugnó la orden de verificación, la constancia de verificación y el formato de ajuste.
El Juez de Distrito consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5o., fracción II, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento legal, por tanto, que CFE no tenía el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que su relación jurídica con los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica, no correspondía a la de una autoridad y un gobernado (de supra a subordinación), sino de coordinación.
Inconforme, el quejoso promovió recurso de revisión; en el cual el Tribunal Colegiado resolvió:
En el asunto, Comisión Federal de Electricidad sí tiene carácter de autoridad para efectos del amparo.
Los actos reclamados son realizados de forma unilateral por Comisión Federal de Electricidad, en uso de las facultades que le otorgan el artículo 41, fracción VI y 165, fracción VI, de la Ley de Industria Eléctrica, así como los artículos 113 y 114 de su reglamento.
Conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, con independencia de su naturaleza formal.
Por autoridad responsable debe considerarse a las personas morales que con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado.
También, se consideran autoridades responsables a los particulares que realicen actos similares a los de autoridad; siempre que su actuar esté debidamente reglamentado en algún ordenamiento legal vigente. Ello, de conformidad con la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señaló que para dilucidar si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del reclamado, y como notas distintivas, enumeró las siguientes:
1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.
2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana.
3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular.
4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado.
Sustentó lo anterior, en lo establecido por esta Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011.
En relación con la naturaleza de los actos emitidos por la comisión, realizó una narración histórica de los criterios que ha venido sosteniendo esta Segunda Sala, y finalmente indicó que, al resolver el amparo directo **********, determinó que son de naturaleza administrativa. De dicha ejecutoria emanó la tesis aislada 2a. CVI/2014 (10a.).
Que en el caso, se reclamó de la autoridad responsable en específico la desconexión del suministro de energía eléctrica, así como diversos actos: orden de verificación, la constancia de verificación y el formato de ajuste, al estimar que no surgieron de las condiciones de algún contrato celebrado entre la comisión y el usuario, sino de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de su reglamento y, por ello, son actos de autoridad. Citó como sustento la jurisprudencia 2a./J. 72/2016 (10a.), de esta Segunda Sala.
Agregó que la tesis CVI/2014 (10a.), no era apta para constituir jurisprudencia. Empero, es orientadora. Precisó que no obsta la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.), sustentada por esta Segunda Sala, pues no tiene aplicación en la hipótesis, porque en ella únicamente se clarifica que contra los actos relacionados con la devolución de cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica, la vía procedente es la ordinaria mercantil, empero, en el caso a estudio el acto impugnado tiene como origen la determinación de la cantidad a pagar, con motivo del ejercicio de las facultades de supervisión al medidor del actor por parte de la paraestatal, así como el corte del suministro por dicha facultad de revisión, lo cual es un tema diverso al que se decidió en la tesis en mención; y, que reúne las notas distintivas de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, por lo siguiente:
a) Respecto a la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la comisión actúa en plano de supra a subordinación, en virtud de que sin acudir a un tribunal de mutuo propio realiza el acto imperativo y coercitivo consistente en la desconexión del servicio de electricidad.
b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; esto es, porque la relación de la aludida comisión y del particular tiene nacimiento en una norma, pues el citado organismo público presta la función de la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación de ese servicio público, por mandato expreso de los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal.
c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; esto es, de manera unilateral extingue el derecho del particular del servicio de energía eléctrica sin acudir a un tribunal para su realización, sino que éste tiene el imperio de impedir del goce de dicho derecho al usuario, creando una situación jurídica que afecta la esfera del particular; y,
d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado, esto es, la comisión tiene facultades de suspender el servicio aun sin la correspondiente autorización judicial ni el consenso del particular.
El Colegiado calificó de fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, porque respecto de los actos que se le reclamaron a la Comisión Federal de Electricidad (ajuste, facturación y el corte de suministro de energía eléctrica), sí tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, por derivar de una facultad que realizó de forma unilateral.
II. Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********.
En el juicio contencioso administrativo se demandó la nulidad de actos de CFE consistentes en la orden de verificación y otros derivados, a saber: a) constancia de verificación; b) ajuste de facturación; c) oficio **********; y, d) orden de corte de energía eléctrica. El Magistrado instructor desechó la demanda por improcedente.
El actor interpuso recurso de reclamación, y el Tribunal Colegiado confirmó el acuerdo recurrido.
Inconforme con la resolución anterior, se promovió amparo directo que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito que resolvió negar el amparo solicitado, por lo siguiente:
El juicio de nulidad no es la vía procedente para impugnar actos como la orden de verificación, constancia de verificación, ajuste de facturación, el oficio **********; y, la eventual orden de corte de energía eléctrica.
