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Modo: Corpus Pro

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS PROMOVIDOS CONTRA EL ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA NÚMERO A/051/2016.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 205/2017. · Registro digital (IUS): 27922
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-07-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y OCTAVO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Pág. 427.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 205/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y OCTAVO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 23 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

Lo anterior encuentra apoyo, además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).—De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.". [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, registro digital: 2000331]

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227 de la Ley de Amparo,(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios, en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado; en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Luego, es claro que están legitimados para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto, y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Por lo que hace al conflicto competencial **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resuelto en sesión de dos de febrero de dos mil diecisiete, tenemos, como antecedentes, los siguientes:

1. **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo en contra de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por el acto consistente en el Acuerdo Número A/051/2016, mediante el cual, la primera de esas autoridades establece los formatos y medios para reportar la información referida en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, aplicable a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil dieciséis.

2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, cuyo titular, por auto de trece de enero de dos mil diecisiete, la registró con el número **********; así como determinó carecer de competencia legal por razón de materia para conocer de ella, en virtud de que los actos reclamados corresponden al derecho administrativo normado por el artículo 28 de la Constitución Federal; por tanto, remitió el asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno.

3. El asunto se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuya titular, por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, lo registró con el número **********, y no aceptó la competencia declinada porque los argumentos de la quejosa se refieren a una invasión a la facultad reglamentaria y violaciones a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que ordenó devolver los autos al Juez que previno en el conocimiento del asunto.

4. Como consecuencia de lo antedicho, el primero de los Jueces de Distrito insistió en declinar la competencia y, por tanto, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, para la resolución del conflicto competencial.

5. Del conflicto competencial tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien lo registró con el número **********, quien emitió resolución en el sentido de que el competente para conocer del juicio es el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. De esa ejecutoria, se reproduce lo siguiente:

"...

"QUINTO. Para resolver el presente conflicto de competencia, importa tener en consideración que, en términos generales, la competencia es la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias, pero cabe distinguir entre la competencia constitucional y la jurisdiccional por la primera se entiende la capacidad, que de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos jurisdiccionales de un fuero específico para conocer y decidir, con exclusión de otros, sobre cuestiones litigiosas de determinada índole, a saber, común, federal, laboral, civil, mercantil, constitucional, administrativo, etcétera; en tanto que, la segunda, nace o se genera de las disposiciones jurídicas reguladoras de los distintos procedimientos.

"En ese contexto, la competencia constitucional deriva o se genera automáticamente de las disposiciones legales orgánicas o constitutivas de los tribunales y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente.

"Por tanto, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, la que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia.

"En esos caso (sic), el tribunal de competencia debe resolver exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de las (sic) acción ejercida, lo cual regularmente se puede determinar mediante el análisis de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye el acto; sin embargo, siempre se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, así como a lo concerniente a la procedencia o improcedencia de la acción y de los planteamientos formulados en los conceptos de violación, pues esos estudios constituyen cuestiones relativas al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional que resulte competente, mas no al tribunal que ha de resolver el conflicto.

"Ilustra lo antes dicho, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 24/2009, en la página 412 del Tomo XXIX correspondiente al mes de marzo de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto:

"‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.’ (se transcribe)

"Así también lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P./J. 83/98, publicada en la página 28 del Tomo VII, correspondiente al mes de julio de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; cuyos rubro y texto es el siguiente:

"‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.’ (se transcribe)

"Por consiguiente, para resolver el conflicto de competencia planteado, sólo se analizará la naturaleza del acto reclamado, sin hacer ningún pronunciamiento sobre la procedencia de la acción o los planteamientos de inconstitucionalidad de ese acto, señalados en la demanda de amparo, porque estos aspectos sólo deben ser tomados en consideración al momento de resolver el juicio y dictarse la sentencia correspondiente, por el Juzgado de Distrito que resulte competente para conocer del asunto.

"Por ello, resulta indispensable conocer el contenido del acuerdo reclamado, el cual es el siguiente:

"(se transcribe)

"En el acuerdo transcrito se destacó que la Comisión Reguladora de Energía es el ente al que corresponde regular y promover el desarrollo eficiente del expendio al público de gas licuado de petróleo, así como promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar la adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de esos servicios.

"También se indicó, que esa comisión tiene atribuciones para otorgar permisos para las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público, así como para la gestión de sistemas integrados de gas licuado de petróleo y propano; que además, debe regular, supervisar y promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional, atender a la confiabilidad, estabilidad, seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

"Que la comisión debe supervisar las actividades reguladas con el objeto de evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de la política pública en materia energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, proveer información pública sobre los resultados de su análisis y el desempeño de los participantes, así como recopilar información sobre precios, descuentos y volúmenes en materia de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo, para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión.

