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Modo: Corpus Pro

TELECOMUNICACIONES. NO DEBE CONCEDERSE AL QUEJOSO EL ACCESO EN EL JUICIO DE AMPARO AL DICTAMEN CONFIDENCIAL EN EL QUE SE SUSTENTA LA IMPROCEDENCIA DE UNA DENUNCIA CONTRA EL AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE EN AQUEL SECTOR, SI ÉSA ES LA MATERIA DEL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. · Registro digital (IUS): 28319
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-02-01
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Pág. 2124.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 26 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ (PRESIDENTE), ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y RODRIGO MAURICIO ZERÓN DE QUEVEDO, EJERCIENDO VOTO DE CALIDAD EL MAGISTRADO PRESIDENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 BIS 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ. SECRETARIO: FÉLIX FROYLÁN ÁVILA GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto décimo tercero del Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de agosto de dos mil trece; así como 6o. y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, modificado por su similar 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, los diversos acuerdos generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el quince de diciembre de dos mil dieciséis y el dos de enero de dos mil diecisiete, así como el diverso Acuerdo General 28/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho; toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito de la referida materia y especialización.

SEGUNDO.—Legitimación. Las denuncias de contradicción de tesis suscitadas, fueron presentadas por parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo, pues una de ellas la formuló la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien dictó los acuerdos impugnados en los asuntos que motivan la presente contradicción, y la otra fue realizada por la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, quien integra el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, el cual pertenece al Circuito y especialización de este Pleno de Circuito.

TERCERO.—Ejecutorias contendientes. Debe enfatizarse que, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, los criterios contendientes son: aquel sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja Q.A. 43/2018, frente a los que pronunció el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en la misma especialización, al resolver los recursos de queja Q.A. 49/2018 y 90/2018 de su índice.

Los criterios en cuestión, son los que a continuación se transcriben:

a) El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja Q.A. 43/2018, sustentó lo siguiente:

"... ESTUDIO.—SEXTO.—Dada la relación que guardan entre sí en una parte, los argumentos de los agravios primero, segundo y tercero, se analizaran en su conjunto de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo.—En el primer agravio, la parte recurrente expresa, que se viola lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, 117 último párrafo, y 217 de la Ley de Amparo al no permitir a la quejosa tomar conocimiento de los dictámenes emitidos por el Instituto a través del cual pretende mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado.—Que la naturaleza y fin previstos por el artículo 117 in fine, en conjunto con el artículo 61, fracción XX, último párrafo y el 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, es evitar una dilación innecesaria en la impartición de justicia y permitir que en aquellos casos en los cuales las responsables no señalen de manera suficiente o de total las razones y motivos que justifican sus actos, sean hechos del conocimiento de la quejosa durante la tramitación del juicio y en el mismo procedimiento se le otorgue la oportunidad de ampliar la demanda.—Que sin perjuicio que dicho dictamen constituye una mejora a la fundamentación y motivación y el mismo es parte del expediente administrativo **********, la a quo determinó indebidamente negarle el acceso, con lo cual veda el ejercicio de su derecho a ampliar la demanda de amparo y con el consecuente perjuicio que la a quo (en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo) sí valorará el acto a la luz del complemento en la fundamentación y motivación realizado por la responsable.—Que la decisión de la a quo de negarle el acceso al dictamen carece de todo fundamento o justificación al no existir una disposición legal o jurisprudencial que justifiquen la negativa a conocer información relacionada con la fundamentación y motivación de un acto impugnado.—Que la a quo parte de las premisas que (i) en el juicio de amparo se impugnan los oficios **********, **********, **********, **********, ********** y **********, del 6 de octubre de 2017; (ii) el reclamo de la parte quejosa se centra en que la responsable no fundó, ni motivó debidamente dicho oficio por no haberle hecho de su conocimiento el contenido íntegro de los dictámenes y (iii) que al resultar un aspecto a dilucidar en el fondo del asunto permitirle el acceso a dicha información implicaría dejar sin materia el juicio.