AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES QUE DA TRÁMITE A UNA DENUNCIA RELACIONADA CON EL RÉGIMEN DE PREPONDERANCIA PERO LE NIEGA EL CARÁCTER DE PARTE AL DENUNCIANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ, PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, JEAN CLAUDE TRON PETIT Y ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON. AUSENTE: HOMERO FERNANDO REED ORNELAS. PONENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ARTURO MORA RUIZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia del Pleno de Circuito. El Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 6 y 45, fracción III, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, modificado por su similar 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la Jueza de Distrito que conoció de los asuntos de los cuales deriva la contradicción.
TERCERO.—Resoluciones que dan motivo a la contradicción.
Los datos del primer asunto son los siguientes:
Ver datos del primer asunto
Los datos del segundo asunto son los siguientes:
Ver datos del segundo asunto
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En el presente asunto se satisfacen los requisitos que consideran la existencia de una contradicción de tesis en un punto jurídico determinado, en términos del artículo 225 de la Ley de Amparo,(1) y las tesis de jurisprudencia de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.",(2) "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(3) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(4), aplicables al caso por analogía, en tanto interpretan el texto del numeral 197-A,(5) de la ley abrogada, cuyo texto coincide en lo esencial con el primero de los citados.
De la reproducción de las partes relativas de las sentencias se advierte lo siguiente:
1. Ambos Tribunales Colegiados de Circuito especializados conocieron de la misma cuestión jurídica, esto es, la procedencia del juicio de amparo contra el acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones donde tuvo por recibida una denuncia por posibles violaciones del agente económico preponderante, respecto de una de las medidas que le fueron impuestas; se determinó el inicio de las facultades de supervisión y verificación del referido instituto; y, estableció que la persona denunciante no tenía el carácter de parte, porque no tenía interés jurídico o legítimo, sino sólo un interés simple, y no tuvo como autorizados a las personas designadas por ella.
2. Para resolver esta cuestión, ambos tribunales analizaron las normas que regulan la procedencia del juicio, entre ellas, los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción VII, constitucional y 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
3. Los tribunales arribaron a conclusiones opuestas:
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República sostuvo en esencia que si bien el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como regla general que, tratándose de actos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el único medio de defensa es el juicio de amparo, y que, si dichos actos fueron emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio, el medio de control constitucional en comento, únicamente, procede contra la resolución definitiva, pudiendo alegarse violaciones, tanto en la resolución, como en el procedimiento, e incluso plantearse la inconstitucionalidad de normas aplicadas en una u otro, "existe una excepción a dicha regla, pues aun tratándose de actos dictados dentro de un procedimiento, si éstos son de imposible reparación, en razón de la afectación material –real y actual– a derechos sustantivos que ocasionan, éstos pueden reclamarse de manera inmediata en vía de amparo, sin necesidad de esperar a que se dicte la resolución final."
En ese orden de ideas, dicho tribunal señaló que si bien el acto reclamado se dictó dentro de un procedimiento administrativo, éste era de imposible reparación, en tanto que le impedía a la quejosa de manera definitiva participar como parte en el procedimiento administrativo, respecto del cual aduce tener un interés jurídico o legítimo, que se hubiere iniciado con motivo de su denuncia, afectando de manera irreparable su derecho a la debida defensa y acceso a la justicia, conducente de manera directa a obtener prestaciones concretizables, como sería compartir la infraestructura que gestiona el preponderante, razón por la que era susceptible de impugnarse a través de juicio de amparo.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República estableció, que tanto por la forma como está redactado el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Carta Magna, como por la intención del Constituyente que se desprendía del proceso de formación respectivo, se concluía que, por "regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos intraprocesales en general, dictados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto es, contra cualquier acto emitido por dicha autoridad dentro de un proceso, sin constituirse como su resolución definitiva."
