COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DE LA EXTINTA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE), QUE DECLARA LA CADUCIDAD DE PERMISOS DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA GENÉRICA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 148/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente sentencia:
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido vía interconexión en este pleno regional el once de septiembre de dos mil veinticinco, las personas titulares integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito denunciaron la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por ese órgano jurisdiccional al decidir el conflicto competencial 4/2025, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del propio circuito al resolver el conflicto competencial 7/2025.
2. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de doce de septiembre de dos mil veinticinco se radicó el asunto bajo el número de expediente 148/2025, con el tema: determinar si la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto en el que se reclama el acuerdo por el cual la Comisión Reguladora de Energía (actualmente Comisión Nacional de Energía) declaró la caducidad de permisos de comercialización y expendio al público de petrolíferos, surte a favor de un juez de distrito especializado en materia administrativa o de uno especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el expediente para su estudio a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.
3. Nueva integración del pleno regional y returno del asunto. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes que, derivado de la adscripción de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, fueron designadas para integrar este pleno regional las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza, con efectos a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco; además, se returnó el expediente a la ponencia de la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza.
4. Informes. Los solicitados en el auto de radicación se recibieron en los siguientes términos:
• Mediante oficio 114/2025 de diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• Por oficio 15508/2025 de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• En oficio DGCCST/X/561/09/2025 de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no hay contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.
5. Confirmación de turno. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
6. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.
II. Competencia
7. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del antes Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el mismo medio oficial de difusión el trece y dieciséis de enero y el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés;(5) por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados que conocen de la materia administrativa, pertenecientes al Vigésimo Tercer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, y cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al provenir de conflictos en la misma materia.
III. Legitimación
8. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formularon las personas titulares integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, quienes sostuvieron uno de los criterios aquí contendientes —conflicto competencial 4/2025—.
IV. Criterios denunciados
9. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al resolver el conflicto competencial 4/2025, en sesión de tres de julio de dos mil veinticinco.
10. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al decidir el conflicto competencial 7/2025, en sesión de diecisiete de julio de dos mil veinticinco.
V. Existencia de la contradicción de criterios
11. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
12. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al decidir el conflicto competencial 4/2025, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del propio circuito al resolver el conflicto competencial 7/2025.
13. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:
• Una persona física presentó demanda de amparo indirecto en la que, entre otros actos, reclamó el acuerdo por el que la entonces Comisión Reguladora de Energía declaró la caducidad de diversos permisos de comercialización y expendio al público de petrolíferos; así como su posible ejecución, la cual atribuyó a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
• La demanda de amparo se radicó en un juzgado de distrito en el estado de Zacatecas, el cual se declaró incompetente por razón de materia para conocer del asunto y lo remitió a un juzgado de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno.
• El juzgado de distrito especializado que recibió el expediente rechazó la competencia enviada por razón de materia e instruyó devolverlo al juzgado requirente, quien insistió en declinar su competencia y remitió los autos al tribunal colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, para la resolución del conflicto competencial suscitado.
14. El tribunal colegiado de circuito resolvió el asunto con base en las siguientes consideraciones:
Cuarto. Estudio del conflicto administrativo. Este tribunal colegiado estima que la competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por (...) corresponde al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas.
Es así porque como se verá, la competencia a favor de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se surte en dos supuestos:
1. Cuando se impugnen normas o actos emitidos expresamente por la Comisión Federal de Competencia Económica y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; o
2. Cuando se impugnen normas o actos sobre temas específicos de competencia económica (relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados), radiodifusión y telecomunicaciones (aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones), con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa que los emita.
Así las cosas, este tribunal arriba a la conclusión de que en el caso que se revisa, los actos reclamados emitidos por la Comisión Reguladora de Energía no están vinculados con la materia de competencia económica, puesto que la figura de la caducidad del permiso de expendio o comercialización de petrolíferos no requiere conocimientos específicos o técnicos relacionados con la materia de competencia económica, sino que basta el conocimiento del derecho administrativo en general y no de la materia administrativa sub-especializada.
En principio, es necesario indicar que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, la cual tiene como ventaja que los juzgados adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención y encausarla hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate.
En el caso que nos ocupa, como se señaló al establecer la existencia del conflicto competencial, las determinaciones de los juzgados de distrito coincidieron en que la materia en la que versa la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades es administrativa; sin embargo, por un lado, uno de ellos consideró que el asunto corresponde a la materia administrativa genérica, mientras el otro consideró que el asunto se ubica en el campo del derecho administrativo sub-especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
En ese contexto, para determinar cuál es el órgano competente por razón de materia, debe ponderarse la naturaleza del acto reclamado y, a partir de su objetiva constatación podrá establecerse qué órgano jurisdiccional deberá conocer del asunto, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda.
El citado criterio se contiene en la tesis jurisprudencial PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) de rubro siguiente: “COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO.”
