ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO SEXTO, SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 8 DE JULIO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
Los artículos 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente:
"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"...
"II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y ..."
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis de ajustará a las siguientes reglas:
"...
"II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el Procurados de la República, los Jueces de distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron. ..."
Al respecto, este asunto encuadra en la hipótesis señalada en la fracción segunda del artículo 226 de la Ley de Amparo, pues se trata de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito de diversa especialidad.
Ahora, la denuncia de contradicción de tesis la presentó **********, quien le solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hiciera suya; petición que hizo suya en acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil quince, por lo que debe tenerse a este último como denunciante.
Por tanto, al haberse denunciado por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta contradicción de tesis, es inconcuso que se hizo por parte legitimada para ello.
TERCERO.-A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tener en cuenta los aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
**********, en representación de **********, y otras promovió juicio de amparo en contra de, en esencia, la emisión de la resolución de veintinueve de enero de dos mil catorce, por la cual se resolvió el recurso de revisión **********.
De la demanda de amparo conoció el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el cual en proveído de cuatro de febrero de dos mil catorce ordenó su registro bajo el expediente ********** y se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto.
Del asunto correspondió conocer a la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, quien por acuerdo de seis de marzo de dos mil catorce la registró bajo el expediente ********** y determinó no aceptar la competencia que le fue declinada.
El Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mediante proveído de once de marzo de dos mil catorce, insistió en declinar la competencia y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno para que determinara a qué órgano jurisdiccional le correspondía conocer del asunto.
Por razón de turno conoció del conflicto competencial el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el expediente **********.
En sesión de ocho de abril de dos mil catorce el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal era el competente para conocer de la demanda de amparo; decisión que sustentó con base en las siguientes consideraciones:
"Segundo.-El punto jurídico controvertido versa sobre la competencia, por razón de materia, suscitada entre el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, para conocer de la demanda de amparo en la que se señalaron como actos reclamados:
"a) La resolución de veintinueve de enero de dos mil catorce, mediante la cual se resolvió el recurso de revisión **********, así como su procedimiento de ejecución y la falta de notificación de ésta.
"b) La emisión del acuerdo a través del que se admitió a trámite el recurso de revisión **********.
"c) La ejecución de dichos actos, con base en la entrega de información confidencial de las quejosas, toda vez que la información es materia de la solicitud de acceso a la información folio **********, llevada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
"Los antecedentes de los que derivan los anteriores actos, en lo que interesa para este asunto y como se desprenden de la resolución de veintinueve de enero de dos mil catorce dictada al resolver el recurso de revisión **********, son los siguientes:
"I. El veintisiete de junio de dos mil doce, un particular (no se precisa el nombre) solicitó a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, mediante el Sistema de Información INFOMEX-Gobierno Federal, lo siguiente:
"‘... copia certificada de cualquier documentación relacionada con la alianza de las empresas cuya marca comercial son ********** y **********, la cual se dio a conocer por medio de diversas notas periodísticas publicadas el pasado 13 de junio, mismas que se adjuntan como anexo único.
"‘Asimismo, se señala de forma enunciativa y no limitativa, parte de la documentación que la suscrita requiere en copia certificada.
"‘1. Convenios, acuerdos y demás documentos relacionados con dicha alianza para compartir (i) infraestructura (ii) roaming a nivel nacional e internacional y/o (iii) participación patrimonial de una con la otra.
"‘2. Convenios de larga distancia y de roaming nacional e internacional, relacionados con dicha alianza.
"‘3. Convenios de provisión de capacidad celebrados por las empresas ********** y **********, relacionados con dicha alianza’".
"II. El seis de agosto de dos mil doce, la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones respondió la solicitud de acceso a la información de la siguiente forma:
"‘Con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no existe en los archivos de esta dependencia o entidad. ....’"
"III. El veintisiete de agosto de dos mil doce el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos recibió el recurso de revisión interpuesto por la solicitante de la información en contra de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, al que se le asignó el número de expediente **********, el que se resolvió el veintiocho de noviembre siguiente por el Pleno del instituto revocando la clasificación invocada por la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones.