Con base en esto último, determinó que, con el acuerdo reclamado se dio inicio a una investigación en materia de telecomunicaciones, y que, precisamente, por tratarse del inicio del ejercicio de las facultades de comprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, era claro que no se constituía como la resolución definitiva que ponía fin al procedimiento.
Señaló que si bien conforme a los artículos 107, fracción IV, párrafo primero, constitucional y 107, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, se revelaba que, generalmente, tratándose de actos dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, es procedente el juicio de amparo en contra de actos de imposible reparación, esa regla no era aplicable a los actos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque en el artículo 28 constitucional no se había acogido esa disposición, al establecer que "En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales".
En estas condiciones, el punto materia de la contradicción de tesis consiste en determinar si el juicio de amparo es procedente o no en contra del acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde tuvo por recibida una denuncia por posibles violaciones del agente económico preponderante, respecto de una de las medidas que le fueron impuestas; determinó el inicio de las facultades de supervisión y verificación del referido instituto; y, estableció que la persona denunciante no tenía el carácter de parte, por carecer de interés jurídico o legítimo, sólo simple, y no tuvo como autorizadas a las personas designadas por ella.
De manera específica, debe advertirse que hay contradicción de tesis, porque el Primer Tribunal Colegiado de Circuito especializado considera que si bien el acuerdo reclamado es un acto intraprocesal que, en términos del artículo 28 constitucional no es impugnable de manera independiente, sino junto con la resolución final que se dicte en el procedimiento respectivo; esa regla general tiene una excepción cuando se trata de actos de imposible reparación, en cuyo caso, dichos actos intraprocesales pueden reclamarse de manera inmediata en vía de amparo, sin necesidad de esperar a que se dicte la resolución final.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito especializado también estima que el acuerdo reclamado es un acto intraprocesal, que en términos de lo establecido en el artículo 28 constitucional es inimpugnable y que dicha regla especial en materia de telecomunicaciones, no admite excepciones, razón por la que no son aplicables al caso los artículos 107, fracción IV, párrafo primero, constitucional, y 107, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, que establecen la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de imposible reparación
Por tanto, existe contradicción de tesis sobre dos temas: el primero, relativo a lo que se entiende por actos intraprocesales para efectos de aplicar la restricción de impugnación contenida en el artículo 28 constitucional, pues para un tribunal esta categoría no incluye los actos de imposible reparación y, para el otro tribunal, esa distinción no es aceptable porque la restricción no admite excepciones.
El segundo tema es, si resuelto el concepto de acto intraprocesal, las particularidades del caso ameritan que sea procedente el juicio, dada la gravedad de sus consecuencias, pues mientras para el Primer Tribunal Colegiado de Circuito especializado, la denuncia de violación del régimen de preponderancia es de urgente atención, dada la gravedad de los daños que produce, para el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito especializado, tal aspecto es intrascendente para determinar la procedencia del juicio.
Sirve de apoyo a estas consideraciones, la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010,(6) del Pleno del Alto Tribunal cuyo rubro señala:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
QUINTO.—Análisis de la contradicción de tesis.
En relación con el primer punto de contradicción, esto es, el relacionado con el concepto de los actos intraprocesales para efectos del artículo 28 constitucional, este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República ya estableció, al resolver la contradicción de tesis 7/2016, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en qué casos se está frente a actos intraprocesales para efectos de dicha norma constitucional.
Sobre el particular se consideró:
"Así las cosas, tanto por la forma como está redactado el artículo 28, fracción VII, de la Carta Magna, como por la intención del Constituyente que se desprende del proceso de formación respectivo, resulta que por regla general el juicio de amparo es improcedente contra actos intraprocesales dictados por la Comisión Federal de Competencia Económica, esto es, contra cualquier acto emitido por dicha autoridad dentro de un proceso, sin constituirse como su resolución definitiva; esta última, entendida como la que pone fin o resuelve el negocio en lo toral, constituyéndose como la última voluntad de la autoridad al respecto.
"II.