Al respecto, es conveniente hacer referencia a la especialización en materia administrativa, por lo que es necesario destacar que el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los juzgados de distrito especializados en materia administrativa conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas, contra actos de autoridad distinta a la judicial, contra actos de tribunales administrativos, o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, el derecho administrativo puede considerarse que constituye el género del derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Sin embargo, por su amplitud, se han generado las subespecialidades tales como el derecho fiscal, el ambiental, el de propiedad intelectual, etcétera; las que atendiendo a su grado de complejidad requieren de conocimientos técnicos determinados que permiten al juzgado resolver controversias en que se involucren esos temas.
En relación con la sub-especialización en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de criterios 80/2022, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, estableció:
I. Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, y del respectivo proceso de reformas se obtienen las premisas siguientes:
• En la iniciativa se propuso la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
• La finalidad de creación de esos órganos fue:
- Dar mayor certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz, técnica e informada de los marcos normativos aplicables a esas materias.
- Concentrar en ciertos órganos los litigios correspondientes.
- Evitar sentencias contradictorias.
- Especializar en los aspectos técnicos de esas materias a ciertos juzgados.
- Evitar la duplicidad de impugnaciones en la vía contenciosa administrativa y ordinaria federal.
- Agilizar la impartición de justicia en esas materias.
- Cumplir el compromiso número 38 del Pacto por México.
Ahora bien, respecto de la competencia de los juzgados de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016, determinó que si la resolución reclamada no se vincula con las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sino que es emitida por una autoridad administrativa en aplicación de disposiciones que regulen procedimientos administrativos; entonces, la competencia para conocer del asunto se surte en favor de los tribunales administrativos genéricos; por tanto, como se destacó con antelación, puede concluirse que la competencia a favor de los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones se surte en dos supuestos:
1. Cuando se impugnen normas o actos emitidos expresamente por la Comisión Federal de Competencia Económica y por el Instituto Federal de Telecomunicaciones; o
2. Cuando se impugnen normas o actos sobre temas específicos de competencia económica (relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados), radiodifusión y telecomunicaciones (aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones), con independencia del carácter formal de la autoridad administrativa que los emita.
Asimismo cobran vigencia, por lo que informan, las tesis jurisprudenciales 2a./J. 69/2022 y 2a./J. 35/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y rubro siguientes: “COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE RECLAME LA REGLA 2.4.1. DE LA SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA GENÉRICA.” (se transcribe) y “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE) PARA RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO LA MODALIDAD DE COGENERACIÓN. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.” (se transcribe)
Virtud a lo anterior, debe precisarse que conforme a lo resuelto en los criterios de jurisprudencia antes citados, en el presente caso no son necesarios conocimientos específicos o técnicos relacionados con la materia de competencia económica, sino que basta el conocimiento del derecho administrativo en general.
En el juicio de amparo del que deriva el conflicto competencial, el acto reclamado consiste en el acuerdo (...), mediante el cual la Comisión Reguladora de Energía declaró la caducidad de ciento treinta y siete permisos de comercialización y expendio al público de petrolíferos, de conformidad con el artículo 55, fracción I, inciso b), de la Ley de Hidrocarburos, entre otros, el de la parte quejosa, al considerar que no realizó la conducta permisionada por al menos trescientos sesenta y cinco días.
En efecto, la caducidad administrativa decretada en el acto reclamado, en términos del inciso b), fracción I, del artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos, es una cuestión administrativa a razón de que el numeral antes invocado señala: (se transcribe).
Esto es, el acto reclamado únicamente decretó la caducidad del permiso de comercialización y expendio al público de petrolíferos por el simple hecho de no ejercer los derechos conferidos por el periodo consecutivo de trescientos sesenta y cinco días naturales —sin que ello implique pronunciamiento en torno a competencia económica— por tanto, ese aspecto será ajeno a la materia de estudio del fondo de la litis.
De ahí que contrariamente a lo que sostuvo el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en la especie no se requieren conocimientos específicos o técnicos relacionados de manera directa con la materia sub-especializada de competencia económica, por virtud de versar únicamente sobre la declaración de caducidad de un permiso de comercialización y expendio al público de petrolíferos.
En esta línea interpretativa, si en el presente caso se concluye que el acto reclamado no amerita conocimientos específicos o técnicos relacionados con la materia de competencia económica, sino que basta el conocimiento del derecho administrativo en general, resulta evidente que la naturaleza del acto reclamado es del ámbito administrativo genérico, ya que solo debe analizar la actuación administrativa respecto de sí resulta correcto o no que se haya declarado la caducidad del permiso del quejoso por el simple transcurso del periodo consecutivo de trescientos sesenta y cinco días naturales sin ejercer la actividad materia de ese permiso.
