CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES. EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN CONTRA DE LA DECISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES QUE DECIDE NO SANCIONAR A DIVERSO CONCESIONARIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE SU TÍTULO DE CONCESIÓN, NO ES LA ACTUACIÓN OPORTUNA PARA DECIDIR SI EL PROMOVENTE TIENE O NO INTERÉS.
CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES. EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA EN CONTRA DE LA DECISIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES QUE DECIDE NO SANCIONAR A DIVERSO CONCESIONARIO POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE SU TÍTULO DE CONCESIÓN, NO ES LA ACTUACIÓN OPORTUNA PARA DECIDIR SI EL PROMOVENTE TIENE O NO INTERÉS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 28 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ. AUSENTE: HOMERO FERNANDO REED ORNELAS. DISISDENTES: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON Y JEAN CLAUDE TRON PETIT. PONENTE: JEAN CLAUDE TRON PETIT. SECRETARIO: MARCO ANTONIO PÉREZ MEZA.
II. Competencia
6. El Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 3, 6, 17, fracción III, 18 y 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
III. Legitimación
7. La denuncia de contradicción de tesis se presentó por parte legítima, al haberse formulado por una de las partes que intervinieron en los asuntos que dieron origen al presente asunto. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. Existencia de la contradicción
8. Como se verá a continuación, el presente asunto cumple con los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, los cuales exigen que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
9. Tales requisitos se contienen en las jurisprudencias de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(2)
10. A continuación, se analiza si, en el caso concreto, se actualizan los requisitos enunciados y por qué.
Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
Criterios que informan las decisiones de los Tribunales Colegiados
12. Al resolver el recurso de queja QA. 46/2016, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"15. Así, la cuestión central a resolver en el presente recurso, consiste en dilucidar si es correcta o no la admisión de la demanda de amparo promovida por **********, al estimar la aquí recurrente que la quejosa carece de interés jurídico o legítimo, actualizándose una causal de improcedencia notoria y manifiesta.
"16. Son fundados los argumentos propuestos a estudio.
"17. La ahora recurrente se duele básicamente del acuerdo mediante el cual la a quo admite a trámite la demanda de amparo promovida por **********, pues a su juicio, ésta carece de interés jurídico o legítimo.
"18. Sobre este aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio consistente en que la falta de interés legítimo, en principio, no es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio que conduzca a desechar la demanda.
"19. El criterio a que se hace alusión, contenido en la jurisprudencia 1a./J. 44/2013 (10a.), es de título, subtítulo y texto siguientes:
"‘INTERÉS LEGÍTIMO. EN PRINCIPIO, LA FALTA DE ÉSTE NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE CONDUZCA A DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS PADRES, EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJO MENOR DE EDAD, ACUDEN A COMBATIR ACTOS DE AUTORIDAD DIRIGIDOS A AFECTAR LOS PREDIOS DE UN TERCERO, DE CUYO USO SE BENEFICIAN POR ALGÚN TÍTULO LÍCITO, Y SE RELACIONAN CON LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES SENSIBLES PARA DETERMINADOS DERECHOS CONSTITUCIONALES.’ (se transcribe)
"20. Del criterio transcrito se desprende, en lo que interesa, que el artículo 145 de la Ley de Amparo, prevé la facultad de los Jueces constitucionales de examinar el escrito de demanda y establece que, de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, como se ha reiterado en la jurisprudencia, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa.
"21. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo –para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales–, institución que ha sido definida por la propia Primera Sala en la tesis aislada XLIII/2013, como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.
"22. Así, para determinar si la falta de interés legítimo es una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduzca a desechar la demanda, los Jueces de amparo, mediante una aproximación inicial al caso, deben realizar una evaluación preliminar y realizar un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determinen si el planteamiento del quejoso, en su formulación conceptual y con los elementos probatorios disponibles, vislumbra una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que existe una duda razonable y sólo desechar cuando estimen que no existe tal posibilidad lógica.
"23. Precisado lo anterior, se estima que en el caso es incorrecta la determinación de la a quo, de admitir a trámite la demanda, pues en el caso específico y del análisis de la demanda de amparo, se desprende que, en efecto, como lo sostiene la recurrente, la quejosa **********, carece de interés jurídico o legítimo para reclamar la resolución de no sanción emitida por el IFT en el procedimiento administrativo iniciado en contra de **********, por presuntamente haber incumplido la condición 1-9 de su título de concesión, sin que se pueda arribar a una conclusión diversa durante la sustanciación del juicio de amparo.
