COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL OFICIO DE LA EXTINTA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE), POR EL CUAL REQUIERE INFORMACIÓN RESPECTO DE UN PERMISO DE EXPENDIO DE PETROLÍFEROS EN ESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 83/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO Y VIGÉSIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 23 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MAYRA SANDOVAL MENDOZA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ MUÑOZ.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente sentencia:
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido electrónicamente el dos de junio de dos mil veinticinco en este pleno regional, el titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 21/2025, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en dicha materia y circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2025, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en la citada materia y circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2025 y el sustentado por el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al decidir el conflicto competencial 19/2025.
2. Radicación en el pleno regional. Mediante acuerdo de presidencia de cuatro de junio de dos mil veinticinco, se ordenó registrar con el número de expediente 83/2025 la denuncia de contradicción entre los Tribunales Colegiados Sexto, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Vigésimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el tema determinar si de los juicios de amparo indirecto promovidos en contra de actos que no se encuentran previstos de manera explícita en la subespecialidad en competencia económica contenida en los artículos 28, vigésimo segundo párrafo, y 94, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben conocer los juzgados de distrito en materia administrativa genéricos o los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República y se requirió a las presidencias de los tribunales contendientes que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe sobre la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda, y se turnó el asunto a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.
3. Informes de los tribunales colegiados.
• Mediante oficio 9244/2025 de nueve de junio de dos mil veinticinco, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• Mediante oficio 10132/2025 de nueve de junio de dos mil veinticinco, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• Mediante oficio 11665/2025 de nueve de junio de dos mil veinticinco, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• Mediante oficio 13741/2025 de diez de junio de dos mil veinticinco, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
• Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En oficio DGCCST/X/392/06/2025 de veinte de junio de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada es ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.
4. Nueva integración. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veinticinco se hizo del conocimiento de las partes que el Magistrado Ernesto Martínez Andreu integra este pleno regional en sustitución del Magistrado José Patricio González Loyola Pérez.
5. Integración de otros criterios denunciados. Mediante oficio 72/2025 recibido vía interconexión en este pleno regional el veintiséis de junio de dos mil veinticinco, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República, solicitó una ampliación a la denuncia, respecto de los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en dicha materia y especialidad, al resolver el conflicto competencial 15/2025, en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco y por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 22/2025, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil veinticinco, por guardar estrecha relación con los criterios primigeniamente denunciados.
6. En auto de treinta de junio de dos mil veinticinco, se ordenó integrar las aludidas ejecutorias a este expediente, se solicitó a los tribunales emisores que informaran si los criterios sustentados se encuentran vigentes.
7. Informes de los tribunales colegiados.
• Mediante oficio 2601/2025 de dos de julio de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República informó que su criterio se encuentra vigente.
• Mediante oficio 11827/2025 de dos de julio de dos mil veinticinco, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.
8. Confirmación de turno. Por acuerdo de diez de julio de dos mil veinticinco, según constancia de autos.
9. Nueva integración del pleno regional. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinticinco se hizo del conocimiento de las partes que las Magistradas electas Mónica Saloma Palacios (presidenta), Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza integran este pleno regional;(1) además, en dicho proveído, se returnó este asunto a la Magistrada Mayra Sandoval Mendoza, quedando confirmado en esa misma fecha.
10. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.
II. Competencia
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(2) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(5) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés,(6) porque los tribunales contendientes conocen de la materia administrativa (unos en general y otro subespecializado), unos pertenecen al Primer Circuito y el restante tiene jurisdicción en todo el país, pero reside en la Ciudad de México, localizada también en el Primer Circuito, el cual se halla comprendido en la Región Centro–Norte.
III. Legitimación
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República.
IV. Criterios denunciados
13. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 21/2025, en sesión de nueve de mayo de dos mil veinticinco.
14. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 22/2025, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil veinticinco.
15. Criterio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 19/2025, en sesión de quince de mayo de dos mil veinticinco.
16. Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 19/2025, en sesión de nueve de mayo de dos mil veinticinco.
17. Criterio del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 19/2025, en sesión de nueve de mayo de dos mil veinticinco.
18. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República al resolver el conflicto competencial 15/2025, en sesión de treinta de abril de dos mil veinticinco.
V. Existencia de la contradicción de criterios
19. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
20. En el caso, debe tenerse por existente la contradicción de criterios entre el emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el conflicto competencial 21/2025, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en dicha materia y circuito al resolver el conflicto competencial 22/2025, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en la citada materia y circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2025, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en la esa materia y circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2025, el sustentado por el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y del propio circuito al decidir el conflicto competencial 19/2025 y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República al resolver el conflicto competencial 15/2025.
21. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Hechos. Una persona moral presentó demanda de amparo indirecto, en la que reclamó del Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, un oficio de requerimiento de información respecto de su permiso de expendio de petrolíferos en estación de servicios.
Juzgados de Distrito.
La demanda fue turnada al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la radicó con el número 581/2025, se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocerla y la remitió al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en esta ciudad, en turno.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, registró la demanda de amparo con el número 59/2025 y, rechazó la competencia declinada.
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México insistió en declinar la competencia y remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resolviera el conflicto competencial suscitado.
22. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.
Segundo. En primer término resulta oportuno informar las razones en que los juzgadores contendientes sustentaron su incompetencia.
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México estimó carecer de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de amparo.
Para arribar a esa conclusión dio noticia de que la quejosa se duele de la emisión del oficio (...), de diecinueve de febrero del dos mil veinticinco, por el cual Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía le solicitó información respecto del permiso de expendio de petrolíferos en la estación de servicios número (...)
Expuso que la información que se le requirió tiene por objeto supervisar, regular y vigilar la actividad comercial que realiza, específicamente respecto de la obtención de datos generales y costos de expendio de petrolíferos en la estación de servicios de la permisionaria.
Dijo el juzgador que atendiendo al tema es competencia de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, pues se trata de un acto que se relaciona con las atribuciones que tiene la Comisión Reguladora de Energía con objeto de regular, supervisar y vigilar la actividad de expedido al público de petrolíferos.
Explicó que los actos emanados de la autoridad responsable tienen por objeto diseñar, implementar y reforzar la regulación de materias específicas destinadas a determinados sectores de la economía, cuya función consiste en estabilizar las decisiones relativas a políticas regulatorias que se vinculan con servicios al público al actuar como agentes capaces de orientar las agendas para promover los intereses de los consumidores a través de una mayor competencia y mejoramiento del funcionamiento de los servicios basándose en criterios técnicos y económicos.
Agregó que si bien la información que requirió la autoridad responsable contiene formatos y medios para reportar los precios de venta al público de petróleo, así como de los volúmenes comprados, vendidos y de almacenamiento, también lo es que tal información servirá de base para establecer o no la regulación de precios, incluso de precios máximos, cuando no existan condiciones de competencia efectiva.
Precisó que el acto se originó con fundamento en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que impone a la Comisión fomentar el desarrollo eficiente de la industria energética y promover la competencia en el sector de protección de los intereses de los usuarios, por lo que se relaciona con el mercado de petrolíferos, lo que implica que tenga efectos en la libre concurrencia en ese sector y, por ende, exige que el órgano de amparo goce de conocimientos técnicos especializados en esa materia.
Señaló que se debía realizar un análisis de la incompetencia por territorio en virtud del lugar donde debe tener ejecución el acto reclamado, ya que del permiso que tiene la parte quejosa para operar la venta de gasolina se ubica fuera de su jurisdicción.
Por eso declinó la competencia para conocer de tal acto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República rechazó la competencia planteada por el juzgado declinante toda vez que la naturaleza del acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos que establecen las tesis de jurisprudencias 2a./J 119/2015 (10a.) y 2a./J. 84/2016 (10a.).
