SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL ARTÍCULO 59, NUMERAL 3, INCISOS A) Y B), DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 24 DE ABRIL DE 2019, QUE PROHÍBE EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO PRESTADO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS EN EFECTIVO O EN LAS DIVERSAS MODALIDADES AHÍ ESTABLECIDAS, EN ATENCIÓN A LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y A QUE NO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO NI SE SIGUE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SEXTO, OCTAVO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO CUARTO, VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE JUNIO DE 2022. MAYORÍA DE VEINTIÚN VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO ITURBE RIVAS, JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. AUSENTE: FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL. DISIDENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO, QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR. PONENTE: GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIA: LANDY GISELLE BRITO BERNAL.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día catorce de junio de dos mil veintidós.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis.
Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, ********** formuló denuncia de contradicción de criterios, ostentándose como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de los quejosos:
1. ********** recurrente en el RI. 324/2019 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
2. ********** recurrente en el RI. 522/2019 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
3. ********** recurrente en el RA. 3/2020 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
4. ********** recurrente en el RI. 327/2019 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
5. ********** recurrente y quejoso en el RI. 328/2019 del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
6. ********** recurrente en el RI. 510/2019 del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
7. ********** recurrente en el RI. 344/2019 del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
8. ********** recurrente en el RI. 373/2019 del índice del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
9. ********** recurrente en el RI. 33/2019 (sic) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,
10. ********** recurrente en el RI. 314/2019 del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
En proveído de once de agosto de dos mil veinte se registró la contradicción de tesis con el número PC01.I.A.23/2020.C y, debido a que la denunciante no acompañó documento alguno que acreditara el carácter que adujo, se solicitó a la presidencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales señalados por la denunciante informaran el carácter con el que se ostentó en los asuntos citados.
SEGUNDO.—Admisión.
El cinco de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, teniendo en cuenta el contenido del oficio remitido por el Magistrado presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en que informó que se tuvo como parte al denunciante de la contradicción.
Asimismo, se solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes la remisión de los archivos digitales de las ejecutorias que pronunciaron en los recursos de revisión mencionados en el resultando primero; y que informaran si subsisten los criterios materia de contradicción.
TERCERO.—Suspensión de actividades.
Con motivo de la suspensión de actividades debido al fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, durante los periodos comprendidos del trece de marzo al tres de agosto de dos mil veinte y del cuatro de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, no hubo actividad alguna por parte del Pleno de Circuito ni corrieron plazos legales.
CUARTO.—Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante oficio de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal contradicción de tesis alguna en que el tema a dilucidar guarde relación con "Determinar si procede la concesión de la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias del artículo 59.3, incisos A) y B), del Reglamento de la Ley de Movilidad (sic) reformado mediante Decreto oficialmente publicado el 24 de abril de 2019."
QUINTO.—Informes rendidos.
1) Mediante oficio 96/2020 suscrito el veintisiete de noviembre de dos mil veinte por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dicho órgano jurisdiccional informó que únicamente el recurso de revisión RI. 522/2019 tiene relación con el tema de contradicción denunciado, por lo que remitió la ejecutoria relativa a dicho recurso, excluyendo la diversa emitida en el recurso de revisión RI. 324/2019, que también le fue solicitada. Asimismo, informó que el criterio adoptado por el tribunal continúa vigente.
2) Mediante oficio 2527/2022 suscrito el veintidós de febrero de dos mil veintidós por el Magistrado presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se informó que el criterio sostenido en el amparo en revisión RI. 3/2020 no ha sido superado.
3) Mediante oficio de cuatro de diciembre de dos mil veinte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que no se ha modificado el criterio contenido en el amparo en revisión RI. 314/2019.
4) Mediante oficio de diez de enero de dos mil veintidós, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que no se ha modificado el criterio contenido en el amparo en revisión RI. 327/2019.
5) Mediante oficio de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que continúa vigente el criterio contenido en el amparo en revisión RI. 328/2019.
6) Mediante oficio de dos de diciembre de dos mil veinte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que continúa vigente el criterio contenido en el amparo en revisión RI. 33/2019.
7) Mediante oficio de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que continúa vigente el criterio contenido en el amparo en revisión RI. 510/2019.
8) Mediante oficio de siete de enero de dos mil veintidós, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que continúa vigente el criterio contenido en el amparo en revisión RI. 344/2019.
9) Mediante oficio de siete de enero de dos mil veintidós, el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que continúa vigente el criterio contenido en el amparo en revisión RI. 373/2019.
SEXTO.—Turno.
Una vez que quedó debidamente integrado el expediente, por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se turnó el asunto a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, integrante del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución respectivo; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, con sus modificaciones, y con la circular SECNO/17/2021, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal (que determina, en lo que interesa, que los Plenos de Circuito continuarán ejerciendo sus atribuciones hasta tanto entren en funciones los Plenos Regionales), al haberse planteado una probable contradicción entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en materia administrativa de este Circuito Judicial.
