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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LA VERIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS QUE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA OPERACIÓN DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. · Registro digital (IUS): 27827
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-05-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y PRIMERO Y SEG
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Pág. 1452.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, Y PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 22 DE MARZO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: RAÚL CARLOS DÍAZ COLINA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(1) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito y otros de diferente Circuito, respecto de una cuestión relativa a la competencia de órganos jurisdiccionales administrativos genéricos y especializados en competencia económica, de la cual puede conocer esta Segunda Sala, al tratarse de un tema materia de su especialidad; sin que resulte necesaria la intervención del Pleno.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) en relación con el diverso 226, fracción II, del mismo ordenamiento, toda vez que el denunciante Víctor Gutiérrez Muñoz, es autorizado de Uber de México Technology & Software, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa que fue parte procesal en el amparo indirecto 1410/2016, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, cuya ejecutoria forma parte del conflicto competencial 9/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que a su vez integra la presente contradicción de tesis.

TERCERO.—Previo a determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente dar cuenta de los aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:

Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (conflicto competencial 9/2017).

José Acosta Ramírez y otros, por propio derecho, promovieron juicio de amparo indirecto en contra de actos del Gobierno del Estado de Sonora, por la omisión de cumplir con el contenido de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora; concretamente, al permitir, por una parte, la operación de la empresa “Red de Transporte Privado, por medios electrónicos, conocida como UBER”, que administra aplicaciones o plataformas informáticas para el control, programación y geolocalización en dispositivos fijos y móviles, a través de los cuales los usuarios contratan el servicio de transporte privado por medios electrónicos; y por otra, la circulación de los vehículos que se encuentran prestando dicho servicio; lo anterior, sin que la empresa de que se trata, cuente con la autorización legal del servicio particular de transporte, y tampoco se encuentre registrada ante la Dirección General de Transporte.

De la demanda de amparo conoció el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, registrándola bajo el expediente **********, declarándose legalmente incompetente para conocer del asunto en resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.

Del asunto correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, quien por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete la registró bajo el expediente **********, y determinó no aceptar la competencia que le fue declinada y devolver los autos al juzgado de origen.

El Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecisiete, insistió en declinar la competencia y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno, para que determinara a qué órgano jurisdiccional le correspondía conocer del asunto.

Por razón de turno conoció del conflicto competencial el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, quien lo registró bajo el expediente **********, y en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete el, Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora era el competente para conocer de la demanda de amparo, decisión que sustentó en las siguientes consideraciones:

"SEXTO.—Con independencia de las razones invocadas por los órganos jurisdiccionales contendientes, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por José Acosta Ramírez y otros.

"A fin de sostener lo anterior, conviene precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial ******, estimó que para determinar la competencia por materia de un órgano jurisdiccional especializado, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable.

"Derivando de tal ejecutoria, la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 (se transcribe)

"Así, el objeto a resolver en el presente conflicto competencial es determinar si, conforme la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, es competencia atribuida al Juzgado de Distrito residente en esta ciudad o del Juzgado Especializado en Competencia Económica, Telecomunicaciones y Radiodifusión (sic). Para arribar a una conclusión, debemos señalar que el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración Pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; materia que al ser sumamente amplia, requirió la creación de subespecialidades, como lo son el derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, radiodifusión, telecomunicaciones, entre otras, respecto de las cuales se requieren conocimientos técnicos del juzgador para efecto de dilucidar la controversia.

"Por ende, queda claro que para que se surta la competencia por subespecialización, es requisito indispensable que los litigios en materia de amparo indirecto versen sobre los actos o procedimientos que se encuentren directamente vinculados con el objeto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, mismos en los que para dirimir los conflictos que se susciten sobre la aplicación de las normas regulatorias y principios relativos a los temas en estudio, es necesario emplear eficazmente conocimientos técnicos específicos.

"Ahora bien, de las constancias que integran el presente conflicto de competencia, que fueron remitidas por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, residente en esta capital, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que los quejosos José Acosta Ramírez y otros, de las autoridades responsables, reclamaron lo siguiente:

"‘3. Autoridad responsable (sic). Tienen ese carácter:

"‘a) Gobierno del Estado de Sonora, gobernadora del Estado de Sonora, con domicilio en el interior del Palacio de Gobierno, sito en Dr. Paliza y Comonfort, de la Colonia Centenario, de esta ciudad.