Indicó que el requerimiento de información no se encuentra directamente vinculado con normas o procedimientos, actos encaminados a vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de competencia económica, telecomunicaciones, así como de actuaciones que tengan como finalidad incidir en un mercado regulado a nivel nacional, ni se trata de alguna de las autoridades señaladas en el artículo 28 constitucional.
Precisó que el acto reclamado no incide directa ni indirectamente en un tópico de competencia económica ya que no establece aspectos de regulación de mercados, no incide en la competencia económica, ni busca fijar tarifas, establecer metodologías o promover la competencia de algún sector, sino que se trata de un requerimiento que formuló la autoridad responsable a efecto de cumplir con sus atribuciones en materia de regulación, supervisión y vigilancia que, en todo caso, implica un requerimiento relativo al cumplimiento de una obligación legal que tiene la permisionaria quejosa como sujeto regulado del sector en comento.
Consideró que el acto reclamado no se ubica en los supuestos de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2021 (11a.), ya que no subyace una resolución definitiva de la Comisión Reguladora de Energía cuyas consideraciones sean sometidas al escrutinio judicial especializado, porque de su contenido se advierte que se trata de un requerimiento de información individualizado por lo que no se requieren de conocimientos especializados en materia de competencia económica que implica que el juzgador deberá evaluar los motivos que llevaron a que la Comisión Reguladora de Energía requiriera esa información.
Expuso no ser competente para el conocimiento del asunto y que la parte quejosa combate únicamente el requerimiento de información derivada de su actividad regulada, por lo que el conocimiento del caso corresponde a un juzgado en materia administrativa. Concluyó diciendo que la materialización del acto reclamado tendrá verificativo en el lugar en el que el destinatario deberá cumplir con el oficio reclamado, esto es, en el domicilio del órgano regulador que se encuentra en la Ciudad de México.
A fin de resolver el conflicto, se tiene en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la naturaleza del acto reclamado es el elemento fundamental para dilucidar los conflictos competenciales que se integren por razón de materia, la cual se deduce del bien jurídico o interés fundamental sobre el que verse dicho acto.
Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98 del Pleno del Alto Tribunal, que establece: “COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES” (se transcribe).
Las fracciones II y III del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fijan la competencia de los jueces de distrito de amparo en materia administrativa de la siguiente manera: (se transcribe).
De la transcripción se observa que los juzgados de distrito de amparo en materia administrativa conocerán, entre otros casos, de los juicios de amparo promovidos conforme al artículo 107, fracción VII, de la Constitución, cuando se impugnen actos de autoridad judicial derivados de la aplicación de leyes federales o locales, siempre que deba resolverse sobre la legalidad o permanencia de un acto administrativo o de un procedimiento tramitado por autoridades del mismo orden.
Corresponde a estas personas juzgadoras conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos cuya naturaleza sea en materia administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Amparo.
Por cuanto se refiere a la competencia de los juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se debe señalar que en cumplimiento al Decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución en materia de telecomunicaciones, publicado el once de junio del dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, mediante el cual se crearon dos juzgados y dos tribunales colegiados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones y en su artículo sexto se estableció que los órganos jurisdiccionales en comento comenzarían a operar con las facultades previstas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente en ese momento, quedando claro que su competencia se restringía a las materias para las que fueron creados.
Aunque el Acuerdo General no definió expresamente los alcances de la competencia en estas materias, la reforma constitucional permite determinar que los asuntos en telecomunicaciones y radiodifusión comprenden la regulación, promoción y supervisión del espectro radioeléctrico, redes y servicios, así como el acceso a infraestructura e insumos esenciales.
En materia de competencia económica, su intervención se justifica cuando se trate de actos o regulaciones dirigidas a eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia, incluyendo sectores como telecomunicaciones y radiodifusión.
Bajo este criterio, en un principio se consideró que estos órganos judiciales solo conocerían de actos derivados de la actividad reguladora de los organismos autónomos previstos en el artículo 28 constitucional, es decir, de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones; sin embargo, al resolver la contradicción de tesis 447/2018, se interpretó que su competencia también incluye casos relacionados con los órganos reguladores coordinados, como la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuya regulación también deriva del mismo precepto constitucional.
