COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA EXTINTA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE), POR LAS QUE SE DETERMINAN ADEUDOS POR LA OMISIÓN EN EL PAGO DE APROVECHAMIENTOS Y/O DERECHOS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN ANUAL DE PERMISOS. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 141/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, DÉCIMO NOVENO Y VIGÉSIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA. SECRETARIO: ALEJANDRO LUCERO DE LA ROSA.
Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión del día dieciséis de octubre de dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Por oficio presentado mediante el sistema electrónico de interconexión del Poder Judicial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, enviado a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Decimonoveno y Vigesimoprimero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los conflictos competenciales 31/2022 y 55/2022; así como el amparo en revisión 302/2023, de sus respectivos índices; lo anterior; a efecto de determinar si los juicios de amparo indirectos promovidos en contra de la determinación de un crédito fiscal por parte de la Comisión Reguladora de Energía, por la omisión del pago correspondiente, deben ser del conocimiento de los juzgados de distrito especializados en la materia administrativa genérica, o bien, deben ser conocidos por los juzgados de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
2. SEGUNDO. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, se admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 141/2024.
3. En esa misma actuación, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
4. De igual forma, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que rindiera el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el alto tribunal, relacionada con el tema a dilucidar, el cual, de manera preliminar se precisó en los siguientes terminos: “DETERMINAR SI DE LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL POR PARTE DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, POR LA OMISIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBEN CONOCER LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA GENERICOS O LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA”.
5. Asimismo, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia del magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
6. TERCERO. Informes. Los magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes rindieron los informes solicitados informando que los criterios sustentados continuaban vigentes, los cuales se tuvieron por recibidos mediante proveídos de veintiséis y veintinueve de abril, así como de ocho de mayo, todos de dos mil veinticuatro, respectivamente.
7. Asimismo, por acuerdo de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento de este Pleno Regional que en el máximo tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con el diverso materia del presente asunto.
8. CUARTO. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se reiteró la orden de turno del expediente virtual al magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, con fundamento en el artículo 41, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.(1)
9. QUINTO. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de esa anualidad, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni término.
10. SEXTO. Nueva integración. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/3327/2024 de once de septiembre del mismo año, el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente al magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, a partir del treinta de septiembre de dos mil veinticuatro.
11. SÉPTIMO. Returno y confirmación de turno. Como consecuencia del cambio en la integración de este Pleno Regional, en el mencionado acuerdo indicado en el párrafo que antecede, se returnó el presente asunto al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución; y, al encontrarse debidamente integrado el asunto, en el mismo auto se confirmó dicho turno.
12. OCTAVO. Nueva integración. Posteriormente, por auto de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/271/2025, de veintidós de enero del mismo año, el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente a la magistrada Guillermina Coutiño Mata, a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución de la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, a partir del primero de febrero de dos mil veinticinco.
13. Asimismo, por auto de doce de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/1576/2025, de treinta de abril del mismo año, el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente al magistrado José Patricio González Loyola Pérez, a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución de la magistrada Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo de dos mil veinticinco.
14. Además, por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/2192/2025, de once de junio del mismo año, el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó comisionar temporalmente al magistrado Ernesto Martínez Andreu a este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del magistrado José Patricio González Loyola Pérez, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veinticinco.
15. NOVENO. Adscripción de personas juzgadoras electas. El catorce de septiembre de dos mil veinticinco se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los Órganos Jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de Personas Juzgadoras”, conforme al cual este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, quedó integrado por las magistradas Virginia Pétriz Herrera, Mónica Saloma Palacios y Mayra Sandoval Mendoza, lo que se hizo del conocimiento público mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, en el que también se confirmó el turno del asunto a la primera de las nombradas, para la elaboración del proyecto de resolución.
16. DÉCIMO. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna, a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,
CONSIDERANDO:
17. PRIMERO. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 1, fracción III; 39, fracción I, así como los numerales primero, séptimo y décimo noveno transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) así como lo establecido en los diversos numerales 6°, fracción I, 7°, 9°, 10, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(5) 1º, fracción I, punto 2, y 2º del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial,(6) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, y reformados mediante el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.
18. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Decimonoveno y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales se encuentran dentro de la demarcación territorial y de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.
19. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(8)
20. TERCERO. Criterios denunciados. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
21. Se precisa que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige el dictado de las resoluciones que se emiten al resolverse las contradicciones de criterios, ni así disponerlo las disposiciones que establecen las facultades de este Pleno Regional; esto es, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni se estima necesario para la resolución del caso, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que se resuelve.
22. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”(9)
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 31/2022
23. Antecedentes. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, una persona moral promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como acto reclamado de la Jefa de la Unidad de Administración de la Comisión Reguladora de Energía, el oficio de veintitrés de mayo del mismo año, por el que determinó que la quejosa adeudaba el pago relativo al aprovechamiento por concepto de supervisión anual de su permiso, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, y requirió su pago.
24. Asimismo, reclamó del Secretario de Hacienda y Crédito Público el oficio de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho por el que autorizó a la Comisión Reguladora de Energía el cobro de aprovechamientos por concepto de supervisión anual de permisos.
25. Radicación y declinación de la competencia. Por razón de turno tocó conocer de la demanda al Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós la registró con el número 1001/2022; sin embargo, declinó la competencia para conocer del asunto y ordenó remitirlo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y competencia en toda la República, en turno.
26. Rechazo de la competencia. Conoció del asunto el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, quien por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós no aceptó la competencia declinada en su favor y devolvió los autos al juez de origen, quien por acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós insistió en declinar su competencia legal para conocer del asunto, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la resolución del conflicto competencial suscitado.
27. Registro y admisión del conflicto competencial. Conoció del conflicto competencial el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por auto de presidencia de once de julio de dos mil veintidós lo registró con el número CCA-31/2022. Posteriormente, en sesión celebrada el once de agosto de esa anualidad, declaró legalmente competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
28. Criterio contendiente. En su fallo, el órgano colegiado consideró que, para determinar a cuál de los dos juzgados de distrito correspondía conocer y resolver el asunto, debía tomarse en consideración que, en la contradicción de tesis 215/2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, al resolver diversos conflictos competenciales, ha sostenido el criterio de que, en principio, los actos que pueden ser reclamados ante los órganos judiciales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones deben surgir de la actividad reguladora de los entonces organismos autónomos previstos en el artículo 28 constitucional, esto es, de la Comisión Federal de Competencia Económica, o bien, del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
29. No obstante, en dicha contradicción de criterios, explicó el tribunal colegiado contendiente, la Segunda Sala del alto tribunal precisó que al resolver la contradicción de tesis 447/2018, consideró que en ciertos casos también corresponde a esos juzgados y tribunales especializados conocer de los asuntos en que se reclaman actos de los órganos reguladores coordinados como lo son la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuyo fundamento constitucional también se encuentra previsto en el artículo 28 de la Ley Suprema.
30. Que los órganos reguladores coordinados en materia energética tienen su origen en el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, de cuyo proceso legislativo se obtuvo que la Comisión Reguladora de Energía es el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento de petróleo y de los hidrocarburos que realice el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de forma conjunta.
31. El tribunal colegiado explicó que en dicho precedente, la Segunda Sala concluyó que, la circunstancia de que la Comisión Reguladora de Energía tenga ciertas atribuciones en materia de competencia económica en el sector energético, resulta insuficiente para considerar invariablemente, que todos los actos que dicha autoridad pueda realizar están relacionados con el despliegue de atribuciones en dicha rama concreta del derecho administrativo, por lo que, para determinar si un acto se encuentra relacionado con aspectos en esa materia, es necesario analizar no sólo la naturaleza de la autoridad responsable, sino también la naturaleza del acto reclamado. 32. De la contradicción de criterios invocada por el tribunal colegiado contendiente, surgió la jurisprudencia 35/2021, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE) PARA RESOLVER SOBRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO LA MODALIDAD DE COGENERACIÓN. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.”(10)
33. En el caso particular, señaló el tribunal contendiente, en el oficio reclamado de la Comisión Reguladora de Energía, se determinó que la quejosa adeudaba el pago relativo al aprovechamiento por concepto de supervisión anual del permiso correspondiente, relativo al ejercicio dos mil dieciocho, y requirió su pago, citando como fundamento el artículo 34 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.(11)
34. Asimismo, precisó que el citado oficio encontraba sustentó legal en el diverso emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, también reclamado, por el que autorizó a la Comisión Reguladora de Energía el cobro de aprovechamientos por concepto de supervisión anual de permisos.