"‘b) Dirección General de Transporte, con domicilio en el interior del edificio Sonora, tercer piso, ala derecha, del proyecto Río Sonora, sito en Ignacio Comonfort, entre calle Cultura y bulevar (sic) Paseo Río Sonora, bien conocido en esta ciudad.

"‘c) La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, con domicilio en el interior del edificio ubicado en bulevar (sic) Hidalgo, entre Comonfort y Ocampo, bien conocido, de la Colonia Centenario de esta ciudad.

"‘d) El titular de la unidad administrativa y competente de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, con domicilio en el interior del edificio ubicado en bulevar (sic) Hidalgo, entre Comonfort y Ocampo, bien conocido, de la Colonia Centenario de esta ciudad.

"‘e) Los delegados regionales de transporte en el Estado, con domicilio en el interior del edificio ubicado en Bulevar (sic) de las Torres, acera oriente, y Nacori Chico, Colonia Los Olivos, bien conocido en esta ciudad.

"‘f) Los inspectores de transporte en el Estado, con domicilio en el interior del edificio, ubicado en Bulevar (sic) de las Torres, acera oriente, y Nacori Chico, Colonia Los Olivos, bien conocido en esta ciudad.

"‘g) El Ayuntamiento del Municipio de esta ciudad, con domicilio en el interior del edificio ubicado en bulevard (sic) Hidalgo, esquina con Comonfort, de la Colonia Centenario, bien conocido en esta ciudad.

"‘h) Los inspectores del transporte municipal, con domicilio en el interior del edificio ubicado en bulevard (sic) Hidalgo, esquina con Comonfort, de la Colonia Centenario, bien conocido en esta ciudad.

"‘i) Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, con domicilio en calle Nuevo León s/n entre Juárez y Matamoros, Colonia Centro, de esta ciudad.

"‘4. Acto reclamado. De las autoridades señaladas como responsables, se reclaman, entre otros actos, la omisión de cumplir con el contenido de la Ley de Transporte en (sic) el Estado de Sonora –Ley 149–, al permitir, en perjuicio de los suscritos y nuestras respectivas familias:

"‘a) La operación de la empresa de Red de Transporte Privado, por medios electrónicos, conocida como UBER, que administra aplicaciones o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de los cuales los usuarios contratan el servicio de transporte privado por medios electrónicos, sin que se encuentre registrada ante la Dirección General de Transporte, y sin estar autorizada legalmente para ello.

"‘b) La circulación de los vehículos que se encuentran prestando el servicio de transporte privado por medios electrónicos a través de una aplicación o plataforma informática, mediante el uso de dispositivos fijos o móviles, cobrando al usuario del servicio solicitado un pago económico, sin que cuenten con la autorización legal de Servicio Particular de Transporte, por unidad, ni estar registradas ante la Dirección General de Transporte en el Estado.’ (fojas 7 a 9 del juicio de amparo)

"De la transcripción anterior se advierte claramente que la intención del reclamo por parte de los quejosos a las autoridades responsables, consistió en la omisión de cumplir con el contenido de la Ley de Transporte del (sic) Estado de Sonora; concretamente, el hecho de permitir, por una parte, la operación de la empresa ‘Red de Transporte Privado, por medios electrónicos, conocida como UBER’, que administra aplicaciones o plataformas informáticas para el control, programación y geolocalización en dispositivos fijos y móviles, a través de los cuales los usuarios contratan el servicio de transporte privado por medios electrónicos; y por otra, la circulación de los vehículos que se encuentran prestando dicho servicio; lo anterior, sin que la empresa de que se trata, cuente con la autorización legal del Servicio Particular de Transporte, y tampoco se encuentre registrada ante la Dirección General de Transporte.

