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Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE SEGURO DE VEHÍCULO. LA AGRAVACIÓN AL RIESGO CONTRATADO SE ACTUALIZA, POR REGLA GENERAL, CUANDO EL ASEGURADO OMITE MANIFESTAR QUE SE UTILIZA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES Y EL SINIESTRO ACONTECE AL PRESTARSE EL SERVICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2020. · Registro digital (IUS): 29913
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-07-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, Pág. 1858.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ Y J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI. PONENTE: MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO. SECRETARIA: REYNA MARÍA TREJO TÉLLEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS, los autos para dictar sentencia en la contradicción de tesis 11/2020.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante escrito fechado el cinco de octubre de dos mil veinte, dirigido a este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito,(1) el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por ese tribunal, al resolver el juicio de amparo directo 1002/2019, en contra del sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 347/2018.(2)

SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, la Magistrada presidenta del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y la registró con el número 11/2020. Asimismo, solicitó a la presidencia del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito la remisión de la ejecutoria digitalizada de su índice y manifestara sobre la vigencia o abandono del criterio adoptado.

De igual forma, en el acuerdo de admisión se ordenó la remisión de la versión electrónica del referido proveído a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se informara sobre la existencia de alguna contradicción de tesis sobre el tema; mediante oficio DGCCST/X/225/10/2020, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis informó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra radicada alguna contradicción de tesis relacionada con el tema que aquí se analiza.

Por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte se tuvo por integrada la contradicción de tesis y se turnó al Magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para la formulación del proyecto de resolución, para lo cual fue concedida la prórroga solicitada.

Mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, la Magistrada presidenta del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito acordó el returno del presente asunto al Magistrado J. Jesús Pérez Grimaldi, quien como representante del órgano jurisdiccional al que se asignó el asunto, integraría este Pleno de Circuito a partir del uno del enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

Posteriormente, con motivo de la readscripción del Magistrado J. Jesús Pérez Grimaldi, en proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno se acordó el returno del asunto a la Magistrada Martha Gabriela Sánchez Alonso (designada por el periodo en comento), para la formulación del proyecto de resolución, para lo cual fue concedida la prórroga solicitada.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse realizado por el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que resolvió el amparo directo civil DC. 1002/2019, materia del presente medio de unificación de criterios.

TERCERO.—Posturas contendientes. La discrepancia de los pronunciamientos que de manera preliminar consideró la presidenta del Pleno de Circuito estriba en determinar si la prestación de servicios de transporte mediante el uso de plataformas tecnológicas es de carácter público o privado y como agravación al riesgo en el reclamo del pago del siniestro que ampara una póliza de seguro, lo anterior con independencia del contexto particular o circunstancial en las ejecutorias contendientes, al carecer de relevancia los demás aspectos ahí analizados.

1. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo civil DC. 1002/2019(4) que informa lo siguiente:

1.1. Acto reclamado: La sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecinueve pronunciada por el Juez Décimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México en el juicio oral mercantil 93/2019, promovido por ********** en contra de **********, en la que se declaró procedente la acción de pago de la cantidad reclamada, menos el deducible respectivo establecido en la póliza de seguro base de la acción, con motivo del siniestro ocurrido al vehículo asegurado, así como el pago de la cantidad resultante por concepto de indemnización por mora.

1.2. Ejecutoria de amparo: En el juicio de amparo directo civil DC. 1002/2019, promovido por **********, se concedió la protección constitucional solicitada y negó la protección constitucional en el amparo adhesivo.

Las consideraciones esenciales que forman parte de la presente contradicción de tesis (concesión del amparo), son las siguientes:

La cobertura de la póliza de seguro, base de la acción, amparaba el robo total del vehículo descrito en la carátula de dicho documento, en la que se indicó que éste se regía por las condiciones generales del seguro que el cliente recibió, las cuales podían consultar en la liga de Internet de la compañía aseguradora y, además, que en el apartado de "uso" de la unidad asegurada, el contratante declaró que se destinaría para "uso" "normal", "servicio particular".

También consideró que acorde a la definición de los conceptos de "uso del vehículo"(5) y "uso normal o personal"(6) señaladas en las condiciones generales, se demostró que el seguro automotriz contratado con cobertura total se destinó a un vehículo de uso particular y, por tanto, que al demostrarse plenamente que dicho automotor estaba registrado en la plataforma tecnológica Uber, destinada al transporte de pasajeros, dicha especulación mercantil excluía el pago del siniestro conforme a lo establecido en la cláusula 3a., punto 6, denominada "riesgos no amparados por el contrato",(7) del mencionado documento.