"De igual modo, se destacó que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete establece en su artículo 25, fracción I, incisos a), b) y c), la obligación adicional de los titulares de permisos de distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano, de reportar a la comisión, bajo protesta de decir verdad, en los formatos que establezca la comisión, la información siguiente:

"a. Los precios de venta al público, así como los precios de venta de los distribuidores, cada vez que éstos se modifiquen, sin que exceda de sesenta minutos antes de la aplicación de esos precios.

"b. Diariamente, los volúmenes comprados y vendidos; y

"c. Un informe anual de la estructura corporativa y de capital que contenga la descripción de la estructura del capital social, identificando la participación de cada socio o accionista, directo o indirecto, y de las personas o grupo de personas que tienen el control de la sociedad, los derechos inherentes a la participación en la estructura del capital; así como la descripción de la participación en otras sociedades, que contenga su objeto social, las actividades que éstas terceras realizan y las concesiones y permisos otorgados por el gobierno federal de los que sean titulares y que guarden relación con la actividad de permisionarios. En el caso que no haya cambios respecto del último informe presentado, en sustitución de éste, se deberá presentar un aviso manifestando la situación.

"También se hizo notar, que de acuerdo al transitorio décimo cuarto de la ley de ingresos, los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano, tienen la obligación de reportar a la comisión el precio de enajenación de dichos productos aplicado a partir del uno de diciembre de dos mil dieciséis, información que debería ser proporcionada a más tardar el quince de ese mes y año, así como reportar a la comisión, a más tardar el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, un informe de su estructura corporativa y de su capital social.

"Por esos motivos, en el acuerdo se destacó que debían emitirse los formatos para que los titulares de los permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano, reporten a la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, los precios de venta al público, así como los precios de venta de los distribuidores, los volúmenes comprados y los vendidos de dichos productos, los datos relacionados con su estructura corporativa y de capital; datos que serían administrados por la Comisión Reguladora de Energía, con apego a lo establecido en el artículo 26, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, en un sistema de información de precios, el que se difundiría a través de medios electrónicos en una versión pública y se pondría a disposición del público por los mismos medios.

"Como se observa, el acuerdo reclamado en el juicio de amparo tiene como finalidad expedir los formatos a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, en los artículos 25 y 26, motivo por el cual, se estima necesario conocer el contenido de dichos preceptos legales, que son del tenor siguiente:

"‘Artículo 25.’ (se transcribe)

"‘Artículo 26.’ (se transcribe)

"Por su parte, el artículo 27 de igual ordenamiento legal, al que remite el 26 antes trascrito, prevé:

"‘Artículo 27.’ (se transcribe)

"Del análisis armónico de los artículos transcritos se obtiene que los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano tienen la obligación de enviar a la Comisión Reguladora de Energía, la información que ahí se indica, relacionada con los precios de venta al público de los productos mencionados, así como un informe de su estructura corporativa y de capital, lo que deberán hacer, a través de los formatos que al efecto expida la propia comisión y que esos datos serán manejados por la comisión por medio de un sistema de información de precios de gas licuado de petróleo y propano, que se pondrá a disposición del público, en una versión pública, por medios electrónicos. "Asimismo, de lo dispuesto en los artículos transcritos, se infiere, que con base en la información que sea reportada a la Comisión Reguladora de Energía, cuando sea indispensable, podrá establecer como medida precautoria, la regulación provisional de los precios en las actividades mencionadas, mientras la Comisión Federal de Competencia Económica desahoga el procedimiento de declaratoria correspondiente y una vez que ésta determine que no existen condiciones de competencia efectiva en dichas actividades, la primera de las mencionadas podrá establecer la regulación de precios máximos sobre dichos productos.

"Ahora, si se tiene en cuenta el contenido del acuerdo reclamado, así como el de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, se puede afirmar que los formatos que ahí se contienen se emitieron con la finalidad de que los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano, cumplan con la obligación que tienen de presentar a la Comisión Reguladora de Energía los datos relacionados con los precios de venta al público de esos productos, los volúmenes comprados y vendidos, así como su estructura corporativa y su capital social; comisión, a quien corresponde regular y promover el desarrollo eficiente de esas actividades, para lo cual, cuenta con facultades de supervisión.

"Así, para determinar si las facultades con apoyo en las cuales se emitió el acuerdo combatido y el fin que debe darse a la información que es requerida a los destinatarios, tiene incidencia en la materia de competencia económica, es necesario conocer el concepto de este término.

"Para ello, se estima pertinente traer a colación las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, expuestas en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ********** donde resolvió que del juicio de amparo promovido contra la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano; debía conocer un Juzgado de Distrito especializado en las mencionadas materias.