SEGUNDO.—Legitimación.
**********, denunciante de la contradicción de tesis se encuentra legitimada, atento a las consideraciones que a continuación se esbozan.
En principio, se tiene presente que mediante oficio de ocho de septiembre de dos mil veinte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que **********, tenía reconocido el carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa, recurrente en el amparo en revisión RI. 328/2019 de su índice.
En ese tenor, se tiene presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
Ley de Amparo
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
Conforme a los numerales reproducidos, las partes en el juicio en los asuntos que motivaron los criterios discrepantes, se encuentran legitimados para denunciar la contradicción de criterios.
Ahora, en cuanto a la legitimación para denunciar la contradicción de criterios, del autorizado de las partes, debe señalarse que el artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que es el que la regula, no establece expresamente a su favor, la facultad de realizar esa denuncia, empero, sí dispone que puede realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, de ahí que se afirme que cuenta con legitimación para tal efecto, ya que las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis contrarias fueron sustentadas, tienen derecho de formular la denuncia respectiva a fin de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.
Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
No obstante que en la jurisprudencia que antecede, se analizó el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, resulta aplicable, dado que no se opone a lo dispuesto en la ley de la materia vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en específico a su numeral 12, segundo párrafo, pues es de contenido similar; en términos de lo dispuesto en su precepto sexto transitorio.
TERCERO.—Tema de contradicción.
El objeto de estudio en la presente contradicción se ciñe a determinar la existencia de la oposición de criterios, entre los contenidos en los amparos en revisión RA. 522/2019, RA. 3/2020, RA. 314/2019, RA. 327/2019, RA. 328/2019, RA. 33/2019, RA. 510/2019, RA. 344/2019 y RA. 373/2019, resueltos por los Tribunales Colegiados Cuarto, Sexto, Octavo, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Vigésimo y Vigésimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente.
En concreto, se plantea que resultan contradictorias las resoluciones de dichos asuntos en lo que respecta a dirimir si procede la concesión de la suspensión definitiva respecto de los efectos y consecuencias del artículo 59.3, incisos A) y B), del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México reformado mediante Decreto oficialmente publicado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.
CUARTO.—Criterios contendientes.
Para determinar si se actualiza la contradicción de criterios, es útil informar, en primer lugar, respecto de las consideraciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 72/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, cuyos rubro y texto son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis basta que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, a condición de que tales variaciones o diferencias no incidan o sean determinantes para el problema jurídico a resolver.
En ese orden de ideas, para definir si existe la contradicción entre los criterios objeto de la denuncia, se estima oportuno dar noticia de las consideraciones adoptadas por los órganos colegiados contendientes:
1. Sentencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de revisión RA. 522/2019: "Análisis de los agravios.
"16. De conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria –Ley de Amparo–, por lo que el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita.
"17. Además, el artículo 138 de la Ley de Amparo dispone que al resolver sobre la suspensión, el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no contravención a las disposiciones de orden público ni la afectación del interés social que puedan ocasionarse con motivo de la suspensión del acto reclamado, con lo que replica el contenido del precepto constitucional citado.
"18. De esta forma, el análisis de la apariencia del buen derecho y la no contravención a las disposiciones de orden público ni la afectación del interés social debe ser ponderado, lo que genera que debe ser afín al no poderse considerar de forma aislada o desvinculada esos elementos.
"19. Así que, el órgano jurisdiccional está obligado a realizar la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que de acuerdo con un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se pudiera declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza de derecho, al ser materia de la sentencia que contenga el estudio de fondo de la controversia.
"20. En ese contexto, contrario a lo resuelto por el Juez del conocimiento, la naturaleza de los actos reclamados no es razón suficiente para resolver si se concede o no la medida cautelar, pues en términos del párrafo segundo del artículo 147, se admite la posibilidad de restablecimiento del derecho vulnerado como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, y lo determinante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social.
"21. En este caso, el quejoso recurrente señaló como actos reclamados el artículo 59.3, incisos a) y b), del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y los efectos y consecuencia de la normativa impugnada, el cual señala lo siguiente:
"Se transcribe disposición.
"22. El quejoso pidió la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que ‘se le permita el pago en efectivo por los servicios de transporte privado y exclusivo contratado mediante plataformas tecnológicas’.
"23. Por otra parte, el quejoso refirió, con la finalidad de acreditar la apariencia del buen derecho, la acción de inconstitucionalidad 13/2017 resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho.
"24. En este orden de ideas, se tiene presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al examinar el contenido de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido que las sentencias pronunciadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por lo menos por ocho votos, son de observancia obligatoria.
"...
"29. En este orden de ideas, se traen a cuenta, en la parte que a este análisis interesa, las consideraciones sustentadas en la acción de inconstitucionalidad 13/2017:
"...