"24. De la demanda de amparo, se advierte que la quejosa, **********, reclama de manera sustancial, los actos siguientes:
"• La emisión de la resolución contenida en el Acuerdo **********, aprobada en su XIV sesión ordinaria celebrada el 8 de junio de 2016, a través de la cual, entre otras cuestiones, se exonera a ‘**********’ y se determina que no existen elementos para considerarla administrativamente responsable del incumplimiento al segundo párrafo de la **********, y en consecuencia que dicha empresa sea responsable de la distribución de señales de televisión a través de su red, con motivo del acceso a los contenidos del portal de Internet UNOTV; así como...
"• La omisión de sancionar el incumplimiento por parte de ********** de la medida provisional ordenada en el acuerdo de inicio de procedimiento consistente en la suspensión de la distribución de contenidos en el portal **********.
"25. Los actos reclamados se hacen consistir, esencialmente, en la resolución emitida por el IFT en la que resuelve que **********, no transgredió la condición ********** de su título de concesión; así como la omisión de sancionar el incumplimiento por parte de la misma sociedad de la medida provisional ordenada en el acuerdo de inicio del procedimiento, consistente en la suspensión de la distribución de contenidos en el portal **********.
"26. Precisado lo anterior, es necesario ahora distinguir en qué consiste el interés jurídico y el legítimo, previstos en la fracción I del artículo 107 constitucional, para efectos de procedencia del juicio de amparo.
"27. Para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo, y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido.
"28. Por tanto, la noción de perjuicio para la procedencia de la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías.
"29. En relación con las nociones anteriores, en la tesis aislada 1a. XCVII/2014 (10a.), de título y subtítulo: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA RELATIVA, ADEMÁS DE ADVERTIRSE LA PRESENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO, DEBE VERIFICARSE SI EXISTE UNO OBJETIVO CONFERIDO POR EL MARCO CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).’, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que la existencia de derechos objetivos reconocidos en el marco constitucional es lo que otorga a las personas un ‘interés jurídico’, de acuerdo con la posición particular que mantengan en relación con las normas del ordenamiento jurídico; cuestión que atendiendo a la situación particular del quejoso puede otorgarle la facultad para acudir al amparo, siempre que se concrete una lesión o agravio real y actual.
"30. Por tanto, para verificar la procedencia de la demanda relativa, conforme a este concepto, resulta insuficiente advertir la presencia de un derecho subjetivo, ya que también es necesario verificar si existe algún derecho objetivo que otorgue interés para acudir a tal juicio; de ahí que, la figura del interés jurídico se traslapa con el concepto de interés legítimo, pues ambas condiciones pueden actualizarse por la existencia de un derecho objetivo conferido por el marco constitucional en contraposición a la situación particular del individuo, pero sujeto a la causación de un agravio.
"31. Por lo que respecta al interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo u objetivo, pero si de un interés reconocido y tutelado de manera general por la Constitución, tienen, sin embargo, legitimación para cuestionar una actuación u omisión de cierta autoridad sea acorde a la ley por derivar de ello un beneficio o evitar un perjuicio en sus intereses, lo que exige demostrar tener una situación cualificada de afectación y conseguir que esa conducta sea enmendada.
"32. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado para ejercer un poder de exigencia respecto a la legitimidad de actos u omisiones de las autoridades cuyo sustento, no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en una posición cualificada que de hecho pueda tener respecto de la conveniencia o interés por la legalidad de determinados actos de autoridad, que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.
"33. Para que un pretendido interés no sea reputado como simple, deben concurrir los siguientes requisitos:
"• Especial posición cualificada de la persona o colectivo recurrente;
"• Círculo de intereses individual o colectivo afectado, distinto o diferente de uno general o universal;
"• Un interés propio y cualificado, distinto del común o convencional de cualquier otra persona;
"• Un agravio diferenciado respecto al resto de la comunidad;
"• Conveniencia o provecho específicos de ser acogida la pretensión o exigencia de legalidad respecto de actuaciones de la autoridad, esto implica un beneficio o efecto positivo y cierto en la esfera jurídica del quejoso, ya sea actual o futura, si eventualmente se concediera el amparo; y,
"• Posibilidad real de obtener un beneficio si se llega a enmendar la conducta cuestionada.
"34. El interés legítimo existe, siempre que pueda presumirse que la pretendida actuación legítima de las autoridades, habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio o evitar un perjuicio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio o privar de un beneficio, tanto a la colectividad como al interesado, pero de manera diferenciada y con distinta intensidad.
"35. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis número 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:
"‘INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.’ (se transcribe).
"36. También cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"‘INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).’ (se transcribe).
"‘37. Consecuentemente, cuando el quejoso aduzca ser titular de un interés legítimo derivado de su especial situación frente al orden jurídico y, con base en ello, promueva el juicio constitucional, debe acreditar de manera plena que la norma impugnada o el acto de autoridad producen una afectación cualificada, diferenciada, real y actual a su esfera jurídica.
