TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS TIENE ESE CARÁCTER CUANDO, ENTRE OTROS, SE RECLAME EL ACUERDO NÚMERO A/058/2017 DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ Y RODRIGO MAURICIO ZERÓN DE QUEVEDO. DISIDENTES: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON Y HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO. PONENTE: RODRIGO MAURICIO ZERÓN DE QUEVEDO. SECRETARIA: KATHIA GONZÁLEZ FLORES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo ordenado en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el artículo 6 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo ordenado en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, titular del órgano en que se emitieron los acuerdos contra los que se interpusieron los recursos de queja que motivaron la presente contradicción de tesis.
TERCERO.—A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente precisar las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.
1. Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de queja 32/2019.
En el juicio de amparo que originó el asunto, la parte quejosa reclamó los Acuerdos A/058/2017, A/061/2017 y A/017/2018, emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, entre otros actos.
Del asunto correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que lo registró con el número 651/2018, y en acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, requirió a la quejosa para que, entre otras cuestiones, aclarara si era su interés señalar a **********, como autoridad responsable o con algún otro carácter.
En el citado requerimiento, en lo que interesa, se expuso:
"2. Por otro lado, en el numeral 7 del escrito aclaratorio, la parte quejosa establece que solicita la suspensión para que la Comisión Reguladora de Energía instruya a la ********** para que no aplique los acuerdos reclamados.
"Sin embargo, esta última no fue señalada con el carácter de autoridad responsable, por tanto, deberá aclarar si es su intención incorporarla con dicha calidad o con alguna otra a la litis constitucional.
"...
"De omitir el punto 2, se entenderá que ya no es su deseo solicitar la medida suspensional. No obstante, tal decisión no impedirá que, posteriormente, esté en aptitud de formular esa petición, siempre y cuando subsane la ambigüedad advertida, y de que no se haya dictado sentencia en el asunto."
La quejosa señaló a **********, como tercero interesada en el juicio.
En proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la Juez de Distrito tuvo por cumplido parcialmente el requerimiento y admitió la demanda de amparo.
En el citado acuerdo, en la parte conducente, se expuso:
"En cuanto al punto 2, no se tiene por desahogado, ya que la parte quejosa omitió señalar a **********, como autoridad responsable, ya que lo hizo como tercera interesada.
"En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por lo que no se ordena la apertura del cuaderno de suspensión; no obstante, tal como fue indicado en dicho apercibimiento, esta determinación no impide que la demandante pueda solicitar la medida cautelar con posterioridad, siempre y cuando subsane las imprecisiones advertidas."
Inconforme con la determinación anterior, la quejosa interpuso el recurso de queja cuya resolución dio origen a la presente contradicción de tesis.
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en lo que interesa, determinó que **********, no tenía el carácter de tercero interesada, en términos de lo ordenado en el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sobre la base de que no tenía interés jurídico en que subsistieran los acuerdos reclamados ni podía considerarse que hubiera gestionado tales actos.
Explicó que los acuerdos reclamados, emitidos por el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía, constituyen disposiciones de observancia general, ya que establecen las metodologías, criterios y bases, costos fijos y variables para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas de operación de **********; así como las tarifas finales del suministro básico.
Precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que basta que se reclame una norma general, para que no pueda admitirse el emplazamiento de terceros interesados, con independencia de que la norma reclamada cree en su favor ciertos derechos de los que podrían verse privadas de concederse el amparo.
Lo anterior, expuso el tribunal, en razón de que cuando se está frente a un juicio de amparo promovido contra disposiciones o instrumentos de carácter general, más allá de los gobernados en favor de quienes se creen situaciones jurídicas concretas, su defensa corresponde únicamente a las autoridades estatales que los expidieron, puesto que se trata de actos que derivan del ejercicio de atribuciones del Estado como rector del desarrollo nacional, que no atienden ni definen intereses individuales sino a la sociedad en general, por lo que no es factible la intromisión de los particulares cuyo eventual afán en dichas disposiciones o instrumentos queda subsumido por el interés jurídico del órgano estatal emisor.
Invocó la jurisprudencia 2a./J. 136/2010, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. LAS CÁMARAS DE INDUSTRIA NO TIENEN ESE CARÁCTER EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CONTRA UN ACUERDO EMITIDO POR EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, EN USO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN X, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.", y las tesis aisladas: "LEYES, TERCEROS EN AMPARO CONTRA LAS.", "TERCERO PERJUDICADO, EN AMPARO PEDIDO CONTRA UNA LEY." y "TERCERO PERJUDICADO, EN AMPARO CONTRA UNA LEY."
2. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de queja 41/2019.
En el juicio de amparo que originó el asunto referido, la parte quejosa reclamó los Acuerdos A/058/2017, A/061/2017, A/062/2017, A/001/2018, A/002/2018 y A/017/2018, emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, entre otros actos.
Del asunto correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que lo registró con el número 92/2019 y acumulado 93/2019, y en auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, lo admitió a trámite, teniendo a **********, como autoridad responsable, entre otras.
Inconforme con la anterior determinación, ********** interpuso el recurso de queja cuya resolución dio origen a la presente contradicción de tesis, alegando, en síntesis, que existía una causa de improcedencia respecto de los actos que se le atribuyeron (aplicación de las disposiciones reclamadas), porque no tenía el carácter de autoridad responsable sino de tercero interesado.
El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en lo que interesa, determinó que **********, al emitir los recibos de pago por el suministro de energía eléctrica (que la quejosa señaló como actos de aplicación de las disposiciones reclamadas), no actuó como autoridad, pues no determinó, por sí, la situación jurídica de la quejosa en ejercicio de alguna atribución establecida en la ley, sino que actuó en virtud de la relación comercial que mantenía con la promovente, que está sujeta a la observancia de las cláusulas del contrato que tienen celebrado las partes (contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión, cuyo modelo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil trece).
Explicó que, conforme con lo establecido en el propio contrato, la cantidad en moneda nacional por la prestación del servicio correspondiente a la energía eléctrica se determina con base en la tarifa vigente y sus disposiciones complementarias (establecidas por la Comisión Reguladora de Energía), de lo que se obtuvo que al determinar el precio y emitir la factura respectiva **********, no actuó como autoridad, sino como parte de una relación comercial establecida entre particulares.
Dijo que, si bien es cierto que ********** pudo aplicar las tarifas expedidas por la autoridad reguladora, ello no implica que hubiera realizado la aplicación con una potestad propia, sino simplemente en cumplimiento de las normas regulatorias conforme con lo pactado en el contrato.
Invocó la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", así como la tesis aislada 2a. LXXX/2018 (10a.), de rubro: "EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO. SU NATURALEZA."
Expuso que ********** tenía el carácter de tercero interesado, toda vez que, en su calidad de empresa productiva del Estado que presta el servicio de suministro de energía eléctrica, tiene interés en la subsistencia de los actos reclamados, porque a través de ellos se estableció la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas para su operación, y las relativas al servicio de suministro de energía eléctrica que presta, que le permitirán a (sic) recuperar los costos en que incurre en la provisión del servicio.
De manera que, explicó el tribunal, se justifica su participación en el juicio como tercero interesado en defensa de los acuerdos reclamados derivado de que las tarifas deben permitir a los suministradores de servicios básicos obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables, y una rentabilidad razonable que no estará garantizada de acuerdo con lo previsto en el artículo 140, fracción III, de la Ley de Industria Eléctrica. Lo que demuestra que los actos reclamados, sin calificar su legalidad, representan consecuencias directas en los costos del servicio de suministro de energía eléctrica que presta **********, elementos suficientes para reconocerle como titular de un interés jurídico en la subsistencia de los actos reclamados.
CUARTO.—Una vez establecidas las posturas que originaron la denuncia de contradicción de tesis en estudio, corresponde verificar su existencia.
Con esa finalidad, conviene precisar que sobre la existencia de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan temas jurídicos esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos frente a los que adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones contenidos en las sentencias respectivas.
Dicho criterio está reflejado en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página 7, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En atención a lo expuesto y con base en los razonamientos que tuvieron en cuenta los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, que fueron resumidos en el considerando que antecede, se advierte que existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los mencionados órganos judiciales, al resolver los asuntos que participan en esta contienda, examinaron temas jurídicos sustancialmente iguales, en específico, si ********** tiene el carácter de tercero interesado en los juicios de amparo indirecto en que se reclama, entre otros,(1) el Acuerdo A/058/2017, de la Comisión Reguladora de Energía, que establece la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales de dicha persona moral, así como las tarifas de operación aplicables al servicio de suministro de energía eléctrica.
Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concluyó que **********, no tiene el carácter de tercero interesado, en términos de lo ordenado en el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sobre la base de que no tiene interés jurídico en que subsistan los acuerdos reclamados ni puede considerarse que gestionó tales actos.
Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concluyó que **********, tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que, en su calidad de empresa productiva del Estado que presta el servicio de suministro de energía eléctrica, tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, porque estableció la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales y las de operación que aplicarán al servicio de suministro de energía eléctrica que presta, que le permitirán recuperar los costos en que incurre en la provisión del servicio.
Consecuentemente, al no haber correspondencia entre las posturas adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados y, por tanto, actualizarse la contradicción de tesis denunciada, corresponde a este Pleno de Circuito definir si ********** tiene el carácter de tercero interesado en los juicios de amparo indirecto en que se reclama, entre otros, el Acuerdo A/058/2017 de la Comisión Reguladora de Energía.
Sin que sea óbice que en el asunto analizado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, también se analizó si ********** podía ser considerada como autoridad responsable, pues en el diverso estudiado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de esa materia, únicamente se efectuó pronunciamiento respecto a si a dicha empresa correspondía el carácter de tercera interesada, por lo que aquel tópico no es materia de la contradicción de tesis.
QUINTO.—Una vez establecida la existencia de la contradicción de tesis es necesario que este Pleno de Circuito determine cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo.
Con esa finalidad se destaca que, conforme con lo ordenado en la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo,(2) tiene el carácter de tercero interesado la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; la víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; y el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del que derive el acto reclamado, siempre que no tenga el carácter de autoridad responsable.
Entonces, la norma en examen reconoce diversos supuestos en que se debe reconocer el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo, entre otros, cuando se tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado.
Es necesario destacar que existe interés jurídico en el juicio de amparo cuando el gobernado tiene un derecho subjetivo trastocado o definido directamente mediante el acto reclamado, al tenor de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN."(3)
En ese orden de ideas, para adquirir la calidad de tercero interesado la normativa analizada exige que se tenga un interés directo en la subsistencia del acto reclamado lo que revela que no basta un interés legítimo que deriva indirectamente y no de la titularidad de un derecho, sino que es necesario que el acto genere un beneficio inmediato y particular en la esfera jurídica del gobernado, específicamente, en relación con un derecho subjetivo del que sea titular, lo que constituye precisamente el interés jurídico definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS."(4)
En ese tenor, se destaca que el Alto Tribunal ya estableció que no es necesario que alguna persona haya intervenido como contraparte de la quejosa dentro de un procedimiento administrativo a manera de juicio para que se le reconozca el carácter de tercero interesado, porque existen supuestos distintos al mencionado en que puede reconocerse a alguna persona el carácter de tercero.
Sirve de apoyo a esto último, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "TERCERO PERJUDICADO. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER EN EL AMPARO ADMINISTRATIVO."(5)
Ahora, debe también destacarse que en relación con los juicios de amparo en que se reclaman leyes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas de rubros: "LEYES, TERCEROS EN AMPARO CONTRA LAS.",(6) "TERCERO PERJUDICADO, EN AMPARO PEDIDO CONTRA UNA LEY."(7) y "TERCERO PERJUDICADO, EN AMPARO CONTRA UNA LEY.",(8) expuso que no existen terceros perjudicados porque no es posible sostener que una ley se ha expedido en favor de cierta persona, aunado a que el interés que en su caso tengan los particulares para que se expidan determinadas normas se sustituye, una vez que son expedidas, por el que tiene el órgano que las emitió.
El citado criterio –emitido en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación– ha sido aplicado por el Alto Tribunal (en la Novena y Décima Épocas) en aquellos juicios de amparo en que se reclaman, en general, actos materialmente legislativos sobre la base de que si se concede el amparo en su contra las consecuencias naturales serían que no se apliquen las disposiciones reclamadas a la parte quejosa, pero éstas subsistirían en el orden jurídico mexicano, pues las sentencias dictadas en el juicio de amparo no tienen efectos derogatorios de disposiciones generales; de ahí que no existan terceros interesados en esos procesos.