"Por otra parte, de la demanda de amparo indirecto, se advierte, en el apartado correspondiente a los antecedentes, que los quejosos destacan el contenido de los artículos 2 y 7 de la Ley de Transporte en el Estado, mismos que son del contenido siguiente:

"‘Artículo 2. La presente ley tiene como objeto:

"‘I. Establecer las bases para planear, regular, administrar, controlar y supervisar el servicio público de transporte;

"‘II. Definir la competencia y atribuciones del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, la coordinación entre ambos órdenes de gobierno y, la integración y administración del Sistema de Transporte Estatal; y,

"‘III. Establecer los procedimientos administrativos a que deberán sujetarse los actores que intervengan en la prestación del servicio público y privado de Transporte, los usuarios y las autoridades, en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, así como los recursos administrativos o medios de defensa.’

"‘Artículo 7. Son autoridades de transporte, las siguientes:

"‘I En el ámbito estatal:

"‘a) El titular del Poder Ejecutivo;

"‘b) El secretario de Infraestructura Urbana y Ecología;

"‘c) El titular de la unidad administrativa competente de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología;

"‘d) Los delegados regionales de Transporte; y

"‘e) Los inspectores de Transporte del Estado.

"‘II En el ámbito municipal:

"‘a) Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado o la dependencia que los mismos determinen; y,

"‘b) Los inspectores de Transporte Municipal.

"‘III. Las Comisiones Municipales Reguladoras del Transporte Colectivo Urbano donde se integren.

"‘IV. El Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora.’

"De todo lo antepuesto, se advierte que la naturaleza de los actos reclamados entraña en las funciones de las autoridades estatales y municipales, respecto de la planeación, regulación, administración, control y supervisión del servicio público y privado de transporte, en el Estado de Sonora; por tanto, la competencia para conocer de ese tipo de asuntos de carácter administrativo, como se dijo, no recae en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, sino en el Décimo de Distrito residente en esta ciudad.

"Se afirma lo anterior, toda vez que, como se señaló, los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, no están relacionados con el proceso de competencia y libre concurrencia, ya sea para la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, lo que constituye un requisito indispensable para que a los órganos jurisdiccionales especializados –como en el caso lo es el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México–, les recaiga competencia; esto, de conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones.

"En tal virtud, ante la naturaleza de los actos reclamados, no pueden considerarse como materia para ser analizados bajo la competencia de un Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, sino que aquélla recae en el Juez que de inicio se declaró incompetente.

"Precisamente por ello, no asiste razón al Juez declinante, pues no la fija con base a la naturaleza de los actos reclamados, sino en la necesidad del estudio sobre la afectación patrimonial a los agentes económicos quejosos que sería necesario acreditar para advertir la eventual afectación a su interés jurídico, con lo cual se aleja del parámetro establecido jurisprudencialmente para determinar la competencia en razón de materia.

"En consecuencia, se declara que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, es la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por José Acosta Ramírez y otros, quienes formularon reclamos en contra del Gobierno del Estado de Sonora y otras autoridades."

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (conflicto competencial 9/2017).

Es importante aclarar que el conflicto competencial 9/2017, del índice el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, surge de la demanda de amparo indirecto promovido por César Cristiani Ramírez, por su propio derecho y en nombre y representación de su menor hijo César Alexander Cristiani Ramos, en contra del delegado estatal del Estado de Colima de la Procuraduría General de la República, esencialmente, por la falta de notificación del acuerdo que resuelve procedente pero sin materia, la inconformidad planteada en contra de la consulta del no ejercicio de la acción penal emitido dentro de la averiguación previa **********.

A partir de lo cual, el punto esclarecido en el conflicto competencial 9/2017, versó sobre el lugar en que tuvo ejecución material la notificación combatida, en términos de lo previsto en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, tal como podrá corroborarse del siguiente texto:

"Lo anterior nos conduce a establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas.

"Luego entonces, el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo antes transcrito, se reitera, prevé que cuando el acto reclamado requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya ejecutado dicho acto.

"Por tanto, en la especie, este Tribunal Colegiado estima que si uno de los actos reclamados tuvo ejecución material, pues se trata de una notificación practicada dentro de la averiguación previa **********, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Segunda de Averiguaciones Previas, con residencia en Colima, Colima, respecto del acuerdo que contiene el dictamen en el que se resolvió procedente pero sin materia la inconformidad planteada en contra de la consulta del no ejercicio de la acción penal.