—Que el auto recurrido es ilegal al partir la a quo de premisas falsas e interpretaciones erróneas que la llevaron a concluir que la causa de pedir y la litis del presente asunto se restringe a la clasificación de los dictámenes, o bien, el acceso a dichos dictámenes, pues los actos reclamados lo constituyen los oficios citados, los cuales fueron impugnados por ausencia total de fundamentación y motivación por la cual se determinó cerrar el expediente de denuncia y la violación al derecho de petición de mi mandante al no emitir una respuesta congruente con su petición.—Que la a quo aplica incorrectamente la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) para negar el acceso al dictamen, ya que la misma únicamente es aplicable cuando el acto reclamado consista en la clasificación de la información que se exhibe junto con el informe justificado. Lo cual no es el caso que nos ocupa.—Que en el caso particular se actualizan los supuestos establecidos por el artículo 117 de la Ley de Amparo y con ello, su derecho para ampliar la demanda para lo cual, necesariamente requiere tener conocimiento íntegro del contenido de los dictámenes.—En el segundo agravio la recurrente en esencia alega que, el auto impugnado es ilegal, porque la a quo revoca sus propias determinaciones y niega el acceso a los dictámenes cuando ya había permitido anteriormente la consulta de la totalidad del expediente administrativo del cual forma parte.—En el tercer agravio la recurrente en esencia aduce que, el auto recurrido es contrario al artículo 217 de la Ley de Amparo ya que la a quo le niega la posibilidad de consultar los dictámenes proporcionados por el instituto a pesar de resultar éstos esenciales para su defensa, incumpliendo con la jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal.—Que el acceso a documentación proporcionada por la autoridad responsable cuando la misma se clasifica como reservada o confidencial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia de título y subtítulo: ‘INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.’.—Que no obstante que la responsable haya clasificado los dictámenes como confidenciales, la a quo cuenta con las facultades para permitirle el acceso para consultar dicha información toda vez que la misma es esencial para su defensa.—Que la a quo niega el acceso a la misma sin llevar a cabo un análisis sobre si la misma es necesaria o esencial para su defensa y sin tomar en consideración la litis del caso particular.—Que la a quo se limitó a reiterar la clasificación indicada por la autoridad responsable sin cerciorarse si en el caso, resultaba aplicable el criterio jurisprudencial citado y que la misma ya había sido objeto de clasificación de manera previa como información reservada y a la cual sí se permitió acceso.—Que no obstante la autoridad haya clasificado los oficios impugnados como confidenciales, la Juez de Distrito, bajo la más estricta responsabilidad debió permitirle imponerse de su contenido, toda vez que constituye un documento esencial para la defensa de sus derechos, toda vez que su contenido constituye y guarda estrecha relación con los actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda de amparo indirecto y, más aún, porque dicha información es esencial para analizar la constitucionalidad de esos actos.—Que lo procedente es que se declare fundado el presente agravio, se revoque el auto recurrido y se ordene a la Juez de Distrito que dé vista a mi mandante con los dictámenes, o por lo menos una versión pública de ellos, para que no permanezca en un estado de indefensión al no tener conocimiento de los fundamentos y motivos por los cuales determinó dar por concluidos los procedimientos de denuncia iniciado por las quejosas en contra de violaciones a diversas medidas asimétricas por parte del AEP.—Los argumentos sintetizados, son esencialmente fundados, por los motivos siguientes: La problemática jurídica a resolver en el presente asunto, se circunscribe a determinar sobre la legalidad del acuerdo por el que se restringió a la parte quejosa ahora recurrente, el acceso a la documental consistente en el dictamen de seis de octubre de dos mil diecisiete, clasificada como confidencial.—Este tribunal considera conveniente, a fin de una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, realizar una relación sucinta de los hechos relevantes del mismo.—1. Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, la parte quejosa ahora recurrente manifestó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones rindió su informe justificado sin acompañarlo con copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el mismo y que resultan indispensables para la debida resolución del asunto, específicamente, los dictámenes emitidos por el director general de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones de seis de octubre de dos mil diecisiete, por lo cual solicitó que se le formulara requerimiento a la autoridad para que los exhibiera.