La consideración precedente se sustentó en:

a) El artículo 9, fracción LXXXIII, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,(8) así como en la consulta en el portal de Internet de la plataforma tecnológica Uber, estimándose que, atento al esquema de negocios de ésta, los conductores asociados obtienen ganancias económicas que denotan una especulación eminentemente mercantil y, por tanto, que ese ánimo de lucro no podía subsumirse en la categoría de uso particular de automóviles definida en la referida ley de movilidad.

b) El artículo 9, fracción LXXXIV, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,(9) que define al servicio de transporte "privado", en cuyo supuesto se requería que la transportación no se ofreciera al público en general y, en el caso, sí lo es, ya que para acceder a la mencionada aplicación tecnológica, sólo era menester que los usuarios se inscriban y proporcionen determinados datos (nombre, apellidos, número telefónico, cuenta de correo electrónico y contraseña), lo cual denotaba que se trata de un servicio al alcance de cualquier persona, sin distinción de raza, género, origen étnico, estrato social, poder adquisitivo, domicilio, solvencia económica, o algún otro factor distinto a los campos de captura de la pantalla respectiva.

En función de lo expuesto, el Tribunal Colegiado concluyó que la variación del uso particular del vehículo señalada en la póliza de seguro, por el uso de transporte mediante la plataforma tecnológica Uber [empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte, a través de un software de aplicación móvil (app), que conecta a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su plantilla, los cuales ofrecen un servicio de transporte al público, con el ánimo de obtener un lucro], provocó la agravación esencial del riesgo y, por tanto, la pérdida del derecho a la indemnización que cubría la referida póliza, con fundamento en los artículos 52 y 53, fracción I, de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

2. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo directo DC. 347/2018,(10) relacionado con el DC. 348/2018, que informa lo siguiente:

2.1. Actos reclamados: La sentencia de seis de abril de dos mil dieciocho pronunciada por el Juez Décimo Primero de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México(11) en el juicio oral mercantil 159/2017, promovido por ********** en contra de **********, en la que el actor probó la acción ejercida y, entre otros aspectos, se condenó a la mencionada aseguradora al pago de la suerte principal reclamada, derivada de la póliza de seguro de automóviles contratada, así como a la indemnización por mora respectiva.

2.2. Ejecutoria de amparo: En el juicio de amparo directo civil DC. 347/2018, relacionado con el DC. 348/2018, promovido por **********, se negó la protección constitucional solicitada.

Las consideraciones esenciales de la ejecutoria que están relacionadas con la presente contradicción de tesis, son las siguientes:

El Tribunal Colegiado calificó de inoperantes los argumentos relacionados con el uso comercial del vehículo asegurado, quien prestaba el servicio en la empresa Cabify, porque la compañía quejosa no controvirtió la consideración del Juez responsable relativa a que ésta no demostró que las condiciones generales del seguro que exhibió en el juicio fueron entregadas al asegurado.

Además, consideró que aun cuando de la póliza de seguro se desprendía que el automóvil asegurado era de uso particular y éste se destinó al servicio de transporte particular de pasajeros denominado Cabify, lo cierto era que de la literalidad del mencionado documento no se advertía exclusión expresa al respecto y, además, agregó que el antónimo de servicio particular, era servicio público y, por tanto, su uso no atendía a una cuestión comercial.

Aunado a que de las páginas electrónicas de las empresas Uber y Cabify, se advertía que éstas se dedicaban al servicio de transporte privado, a través de la conexión de Internet, para lo cual precisó el procedimiento para que el usuario accediera a la aplicación, consistente en el registro desde la página de Internet y el ingreso de datos personales, tales como: nombre, correo electrónico, domicilio, número de celular y la tarjeta de débito o crédito en la que se aplicaría el cargo respectivo; así como la mecánica en el empleo de la aplicación.(12)

También estimó una diferencia conceptual entre riesgo y siniestro, al sostener que conforme al artículo 55 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la aseguradora no podía liberarse de sus obligaciones, cuando el incumplimiento no tuviera influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones.

Que de una interpretación sistemática de los artículos 52, 55, 58, fracción I, 61 y 78 de la ley especial en cita, se advierte que la agravación del riesgo se refiere "... a un hecho de tal magnitud que la empresa aseguradora habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una agravación análoga, puesto que en esa hipótesis, tal hecho o hechos pudieron impedir o atenuar el riesgo, o bien, impedir su agravación ..."; caso en el cual, sostiene, cesa la obligación de la aseguradora frente a la omisión de avisar la esencial agravación del riesgo, o de la culpa en que incurre el asegurado, las cuales influyen en el siniestro.

