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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS O ACTOS QUE REGULAN O PROHÍBEN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE MEDIANTE PLATAFORMAS MÓVILES. POR REGLA GENERAL, NO DEBE FIJARSE TOMANDO EN CUENTA EL CONTRATO O LA RELACIÓN SUBYACENTE QUE RIGE ESA PRESTACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 31/2024. · Registro digital (IUS): 32985
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-02-14
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y VIGÉSIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Febrero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.191.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 31/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y VIGÉSIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: SOLEDAD TINOCO LARA. SECRETARIA ENCARGADA DEL ENGROSE: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de quince de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Vigésimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si para fijar la competencia por razón de materia para conocer del juicio de amparo indirecto en el que se reclaman normas y/o actos que regulan o prohíben la prestación del servicio de transporte a través de plataformas móviles, se debe tomar en consideración el contrato o la relación subyacente que rige dicha prestación.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio dirigido a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 239/2018, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el conflicto competencial 6/2023, y el Pleno del Décimo Quinto Circuito en la contradicción de tesis 35/2017.

4. Trámite de la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y declaratoria de incompetencia. La Ministra Presidenta de ese Alto Tribunal, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y turnó el expediente a la Segunda Sala, la que lo registró como contradicción de criterios número 174/2023 y la admitió a trámite; y en sesión de quince de noviembre de dos mil veintitrés, resolvió carecer de competencia legal para pronunciarse sobre la contradicción de criterios denunciada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Vigésimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que ordenó la remisión de la denuncia al entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México; y declaró improcedente la contradicción de criterios, respecto del Pleno del Décimo Quinto Circuito.(1)

5. Cambio de denominación. Por Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se modificó la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y se reformaron diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, se aprobó el cambio de denominación y competencia del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y su transformación como Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

6. Radicación del asunto. Por auto de treinta de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, asumió la competencia fincada por el Alto Tribunal, registró la denuncia de posible contradicción de criterios con el número 31/2024. En la misma actuación requirió a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes para que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y, turnó el expediente a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.

7. Desahogo de los Tribunales Colegiados. Mediante proveídos de seis y veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes de los Tribunales Colegiado Tercero y Vigésimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, a través de los cuales hicieron del conocimiento de este Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.

8. Informe de la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdos de presidencia de catorce y diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de la Segunda Sala y de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los cuales informaron que no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.

9. Confirmación de turno. En proveído de diez de mayo de dos mil veinticuatro, la presidencia confirmó el turno electrónico de los autos a la Ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.

II. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, puntos 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa del Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción, cuenta habida de que así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 174/2023.

III. LEGITIMACIÓN

12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 239/2018.

14. Juicio de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el diez de noviembre de dos mil diecisiete, una persona física solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes:

“(...)

III. AUTORIDADES RESPONSABLES.

El C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El C. Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.

IV. NORMAS GENERALES RECLAMADAS.

Del C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se reclama el Decreto Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 15 de septiembre de 2017, por el que se expide el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

La parte quejosa impugna en concreto el artículo 58, numeral 2 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el cual establece lo siguiente:

‘Artículo 58.- Para obtener el registro correspondiente es necesario requisitar y remitir la solicitud de registro vía internet en el portal web que para los efectos determine la Secretaría y cumplir, de manera enunciativa más no limitativa, con los siguientes requisitos:

(...)

2. Realizar el registro de todas las unidades vehiculares, mismas que deberán tener las siguientes características:

-Estar matriculadas en la Ciudad de México;

(...)’

15. Trámite de la demanda. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que en auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, lo radicó con el número de expediente 1540/2017 y previno al solicitante de amparo para que, entre otras cosas, manifestara si era su voluntad señalar como acto reclamado destacado, el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en virtud de que de la lectura de su demanda advirtió que aunque había señalado como acto reclamado el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en específico su artículo 58, de sus conceptos de violación se desprendió que se dolió de ambos numerales.

16. Dicha prevención fue desahogada por la parte solicitante de amparo mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, manifestando que sí es voluntad de la quejosa señalar como acto reclamado el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal (...) por error involuntario, la parte quejosa señaló también como norma reclamada el artículo 58, numeral 2 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

17. Derivado de lo anterior, en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo.

18. Sentencia de amparo. Seguido el trámite correspondiente, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México celebró la audiencia constitucional y en cumplimiento al Acuerdo General 54/2008 y el oficio STCCNO/401/2018, remitió el expediente al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, para el dictado de la sentencia correspondiente; la que se terminó de engrosar el treinta y uno de mayo siguiente, sobreseyendo en el juicio, por considerarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante la falta de interés jurídico de la parte quejosa.