"Establecido lo anterior, se impone dar inicio al estudio de la contienda, a efecto de determinar si en contra de la extracción de información o documentos clasificados, bajo el carácter de información cliente-abogado en una visita de verificación ocurrida dentro de una investigación a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica, debe considerarse procedente o no el juicio de amparo planteado por el abogado externo del visitado, por lo que, para estimar si se actualiza la referida restricción constitucional sobre la procedencia del juicio, es necesario constatar en el caso concreto, no solamente si el acto reclamado se verificó dentro de un procedimiento, sino también si es jurídicamente razonable diferir su impugnación a un momento distinto, es decir, hasta que se emita la resolución que lo concluya, para no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional.
"Ello, con la finalidad de asegurar que el abogado que tiene la obligación de proteger esa información, pueda ser oído ante los tribunales en defensa de su obligación e intereses, pues es claro que la intención de la reforma aludida, no fue dejar en estado de indefensión a los gobernados, sino regular la procedencia del juicio de amparo para que no se utilice como un medio de dilación u obstrucción frente a las atribuciones de la autoridad de competencia, considerando que la finalidad esencial es que no se abuse del juicio de amparo.
"Es decir, no se podría afirmar que la citada restricción tiene como propósito impedir la defensa de los afectados por actos de la Comisión Federal de Competencia Económica, sino, únicamente, diferirla hasta que se dicte el acto terminal que concluya el procedimiento.
"Por ende, acorde a la necesidad de interpretar el texto constitucional de manera integral y sistemática, es dable y necesario –por las características del caso–, hacer compatible el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, con el derecho a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, todos ellos tutelados por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución, así como en los diversos numerales 8o. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, examinados en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, Novena Época. Registro digital: 171257. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, octubre de 2007, materia constitucional, página 209, de rubro y texto siguientes:
"‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’ (se transcribe)
"Y, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), Décima Época. Registro digital: 2005917. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, materia constitucional, página 325,«y Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas» del siguiente (sic) título y subtítulo:
"‘DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.’ (se transcribe)
"En ese sentido, para el caso concreto que se analiza, la connotación de acto intraprocesal en el contexto jurídico utilizado por el legislador, se encuentra ligado a dos condiciones: la primera, que se trate de un acto dictado dentro de un procedimiento y, la segunda, que la afectación que cause el acto pueda hacerse valer posteriormente por el agraviado, es decir, al reclamar la resolución final correspondiente."
Como se puede apreciar de esto último, este Pleno ya estableció que, la restricción constitucional sobre la procedencia del juicio contenida en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Carta Magna, no tiene como finalidad impedir la defensa de los afectados por actos de la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino, únicamente, diferirla hasta que se dicte el acto terminal que concluya el procedimiento, por lo que para hacer compatible esta restricción con el derecho a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, todos ellos tutelados por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución, así como en los diversos numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la connotación de acto intraprocesal en el contexto jurídico utilizado por el legislador, se encuentra ligada a dos condiciones:
1. Se trate de un acto dictado dentro de un procedimiento; y,
2. La afectación que cause el acto pueda hacerse valer posteriormente por el agraviado, es decir, al reclamar la resolución final correspondiente.
De lo anterior se sigue que, respecto del primer tema de contradicción, ha quedado sin materia este expediente.
Toca ahora ocuparse del segundo tema.
De acuerdo con los artículos 291 y 292,(7) en relación con los diversos 15, fracciones XXVII, XXVIII y XXX y 297, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como 72 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,(8) el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la atribución de ejercer facultades de comprobación en materia de telecomunicaciones, a fin de garantizar que la prestación de los servicios respectivos se realice con apego al marco jurídico aplicable, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio órgano regulador.
Además, lo facultan para imponer las correspondientes sanciones; y, establecen que el trámite del procedimiento sancionador se sustanciará conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
También establecen que para aplicar sanciones es menester la tramitación de un procedimiento en el cual se otorguen al gobernado quince días para defenderse; y, que una vez escuchado y desahogadas las pruebas de su intención, se emitirá resolución en diez días.