Las consideraciones de la ejecutoria de amparo en comento, dieron lugar al criterio sustentado en la tesis aislada número I.12o.C.152 C (10a.),(13) de título, subtítulo y texto:

"PÓLIZA DE SEGURO. LA ASEGURADORA NO PUEDE LIBERARSE DE SU OBLIGACIÓN RESARCITORIA POR EL ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO, SI ARGUMENTA QUE EL ASEGURADO CONTRAVINO AQUÉLLA, AL NO ADVERTIRSE LA EXCLUSIÓN EXPRESA DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO O PARTICULAR (UBER Y/O CABIFY MÉXICO), PUES ESE HECHO NO SE RELACIONA CON UNA AGRAVACIÓN Y CONSECUENTE RESTRICCIÓN DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA. La prestación de los servicios de transporte de las empresas denominadas ‘Uber’ y/o ‘Cabify México’, es de carácter privado o particular, dado que las páginas de Internet o aplicaciones de éstas, así como la forma en que operan son conocidas por cierto sector de la sociedad, aunado a que de esas ligas electrónicas se advierte que se dedican al servicio de transporte privado mediante una conexión de Internet y, para su uso, el cliente o usuario debe, primero, registrarse desde la página de Internet o en la aplicación descargada en el dispositivo electrónico; y, segundo, ingresar datos generales, como son: nombre, correo electrónico, domicilio, número telefónico (celular), así como la tarjeta de débito o crédito, a la cual se le aplicarán los cargos por el servicio, en tanto que en la práctica común de este tipo de servicio de transporte privado el usuario debe señalar el punto de ubicación donde se encuentra y elegir el destino, mientras que el operador del vehículo de transporte privado recoge al cliente en el lugar indicado y lo lleva a su destino, punto y tiempo en los que se envía, al correo electrónico del usuario, un documento denominado ‘recibo’ donde se detallan, la ruta y el tiempo realizado, el nombre del conductor o chofer y la tarifa cobrada, así como los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de cargo. Luego, resulta incorrecto que un asegurado contravenga la póliza de seguro y que, por ende, no pueda ser indemnizado por la actualización del siniestro ocurrido (robo total del vehículo), cuando de la póliza de seguro no se advierte la exclusión expresa de un servicio de transporte privado o particular, pues ese hecho no se relaciona con una agravación y consecuente exclusión o restricción de la obligación indemnizatoria; de ahí que acorde con el artículo 55 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, la aseguradora no podrá liberarse de sus obligaciones cuando el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la extensión de sus prestaciones, es decir, que no exista una agravación esencial del riesgo, conforme al artículo 52 de la misma ley. Por tanto, si el legislador quiso que se demostraran indubitablemente las causas de liberación de la obligación resarcitoria y lo que se adecua a una agravación esencial es el uso del vehículo para servicio público, por así haberse pactado en la póliza de seguro, en tanto que el uso de transporte de ‘Uber’ y/o ‘Cabify México’, es particular o privado, este último no actualiza una agravación esencial como causa de exclusión de la obligación resarcitoria, de manera que la defensa o excepción opuesta en esos términos debe desestimarse."

CUARTO.—Presupuestos para determinar la existencia o inexistencia de la contradicción.

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales exigen la necesidad de unificar criterios, para lo cual es indispensable determinar la posible discrepancia en el proceso de interpretación, no así en el resultado adoptado por los tribunales contendientes,(14) conforme a los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina para resolver las posturas discrepantes.

Requisitos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 165077, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(15)

Además, no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(16)

De las ejecutorias de amparo señaladas en el considerando que antecede, se advierte que:

I. Los Tribunales Colegiados contendientes realizaron un análisis interpretativo de la naturaleza del servicio de transporte que prestaron los vehículos asegurados, con el objeto de llegar a una solución en el pago del siniestro señalado en la póliza de seguro, dependiendo de la agravación o no del riesgo para su procedencia, tal y como se advierte de las posturas adoptadas en las ejecutorias de amparo, materia de la presente contradicción.

II. Los Tribunales Colegiados adoptaron criterios jurídicos discrepantes, porque en el análisis interpretativo que efectuaron, uno arribó a la conclusión de que el servicio de transporte que se presta mediante el uso de plataformas digitales es de carácter público; mientras que el otro, consideró que es privado.