"IV. El catorce de febrero de dos mil trece, el apoderado legal de **********, **********, **********, **********, ********** y **********, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por la emisión de la resolución recaída al mencionado recurso de revisión **********; por razón de turno tocó conocer de la demanda al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el que mediante sentencia de veinticinco de abril de dos mil trece dictada en el expediente número **********, resolvió conforme a los puntos resolutivos que se transcriben:
"‘Primero.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.-Segundo. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A **********, **********, **********, **********, ********** y **********, todas **********, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo.- Notifíquese.’"
"La protección constitucional se concedió para los siguientes efectos:
"‘Consecuentemente, procede otorgar la protección federal solicitada para que la comisionada ponente y el Pleno, ambos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dejen sin efecto la notificación por correo certificado con acuse de recibo, relativa al acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil doce, en el que se reconoció el carácter de terceros interesadas, así como todo lo actuado con posterioridad en el recurso de revisión **********, incluida la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil doce y ordenen su notificación, con independencia de que a través de este juicio de amparo hayan tenido conocimiento de éste, pues la finalidad es que se respete el derecho de audiencia de la quejosa y se haga efectivo el término otorgado a través de dicho auto para que comparezcan al procedimiento, y hecho lo anterior se siga con la sustanciación del procedimiento, emitiendo una nueva resolución con libertad de jurisdicción.-La determinación anterior también se hace extensiva a los actos de ejecución, por lo que el titular de la Unidad de Enlace de la Comisión Federal de Competencia, deberá abstenerse de entregar la información materia de la solicitud **********, en tanto se resuelva lo conducente.’"
"V. Inconformes con la sentencia antes referida, las empresas tercero perjudicadas por conducto de su representante legal, así como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, interpusieron sendos recursos de revisión, de los que correspondió, por razón de turno, conocer a este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual mediante ejecutoria de ocho de noviembre de dos mil trece, dictada en el toca **********, resolvió lo siguiente:
"‘Primero. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.- Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en contra del acto consistente, en el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil doce, emitido en el recurso de revisión **********.-Tercero. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en contra de los actos reclamados a la comisionada ponente y al Pleno, ambos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, consistentes en la notificación por correo certificado con acuse de recibo del acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil doce, así como todo lo actuado con posterioridad en el recurso de revisión **********, incluida la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil doce.’
"VI. En acatamiento a la anterior ejecutoria, el veintinueve de enero de dos mil catorce, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos dictó nueva resolución en el recurso de revisión **********, en la que revocó la respuesta otorgada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la instruyó para que pusiera a disposición de la particular los oficios referidos en la modalidad requerida (resolución que constituye el acto reclamado en la demanda de amparo materia de este conflicto).
"Por otro lado, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado, ya que la competencia es la medida de la jurisdicción.
"La competencia por materia, es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama o especialidad del derecho. En esos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver los conflictos competenciales por razón de la materia, ha considerado que el tribunal debe solventar el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la acción intentada y no por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante (I) el análisis de las prestaciones reclamadas; (II) de los hechos narrados; (III) de las pruebas aportadas; y, (IV) de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal que debe calificar el diferendo competencial, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto.
"Esto es así, pues admitir una posición contraria implicaría prejuzgar y hacer uso de una facultad que no le ha sido otorgada por la ley al tribunal que decida sobre tales clases de conflictos.
"Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo por no oponerse al ordenamiento legal vigente, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página veintiocho, que es del rubro y texto siguientes: (se transcribe)
"En cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia administrativa, del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que los Jueces de Distrito Especializados en Materia Administrativa, conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Por tanto, el derecho administrativo puede considerarse que constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; pero por su amplitud, se generan las subespecialidades tales como el derecho fiscal, el ambiental, el de propiedad intelectual, etcétera; las que atendiendo a su grado de complejidad, requieren de conocimientos técnicos determinados que permiten al juzgador resolver controversias en que se involucren esos temas.