Ello porque, el marco constitucional y legal que imperaba cuando se emitieron los actos, aplicable para dilucidar la contienda planteada es el surgido con motivo de la reforma energética, en vigor a partir del catorce de octubre de dos mil catorce; conforme al cual, los actos desplegados por la Comisión Federal de Electricidad, derivados del contrato de suministro celebrado con los usuarios, no son de autoridad.
En efecto, de conformidad con los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto, y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo segundo transitorio de la citada reforma; 1 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y sus artículos primero a tercero transitorios; 3o., 7o., 82, 83 y 118 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica; 5, párrafo segundo, de la Ley de la Industria Eléctrica, así como con el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se desprende que atendiendo al contenido de la reforma energética, una vez que inició la vigencia de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (catorce de octubre de dos mil catorce), por ministerio de ley, esa comisión dejó de formar parte de la administración pública federal descentralizada y se convirtió en una empresa productiva del Estado.
Como resultado de ello, los conflictos derivados de los contratos de suministro de energía eléctrica celebrados entre la comisión y los usuarios, diversos a los pactados en materia de adquisiciones, arrendamientos y obras, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, en materia civil o mercantil, según corresponda; razón por la cual los actos desplegados por la comisión al tenor de un contrato de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como actos de autoridad, por cuanto no derivan de una relación de supra a subordinación.
Estimó legal la decisión de la autoridad responsable, al aplicar el criterio contenido en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), en virtud de que, en consonancia con las actuales disposiciones derivadas de la reforma energética, los actos impugnados, surgidos con motivo de la prestación del servicio público de energía eléctrica entre el quejoso y la comisión, no pueden reputarse como actos administrativos de autoridad y, por consiguiente, el proceso contencioso administrativo federal, resulta improcedente, incluso, porque el nuevo régimen constitucional y legal que regula la actividad de dicha comisión entró en vigor antes de que se emitieran esos actos.
III. Del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
El juicio de amparo indirecto se promovió contra actos de la CFE hechos consistir en la negativa a proporcionar el servicio público de suministro de energía eléctrica, de otorgar audiencia y de proporcionar datos-información y documentación sobre la orden verbal que generó el corte del servicio público y de algunos servidores públicos que participaron en dichos actos, la negativa de llevar a cabo la rectificación-modificación de datos personales; así como de no emitir respuesta fundada y motivada.
La Jueza de Distrito consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5o., fracción II, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento legal, esto es, que los actos reclamados, provienen del incumplimiento de un contrato de prestación del servicio de suministro de fluido eléctrico, por lo que debe ubicarse dentro de la relación de coordinación que rige a los contratantes; en consecuencia, no constituyen un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo.
Inconforme, el quejoso promovió recurso de revisión que tocó conocer al referido Tribunal Colegiado, que resolvió:
De contenido de la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), se desprende que debe considerarse que existe una relación de coordinación entre la comisión y los particulares en lo relativo al contrato de suministro de energía eléctrica, y para controvertir lo relativo a las cantidades pagadas procede el juicio ordinario mercantil.
No asiste razón jurídica a la recurrente al sostener que los criterios vigentes sobre el tema en estudio no son aplicables porque ellos no tienen celebrado un contrato de suministro de energía eléctrica.
Pues, se actualizó la figura jurídica de la subrogación en términos de la fracción II, del artículo 2058 del Código Civil Federal, al encontrarse contratado el servicio de energía eléctrica por un tercero sobre el inmueble que es propiedad de una de los quejosos, y en el mismo habitan éstos y los hijos de dicha propietaria quienes por haber disfrutado del servicio y gestionado sobre un cobro que estimaron incorrecto, así como haber cubierto el adeudo correspondiente, jurídicamente se subrogaron en los derechos de aquel tercero y deben considerarse como los titulares del derecho derivado del contrato de prestación de servicio, pues dicha gestión y pago fue con la finalidad de que la comisión cumpliera con la obligación contratada de brindar en el domicilio la energía eléctrica; dado que ese organismo recibió el pago y siguió brindándoles el servicio.
Por ende, aun cuando materialmente no exista redactado un contrato en que los quejosos figuren como contratantes del servicio con la comisión, jurídicamente debe considerarse existente para todos los efectos, en virtud de la mencionada subrogación de derechos y, por ende, no pueden ser considerados ajenos a la relación contractual en obligaciones.