Esto, porque el Séptimo Tribunal Colegiado consideró que el registro de un vehículo asegurado en una plataforma tecnológica para el transporte de pasajeros, conlleva una especulación mercantil, que varió el uso particular para el cual se contrató el seguro automotriz y, por tanto, se actualizó la causa de exclusión de responsabilidad prevista en las condiciones generales del seguro; en cambio, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado contradice esa postura, al diferenciar los conceptos de especulación mercantil y servicio público, con el objeto de establecer que la prestación del transporte de las empresas denominadas Uber y Cabify México, es de carácter privado.

Así, de la confrontación de las consideraciones en comento, se concluye que sí existe contradicción de criterios, pues los Tribunales Colegiados contendientes abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica, esto es, las características inherentes al servicio de transporte mediante el uso de plataformas digitales, para arribar a decisiones discrepantes, pues a partir de la distinción pública y privada del servicio decidieron la demostración o no de la agravación del riesgo, como causa de exclusión del pago de la póliza de seguro, que constituye el tema a tratar en este asunto.

De lo que se colige que, para resolver la presente contradicción de tesis, lo procedente es responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la prestación del servicio de transporte mediante el uso de plataformas digitales? y ¿Es procedente el pago de la póliza de seguro por siniestro, cuando el asegurado declara que el vehículo asegurado es para uso particular o privado, y se utiliza para el servicio de transporte de vehículos inscritos en una plataforma digital o tecnológica?

QUINTO.—Estudio. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta resolución.

A fin de dar respuesta a las preguntas señaladas en párrafos precedentes, se estima conveniente examinar, en primer orden, la naturaleza de la prestación del servicio de transporte, mediante el uso de plataformas digitales, con la finalidad de determinar si dicho servicio influye o no en la agravación del riesgo contratado, conforme a los temas que se indican.

Concepto y características del servicio público.

La noción de servicio público tiene su origen en la actividad que desempeña el Estado, cuyo objeto es la satisfacción de necesidades de interés general.(17)

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México define al servicio público como la: "Institución jurídico-administrativa en la que el titular es el Estado y cuya única finalidad consiste en satisfacer de manera regular, continua y uniforme necesidades públicas de carácter esencial, básico o fundamental."(18)

Para Garrido Falla,(19) es: "toda actividad prestacional (técnica, material o económica, nunca formal) que, por razones de interés general y sin ánimo de estimular la adopción de un determinado comportamiento o la ejecución de una concreta tarea por los particulares, una administración pública, en el ejercicio de sus competencias, tras haber asumido como propia la titularidad de dicha actividad prestacional, desarrolla, directa o indirectamente, en beneficio de dichos particulares, bajo un régimen jurídico privativo, presidido por los principios de continuidad/regularidad, adaptación e igualdad."

Andrés Serra Rojas señala que: "Desde el punto de vista legal, la creación de un servicio público es la obra del legislador, que en una ley general de servicios públicos, o en una ley que organiza un servicio público especializado, determina la posibilidad de atención de dicho servicio. La creación de un servicio público se verifica por la ley"(20)

Este contexto doctrinario permite colegir que el servicio público se conforma por tres elementos esenciales, a saber:

a. Al sujeto que lo preside, pues el Estado es el encargado de su dirección y organización.

b. A su objeto, ya que su finalidad es la satisfacción del interés general.

c. El régimen de derecho público y especial, integrado por leyes y reglamentos que permiten la adecuada protección del interés general.

En cuanto a las características jurídicas del servicio público, Jorge Fernández Ruiz(21) señala que son las siguientes:

1. Generalidad o universalidad, porque el servicio público está dirigido a todo individuo, previa satisfacción de los requisitos previstos en la ley.

2. Igualdad, que estriba en un trato igual o uniforme a los usuarios.

3. Regularidad, entendida como la regulación del servicio en una normatividad jurídica específica.

4. Continuidad, atinente a la permanencia en la prestación del servicio.

5. Obligatoriedad, derivada del deber del Estado para asegurar la prestación del servicio.

6. Adaptabilidad, referida a la posibilidad de modificar aspectos operativos, financiero, tecnológicos y de mantenimiento en la prestación del servicio, con el objeto de corregir sus deficiencias y otorgar seguridad al usuario.

7. Permanencia, consistente en la obligación de mantener la prestación del servicio, mientras subsista la necesidad de satisfacer las necesidades generales de la población.