"38. Esto es, no basta aducir ser titular de un interés legítimo y alegar que los actos reclamados violan los derechos reconocidos en la CPEUM, puesto que también debe acreditarse una afectación a la esfera jurídica de manera directa o en virtud de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico. Sólo así, quien acude al juicio de amparo es realmente parte agraviada (haciendo la salvedad de que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se requiere la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa).
"39. Así, para la procedencia del juicio de amparo, debe tomarse en cuenta la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, la cual no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino de la aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, por medio del cual pueda reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con el ordenamiento; de ahí que con la concesión del amparo, debe lograrse un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse, así como un beneficio cierto, real y concreto, si eventualmente se concediera el amparo solicitado.
"40. Precisadas las anteriores notas relativas al interés jurídico y legítimo, este Tribunal Colegiado especializado arriba a la conclusión de que, en el caso, asiste razón a la sociedad recurrente, pues la quejosa no cuenta con un interés legítimo o jurídico para acudir al amparo, y que tal conclusión no cambiaría en la secuela del juicio, por lo que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia.
"41. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 1o., dispone que los numerales que la integran son de orden e interés público, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, y por analogía, a ciertos actos del IFT.
"42. En el aspecto específico de los procedimientos previstos y regulados en dicha ley, nos encontramos que la misma contempla tres procedimientos: i) el procedimiento de verificación –visitas de verificación–; ii) un procedimiento genérico, dentro del que se inserta además; y, iii) el procedimiento administrativo de imposición de sanción.
"43. Respecto del último de los procedimientos referidos, el procedimiento administrativo de imposición de sanción, la ley prevé, que cuando proceda imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al infractor la iniciación del procedimiento respectivo, para que dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso, aporte las pruebas con que cuente. Dado que el procedimiento genérico o estándar es el básico y que contempla mayores opciones de defensa, en acatamiento al debido proceso legal, resulta que a sus disposiciones deben adicionarse, en su caso, las pertinentes al de sanción en un enfoque sistémico y de congruencia o consistencia, como una opción o modalidad del genérico.
"44. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá a dictar por escrito la resolución que proceda, y transcurridos estos diez días, comenzará a correr el plazo para la caducidad previsto en el ya citado artículo 60.
"45. Así, es correcta la argumentación expuesta por la recurrente, pues, en efecto, el procedimiento administrativo de imposición de sanción previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no prevé la existencia de partes en los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, ya sea como tercero interesadas o coadyuvantes, acorde lo dispuesto en los artículos 72 y 74 relativos, por lo que la determinación de no sanción a favor de **********, únicamente causa un beneficio o perjuicio en su esfera de derechos; esto es, sólo impacta en la esfera de la recurrente, no así en la de **********, de ahí que no cuente con interés para acudir al amparo.
"46. El procedimiento administrativo de imposición de sanción, tiende, únicamente, a regir las relaciones y actuaciones pertinentes entre la autoridad y el posible infractor, siendo éstas las partes contendientes en el mismo, pues la autoridad investigará si en su caso existió o no alguna infracción a las disposiciones de la materia o a las condiciones que rigen los respectivos títulos de concesión, haciendo las imputaciones pertinentes, y el presunto infractor aportará las pruebas conducentes para desvirtuar la conducta imputada, por lo que, en efecto, no se prevé la intervención de terceros ajenos al procedimiento, aun cuando como en el caso, la quejosa aduzca haber sido denunciante, en términos del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues como se ha señalado, la intervención se agota con presentar la denuncia correspondiente ante hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción, correspondiendo de ahí en adelante a la autoridad investigar si en efecto hay o no una conducta por sancionar, para que en su caso, ello le sea notificado al presunto infractor y pueda aportar pruebas y argumentos en su defensa.
"47. En razón de lo anterior, como consecuencia, se estima que, en efecto, la quejosa no tiene interés para combatir o reclamar una determinación del IFT en donde resuelve no sancionar a un concesionario de telecomunicaciones por presuntamente haber violado una condición de su título de concesión, pues se reitera, la determinación en ese sentido únicamente concierne al presunto infractor, mas no así a terceros, aunque aduzcan que su interés deriva de una denuncia presentada o a que también son concesionarios en el sector de las telecomunicaciones.
"48. Así, no asiste a la quejosa un interés jurídico o legítimo al no contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular, cuyos efectos se concreten en forma individual o algún otro de carácter objetivo, pero de titularidad universal, otorgándole la facultad de exigencia oponible a la autoridad o a un sujeto cualquiera o concesionario, pues requeriría como presupuesto se le haya ocasionado algún perjuicio.
"49. Tampoco cuenta con un interés legítimo, entendido como un interés en que una actuación u omisión de cierta autoridad sea acorde a la ley por derivar de ello un beneficio o evitar un perjuicio en sus intereses, lo que exige demostrar tener una situación cualificada de afectación y que de conseguir que esa conducta sea enmendada le acarrearía un beneficio concreto y real o le privaría de un perjuicio.
