COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA DISPOSICIONES QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS MÓVILES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ, GRACIELA M. LANDA DURÁN, GERARDO MANUEL VILLAR CASTILLO, FABRICIO FABIO VILLEGAS ESTUDILLO, INOSENCIO DEL PRADO MORALES Y ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. PONENTE: ABEL A. NARVÁEZ SOLÍS. SECRETARIA: MARÍA DE JESÚS FÉLIX SEARES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—El Pleno de este Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el dieciocho de febrero de dos mil quince, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis que se sustenta por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa debe estimarse que proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé que podrán denunciar las contradicciones de tesis que se sustenten entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondientes, ante los Plenos de Circuito, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
En efecto, la denuncia de contradicción fue formulada por el licenciado **********, quien tiene reconocido el carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de ********** y **********, estos últimos quejosos en los juicios de amparo que dieron origen a los conflictos competenciales 7/2017 y 10/2017, del índice del Tercero y Quinto Tribunales Colegiados contendientes, respectivamente.
Sustenta tal aserto la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."(1)
Criterio que antecede, el cual, si bien fue emitido con base en disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que cobra observancia en el caso, al no encontrarse en contraposición con lo que dispone la actual Ley de Amparo en cuanto a la representación de la parte quejosa en el juicio constitucional; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio(2) de la propia ley.
TERCERO.—A efecto de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de criterios, en este caso denunciada, debe precisarse que la denuncia de contradicción se presenta preliminarmente en relación con determinar a qué Juzgado de Distrito compete conocer de una demanda de amparo indirecto en la que se hacen valer violaciones a los principios de competencia y libre concurrencia, inmersos en el artículo 28 de la Constitución Federal, con sustento en la cual se admitió la presente contradicción.
No obstante, la probable divergencia de criterios precisada en la denuncia relativa, así como en las manifestaciones vertidas, no vincula a este Pleno a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, puesto que por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Magistrados integrantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, que disponen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."(3)
Sentado lo anterior, deviene indispensable reseñar brevemente las posturas sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
1. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 7/2017 y 10/2017, precisó, previo a las consideraciones que darían sustento a su decisión, los razonamientos expuestos por cada uno de los Juzgados de Distrito en conflicto, encaminados a sostener su incompetencia para conocer de las demandas de amparo promovidas por ********** y **********, respectivamente; en cuanto al primero de los asuntos mencionados, el conflicto se suscitó entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República.
En relación al diverso conflicto 10/2017, el mismo aconteció entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República.
Al respecto, señaló el tribunal en síntesis, que los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en Tijuana, en ambos casos, declararon carecer de competencia para conocer de los asuntos propuestos por ********** y **********, quienes reclamaron del Ayuntamiento de Tijuana, y otras autoridades, la discusión, aprobación, publicaciones, reformas y adiciones al Reglamento de Transporte Público y Reglamento Interior de la Dirección del Transporte Público, ambos del Municipio de Tijuana, con motivo de que, tales demandas se trataban de un supuesto de competencia económica, por lo que ordenaron sus respectivos envíos al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en turno, con residencia en la Ciudad de México.
Por su parte, el Juzgado Segundo de Distrito Especializado (sic) en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al cual correspondió conocer de las demandas por razón de turno, determinó no aceptar la competencia declinada, al no compartir las consideraciones del Juzgado oficiante, en razón de que los actos reclamados, expuso, no se encuentran inmersos en una de las ramas o especies de la materia administrativa especializada, por lo que su estudio no requería del conocimiento de un Juez especializado en competencia económica.
Ante tales manifestaciones, el Quinto Tribunal Colegiado de este Décimo Quinto Circuito, concluyó que, en esos dos casos, los órganos competentes para resolver las demandas de amparo promovidas por ********** y **********, eran los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, respectivamente a los conflictos competenciales 7/2017 y 10/2017, en ese orden.
Lo anterior fue sustentado al acotar que, para que se surta la competencia por subespecialización, como en esos supuestos, los litigios en materia de amparo debían versar sobre los actos o procedimientos que se encuentren directamente vinculados con el objeto del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, mismos en los que se precisó que, para dirimir los conflictos que se susciten sobre la aplicación de las normas regulatorias y principios relativos a esos temas, es necesario emplear eficazmente conocimiento técnicos específicos.