19. Recurso de revisión. Inconforme con dicha determinación, la parte impetrante de amparo interpuso recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente 239/2018, y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió por mayoría de votos, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciocho, revocando la sentencia recurrida y ordenando la remisión de los autos del juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que lo remitiera al juzgado de esa especialidad y circuito en turno; con sustento en las consideraciones siguientes:

“(foja 6)

(...)

QUINTO. No será materia de estudio en esta ejecutoria ni las consideraciones de la sentencia constitucional ni los agravios hechos valer en su contra, porque este Tribunal Colegiado advierte que se violó una de las formalidades esenciales del procedimiento, como se expone a continuación.

(...)

(foja 7)

Es por lo anterior que el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda conocer del recurso de revisión que se haya hecho valer en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito incompetente, deberá dejarla insubsistente y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente para conocer de dicho asunto, para que sea éste quien celebre la audiencia constitucional y dicte la sentencia correspondiente; lo anterior con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ‘(Se transcribe)

(...)’

No representa obstáculo para lo hasta aquí señalado, el hecho de que la parte recurrente no haya hecho valer agravio alguno dirigido a controvertir la competencia del Juez de Distrito, puesto que tal cuestión es de orden público y se tramita de manera diferente en la materia común de las que corresponden a la materia de amparo.

(...)

(foja 14)

Sobre ese cuadro contextual, es preciso recordar que el acto reclamado en el juicio por el cual se admitió a trámite la demanda fue:

‘IV. NORMAS GENERALES RECLAMADAS.

Del C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México se reclama el Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 15 de septiembre de 2017, por el que se expide el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

La parte quejosa impugna en concreto 58, numeral 2 del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: (se transcribe).’

De lo anterior se advierte que la parte quejosa, de manera destacada, reclamó la inconstitucionalidad de dichos preceptos jurídicos, que son del tenor siguiente:

‘ARTÍCULO 58. Para obtener el registro correspondiente es necesario requisitar y remitir la solicitud de registro vía internet en el portal web que para los efectos determine la Secretaría y cumplir, de manera enunciativa mas no limitativa, con los siguientes requisitos:

...

2. Realizar el registro de todas las unidades vehiculares, misma que deberán tener las siguientes características:

Estar matriculadas en la Ciudad de México;

...’

‘ARTÍCULO 59. Queda prohibido el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer, que se genere a través de dos o más solicitudes con una misma unidad vehicular que realice el mismo viaje a diversas personas, en un mismo recorrido, trayecto o ruta.

La Secretaría podrá restringir el servicio de unidades matriculadas en otras entidades federativas a las que contraten el Servicio Privado con Chofer en la Ciudad de México, cuidando fundamentalmente conservar el equilibrio ecológico, de la oferta, demanda y el presente reglamento.

Serán acreedores a la sanción establecida en el artículo 258 de la Ley, a quienes desobedezcan lo mandatado en el presente artículo, sin menoscabo de las sanciones administrativas a que pudiera también hacérseles responsables.’

En esos numerales se prevén, de manera genérica, la prohibición del servicio privado de pasajeros, a partir de dos o más solicitudes, en una misma unidad vehicular con un mismo recorrido, trayecto o ruta.

Asimismo, es importante indicar que de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa, entre otras cuestiones, reclamó la razonabilidad de la norma, así como los derechos a un medio ambiente sano, libertad de circulación, legalidad, progresividad y facultad reglamentaria.

Así, es patente que en el presente asunto si bien se cuestiona la inconstitucionalidad de dos dispositivos legales del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), específicamente, en lo tocante al servicio privado de varios pasajeros, en un mismo trayecto o ruta y en una misma unidad vehicular.

En efecto, si bien el servicio de transporte, en principio es público y se presta a través de concesiones, en el caso se está ante un servicio privado que supone la existencia de una relación del pasajero (consumidor) con un prestador de servicios (vehículo); de ahí que no pueda calificarse como administrativa.

Es por ello que el contrato de prestación de servicios entre el conductor y el pasajero no es de naturaleza administrativa porque involucra derechos y obligaciones entre consumidores y proveedores, en tanto implica la prestación de un servicio privado de transporte por un particular; de ahí que la inconstitucionalidad en comento es de naturaleza del conocimiento de los Jueces de Distrito Civil.