"50. El interés legítimo existe, sólo cuando pueda presumirse que la pretendida actuación legítima de las autoridades, habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio o evitar un perjuicio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio o privar de un beneficio, tanto a la colectividad como al interesado, pero de manera diferenciada y con distinta intensidad.
"51. En el caso específico, la quejosa aduce o hace derivar el interés en la presente controversia de su carácter de denunciante ante el IFT y de concesionario en el sector de las telecomunicaciones, manifestando de manera reiterada que con la decisión adoptada se limita y afecta la competencia en el sector.
"52. Lo anterior, se traduce en que su interés se basa en consideraciones o afectaciones generales y en abstracto, sobre todo lo relativo a que se afecta la competencia en el sector, al permitir a quien no tiene concesión para ello, prestar un servicio que tiene vedado; sin embargo, no concreta una afectación diferenciada o específica, ni demuestra un beneficio concreto que pudiera obtener para el caso de que se concediera la protección constitucional; esto es, no demuestra una afectación real y actual a su esfera jurídica derivado de su especial situación, pues la simple mención a que se afecta la competencia en el sector es una afectación general o hipotética, que no se concretiza ni acredita en modo alguno.
"53. Además, se advierte que lo pretendido es precisamente lo contrario, evitar la competencia y propiciar barreras a la entrada, reduciendo la concurrencia en el mercado; por tanto, de conformidad con el principio de legitimación en la causa, lo que se exige es acreditar una lesión directa o sustancial, o cuando menos, que exista la posibilidad real, no meramente hipotética, de afectación, si un acto no es reparado, siendo que el daño debe ser, como se dijo, real o inminente, y no meramente eventual, excluyendo en consecuencia aquellas argumentaciones generales, teóricas, académicas o hipotéticas , sino que debe traducirse en una afectación real, actual y concreta .
"54. Así, se concluye que en el caso no se advierte un beneficio concreto y diferenciado que la quejosa pudiera obtener, al no haber sido parte en el procedimiento y no tiene derecho alguno más que en el caso se haya dado trámite a su denuncia; esto es, la quejosa no obtiene beneficio alguno con que se sancione a **********.
"55. Por ello es que se estiman fundados los agravios propuestos a estudio, ya que en el caso la quejosa no cuenta con interés jurídico o legítimo para acudir al juicio de amparo, y tal conclusión no variaría en la secuela del juicio."
13. De la transcripción que precede, se desprenden las consideraciones esenciales siguientes:
• La cuestión central a resolver, consistió en dilucidar si fue correcta o no la admisión de la demanda de amparo promovida por **********, al estimar la recurrente que la quejosa carece de interés jurídico o legítimo, actualizándose una causal de improcedencia notoria y manifiesta.
• Son fundados los agravios de la recurrente. El artículo 145 de la Ley de Amparo prevé la facultad de los Jueces constitucionales de examinar el escrito de demanda y establece que, de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, supuesto que se actualiza, como se ha reiterado en la jurisprudencia, cuando el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa.
• El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo –para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales–, institución que ha sido definida por la propia Primera Sala en la tesis aislada 1a. XLIII/2013, como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra.
• Para determinar si la falta de interés legítimo es una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduzca a desechar la demanda, los Jueces de amparo, mediante una aproximación inicial al caso, deben realizar una evaluación preliminar y realizar un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determinen si el planteamiento del quejoso, en su formulación conceptual y con los elementos probatorios disponibles, vislumbra una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que existe una duda razonable y sólo desechar cuando estimen que no existe tal posibilidad lógica.
• En el caso, es incorrecta la determinación de la a quo de admitir a trámite la demanda, pues en el caso específico y del análisis de la demanda de amparo, se desprende que, en efecto, como lo sostiene la recurrente, la quejosa carece de interés jurídico o legítimo para reclamar la resolución de no sanción emitida por el IFT en el procedimiento administrativo iniciado en contra de **********, por presuntamente haber incumplido la condición ********** de su título de concesión, sin que se pueda arribar a una conclusión diversa durante la sustanciación del juicio de amparo.
• Los actos reclamados se hacen consistir, esencialmente, en la resolución emitida por el IFT en la que resuelve que **********, no transgredió la condición ********** de su título de concesión; así como la omisión de sancionar el incumplimiento por parte de la misma sociedad de la medida provisional ordenada en el acuerdo de inicio del procedimiento, consistente en la suspensión de la distribución de contenidos en el portal **********.
• Para la procedencia del juicio de amparo, bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo, y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27994-28f90928/concesionarios-de-redes-publicas-de-telecomunicaciones-el-auto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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