35. Que en tales términos, la quejosa cuestionaba la determinación de un crédito por la falta de pago del aprovechamiento por concepto de supervisión anual del permiso correspondiente, relativo al ejercicio dos mil dieciocho, así como la legalidad del fundamento utilizado por la Comisión Reguladora de Energía para su determinación, actos que no se encontraban relacionados con las funciones en materia de competencia económica de dicha comisión.
36. Ello, pues para determinar la legalidad del crédito fiscal, no se requerían de conocimientos especializados en materia de competencia económica, como podrían ser la prevención, investigación y combate de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, ni la decisión que se llegara a tomar en el asunto tendría impacto en dichos tópicos, pues la litis se encontraba constreñida a dilucidar si el origen del aprovechamiento cuyo pago se requería era legal, y ser así, si efectivamente era adeudado por la quejosa.
37. Bajo tales consideraciones, el tribunal contendiente determinó que los actos reclamados no involucraban temas de competencia económica, que requirieran de un conocimiento especializado en esa materia, por lo que lo procedente era fincar la competencia para el conocimiento del asunto en el Juzgado Décimo Cuarto en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a quien ordenó remitir los autos.
B. Criterio del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 55/2022
38. Antecedentes. Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado el ocho de septiembre dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, una persona moral promovió juicio de amparo indirecto contra los actos y autoridades siguientes:
Ver cuadro
39. Radicación y declinación de la competencia. Conoció de la demanda el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós la registró bajo el número de expediente 1404/2022 y se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio por razón de materia, por lo que ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en turno.
40. Rechazo de la competencia. Conoció del asunto el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien por auto de diez de octubre de dos mil veintidós lo registró con el número de expediente 336/2022 y no aceptó la competencia declinada en su favor, por lo que ordenó devolver la demanda y sus anexos al juzgado de origen.
41. Conflicto competencial. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México insistió en declinar su competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la resolución del conflicto competencial suscitado.
42. Registro y admisión del conflicto competencial. Conoció del conflicto competencial el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por auto de presidencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, lo registró con el número de expediente CCA-55/2022 y se avocó a su conocimiento.
43. Posteriormente, en sesión celebrada el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, declaró legalmente competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
44. Criterio contendiente. Luego de exponer los antecedentes del caso y las razones por las cuales los juzgados de distrito en conflicto se negaron a conocer de la demanda de amparo, el tribunal colegiado contendiente consideró lo siguiente:
45. Los Juzgados y Tribunales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, se les reserva jurisdicción en tales materias en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
46. El objeto del referido Decreto, por lo que hace al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de competencia económica, respecto de la creación de los órganos especializados en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es que las autoridades judiciales que tengan los conocimientos técnicos específicos, sean las que resuelvan sobre la legalidad de los actos que se emitan en dichas materias, pues a través del mismo, el poder reformador de la Constitución pretendió establecer una sola vía para la impugnación de actos emitidos por órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión con la finalidad de evitar criterios contradictorios que complicaran la aplicación de la ley y generaran incertidumbre jurídica.
47. Indicó que el bien jurídico tutelado por el artículo 28 de la Constitución Federal prohíbe cualquier tipo de acuerdo, procedimiento o componenda entre fabricantes, productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios cuyo objeto sea evitar la libre concurrencia, la competencia entre sí, o bien, que tenga como consecuencia el obtener una ventaja comercial o mercantil a favor de una o varias personas, en detrimento de alguna clase social o del público en general.
48. En ese sentido, refirió que en el caso particular, la quejosa reclamaba el proceso legislativo de creación del artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Derechos, así como el oficio de dieciséis de junio de dos mil veintidós, a través del cual la Jefa de la Unidad de Administración de la Comisión Reguladora de Energía le determinó un adeudo, por la omisión en el pago por concepto de supervisión anual del permiso correspondiente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; así como su ejecución por parte de las autoridades hacendarias del Servicio de Administración Tributaria.
49. Explicó que para resolver un conflicto competencial por razón de la materia, debía atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido, de manera que el oficio reclamado de la Comisión Reguladora de Energía por el que se determinó un crédito en contra de la quejosa por la omisión en el pago de contribuciones de derechos (sic) para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, por supervisión anual del permiso del que es titular, con fundamento en el artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Derechos,(12) no constituía un acto que guardara relación con la regulación del mercado en dicha materia, sino con la materia administrativa genérica.
50. Consideró que para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no era determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, siempre que de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se correría el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica.
51. En apoyo de sus consideraciones, citó la jurisprudencia por contradicción de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33820-4238cce2/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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