Luego, se sintetizó que el acto de reclamo a las autoridades responsables por parte de los quejosos en los respectivos juicios de amparo 616/2017 y 639/2017, correspondientes a las demandas promovidas por ********** y **********, respectivamente, consistió en la inconstitucionalidad del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, propiamente la discusión, aprobación, certificación, promulgación y publicación del Acuerdo 3.12 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, específicamente los artículos 4, 8, fracciones X, XI y XII, 26, inciso G), 28, 274 a 297 y artículos transitorios primero, tercero, cuarto y quinto; así como los artículos 5, fracción V y 21 Bis, del Reglamento Interno de la Dirección Municipal de Transporte Público.
Por lo anterior, el citado Tribunal Colegiado realizó la cita de los numerales cuya constitucionalidad era controvertida, de los cuales apreció que la naturaleza de los actos reclamados entrañaba en las funciones de la Dirección Municipal de Transporte Público de Tijuana; la clasificación y servicio del transporte público; y la regulación de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles.
Por ende, concluyó que, de una cita a los numerales en referencia, se advertía que los mismos llevan como objetivo el regular el uso de redes móviles para un uso del servicio público de transporte eficiente, y al no provenir de actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, es que debía concluirse que la competencia para conocer de las demandas de amparo no recaía en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, sino en los de Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Tijuana.
Sostuvo lo anterior, con base en el criterio jurisprudencial 2a./J. 84/2016 (10a.), de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES."
A mayor abundamiento, expuso que no pasaba inadvertido para ese tribunal que el Juez de Distrito Especializado en Competencia Económica observó, en ambos casos, que el quejoso en sus conceptos de violación expresó que las disposiciones normativas impugnadas afectaban el proceso de competencia y libre concurrencia, además de las funciones sociales de las telecomunicaciones; pero, ante ello, concluyó, en concordancia con el citado Juez de Distrito, que tales aseveraciones no pueden determinar la competencia, pues para ello debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable.
2. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver los conflictos competenciales 6/2017 y 7/2017, de su índice, relativos a la competencia para conocer de las demandas de amparo promovidas por ********** y **********, respectivamente, estableció, en primer término, los razonamientos vertidos por los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en ese orden, y lo expuesto por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, al negar la competencia declinada a su favor, en cada uno de los asuntos.
Ante ello, al resolver el conflicto competencial 6/2017, expuso que los motivos por los cuales se declaró legalmente incompetente el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, obedecieron a que, a consideración de ese órgano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto del Acuerdo «General» 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, correspondía el conocimiento del juicio de amparo promovido a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, puesto que el acto impugnado está condicionado al análisis de competencia económica, al combatir el hecho de que el servicio que presta el quejoso no está relacionado con el transporte público, por lo que no debe estar regulado en el reglamento que estima inconstitucional. Aunado a que, en sus conceptos de violación, adujo que los numerales impugnados son violatorios del precepto 73, fracción XVII, constitucional, conforme al cual compete al Congreso de la Unión legislar sobre vías de comunicación, tecnologías de la información, comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones.
En dicho asunto, el Tribunal Colegiado señaló que el secretario encargado del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República, al recibir la demanda de amparo, determinó no aceptar la competencia declinada, al considerar que la materia del juicio constitucional no se encontraba directamente vinculada con normas, procedimientos o actos encaminados a vigilar el cumplimiento de normas regulatorias de competencia económica o de telecomunicaciones y que, por tanto, la naturaleza de las normas reclamadas pertenecían a la rama genérica del derecho administrativo; asimismo, que sus efectos perjudiciales serían resentidos en el ámbito territorial en el que los particulares prestan el servicio de transporte bajo demanda, mediante aplicaciones móviles; esto es, en el municipio de Tijuana, Baja California.
Por lo que respecta al diverso conflicto competencial 7/2017, se asentó que las razones que dio el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para declinar su competencia, fueron, medularmente, porque el quejoso esgrimió que la actividad que realiza es la de una empresa de redes de transporte operada mediante plataformas tecnológicas y dispositivos móviles, que en realidad son empresas de Internet ubicuas de servicios de logística, lo que fue corroborado, a decir del impetrante, con la opinión **********, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, por lo que el servicio que brinda no se puede considerar como un servicio público de transporte de pasajeros o taxi; que, efectivamente, en la opinión en referencia se contempla como una nueva modalidad de servicios de transporte que deriva de los avances tecnológicos; que refleja una necesidad colectiva, y por tanto, un factor determinante para su crecimiento y desarrollo económico; y, finalmente, que esas consideraciones resultaban suficientes para determinar la competencia de un órgano especializado.