"30. De lo anterior se puede advertir que el Pleno del Alto Tribunal establece que la regulación estatal no puede limitar el uso de la moneda o billetes de curso legal para la liquidación de las obligaciones de pago generadas por la prestación del servicio de transporte, ya que la determinación de las condiciones de pago de obligaciones es de competencia federal; y que la restricción vulnera la libre concurrencia y competencia al establecer barreras de entrada a las empresas al exigir una forma específica de recepción de pago.
"31. Conforme a la lectura de la ejecutoria referida, para efectos de la suspensión, se observa que probabilísticamente el quejoso pudiera obtener una decisión favorable en relación con la porción normativa que controvierte en cuanto a su regularidad constitucional, de ahí que, sopesando esa circunstancia, en concordancia con el orden público y el interés social, si bien el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México tiene, entre otros fines, reglamentar el servicio de transporte privado y lograr un servicio de calidad, eficiente y seguro, lo cierto es que la probable vulneración de derechos que acusa el quejoso efectivamente pudiera verificarse y, de otorgarse la medida solicitada, no se ocasionaría vulneración relevante al orden público ni al interés social, ya que dicha medida operaría exclusivamente en relación con la esfera jurídica de ese accionante.
"32. Máxime que, como se dijo, la naturaleza de los actos reclamados, contrariamente a lo resuelto por el Juez Federal, no es razón suficiente para negar la medida cautelar, en el entendido que actualmente la regulación del juicio de amparo, permite la posibilidad de restablecer en el derecho vulnerado con motivo de la suspensión, cuando sea jurídica y materialmente factible dicho restablecimiento.
"33. Esto es, si bien la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social.
"34. Por tanto, la medida cautelar no solamente puede actuar para paralizar un estado de cosas e impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada).
"...
"36. En términos de lo antes expuesto, se arriba a la conclusión de que los conceptos de agravio que se analizan son esencialmente fundados, lo que conduce a revocar la interlocutoria recurrida.
"37. En suma, si el artículo 59.3, incisos a) y b), del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece la prohibición para que los titulares de las unidades registradas y sus choferes reciban pagos en efectivo o en las diversas modalidades establecidas en la norma y, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 13/2017 estableció que la regulación local no puede limitar el uso de la moneda o billete de curso legal para la liquidación de obligaciones de pago generadas por la prestación del servicio de transporte, pues la determinación de dichas condiciones para el pago de obligaciones es competencia federal, además que dicha restricción vulnera la libre concurrencia y competencia al establecer barreras de entrada a las empresas al exigir una forma específica para la recepción del pago.
"38. En ese sentido, si en el caso, en el acto se reclaman las normas del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, referentes al pago en efectivo y diversas modalidades, debe concederse la suspensión, pues en atención a la apariencia del buen derecho, se puede advertir que en un cálculo de probabilidades el quejoso puede obtener una decisión favorable en relación con las normas reclamadas.
"39. En consecuencia, en el caso procede (contrario a lo que estimó el Juez de Distrito en la interlocutoria recurrida) conceder la suspensión definitiva en los términos en los que lo solicita el quejoso; es decir, para que se le permita el pago en efectivo, por servicios de transporte privado y exclusivo contratado mediante plataformas electrónicas.
"40. Lo anterior, sin que los efectos de la concesión impliquen que se obligue a la empresa de transporte privado y exclusivo contratado mediante plataformas electrónicas a recibir pagos al aquí quejoso, en efectivo, pues a través de la suspensión no puede obligársele a modificar su modelo de negocios. Sin embargo, de estimarlo conveniente, sí podría recibir los pagos en esa modalidad, a pesar de lo dispuesto en la norma reclamada.
"Consecuencias del fallo.
"41. Por las razones que anteceden y al resultar fundados los agravios propuestos a estudio por la recurrente, es que debe revocarse la interlocutoria recurrida y concederse la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que se suspenda la aplicación de la regla reclamada en las operaciones realizadas y/o en que participe el quejoso al contratar servicios con el sistema de transporte mediante plataforma electrónica."
Como se advierte de la transcripción anterior, al resolver el amparo en revisión RA. 522/2019, el citado Tribunal Colegiado determinó, en lo que interesa, que es procedente conceder la suspensión definitiva en contra del artículo 59.3, incisos a) y b), del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, al usuario de transporte contratado mediante plataforma electrónica, toda vez que del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho se desprende que, con base en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 13/2017, existe una alta probabilidad de que la parte quejosa pueda obtener una decisión favorable en relación con la norma que controvierte.
2. Sentencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de revisión RA. 3/2020:
"Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que se solicitó expresamente la suspensión respecto a los efectos y consecuencias del artículo 59.3, incisos a) y b), del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, cuyo efecto sería que el solicitante de amparo, en su calidad de consumidor o usuario, pudiera realizar pagos en efectivo y otras modalidades distintas a los pagos efectuados co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30939-f539e5dd/suspension-definitiva-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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