"En ese sentido, el texto del citado artículo 37 debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad, lo anterior a fin de evitar la existencia de diversos conflictos competenciales y, además, para lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita.

"De modo que, cuando se trata de un juicio de amparo indirecto cuyo acto reclamado, como en el caso, lo es una notificación, que desde luego conlleva una ejecución material, en ese sentido, es aplicable la primer regla de competencia contenida en el artículo 37 de la ley de la materia, es decir, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya llevado a cabo dicha notificación, pues es en dicho lugar donde tuvo lugar la ejecución material.

"...

"Derivado de lo anterior, este órgano colegiado concluye que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, consistente en la notificación realizada dentro de la averiguación previa número **********, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa Segunda de Averiguaciones Previas, con residencia en Colima, Colima, por tener ejecución material, se reitera, encuadra en lo previsto en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo; por lo que si la citada notificación se llevó a cabo en la Ciudad de Colima, Colima, resulta inconcuso que es un acto que tiene ejecución material, el Juez competente para conocer del juicio es aquel en cuya jurisdicción en la ciudad en la que tuvo verificativo dicha notificación, a saber en el domicilio ubicado en Calle Zenzontle (sic) número ciento treinta y nueve, en la Colonia Santa Bárbara, de la ciudad de Colima.”

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (conflicto competencial 10/2017).

Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, Héctor Ignacio Gausin Cruz (en su carácter de socio Uber o conductor) solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de diversos artículos al Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, destinados a regular el servicio de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas, clasificación y servicio del transporte público; y transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles.

Por razón de turno, conoció el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, quien por proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, la radicó con el número **********; seguidos los trámites de ley, ese órgano jurisdiccional mediante resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, consideró que carecía de competencia legal para resolver, por lo que ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México.

Correspondió conocer del expediente al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, quien mediante auto de seis de junio de dos mil diecisiete, registró el asunto bajo el número **********. Posteriormente, el dos de agosto de dos mil diecisiete, el citado Juez rechazó la competencia declinada en su favor y ordenó el envío de los autos al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana.

Del conflicto competencial surgido conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito quien, mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, formó el expediente de conflicto competencial número 10/2017, y el treinta de agosto de dos mil diecisiete, determinó, en lo que interesa:

"De la transcripción anterior se advierte claramente que la intención del reclamo por parte del quejoso a las autoridades responsables, consistió en la inconstitucionalidad del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, propiamente la discusión, aprobación, certificación, promulgación y publicación del Acuerdo 3.12 de la sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, específicamente, los artículos 4, 8, fracciones X, XI y XII, 26, inciso G), 28, 274 a 297, y artículos transitorios primero, tercero, cuarto y quinto; así como los artículos 5, fracción V, y 21 Bis del Reglamento Interno de la Dirección Municipal del Transporte Público.

"Precisado lo anterior, los preceptos legales reclamados establecen lo siguiente:

"Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California

"‘Artículo 4. Para los efectos de interpretación y aplicación de las normas derivadas de este reglamento, se entenderá por: ..."

"‘Artículo 8. Son funciones del director municipal del Transporte Público de Tijuana:

"‘...

"‘X. Llevar a cabo el registro y la elaboración del padrón de empresas y los vehículos de la misma, en la modalidad de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles:

"‘XI. Expedir la autorización correspondiente para que puedan operar los vehículos en la modalidad de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, ya sea a personas físicas y/o través de las personas morales que cumplan los requisitos que la normatividad establezca y;

"‘XII. Las demás que le confieran o le atribuyan la ley y la normatividad municipal, particularmente el presente reglamento y el Reglamento Interno de la Dirección Municipal de Transporte Público de Tijuana.’

"‘Artículo 26. Para los fines de este reglamento el servicio de transporte público, comprende las siguientes modalidades:

"‘...

"‘G) Transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles: Servicio de transporte individual de pasajeros de punto a punto, que se oferta, contrata y paga, a través de una aplicación móvil administrada por empresas de redes de transporte previamente autorizadas por la dirección.’