Al respecto, conviene reproducir las jurisprudencias 2a./J. 136/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, octubre de dos mil diez, página 314 y 2a./J. 89/2015 (10a.), de la citada Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo I, julio de dos mil quince, página 817, de rubros y textos:
"TERCERO PERJUDICADO. LAS CÁMARAS DE INDUSTRIA NO TIENEN ESE CARÁCTER EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO CONTRA UN ACUERDO EMITIDO POR EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, EN USO DE LA FACULTAD CONFERIDA POR EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN X, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR.—Las Cámaras de Industria no tienen el carácter de tercero perjudicado en los juicios de garantías en que se reclama un acuerdo emitido por el secretario de Economía en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 5o., fracción X, de la Ley de Comercio Exterior, como es el acuerdo por el que se implementa una medida de transición temporal sobre las importaciones de diversas mercancías originarias de la República Popular China, como medida de salvaguarda temporal y bilateral, pues el interés en la gestión que hayan desarrollado eventualmente para la emisión del acuerdo se sustituye, una vez que se expiden las disposiciones de observancia general relativas, por el interés del órgano del Estado que las emite. En efecto, si bien es cierto que acorde con el artículo 7, fracciones II y IX, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, esas instituciones constituyen, en relación con el Estado, órganos de consulta y de colaboración, también lo es que ello no les otorga el derecho de exigir una determinada conducta del Estado. Así, el hecho de que se les consulte no limita o condiciona el ejercicio de la facultad del secretario de Economía para expedir disposiciones administrativas de observancia general, en atención a que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar el crecimiento económico del país en términos del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no existe disposición jurídica que les otorgue el derecho de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, por lo que no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Además, en materia administrativa, es tercero perjudicado quien gestiona el acto emitido por autoridades administrativas o jurisdiccionales, mas no en el caso de los expedidos por las autoridades formal o materialmente legislativas, ya que las normas tildadas de inconstitucionales, aun cuando se conceda el amparo al quejoso, subsisten en el orden jurídico mexicano, en razón de que las sentencias dictadas en los juicios de garantías no pueden tener efectos derogatorios de las disposiciones que se estimen inconstitucionales."
"TERCERO PERJUDICADO O TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS CONCESIONARIOS QUE CELEBREN CONTRATO CON LAS EMPRESAS DECLARADAS CON PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO RELEVANTE CUANDO SE RECLAMA UN ACUERDO GENERAL DEL PLENO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES QUE LES IMPONE OBLIGACIONES A AQUÉLLAS Y POR SUS CARACTERÍSTICAS CONSTITUYE UN ACTO MATERIALMENTE LEGISLATIVO. Cuando en el juicio de amparo se impugna el Acuerdo mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones establece obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica, en los mercados mayoristas de servicio de arrendamiento de enlaces dedicados locales, servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de larga distancia nacional, servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de larga distancia internacional y servicio de arrendamiento de enlaces dedicados de interconexión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2012, los demás concesionarios de telecomunicaciones no tienen el carácter de tercero perjudicado o tercero interesado en el juicio, porque no reúnen los requisitos previstos en los artículos 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo abrogada y 5o., fracción III, inciso a), de la vigente, pues además de que no gestionaron a su favor el acuerdo reclamado, éste tiene las características de un acto materialmente legislativo, esto es, de una norma general, ya que sus disposiciones –de carácter abstracto– subsisten en el orden jurídico mexicano, aun cuando se conceda el amparo, en razón de que la sentencia no puede tener efectos derogatorios de las disposiciones generales reclamadas como inconstitucionales."
Fijadas las premisas anteriores, se procede a examinar el contexto normativo del caso:
El veinte de diciembre de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, en que se reformaron y adicionaron diversos párrafos a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales,(9) que previeron la participación de las empresas productivas del Estado en ciertas actividades estratégicas (específicamente, en la extracción del petróleo y demás hidrocarburos, y en la transmisión y distribución de energía eléctrica), y que el Gobierno Federal deberá mantener siempre su control y propiedad.
En dicha reforma se estableció un nuevo régimen constitucional en materia energética, pues se posibilitó la participación privada en los sectores energéticos de México.
En efecto, de los artículos 25, 27 y 28 referidos, se advierte que si bien en el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica no se otorgarán concesiones, el Estado puede celebrar contratos con particulares que pueden participar en otras áreas de la industria eléctrica, tal como la generación, suministro y comercialización.
Esto es, el Estado es el encargado de la transmisión y distribución de la energía eléctrica, pero se reconoce la participación de terceros en la cadena de valor de la industria eléctrica.
El régimen transitorio de la reforma constitucional ordenó la transformación de la Comisión Federal de Ele
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29138-ce0f0a8c/tercero-interesado-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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