Así, el Tribunal Colegiado resolvió sumarse a los criterios de esta superioridad contenidos en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), en que se basó la Juez, según la cual los actos derivados del contrato son de naturaleza comercial y entre particulares, que deben decidirse en la vía ordinaria mercantil y, por tanto, consideró que la Comisión Federal de Electricidad no tiene carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, respecto del corte del servicio por adeudo, al provenir del contrato del que se subrogaron derechos y obligaciones, sin que sea el caso de que se reclamen normas generales.
IV. Del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.
El juicio de amparo indirecto se promovió contra todo lo actuado en el juicio civil ordinario **********, así como la inminente privación de la posesión de la finca **********, el cual aduce detenta la posesión en calidad de propietario y que es tercero extraño al procedimiento de origen.
El Juez de Distrito consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no acreditó que los actos reclamados afectaran su interés.
Inconforme, el quejoso promovió recurso de revisión que resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el sentido de revocar la sentencia y reponer el procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez señalara nueva hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, pues no obstante que se encontraba suspendido el procedimiento se acordó diferir la audiencia constitucional, lo que infringió en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales del procedimiento.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica.(1) Así, para determinar si existe o no una confronta será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.
A partir de los diversos criterios que ha emitido esta Suprema Corte, es posible concluir que las siguientes características deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de tesis:
I. No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.(2)
II. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y, al efecto, arribaron a soluciones distintas.
III. Que entre los ejercicios interpretativos exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
IV. Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
V. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.(3)
A partir de los anteriores lineamientos y el análisis de las ejecutorias objeto de la denuncia esta Sala determina: a) No existe confronta entre el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el de los demás órganos de referencia; toda vez que en el asunto denunciado se resolvió un tema totalmente diverso, esto es, sobre una violación procesal acaecida en el juicio de amparo; y, b) Sí se actualiza la contradicción de tesis según se expone enseguida.
1. Entre los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Séptimo del Tercer Circuito y Segundo del Décimo Sexto Circuito, ya que, al resolver los respectivos asuntos se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si la Comisión Federal de Electricidad debe ser considerada autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, respecto de actos que emite derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a saber: la desconexión, suspensión o corte del suministro, en el marco normativo en vigor a raíz de la normatividad producto de la reforma constitucional de dos mil trece en materia energética.
2. Entre el primero de los antedichos órganos y los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, sobre la procedencia de la vía ordinaria mercantil respecto de los actos de la Comisión Federal de Electricidad distintos a la devolución de cantidades pagadas con motivo del suministro de energía eléctrica, conforme a la referida normatividad vigente.
La confronta de criterios se actualiza, al margen de las consideraciones fácticas que pudieran concurrir en el entorno que se emitieron las determinaciones de mérito, pues constituyen elementos secundarios que no son obstáculo, mientras la problemática planteada en los casos es la misma.
Preliminarmente se estima necesario recordar que la exposición de motivos de la Ley de la Industria Eléctrica, señaló:
"La Comisión Federal de Electricidad continuará siendo el suministrador del servicio eléctrico para los usuarios de tipo residencial y los pequeños y medianos usuarios de tipo comercial e industrial, la comisión ofrecerá, además, el servicio eléctrico bajo tarifas reguladas por el Gobierno Federal. Estos usuarios no tendrán que cambiar su forma de pagar o consumir electricidad, recibirán el mismo servicio que han venido recibiendo, bajo una figura llamada servicio básico.
"...
"Para garantizar el desempeño eficiente del mercado eléctrico, la propuesta de Ley de la Industria Eléctrica focaliza el papel de las actividades de transmisión y distribución. Los dueños de estas redes, llamados en la iniciativa transportistas y distribuidores, no comprarán ni venderán la energía que fluye por sus líneas. Las transacciones de compraventa se pactarán entre los generadores, comercializadores, usuarios calificados y el Cenace. El objeto de los transportistas y distribuidores será solamente mantener y operar las redes en condiciones de calidad y confiabilidad. Al establecer que los transportistas y distribuidores no se dedicarán a comprar ni vender la energía, se elimina un posible conflicto de interés y se alinean los incentivos con el fortalecimiento de las redes de manera global.
"En la iniciativa que nos ocupa, en línea desde luego con el mandato constitucional, se prevé al servicio público de transmisión y distribución, como el transporte de energía eléctrica al público en general. Este servicio se presta mediante la explotación de la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución y permanece reservado al Estado.
"...