—2. En atención a lo anterior, en proveído de tres de enero de dos mil dieciocho, la Juez Federal, ordenó requerir al director general de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que dentro del término de tres días contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos su notificación, a fin de que remitiera copia certificada y completa de los dictámenes de seis de octubre de dos mil diecisiete, en los que se concluyó que no se encontraron elementos para determinar la existencia de posibles violaciones por parte del agente económico preponderante a las disposiciones legales, reglamentaria y administrativas que fueron objeto de la denuncia, con base en los cuales se dictó el oficio reclamado.—3. En cumplimiento a lo anterior, por oficio presentado el once de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región, el delegado director general de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, manifestó: ‘Al respecto, resulta importante mencionar que el expediente **********y sus acumulados, concluyó con la emisión de un solo dictamen de fecha 6 de octubre de 2017, lo anterior con motivo de la emisión del acuerdo de 24 de febrero de 2017, por medio del cual se ordenó la acumulación de los expedientes **********, **********, **********, ********** y **********, mismo que ya fue remitido a ese H. Juzgado.—Una vez aclarado lo anterior, y en cumplimiento al acuerdo en cuestión, se adjunta al presente copia certificada el (sic) el dictamen de fecha 6 de octubre de 2017, emitido en el expediente ********** y sus acumulados. Al respecto, es importante mencionar que la quejosa carece de interés en el procedimiento de mérito, razón por la cual el documento adjunto le reviste el carácter de confidencial de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental para la quejosa.’.—4. En respuesta a lo anterior, en acuerdo de quince de enero de dos mil diecisiete, la Juez Federal determinó lo siguiente: ‘Ciudad de México, a quince de enero de dos mil dieciocho.—Agréguese al sumario constitucional en que se actúa el oficio de cuenta, signado por Rolando Bon Prendes, delegado del director general de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, carácter que tiene debidamente acreditado en este asunto (fojas 226 y 268), a través del cual, en desahogo al requerimiento que le fue formulado mediante auto de tres de enero del año en curso (fojas 277 y 278), remite la documentación que le fue solicitada; en consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito.—En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tienen como pruebas de la autoridad responsable en cita las documentales que en copia certificada se acompañaron al ocurso que se provee, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional, y de que sean tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno.—Ahora bien, atento a las manifestaciones del ocursante, en el sentido de que las constancias de referencia, tienen el carácter de confidenciales, de conformidad con los preceptos legales que indica, se estima pertinente que las mismas prevalezcan con tal carácter y que obren en el seguro del juzgado bajo el número 3/2018-B, para consulta exclusiva de la titular y de la Secretaría encargada de la mesa en donde se tramita el sumario en que se actúa.—Háganse las anotaciones correspondientes en el «libro auxiliar de documentos diversos no cuantificables en dinero» que al efecto se lleva en este Juzgado Federal.—Se instruye a los encargados de la sección de actuaria, del sistema integral de seguimiento de expedientes y de la secretaria correspondiente, para que en el ámbito de sus atribuciones, se abstengan de hacer pública la información referida.—Por otro lado, de las constancias que integran el presenta asunto, se desprende que mediante escrito identificado con el folio 22, la parte quejosa solicitó que en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requirieran a la autoridad responsable la exhibición del dictamen de seis de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que pudiera imponerse de su contenido y ejercer una debida defensa; sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que no es procedente otorgarle el acceso a la documental que nos ocupa, por las consideraciones que se exponen a continuación: En principio, debe tenerse presente que los actos que por esta vía se impugnan los constituyen oficios de doce de octubre de dos mil diecisiete, dictados en el expediente **********, en los que se hizo del conocimiento de la parte justiciable que derivado del resultado obtenido en el dictamen de referencia, resultaban improcedentes las denuncias que presentó el uno y dos de diciembre de dos mil dieciséis, así como que, por tal motivo, se daba por concluido el procedimiento de supervisión y verificación que derivó de dicha acusación.—Asimismo, se estima indispensable señalar que el reclamo de la parte quejosa se centra en el hecho de que la autoridad responsable no fundó ni motivo debidamente los ocursos reclamados, por no haberle hecho de su conocimiento el contenido íntegro del dictamen de seis de octubre de dos mil diecisiete.