El cúmulo de actuaciones reseñadas en los párrafos precedentes, tanto aquellas conformadoras del procedimiento indagatorio, como las que pertenecen a la imposición de una sanción, integran un procedimiento en tanto que se trata de una secuencia progresiva de actos relacionados con la existencia de violaciones al marco legal en materia de telecomunicaciones tendientes a la resolución de un asunto.
No sobra señalar que en términos de los artículos octavo y noveno transitorios del decreto de reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones,(9) dentro de su función regulatoria está, entre otras, la facultad para declarar agentes preponderantes en los sectores tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones, así como decretar, particularizar y vigilar el cumplimiento de medidas asimétricas a cargo del preponderante, en beneficio de los demás agentes o concesionarios del sector.
Con estos elementos, es posible aseverar que los actos de los que conocieron los Tribunales Colegiados de Circuito especializados fueron producidos en el curso de un procedimiento de investigación, que concluirá con una resolución ulterior.
Ahora, para establecer si se satisface la condición relativa a que la afectación que cause el acto pueda hacerse valer posteriormente por el agraviado, es relevante establecer:
a) La afectación producida a los denunciantes con la determinación de la autoridad reguladora; y,
b) Si ésta puede combatirse ulteriormente.
Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, advierte que el acto causa una importante afectación, puesto que la decisión de no reconocer la condición de parte al denunciante en el expediente de investigación respectivo, negarle todo interés y negarle también a la posibilidad de nombrar autorizados, le impide conocer el curso del procedimiento e intervenir en él de la forma que más convenga a sus intereses, considerando la manera en que el procedimiento se desarrolle con la actuación de la persona denunciada y de la propia autoridad.
No incide, en cambio, en la capacidad del denunciante de aportar con la denuncia o con posterioridad, toda la información que posea, tendiente a acreditar los hechos denunciados; sin embargo, debe destacarse que en el supuesto aquí examinado, subyace un conflicto referente a las características de las medidas asimétricas o a la manera de cumplirlas.
Por otro lado, importa tener presente que, en estos casos, existe la posibilidad de defenderse con posterioridad, pues cuando se dicte la resolución final, si ésta les es desfavorable, los denunciantes podrán impugnarla y hacer valer allí las violaciones cometidas en el procedimiento, incluyendo aquella que les negó su participación.
No obstante lo anterior, la demora que significaría resolver este tipo de asuntos, en caso de que se promoviera el amparo hasta que se dicte la resolución definitiva (dado el dinamismo de los mercados, los criterios de oportunidad y, en caso de ser fundada la pretensión de la quejosa, la oportunidad para participar en el procedimiento), causaría un perjuicio tan grave que se podría decir que se está negando el acceso a la justicia, tomando en cuenta que se trata de derechos derivados de medidas correctivas que suponen un manejo inmediato, cuya dilación podría significar su sacrificio.
Además, en los casos que se analizan, no puede estimarse que la promoción del juicio de amparo tiene como finalidad ser un mecanismo dilatorio o de obstrucción frente a las atribuciones del órgano regulador, lo cual pretende eliminar la referida restricción constitucional, pues quienes lo promueven son agentes económicos distintos del preponderante que tienen interés en que se ejecuten con la mayor prontitud posible y la eficacia debida, las medidas regulatorias.
Al contrario, la procedencia del juicio durante la sustanciación del procedimiento administrativo podría evitar la reposición de este último con posterioridad y, en consecuencia, propiciar que se resuelva de manera más rápida y sin obstáculos, en beneficio no sólo de los agentes económicos distintos al preponderante, sino de la sociedad en general, de ahí que, incluso, por una cuestión de oportunidad y prontitud, deba admitirse a trámite el juicio de amparo en estos casos, máxime que su promoción no puede considerarse como un abuso de este medio de impugnación y, aplicar la restricción constitucional citada en este tipo de asuntos podría, inclusive, considerarse en contra de su propósito, que es precisamente evitar la dilación innecesaria de los procedimientos relacionados con las medidas regulatorias impuestas al preponderante.