"En cuanto al tema de especialidad de los órganos jurisdiccionales, debe tenerse en cuenta, para la resolución de este asunto, que el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, precisó, en el punto cuarto transitorio, la competencia de los nuevos órganos jurisdiccionales especializados, al señalar que conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de los mismos que se presenten como asuntos nuevos a partir del diez de agosto de dos mil trece, relacionados con los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"Al respecto también hay que considerar que el once de junio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ‘Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones’ que es del tenor siguiente: (se transcribe)
"De ello se desprende, en lo que interesa, que corresponde al Estado garantizar, entre otros objetivos, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet y para tal efecto, se creó el órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones; el que tiene por objeto, el desarrollo eficiente de las políticas y regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.
"Y, cuyos actos, de conformidad con la propia reforma constitucional, sólo podrán impugnarse a través del juicio de amparo sustanciado ante Jueces especializados en términos del artículo 94 de la Ley Fundamental.
"Lo antes expuesto permite concluir que, con motivo de las reformas constitucionales de mérito, se reguló, en el ámbito jurisdiccional, una nueva rama o clasificación del derecho administrativo, consistente en el derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de las telecomunicaciones (cuyo conocimiento se concentró en una jurisdicción especial); el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la actividad de radiodifusión y las telecomunicaciones.
"Así entonces, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que, por ende, requiere conocimientos concretos y especiales. Lo que se robustece, al acudir al texto de la iniciativa con proyecto de decreto que el Poder Ejecutivo Federal y los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Congreso de la Unión, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el doce de marzo de dos mil trece, que precisa en la parte que interesa: (se transcribe)
"De la transcripción precedente se desprende que a efecto de dar certeza a los agentes económicos, mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y radiodifusión, así como a los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica, se decidió la creación de órganos jurisdiccionales especializados en las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
"Lo anterior, a efecto de, entre otros objetivos, evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, usen el sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas; así como para lograr una eficaz aplicación de la ley y generar certidumbre jurídica en la materia, consolidando un conocimiento y experiencia en esas actividades para tomar decisiones más informadas y con las mejores consecuencias.
"Certidumbre jurídica que se garantizará a través de juzgadores que conocerán exclusivamente de una de las ramas de la materia administrativa, especializados en aspectos técnicos relacionados con la regulación en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.
"Lo anterior, es acorde con el objetivo primordial del decreto modificatorio a que se hizo alusión, que es eliminar las barreras a la competencia económica y a la libre concurrencia, en beneficio de los individuos a los que se ofrecen determinados bienes o servicios en el mercado, así como establecer los principios, elementos, procedimientos y condiciones que en el Estado Mexicano deben observarse para el desarrollo de los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones; en el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y, en términos generales, en la explotación de aquellos servicios públicos de interés general por parte de los agentes económicos a los que les son concesionados, a fin de que dentro del territorio nacional se garantice el derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación.
"Derivado de lo expuesto en la iniciativa precisada, en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal y en la reforma constitucional antes referida, es dable concluir que por disposición constitucional, una de las ramas del derecho administrativo, como en el caso lo es el derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de las telecomunicaciones, debe ser analizado, estudiado y aplicado por Jueces especializados en tal materia, atendiendo, si bien en principio, a la complejidad de aspectos técnicos de la misma, también debe comprender aquellos temas relacionados o vinculados directa e indirectamente con la misma, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios.
"Bajo esa perspectiva, es claro que para que se surta la hipótesis de competencia por subespecialización que se contempla en los referidos artículos 28, párrafo décimo noveno, fracción VII, 94, párrafo sexto, y décimo segundo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el punto sexto del Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es requisito indispensable que los litigios en materia de amparo indirecto que se presenten ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, versen sobre los actos o procedimientos que se encuentren directamente vinculados con el objeto del Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, mismos en los que para dirimir los conflictos que se susciten sobre la aplicación de las normas regulatorias y principios relativos a los temas en estudio, es necesario emplear eficazmente conocimientos técnicos específicos.
"Una vez expuesto lo anterior, debe decirse que los actos que aquí combaten las quejosas, no versan sobre tema alguno respecto de los cuales tienen jurisdicción los órganos especializados a que se hace referencia en la iniciativa y en el decreto de reformas constitucionales que se analizaron en párrafos precedentes, pues tomando en consideración la naturaleza material que les reviste, no pueden ser considerados de contenido inherente a la rama del derecho de las telecomunicaciones.