—Lo anterior, da noticia de que el determinar si la peticionaria de amparo debió imponerse del contenido del dictamen de que se trata, constituye precisamente uno de los aspectos a dilucidar al momento de resolver este juicio de amparo, y que permite el acceso a dicha información, implicaría dejar sin materia la presente instancia.—Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 26/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de dos mil quince, de contenido siguiente: «INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.» (se transcribe).—Por lo anteriormente expuesto, este órgano jurisdiccional insiste en que no resulta procedente permitir a la parte quejosa el acceso a la documentación que se acompañó al ocurso de cuenta.—Cuenta habida de que la documental de que se trata fue requerida únicamente a efecto de que este Juzgado Federal cuente con los elementos necesarios para resolver la litis planteada. ...’.—Precisado lo anterior, en principio, asiste razón a la recurrente cuando afirma que el auto recurrido es ilegal, porque la Juez de Distrito partió de la premisa errónea, de que la litis se restringe a la clasificación de los dictámenes, o bien, al acceso a los mismos.—En efecto, de la demanda de garantías, se advierte que, los actos reclamados lo constituyen los oficios **********, **********, **********, **********, ********** y **********,todos del seis de octubre de dos mil diecisiete, en los cuales se estableció, respectivamente, lo siguiente: ‘Al respecto. Se le informa que el seis de octubre de dos mil diecisiete, la Dirección General de Supervisión y verificación de Regulación Asimétrica, en ejercicio de sus facultades, emitió un dictamen en el cual se concluye que no se encontraron elementos para determinar la existencia de posibles violaciones por parte del AEP a las Medidas de la Resolución de Preponderancia que dieron motivo a las denuncias referidas.—Dicho lo anterior, se le informa el resultado del dictamen emitido como improcedente y, por lo tanto, con fundamento en el artículo 57, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

se da por concluido el procedimiento de supervisión y verificación que nos ocupa, por lo cual se envían las actuaciones al archivo para su resguardo. ...’.—Dichos actos, fueron controvertidos por las razones expresadas en los conceptos de violación, por una parte, por la ausencia de fundamentación y motivación por la cual se determinó que no se detectaron irregularidades que sancionar derivados de los hechos denunciados, además de que, no se hizo de su conocimiento los dictámenes en que se apoyaron los oficios citados, lo cuales establecen la valoración de pruebas y hechos, lo que evidencia la falta de motivación, que la deja en estado de indefensión para desplegar su defensa y, por otra, la violación al derecho de petición, al no emitirse una respuesta congruente con relación a su denuncia y, no así, respecto al conocimiento del dictamen de seis de octubre de dos mil diecisiete.—De ahí, que no fue correcta la estimación de la Juez de Distrito, en el sentido de que, el determinar si la peticionaria de amparo debió imponerse del contenido del dictamen de que se trata, constituye uno de los aspectos a dilucidar al momento de resolver el juicio de amparo, por lo que, permitirle el acceso a dicha información, implicaría dejar sin materia la presente instancia.—Lo anterior, en razón de que la litis en el presente asunto, consiste en dilucidar la ausencia de fundamentación y motivación de los oficios referidos, que establecen que derivado de las razones contenidas en los dictámenes –los cuales manifestó desconocer generando que los oficios impugnados carezcan de motivación– se da por concluido el procedimiento de supervisión y verificación, al igual que, la violación al derecho de petición, al no emitirse una respuesta congruente con relación a su denuncia, de ahí lo fundado de su argumento.—En este orden, también asiste razón a la parte inconforme, en el sentido de que el acuerdo recurrido, es contrario a lo dispuesto al artículo 217 de la Ley de Amparo, al negársele la posibilidad de consultar el dictamen de seis de octubre de dos mil diecisiete, pues no obstante que la autoridad responsable lo clasificó como información confidencial, la a quo cuenta con facultades para permitirle el acceso para consultar dicha información que resulta esencial para su defensa.—Inicialmente, por una parte, cabe destacar que, este Tribunal Colegiado y el propio Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, han sostenido, que los concesionarios denunciantes, cuentan con un interés concreto y particular que los legitima para intervenir en el procedimiento iniciado con motivo del escrito de denuncia presentado ante el IFT, relativo al puntual cumplimiento de una medida asimétrica impuesta al agente económico preponderante.—En efecto, la parte denunciante cuenta con el derecho subjetivo para requerir al agente económico preponderante el cumplimiento de una medida asimétrica, lo que le confiere un interés jurídico que la legitima para acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para lograr su debido cumplimiento, pues nada le impide actuar dentro del procedimiento que instó para hacer efectivo el derecho subjetivo que le pudiese asistir, pues su intervención resulta consistente con los derechos fundamentales de debido proceso y a un recurso judicial efectivo.