Ante ello, en el propio asunto al que se está haciendo referencia, se precisó que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, concluyó no aceptar la competencia declinada, al considerar, en esencia, que la materia del juicio de amparo no se encontraba directamente vinculada con normas, procedimientos o actos encaminados a vigilar el cumplimiento de las normas regulatorias de competencia económica o de telecomunicaciones, por lo que la naturaleza de las normas combatidas pertenece a la rama administrativa genérica, y no a las materias subespecializadas, respecto de las cuales ese órgano tiene competencia.
A lo anterior, agregó que el Juez de Distrito manifestó que no era obstáculo la circunstancia de que la parte quejosa alegara en sus conceptos de violación, que las disposiciones normativas de las que se duele afectan el proceso de competencia y la libre concurrencia, así como la función social de las telecomunicaciones, que impone un límite al acceso a las tecnologías de la información, pues sus solas manifestaciones no pueden llegar al grado de otorgar a los actos reclamados una naturaleza distinta a la que les reviste; habida cuenta de que los planteamientos de agravio no pueden servir para ese fin, ya que, de lo contrario, quedaría al arbitrio de la parte accionante del amparo su definición.
Ahora, precisadas las posturas que tomaron cada uno de los juzgados de Distrito en conflicto de competencia, en cada uno de los asuntos que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, a saber: los conflictos competenciales 6/2017 y 7/2017; debe decirse que, en cuanto a las consideraciones de fondo, en ambos se estimó competente para conocer de las demandas de amparo promovidas por ********** y **********, respectivamente, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, correspondiente.
La conclusión anterior tuvo sustento al precisar, en esencia, que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe las prácticas monopólicas, y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general; que para ello el Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
Debido a lo anterior, sostuvo que debe entenderse que, en lo que respecta a la competencia económica, el artículo 28 constitucional establece que ésta se refiere a la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios; sin embargo, no debe considerarse que únicamente queda limitado a eso, ya que también debe entenderse que corresponde a todas aquellas circunstancias que guarden vínculo con aspectos de desarrollo eficiente y competitivo de las economías de mercado.
Aunado a ello, expresó que, de los artículos 1o. y 2o., de la Ley Federal de Competencia Económica, se advertía que la referida legislación era reglamentaria del citado precepto 28 de la Constitución Federal, y tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y competencia económica, prevenir, investigar, combatir, castigar y eliminar los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, en general, cualquier restricción al funcionamiento eficiente de los mercados.
Asimismo, señaló que el ordinal 3o. de esa legislación define la expresión "Barreras a la Competencia y la Libre Concurrencia" como cualquier característica estructural de mercado, hecho o acto que impida el acceso de competidos o limitar su capacidad de competir en los mercados que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia, así como las disposiciones jurídicas por cualquier orden de gobierno, que indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia.
Precisado lo anterior, enfatizó que el artículo 28 constitucional permite advertir dos aspectos importantes en cuanto a la determinación de la competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, siendo, por un lado, el formal que atañe al órgano del cual proviene y, por otro, el material que atiende a la materia de los actos.
Así las cosas, al centrarse en esos dos aspectos para fijar la competencia, y resolver los asuntos a estudio, sostuvo que los actos reclamados y autoridades responsables, consistentes en: el Ayuntamiento de Tijuana, secretario de Gobierno de dicho Ayuntamiento, gobernador del Estado y titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, todos del Estado de Baja California, de los cuales reclamaron: la aprobación, publicación y promulgación del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, específicamente los artículos 4, 8, fracciones X, XI y XII, 26, inciso G), 28, 274 a 297 y artículos transitorios primero, tercero, cuarto y quinto, así como al Reglamento Interno de la Dirección Municipal del Transporte Público, particularmente los artículos 5, fracción V y 21 Bis, tenían la naturaleza de actos administrativos genéricos.