"Para demostrar el anterior aserto, se insiste en que los actos que la parte quejosa reclamó consistieron en:
"a) La resolución de veintinueve de enero de dos mil catorce, mediante la cual se resolvió el recurso de revisión **********, así como su procedimiento de ejecución y la falta de notificación de ésta.
"b) La emisión del acuerdo a través del que se admitió a trámite el recurso de revisión **********.
"c) La ejecución de dichos actos, con base en la entrega de información confidencial de las quejosas, toda vez que la información es materia de la solicitud de acceso a la información folio **********, llevada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
"Como se puede apreciar, los actos reclamados implican el análisis de la resolución al recurso interpuesto con motivo de la solicitud de acceso a la información folio **********, llevada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a fin de que se le dé a conocer a la recurrente, la información relativa a cualquier alianza llevada a cabo entre las empresas cuya marca comercial son ********** y **********, así como los documentos relativos a ésta, ya sean convenios, acuerdos, demás documentos relativos a dicha alianza, infraestructura, roaming a nivel nacional e internacional, convenios de larga distancia, entre otros, que si bien se trata de información llevada a cabo entre empresas de telecomunicaciones, que de manera general se clasifica en la materia de las telecomunicaciones, ello no implica que la litis que en el juicio constitucional se ventila, se encuentra directamente vinculada con los procedimientos o actos encaminados a vigilar el cumplimiento de las normas regulatorias de las telecomunicaciones y los medios de radiodifusión, esto es, con las cuestiones técnicas atinentes a dichas materias, para las cuales fueron creados de manera exclusiva los órganos especializados a que se contrae el Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece.
"De lo expuesto, se colige que los actos reclamados en mención tratan sobre temas específicos del derecho de acceso a la información pública, el cual constituye una de las ramas o especies de la materia administrativa (género), respecto de la que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa a que se hace alusión en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son competentes para conocer.
"Así, si debe atenderse a la naturaleza de la acción para fijar la competencia de un órgano judicial, lo cual, regularmente, puede determinarse mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, a efecto de fijar la competencia por razón de materia en el juicio de amparo, sin que ello implique emitir pronunciamiento respecto de su procedencia o improcedencia, en la especie, los tópicos sobre los cuales recaen los actos reclamados son propios de la materia administrativa (género) por tratarse del derecho de acceso a la información pública, y que no discurren acerca de la temática relativa a la explotación y desarrollo de las tecnologías de la información y telecomunicación, o bien, respecto de las políticas que debe adoptar el Estado para establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en aras de garantizar la eficiencia de los mercados de bienes y servicios de la Nación, temas respecto de los cuales los órganos especializados a que se contrae el Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio del año en curso tienen plena competencia.
"Aunado a lo anterior, no debe pasar inadvertido que la resolución que dio origen a la diversa recaída al recurso de revisión **********, derivó de la solicitud de información presentada por un particular el veintisiete de junio de dos mil doce, ante la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien constitucionalmente no era un órgano autónomo como ahora lo son la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones acorde con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo décimo noveno, fracción VII, y si bien la resolución de dicho recurso por una ejecutoria de amparo se dejó sin efectos, lo cierto, es que, únicamente fue para que se repusiera el procedimiento para que se emplazara a los terceros interesados; así, si la solicitud de información se presentó ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones el veintisiete de junio de dos mil doce, esto es, con anterioridad a la reforma constitucional referida, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo séptimo transitorio de la mencionada reforma constitucional: ‘Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.’, por lo que resulta inconcuso que se surte la competencia del Juez de Distrito que conoce en general de los conflictos en materia administrativa.
"Máxime si se toma en consideración que las resoluciones emitidas por la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto del que sí deben conocer los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y, en el caso, el acto reclamado deriva de un recurso ordinario resuelto por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, de ahí en que se insista que quien debe conocer de este juicio de amparo es el Juez que previno.
"Como corolario de lo aquí expuesto, al tener los actos reclamados naturaleza de índole administrativa (acceso la información pública) distinta a la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es claro que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26116-e025cee5/organos-jurisdiccionales-en-materia-administrativa-especializados-en-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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