Por su aplicación en lo conducente, se citan las tesis 1a. CI/2015 (10a.) y 1a. CIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas mil ciento ocho y mil ciento nueve, del libro dieciséis, marzo de dos mil quince, tomo dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dicen:

‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA VÍA IDÓNEA PARA SOLICITAR LA NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE UN CONTRATO DE ADHESIÓN ES LA ORDINARIA MERCANTIL. (Se transcribe)

(...)’

‘PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. RÉGIMEN JURÍDICO SINGULAR QUE REGULA A LA LEY FEDERAL RELATIVA. (Se transcribe)

(...)’

En tal sentido, si precisamente la afectación en el juicio de amparo se hace derivar del carácter de consumidor del servicio de transporte privado de pasajeros, es patente que la relación subyacente es del orden privado y no administrativo, porque no se advierte la existencia de una relación jurídica entre el concesionario o permisionario y el receptor del servicio público, identificado como el consumidor; es decir, se trata de una relación de derecho común –no administrativa- entre aquéllos y este último, derivada de la celebración de un contrato para dicho servicio contenido (sic).

Así, es claro que la relación de dicho servicio privado de transporte en un mismo vehículo, por varias personas y en una misma ruta o trayecto, integrada entre el proveedor y el consumidor es un acto de naturaleza comercial, pues es patente que el pasajero adquiere el servicio no del Estado, sino de una persona particular.

Expuesto de otra manera, si el caso en estudio se vincula con la resolución de diversas cuestiones que directamente se vinculan con la prestación de un servicio transporte vehicular privado, la competencia material del asunto debe fincarse a favor de un Juez de Distrito en Materia Civil.

Sirve de apoyo analógico a lo anterior, y específicamente en lo tocante a las controversias de las relaciones de comercio derivadas de la prestación del servicio de energía eléctrica la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y seis, del libro cincuenta, enero de dos mil dieciocho, tomo uno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice:

‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. (Se transcribe)

(...)’

No está por demás señalar que en el caso ni se cuestiona una violación a un derecho de petición, ni se cuestiona la naturaleza de autoridad de los actos reclamados, pues se trata de un amparo contra normas generales, prohibitivas de la prestación de dicho transporte privado de pasajeros.

(...)” [lo destacado es de origen]

B. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 6/2023. 20. Juicio de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, una persona física solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos siguientes:

“(...)

III. LA AUTORIDADES RESPONSABLES.

1. La H. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2. El C. Comandante de Aeródromo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

3. El C. Director General del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

4. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., toda vez que sus funciones como concesionario del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México están determinadas por una norma general y los actos que más adelante se señalan afectan los derechos de la parte quejosa y son equivalentes a los de autoridad.

5. El C. Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

IV. ACTOS RECLAMADOS.

De todas las autoridades responsables se reclaman los actos enlistados a continuación:

1. La orden de difusión de manera intermitente, pero continuada hasta el momento de la interposición de la presente demanda, de anuncios verbales transmitidos mediante el uso de altavoces ubicados en diversas áreas de la Terminal 1 y Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México que contienen la siguiente declaración o información en distintos idiomas:

‘Este Aeropuerto en sus dos terminales cuenta con compañías autorizadas para su transportación vía terrestre. Por lo tanto, y debido a que es zona federal, no está permitido el abordaje de taxis de aplicación’.

2. La difusión de manera intermitente, pero continuada hasta el momento de la interposición de la presente demanda, de anuncios verbales transmitidos mediante el uso de altavoces ubicados en diversas áreas de la Terminal 1 y Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México que contienen la siguiente declaración o información en distintos idiomas:

‘Este Aeropuerto en sus dos terminales cuenta con compañías autorizadas para su transportación vía terrestre. Por lo tanto, y debido a que es zona federal, no está permitido el abordaje de taxis de aplicación’.

3. Toda vez que las autoridades responsables tienen a su cargo el orden y legalidad de la totalidad de la operación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se reclama la omisión de ordenar la suspensión definitiva o el retiro de la difusión de anuncios verbales transmitidos de manera intermitente, pero continuada hasta el momento de la interposición de la presente demanda, mediante el uso de altavoces ubicados en diversas áreas de la Terminal 1 y Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que contienen la siguiente declaración o información en distintos idiomas:

‘Este Aeropuerto en sus dos terminales cuenta con compañías autorizadas para su transportación vía terrestre. Por lo tanto, y debido a que es zona federal, no está permitido el abordaje de taxis de aplicación’.