—La participación de la parte denunciante en la instrucción del procedimiento de origen, tiene por finalidad discutir el alcance y la eficacia del derecho sustantivo concreto al puntual cumplimiento de una medida asimétrica impuesta al agente económico preponderante, a fin de que no se vulneren sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nada le impide, en su caso, contradecir los planteamientos y prueba ofrecidas por el preponderante.—En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver la contradicción de tesis 2/2017, al establecer en lo que interesa, lo siguiente: ‘... Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República advierte que el acto causa una importante afectación, puesto que la decisión de no reconocer la condición de parte al denunciante en el expediente de investigación respectivo, negarle todo interés y negarle también a la posibilidad de nombrar autorizados, le impide conocer el curso del procedimiento e intervenir en él de la forma que más convenga a sus intereses, considerando la manera en que el procedimiento se desarrolle con la actuación de la persona denunciada y de la propia autoridad.—No incide, en cambio, en la capacidad del denunciante de aportar con la denuncia o con posterioridad, toda la información que posea, tendiente a acreditar los hechos denunciados; sin embargo, debe destacarse que en el supuesto aquí examinado, subyace un conflicto referente a las características de las medidas asimétricas o a la manera de cumplirlas.—Por otro lado, importa tener presente que, en estos casos, existe la posibilidad de defenderse con posterioridad, pues cuando se dicte la resolución final, si ésta les es desfavorable, los denunciantes podrán impugnarla y hacer valer allí las violaciones cometidas en el procedimiento, incluyendo aquella que les negó su participación.—No obstante lo anterior, la demora que significaría resolver este tipo de asuntos, en caso de que se promoviera el amparo hasta que se dicte la resolución definitiva (dado el dinamismo de los mercados, los criterios de oportunidad y, en caso de ser fundada la pretensión de la quejosa, la oportunidad para participar en el procedimiento), causaría un perjuicio tan grave que se podría decir que se está negando el acceso a la justicia, tomando en cuenta que se trata de derechos derivados de medidas correctivas que suponen un manejo inmediato, cuya dilación podría significar su sacrificio.—Además, en los casos que se analizan, no puede estimarse que la promoción del juicio de amparo tiene como finalidad ser un mecanismo dilatorio o de obstrucción frente a las atribuciones del órgano regulador, lo cual pretende eliminar la referida restricción constitucional, pues quienes lo promueven son agentes económicos distintos del preponderante que tienen interés en que se ejecuten con la mayor prontitud posible y la eficacia debida, las medidas regulatorias. ...’.—Como se observa, se reconoce que los agentes económicos distintos del preponderante tienen interés en que se ejecute con la mayor prontitud posible y la eficacia debida, las medidas regulatorias.—Por otra parte, debe señalarse que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 121/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de Circuito, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República, Décimo Octavo y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, Segundo en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito, sostuvo en la parte que interesa, las consideraciones sustanciales siguientes: ‘... Así, de la revisión del régimen constitucional y legal vigente sobre el derecho de acceso a la información, establecido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, se advierte, en lo que interesa para la resolución de la contradicción de criterios a estudio, que los particulares tienen acceso a la información gubernamental bajo el principio de máxima publicidad, el cual sólo podrá reservarse en los términos que establezcan las leyes por razones de interés público y seguridad nacional, así como por tratarse de información relacionada con la vida privada de las personas y sus datos personales.—Para el ejercicio de ese derecho, la propia Constitución Federal previó la existencia de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, en términos de lo establecido en la ley.—En la ley correspondiente se estableció que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, aunado a que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones establecidas en la propia ley, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, la ley federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias.—Asimismo, se dispuso como regla general el acceso a dicha información y, por excepción, la clasificación, salvo aquella información relacionada con violacione

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28319-f6749069/telecomunicaciones-no-debe-concederse-al-quejoso-el-acceso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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