Ello lo estimó así porque las disposiciones reclamadas, que tienen por objeto regular como transporte público municipal la aplicación global o plataforma de logística denominada UBER, debían de considerarse con una naturaleza material que no concierne a la subespecialidad en competencia económica, de telecomunicaciones o radiodifusión, sino a la administrativa genérica, ya que no tienen como objeto el reglamentar el funcionamiento eficiente de los mercados, el proceso de competencia o libre concurrencia, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en esos sectores.
Luego, expuso que, atendiendo al criterio jurisprudencial «PC.XXXIII.CRT.» J/4 A(10a.) del Pleno de Circuito Especializado, no era determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil trece, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda concluirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización.
Y, por ello, estimó necesario realizar un análisis de las funciones y facultades de cada una de las autoridades responsables: Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, secretario de Gobierno de dicho Ayuntamiento, gobernador del Estado y titular de la Oficialía Mayor de Gobierno, todos del Estado de Baja California; de lo que constató que, en el caso, no se cumplió con el aspecto formal, pues no se advirtió algún grado de vinculación entre las autoridades responsables con el ámbito de la competencia económica, telecomunicaciones o radiodifusión; en consecuencia, concluyó que los juicios de amparo que se ocupaban no debían resolverse por un órgano jurisdiccional con la especialidad en competencia económica.
Finalmente, dispuso que, para determinar la competencia del Juez de Distrito encargado de conocer los respectivos juicios, debía tomarse en cuenta que se señalaron autoridades responsables y actos reclamados no vinculados a la subespecialización antedicha, debiéndose estar a las reglas de competencia reguladas en el artículo 37 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los actos administrativos genéricos.
A mayor abundamiento, sostuvo que la definición de la competencia no puede estar condicionada al hecho de que el quejoso exponga argumentos en los que alegue que se violaron las bases constitucionales de la competencia y libre concurrencia y la prohibición de establecer monopolios, previstas en el numeral 28, pues esas aseveraciones deben excluirse para fijar la competencia material del Juzgado de Distrito, por tratarse de apreciaciones subjetivas.
Además, agregó que la conclusión a la cual se arribó era congruente con la exposición de motivos de la reforma constitucional de junio de dos mil trece, de la que se advierte que la intención del Constituyente consistió en crear tribunales especializados, con la finalidad de que existieran órganos judiciales con conocimientos técnicos especializados que les permitan aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades y litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, lo que hacía razonable que, al tratarse de un asunto vinculado con esos temas, con independencia de que el acto reclamado no se le atribuya a la Comisión Federal de Competencia Económica, ni al Instituto Federal de Telecomunicaciones, éste deba ser resuelto por un órgano jurisdiccional especializado en la materia, y en caso de que no exista esa vinculación, debe conocerse por un Juzgado de Distrito competente en materia administrativa genérica.
Por otro lado, en el conflicto competencial 7/2017, aunado a lo antes expuesto, agregó que, si bien en la opinión técnica **********, del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, que refirió el quejoso **********, en sus conceptos de violación, se establece que las empresas de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles contemplan una nueva modalidad de servicios de transporte que deriva de los avances tecnológicos, circunstancia que refleja una necesidad colectiva y, por tanto, un factor determinante para su crecimiento y desarrollo, no podía desatenderse que la competencia material no puede estar condicionada a los argumentos que exponga el quejoso, sino al ámbito formal de las autoridades responsables y, material de los actos reclamados, en su vinculación con la competencia económica, telecomunicaciones o radiodifusión.
3. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2017, derivado de la demanda de amparo presentado por **********, precisó las razones y fundamentos que expresaron los juzgados contendientes, a saber: el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México; por los cuales consideraron que carecían de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida.
Al respecto, el Juzgado de Distrito con residencia en Tijuana sostuvo su incompetencia con el argumento de que los actos reclamados se encuentran dentro de la materia de competencia económica, ya que el extremo que pretende combatir el quejoso en la vía constitucional es el hecho de que el servicio que presta no está relacionado con el transporte público, por lo que no debe ser regulado en el reglamento que reclama inconstitucional, por tratarse de un servicio de transporte exclusivo a través de la plataforma de logística "UBER"; además, que uno de los arg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27882-314819d9/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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