"En dicha ejecutoria, en la parte que aquí interesa, se resolvió lo siguiente:

"(Se transcribe)

"De la ejecutoria transcrita, surgió la tesis aislada número I.1o.A.E.197 A (10a.), que este tribunal comparte, publicada el viernes veintisiete de enero de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación; cuyos título, subtítulo y texto es (sic) el siguiente:

"‘COMPETENCIA ECONÓMICA. SU CONCEPTO PARA DETERMINAR LA INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN ESA MATERIA.’ (se transcribe)

"Lo antes explicado, sirve de apoyo para determinar que la naturaleza del acuerdo reclamado en el juicio de amparo, está relacionada con temas de competencia económica.

"Es así, porque está destinado a los titulares de permisos de un área prioritaria, como lo son, los titulares de permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano.

"Aunado a ello, tiene como finalidad que ese sector proporcione a la Comisión Reguladora de Energía, información que, eventualmente, de darse los supuestos que las propias leyes prevén, podría servir para establecer la regulación de precios máximos sobre esos productos, cuando la Comisión de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva en dichas actividades.

"Por esa razón se estima que su ámbito incide en el campo de la competencia económica, en los términos explicados, pues es inconcuso que deriva de la facultad que tiene el Estado para la ordenación de los mercados, en términos generales, así como de su regulación en ciertas y específicas actividades y servicios de interés general estimados prioritarios, esto es, en el proceso de competencia y libre concurrencia; cuya fin último es lograr el funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores.

"Además, porque conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios y propiciar una adecuada cobertura nacional, entre otros.

"Por ello, se considera que el acuerdo reclamado está relacionado con un tema de competencia económica, ya que en la controversia a dirimir está involucrado el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de lograr a la postre y garantizar la competencia efectiva en el mercado del gas licuado de petróleo y propano; por lo que la naturaleza material de dicho acto concierne a la subespecialidad en competencia económica.

"Al respecto, este tribunal comparte la tesis aislada número I.1o.A.E.196 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publicada el viernes veintisiete de enero de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación; cuyos título, subtítulo, subtítulo y texto es (sic) el siguiente:

"‘COMPETENCIA MATERIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE VENTA DE PRIMERA MANO. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES.’ (se transcribe)

"En consecuencia, se concluye que el conocimiento del juicio de amparo corresponde a un juzgado especializado en materia de competencia económica.

"En este punto, cabe señalar que no se soslayan las consideraciones expuestas por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, expuestas en el proveído donde no aceptó la competencia declinada, aduciendo que el acuerdo combatido sólo establece los formatos para que los titulares de los permisos de comercialización, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano reporten a la Comisión Reguladora de Energía, los datos que ahí se indican y que además, los motivos de inconformidad expuestos en los conceptos de violación no tenían relación con algún tema de competencia económica.

"Sin embargo, los mencionados motivos no justifican que el acto reclamado incida en una materia diversa a la de competencia económica, dado que como se explicó, el acuerdo combatido si bien contiene los formatos que han de usar los destinatarios para hacer llegar a la Comisión Reguladora de Energía la información a que se refieren los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, también lo es, que la información que deben reportar por esos medios es solicitada en ejercicio de algunas de las facultades que tiene esa comisión en el ámbito de la regulación de mercados; aunado a que para determinar la competencia por materia no se deben atender a los argumentos de disenso expuestos en los conceptos de violación, tal como se establece en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, transcrita al inicio del presente considerando.

"En consecuencia, procede declarar competente a la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitirle los autos.

"..."

II. Por lo que toca al conflicto competencial **********, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto el treinta de marzo de dos mil diecisiete, se tienen los siguientes antecedentes:

1. **********, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo en contra de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por los actos consistentes en el Acuerdo Número A/051/2016, mediante el cual, la primera de esas autoridades establece los formatos y medios para reportar la información referida en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, aplicable a los permisionarios de distribución, comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo y propano, publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de noviembre de dos mil dieciséis.

2. Correspondió conocer de la demanda al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, por auto de doce de enero de dos mil diecisiete, la registró con el número **********, y declinó la competencia a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno, bajo el argumento de que el acto reclamado fue emitido por un órgano encargado de regular la materia energética en el país.

3. El asunto se turnó al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuya titular, por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, lo registró con el número **********, y, decidió no aceptar la competencia declinada, porque el acto reclamado no guarda vinculación o relación alguna con el ámbito de competencia económica, por ello, ordenó la devolución de los autos al Juez que previno en su conocimiento.

4. Como consecuencia de lo anterior, el primero de los Jueces de Distrito dictó auto de veinte de enero, en el que insistió en declinar la competencia, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la resolución del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27922-e0fb4c2d/organos-jurisdiccionales-en-materia-administrativa-especializados-en-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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