"‘Artículo 28. El servicio de transporte público, en todas sus modalidades, se deberá ajustar a lo dispuesto por el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, con la finalidad de garantizar que operen adecuadamente, en función del aprovechamiento máximo del diseño de vialidades y las condiciones de infraestructura de tránsito con que cuenta el Municipio.’

"‘Artículo 274. Para los fines de este reglamento, el servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles opera mediante el servicio de transporte individual de pasajeros de punto a punto, que se oferta, contrata y paga a través de una aplicación móvil administrada por empresas de redes de transporte previamente autorizadas por la dirección. Este servicio se presta en vehículos con capacidad de diseño de origen de cinco hasta ocho pasajeros.’

"‘Artículo 275. El servicio de transporte bajo demanda mediante aplicaciones móviles, es de interés general y social.

"‘La prestación de este servicio se regirá por las disposiciones del presente reglamento, las normas técnicas correspondientes y cualquier otra disposición que regule la prestación del servicio y sus características. Deberá cumplirse con las normas y disposiciones relativas a la protección del medio ambiente, de seguridad y protección civil, así como las normas técnicas específicas, normas oficiales mexicanas o internacionales concurrentes, de acuerdo al tipo de vehículos utilizados o al servicio prestado.’

"‘Artículo 276. El servicio se ofertará, contratará y pagará a través de la aplicación móvil que administre la empresa de redes de transporte a la cual se encuentre afiliado o registrado el prestador del servicio. No tendrá ruta ni paradas establecidas. La gestión de sus servicios se trazará mediante la aplicación móvil de acuerdo al origen y destino que establezca el usuario del servicio en dicha plataforma.

"‘Por ningún motivo podrá hacer sitio, pudiendo únicamente detener su marcha en la vía pública el tiempo indispensable para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros del vehículo, debiendo siempre observar las normas de tránsito vigentes.

"‘Previa autorización de la dirección se podrán habilitar y previo el pago correspondiente a través de Tesorería Municipal, sitios temporales para que los vehículos bajo esta modalidad puedan permanecer en la vía pública, los cuales no podrán exceder de cuatro horas en el mismo día.’

"‘Artículo 277. Para el otorgamiento de autorizaciones para prestar servicios de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, en los términos del segundo párrafo del artículo 58 del presente reglamento, el solicitante deberá presentar ante la ...’

"‘Artículo 278. Las autorizaciones otorgadas por la dirección y los derechos que de las mismas se deriven no serán susceptibles de transmisión o sucesión alguna, por lo que al receptor de la autorización le queda estrictamente prohibida toda transmisión o cesión de los derechos que la misma le conceda; cualquier estipulación o pacto de voluntades en contrario quedará sin efectos, con independencia de las responsabilidades a que diera lugar.’

"‘Artículo 279. Para efecto de que se analice la posibilidad por parte de la dirección de otorgar renovación de la autorización, se deberá tomar en consideración el cumplimiento en la calidad del servicio y/o las infracciones que en su caso hubiere cometido el solicitante en contra del presente reglamento y demás disposiciones aplicables. En ningún caso, los vehículos sujetos a renovación, podrán tener una antigüedad mayor a cinco años a partir de su fecha de autorización inicial, debiendo presentar además la verificación mecánica y ambiental que la dirección le solicite.’

"‘Artículo 280. No se otorgarán autorizaciones para prestar servicios de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, cuando la dirección, con base a los estudios y datos proporcionados por el consejo, determine que su otorgamiento provocará un impacto negativo a esta modalidad o a las demás previstas en la ley.’

"‘Artículo 281. No se otorgarán autorizaciones para prestar servicios de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, cuando la dirección, con base a los estudios y datos proporcionados por el consejo, determine que su otorgamiento provocará un impacto negativo a esta modalidad o a las demás previstas en la ley.’

"‘Artículo 282. Las autorizaciones tendrán una vigencia anual; la solicitud de renovación deberá presentarse con tres meses de anticipación al vencimiento de su vigencia ante la unidad administrativa que designe la dirección, quien será la encargada de resolver la solicitud y para ello previamente revisará los antecedentes del prestador y resolverá en consecuencia. La falta de presentación de la solicitud de renovación en el término señalad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27827-83898b16/competencia-para-conocer-de-los-juicios-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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