En cuanto a la clasificación del servicio público, al caso interesa la señalada por Andrés Serra Rojas, que identifica como propios e impropios.

El servicio público propio es aquel que directamente presta la administración pública; mientras que los impropios, si bien tienen por objeto satisfacer una necesidad general y están regulados por leyes y reglamentos, lo cierto es que corresponden a una actividad privada.

A grandes rasgos los elementos señalados en el presente apartado tienen por objeto establecer que el servicio público atiende a la actividad del Estado conferida en la ley, cuyo fin exclusivo y primordial es satisfacer las necesidades sociales de interés general, a través de su prestación directa o indirecta, cuya naturaleza jurídica excluye la sujeción a un régimen privado.

Normativa que regula la prestación del servicio de transporte.

Los artículos 73, fracción XXIX-C, 115, fracción VI y 122, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(22) establecen que el Congreso de la Unión es el órgano del Estado facultado para expedir leyes federales en materia de movilidad, seguridad vial y transporte. Además, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, los mecanismos para el desarrollo y ejecución de los servicios en esas materias.

Por su parte, los artículos 13, apartado E, 16, apartado H y punto 3, 19, punto 2 y 29, apartado D, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de México,(23) establecen el derecho a la movilidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte que sea acorde a las necesidades de la sociedad y a los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene, cuya expedición corresponde al Congreso de la Ciudad de México, en coordinación con la Federación, los Estados y los Municipios.

En el caso, la normativa en materia de transporte está prevista en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,(24) en cuyos artículos 1o., 2o., fracción I, y 5o.,(25) como en los numerales 47 y 57 a 59 del Reglamento de la Ley de Movilidad,(26) se prevé que la planificación, regulación, gestión y orden de la movilidad de las personas en esta entidad es de orden público y de observancia general, las cuales tienen por objeto garantizar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas, a fin de satisfacer sus necesidades y el desarrollo de la sociedad.

Además, la regulación específica del servicio de transporte a través de vehículos inscritos en una plataforma tecnológica, guarda relación con lo establecido en los artículos 55, fracción I y 56 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,(27) al incluirlo como un transporte especializado.

De lo anterior se advierte que, normativamente, el servicio de transporte es público, en atención a que constituye una actividad administrativa del Estado, de interés general, la cual está regulada tanto a nivel federal, como local y cuyo fin es la satisfacción de una necesidad social de movilidad (laboral, de educación, salud, recreación, etcétera), entendida como el desplazamiento de personas y bienes a través de los diversos medios de transporte, así como de todos aquellos que directa o indirectamente se relacionan con la misma.

Estas características distintivas del servicio público, se corroboran con la definición de "servicio de transporte público", prevista en el artículo 9, fracción LXXXVII, de la Ley de Movilidad en cita, al establecer que: "Es la actividad a través de la cual, la administración pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, por si, a través de entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que establece la ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios."

Así como con los elementos que conforman un servicio público, por lo siguiente:

a. En cuanto al sujeto que lo preside, debe decirse que el desarrollo, implementación y vigilancia del servicio de transporte, a nivel local, está a cargo de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con atribuciones propias y a través de la Secretaría de Movilidad, encargada de su dirección y organización, conforme a lo establecido en los artículos 9, fracción LXXII, 10, fracción I, 11, fracciones IV, V y VII, 12, fracciones II, III, IV, VI, VII, XII y XVI, de la Ley de Movilidad, entre otros.

b. Respecto de su objeto, porque en el ámbito de sus atribuciones, tanto la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de Movilidad, entre otros aspectos, están encargadas de intervenir en la eficiencia, desarrollo, planeación, determinación de tarifas y reglamentación del servicio público de transporte, así como de establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y desarrollo de éste, para satisfacer las necesidades de la sociedad.

c. En cuanto al régimen de derecho público y especial, porque la normativa constitucional local y reglamentaria del servicio de transporte permiten la adecuada protección del interés general.

Todo lo anterior en cumplimiento a las características de continuidad, uniformidad, regularidad, y permanencia que revisten al servicio público.

Luego, los mencionados parámetros denotan que la naturaleza jurídica del servicio de transporte es de carácter público.

Concepto y características de una plataforma digital y su uso en la prestación del servicio de transporte, así como la precisión de su naturaleza jurídica.

Una plataforma tecnológica se considera "una herramienta de carácter digital que tiene dos características principales:

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29913-69037096/contrato-de-seguro-de-vehiculo-la-agravacion-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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