4. Toda vez que las autoridades responsables tienen a su cargo el orden y legalidad de la totalidad de la operación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se reclama todas las acciones u omisiones de las que sean responsables y que sean tendientes a obstaculizar, obstruir, disuadir, dificultar, impedir o permitir que se obstaculice, obstruya, disuada o dificulte, bloquee o inhabilite: i) que los particulares contraten servicios de transporte privado mediante plataformas electrónicas; ii) mediante el empleo, uso o recepción de servicios públicos de telecomunicaciones y comunicación vía telefonía celular, para dicho propósito.”

(Lo subrayado es de origen)

21. Trámite de la demanda de amparo y declinación de competencia. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, lo radicó con el número de expediente 1993/2022 y se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de materia, al considerar que los actos reclamados debían ser analizados por un Juzgado de Distrito en Materia Civil, por lo que remitió la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, de conformidad con los razonamientos siguientes:

“(...)

Lo anterior es así, debido a que el gobernado al ser un prestador de servicios privado, no se encuentra en una relación de supra a subordinación con las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que dicha situación se puede interpretar como una relación contractual, misma que tiene naturaleza del orden civil.

Atento a lo anterior, si bien el servicio de transporte, en principio es público y se presta a través de concesiones, en el caso se está ante un servicio privado que supone la existencia de una relación del pasajero (consumidor) con un prestador de servicios (conductor del vehículo); de ahí que no pueda calificarse como actuaciones de índole administrativa; ni aun considerando los avisos reclamados, dado que precisamente se emiten en función de la prestación de servicio de traslado.

Es por ello que el contrato de prestación de servicios entre el conductor y el pasajero no es de naturaleza administrativa porque involucra derechos y obligaciones únicamente entre consumidores y proveedores, y, por ende, los actos reclamados que inciden en esa relación comercial comparten la misma característica porque se refieren a la prestación de un servicio privado de transporte por un particular; de ahí que la inconstitucionalidad en comento debe ser del conocimiento de los Jueces de Distrito en Materia Civil.

En tal sentido, si precisamente la afectación en el juicio de amparo se hace derivar del carácter de prestador del servicio de transporte privado de pasajeros que sufre por la prohibición de ejercer esa actividad en el aeropuerto, es patente que la relación subyacente es del orden privado y no administrativo, porque no se advierte la existencia de una relación jurídica entre el prestador y el receptor del servicio público, identificado como el consumidor; es decir, se trata de una relación de derecho común –no administrativa- entre aquéllos y este último, derivada de la celebración de un contrato para dicho servicio contenido que es precisamente el objeto de los actos reclamados, en cuanto prohíbe su ejercicio.

(...)”.

22. Rechazo de competencia declinada. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el que en auto de tres de enero de dos mil veintitrés, lo registró con el número de expediente 2/2023 y en el diverso proveído del día dieciséis siguiente (una vez recibidos los autos del juicio), determinó no aceptar la competencia declinada, al estimar que si la parte quejosa reclamó la orden de difusión de anuncios verbales en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, era patente que ese reclamo era de competencia administrativa, en términos del artículo 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que ordenó la devolución de los autos al juzgado declinante; conforme a lo siguiente:

“(...)

Por tanto, si en el caso concreto la parte quejosa reclama la orden de difusión de anuncios verbales en la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en el sentido, de que debido a que es una zona federal no está permitido el abordaje de taxis de aplicación, emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y diversas autoridades aeroportuarias, resulta patente que dicho reclamo se ubica, en primera instancia, en el terreno de la competencia material prevista en el artículo 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que como tal, en el juicio de amparo intentado deberá decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa.

(...)”.

23. Conflicto Competencial. En proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, insistió en declinar su competencia, por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que se avocara al conocimiento y resolución del conflicto competencial.

24. Admisión y trámite del conflicto competencial. Correspondió conocer del asunto al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente 6/2023; y lo resolvió en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, declarando que sí existía conflicto competencial y que la competencia legal se surtía en favor del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con sustento en las consideraciones siguientes:

“(foja 10)

(...)

TERCERO. Estudio. (...)

(...)

En el presente asunto, la controversia se configura en cuanto a la materia de los actos reclamados y a fin de dar respuesta a la controversia planteada es necesario tener en cuenta el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009(2) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente.

COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. (Se transcribe)

(...)

De esa jurisprudencia se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para resolver los conflictos competenciales que se susciten por razón de materia, debe tomarse como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, no así los conceptos de viola

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32985-139cbcab/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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