De ahí que sí el acto reclamado tiene lugar en el ámbito administrativo sin inmiscuir el estudio de cuestiones de competencia económica, este tribunal determina que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es quien resulta legalmente competente por razón de la materia administrativa genérica para conocer del juicio de amparo promovido por (...)
15. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito analizó un asunto con los siguientes antecedentes:
• Una persona física presentó demanda de amparo indirecto en la que, entre otros actos, reclamó el acuerdo por el que la entonces Comisión Reguladora de Energía declaró la caducidad de diversos permisos de comercialización y expendio al público de petrolíferos; así como su posible ejecución, la cual atribuyó a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
• La demanda de amparo se radicó en un juzgado de distrito en el estado de Zacatecas, el cual se declaró incompetente por razón de materia para conocer del asunto y lo remitió a un juzgado de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno.
• El juzgado de distrito especializado que recibió el expediente rechazó la competencia enviada por razón de materia e instruyó devolverlo al juzgado requirente, quien insistió en declinar su competencia y remitió los autos al tribunal colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, para la resolución del conflicto competencial suscitado.
16. El tribunal colegiado de circuito resolvió el asunto con base en las siguientes consideraciones:
Tercero. Decisión. La competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por (...), corresponde al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Es así, porque como se verá, el acto reclamado emitido por la Comisión Reguladora de Energía —ahora Comisión Nacional de Energía— está vinculado directamente con la materia de competencia económica, puesto que el examen de la actualización de la figura de la caducidad del permiso de expendio o comercialización de petrolíferos involucra, en el fondo, el estudio de temas relativos a competencia económica en función de la forma de operar de ese sector comercial en relación con las funciones de la citada comisión para fomentar el desarrollo eficiente, una libre competencia y concurrencia en el sector de hidrocarburos, lo que es propio de la subespecialización en materia de competencia económica y no de la materia administrativa genérica, como se explica enseguida.
En principio, es necesario indicar que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, la cual tiene como ventaja que los juzgados adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que les permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y genera una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate.
En el caso, como se señaló al establecer la existencia del conflicto competencial, los juzgados de distrito coincidieron en que la materia sobre la que versa el acto reclamado es administrativa; sin embargo, el juzgado requirente consideró que el asunto se ubica en el campo del derecho administrativo especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en tanto el juzgado requerido consideró que el asunto corresponde a la materia administrativa genérica.
En ese contexto, para determinar cuál es el órgano competente por razón de materia, debe tomarse en cuenta la naturaleza del acto reclamado y, en todo caso, prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes.
Ello conforme con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: “COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.” (se transcribe)
Precisado lo anterior, se tiene que el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los juzgados de distrito especializados en materia administrativa conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas, contra actos de autoridad distinta a la judicial, contra actos de tribunales administrativos, o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, el derecho administrativo es la rama del derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Sin embargo, por su amplitud, se han generado las subespecialidades tales como el derecho fiscal, ambiental y de propiedad intelectual, entre otras; las que atendiendo a su grado de complejidad, requieren de conocimientos técnicos determinados que permiten al juzgado resolver controversias en que se involucren esos temas.
Por otro lado, en relación con la sub-especialización en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, la Segunda Sala del más Alto Tribunal en el país, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de criterios 80/2022, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2022 (11a.) —que más adelante se cita— estableció:
I. Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones; y del respectivo proceso de reformas se obtienen las premisas siguientes:
• En la iniciativa se propuso la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
• La finalidad de creación de esos órganos fue:
- Dar mayor certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz, técnica e informada de los marcos normativos aplicables a esas materias.
- Concentrar en ciertos órganos los litigios correspondientes.
- Evitar sentencias contradictorias.
- Especializar en los aspectos técnicos de esas materias a ciertos juzgados.
- Evitar la duplicidad de impugnaciones en la vía contenciosa administrativa y ordinaria federal.
- Agilizar la impartición de justicia en esas materias.
- Cumplir el compromiso número 38 del Pacto por México.
II. Que el artículo décimo segundo transitorio del decreto precisado estableció que el Consejo de la Judicatura Federal debía crear los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma de mérito, por lo que en cumplimiento a ese mandato constitucional, el citado consejo emitió el Acuerdo General 22/2013, en el cual dispuso la creación de dos juzgados y dos tribunales colegiados, todos en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con domicilio en el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y jurisdicción en toda la República, a quienes correspondería conocer de todos los juicios de amparo nuevos que se presentaran a partir de su inicio de funciones, en las materias ya precisadas; así como el Acuerdo General 15/2021, mediante el cual la misma autoridad administrativa del Poder Judicial de la Federación ordenó la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
III. Que si bien es cierto, los acuerdos en comento no definen qué debe entenderse por competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, la propia reforma constitucional permite establecer la competencia por materia a favor de los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que, concretamente, la competencia en el tema de telecomunicaciones
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33883-112ae9c7/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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