"Un complemento necesario a las reformas estructurales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el fortalecimiento del Estado como supervisor y regulador del Sistema Eléctrico Nacional. A la vez que el mercado eléctrico dará más importancia a la competencia de oferta y demanda, es importante una fuerte rectoría del Estado para asegurar que no se ponga en riesgo la confiabilidad del suministro o la estabilidad de los precios. La iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica establece nuevas facultades para la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. Por una parte, la Secretaria de Energía establecerá el diseño de mercado inicial, será la responsable de la planeación del sistema eléctrico y tendrá facultades de vigilancia, incluyendo la posibilidad de imponer multas y requerir devoluciones a los participantes del mercado que no ofrezcan la energía eléctrica a su costo de producción o que contravengan la operación eficiente del mismo. Por otra parte, la Comisión Reguladora de Energía regulará las tarifas de los segmentos donde el mercado eléctrico no determinará por sí mismo los precios, tal será el caso de la transmisión y distribución; regulará la confiabilidad del sistema, y supervisará el desarrollo continuo de las reglas del mercado.
"La Ley de la Industria Eléctrica propone la creación de un fondo de servicio universal eléctrico como vehículo de financiamiento de las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas y del suministro de lámparas eficientes y energía eléctrica a usuarios finales en condiciones de extrema pobreza. Entre otros ingresos, el fondo de servicio universal eléctrico se integrará por los ingresos excedentes que resulten de la gestión de pérdidas de energía en el mercado eléctrico, hasta en tanto se cumplan los objetivos nacionales de electrificación.
"Por último, es importante destacar que la reforma fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad; no se pretende vender ningún activo de la empresa estatal de electricidad. En México, el Estado mantendrá bajo su control los activos necesarios para operar eficiente y transparentemente la industria eléctrica, aprovechando la figura de empresa productiva del Estado para competir en los mercados de generación y suministro y, a la vez, llevar a cabo con mayor eficiencia el servicio público de transmisión y distribución. ..."
De acuerdo con lo trasunto, es dable entender que una empresa productiva del Estado es una nueva figura, cuyo régimen jurídico especial prevé, por un lado, la regulación gubernamental que facilite la oferta y la demanda, que asegure el suministro y su justiprecio procurando los activos necesarios para la operación eficiente y transparente de la industria eléctrica; y, por otra parte, un marco jurídico flexible que obedezca al principio de máxima autorregulación, el cual permita la libre competencia en los mercados de generación y suministro, en vías de un Estado competitivo.
De tales aspectos interesa ahora destacar: el régimen jurídico especial y el marco jurídico flexible que obedece al principio de máxima autorregulación.
Para ello, se atiende a la exposición de motivos de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, en cuanto señala:
"El mandato constitucional de transformar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado se explica no sólo en virtud de la inminente apertura de nuestro mercado energético, sino de reconocer que actualmente nuestras empresas estatales más importantes son administradas por el propio Estado y se encuentran sujetas a un excesivo sistema de control gubernamental que les impide gozar de la flexibilidad empresarial que requieren para operar eficientemente, sobre todo si las comparamos con empresas similares a nivel internacional.
"Por ello, se estima que una auténtica reforma a nuestras empresas estatales no sólo debe dirigirse a dotarlas de nuevas herramientas que mejoren sus operaciones cotidianas, sino que requiere un radical y nuevo entendimiento de las mismas, de modo que cuenten con una estructura empresarial autónoma, flexible y sustentada en las mejores prácticas de gobierno corporativo, que les facilite tomar decisiones, aumentar su capacidad productiva, optimizar la ejecución de sus proyectos y mejorar sus índices de productividad y rentabilidad. Todo ello permitirá consolidarlas como agentes centrales de las industrias de hidrocarburos y eléctrica.
"...
"Empresa productiva del Estado.
"Por virtud de los antecedentes descritos, así como los principios planteados en la ya señalada reforma constitucional en materia de energía y los retos que enfrentarán las empresas estatales del sector energético en el futuro, se plantea que adopten la naturaleza de empresas productivas del Estado, como una nueva figura con carácter empresarial y, con un régimen especial nuevo, distinto y separado al del resto de las entidades paraestatales.
"La nueva figura parte del reconocimiento de que el marco jurídico que rige actualmente a nuestras empresas estatales es inadecuado para que el Estado realice actividades de carácter comercial e industrial de manera eficiente. Ello es así, debido a que no están diseñadas bajo una lógica empresarial que pretenda incrementar los ingresos del Estado.
"Al estar sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, les son aplicables restricciones respecto a su organización, su régimen presupuestario y de deuda, entre otros, sin tomar en cuenta sus necesidades operativas particulares. Evidentemente, ese rígido esquema no obedece a las necesidades que enfrentan las empresas pues, las coloca en un plano de desigualdad respecto a sus pares privados que sí gozan de amplia flexibilidad para enfrentar los complejos y variables mercados industriales de bienes y servicios.
"En este sentido, se plantea que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, como empresas producti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27753-b82ff9ef/comision-federal-de-electricidad-no-es-autoridad-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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