Se estableció que cuando los actos emitidos por una autoridad perteneciente a la administración pública centralizada inciden en la creación de condiciones para un mercado abierto y competitivo, como sucedió con el Acuerdo 98/2016 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre precios máximos de gasolina y diésel, la competencia para conocer de los juicios de amparo corresponde a los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, como se sustentó en la contradicción de tesis 113/2017.
En la contradicción de tesis 215/2021 se determinó que cuando en un amparo indirecto se impugna exclusivamente la omisión de la Comisión Reguladora de Energía para resolver dentro del plazo establecido en el artículo 23, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, el conocimiento del asunto corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, dado que la naturaleza del reclamo no requiere conocimientos técnicos especializados en competencia económica; no obstante, si en la ampliación de la demanda o en un nuevo juicio se impugna la respuesta a la solicitud de modificación del permiso correspondiente, el análisis podría requerir una valoración especializada en competencia económica.
Así, a partir de la evolución interpretativa de la competencia de los juzgados administrativos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el alto tribunal estableció que los actos impugnados deben derivar de la actividad reguladora de organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones; sin embargo, dicho criterio se amplió al reconocer que otras autoridades, como la Comisión Reguladora de Energía e incluso entidades de la administración pública centralizada, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueden emitir actos que incidan en la competencia de los mercados, la participación de los agentes económicos, la fijación de precios y otros aspectos propios de la dinámica competitiva.
En estos casos, la complejidad técnica del análisis exige la intervención de los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en lugar de los tribunales administrativos generales.
Los anteriores razonamientos informan en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 69/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: “COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE RECLAME LA REGLA 2.4.1. DE LA SÉPTIMA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA GENÉRICA” (se transcribe).
Así como las consideraciones que informan la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), que establece: “TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES” (se transcribe).
Entonces, los Tribunales Colegiados Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones conocerán de los amparos promovidos contra actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando se relacionen con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, la libre competencia y concurrencia, así como la prevención, investigación y combate de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
En cambio, si el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa distinta y su naturaleza es meramente administrativa, el conocimiento del amparo corresponderá a un juzgado de distrito o tribunal colegiado en materia administrativa genérica.
Lo anterior implica que la existencia de un posible impacto en la competencia o en telecomunicaciones no es suficiente para que el caso sea conocido por los tribunales especializados, sino que es necesario que el acto emane directamente de los organismos autónomos competentes y que se relacione con su función reguladora en los mercados.
En consecuencia, debe dilucidarse la naturaleza del acto reclamado para determinar si guarda relación con la competencia económica, ya sea en lo concerniente a la libre competencia y concurrencia, requiriendo un estudio técnico especializado, o en lo referente a la prevención, investigación y sanción de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y otras restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, debiéndose verificar si estas disposiciones regulan la actuación de los agentes económicos con el propósito de eliminar barreras a la competencia y libre concurrencia.
En caso contrario, si tanto el acto reclamado como la autoridad responsable tienen carácter meramente administrativo, sin implicaciones que demanden conocimientos técnicos en materia de competencia económica, la competencia debe ser a favor de un juzgador en materia administrativa.
Se considera que en el asunto que se resuelve el acto reclamado refleja su naturaleza administrativa al tratarse de un requerimiento de información que deriva de la obligación de la parte quejosa de informar o reportar a la Comisión acerca de su actividad regulada conforme a la Ley de Hidrocarburos.
Su carácter administrativo radica en que no regula aspectos de mercado o competencia económica, sino que busca verificar el cumplimiento del permiso de expendio de petrolíferos en estación que fue requerido en virtud de la función de regulación, supervisión y vigilancia, que tiene la autoridad responsable dentro del ámbito de sus atribuciones.
El control administrativo se evidencia en el contenido de la solicitud de información ec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33787-e56c0323/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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