En consecuencia, debe concluirse que en el supuesto examinado no se está en la hipótesis de los actos intraprocesales a los que debe aplicarse la restricción constitucional sobre la procedencia del juicio contenida en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Carta Magna.
Por tanto, en la presente contradicción de tesis debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de que el juicio de amparo es procedente contra el acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en donde tuvo por recibida una denuncia por posibles violaciones del agente económico preponderante respecto de una de las medidas que le fueron impuestas; determinó el inicio de las facultades de supervisión y verificación del referido instituto; negó el carácter de parte del denunciante, no le reconoció interés jurídico ni legítimo y no le tuvo por autorizadas a las personas que designó.
SEXTO.—Criterio que resuelve la contradicción de tesis. Por las razones expresadas con anterioridad, este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, conforme a los artículos 215, 216, párrafo segundo y 226, fracción III, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el siguiente criterio:
El juicio de amparo indirecto procede contra el acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones por el que tiene por recibida una denuncia por posibles violaciones del agente económico preponderante respecto de una de las medidas que le fueron impuestas; determinó el inicio de las facultades de supervisión y verificación del referido instituto; negó el carácter de parte del denunciante; no le reconoció interés jurídico ni legítimo y no le tuvo por autorizadas a las personas que designó, porque si bien se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento que causa una afectación que podría combatirse a través del juicio en donde se reclamara la resolución que pusiera fin al procedimiento, la demora que significaría resolver este tipo de asuntos en aquella oportunidad, en caso de que se promoviera el juicio de amparo hasta que se dicte la resolución definitiva (dado el dinamismo de los mercados, los criterios de oportunidad y, en caso de ser fundada la pretensión de la quejosa, la oportunidad para participar en el procedimiento), causaría un perjuicio grave que podría significar negar el acceso a la justicia. Además, en estos casos, no puede estimarse que la promoción del juicio de amparo tiene como finalidad ser un mecanismo dilatorio o de obstrucción frente a las atribuciones del órgano regulador, lo cual pretende eliminar la restricción contenida en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues quienes lo promueven son agentes económicos distintos del preponderante que tienen interés en que se ejecuten con la mayor prontitud posible y la eficacia debida, las medidas regulatorias. Al contrario, la procedencia del juicio durante la sustanciación del procedimiento administrativo podría evitar la reposición de este último con posterioridad y, en consecuencia, propiciar que se resuelva de manera más rápida y sin obstáculos, en beneficio no sólo de los agentes económicos distintos al preponderante, sino de la sociedad en general, de ahí la conclusión de que no se está en el supuesto de los actos intraprocesales a los que debe aplicarse la restricción constitucional sobre la procedencia del juicio de amparo aludida.
Por lo anteriormente expuesto se
RESUELVE:
PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere.
SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en los términos de la tesis redactada en el último apartado del presente fallo.
Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los tribunales contendientes, dése publicidad a la jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo y 50 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.
Así por unanimidad de cinco votos, lo resolvieron y firman los Magistrados Patricio González-Loyola Pérez (presidente), Adriana Leticia Campuzano Gallegos (ponente), Jean Claude Tron Petit, Óscar Germán Cendejas Gleason y Pedro Esteban Penagos López, ausente el Magistrado Homero Fernando Reed Ornelas, integrantes del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, ante el Secretario de Acuerdos, quien da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 68, 97, 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) y I.1o.A.E. J/4 (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y del viernes 1 de abril de 2016 a las 10:01 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 7, Tomo I, junio de 2014, página 39 y 29, Tomo III, abril de 2016, página 1903, respectivamente.
La tesis de jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/15 A (10a.) que prevaleció al resolver esta contradicción de tesis, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 10:32 horas y en la página 1319 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo II, agosto de 2018.
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1. "Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Cort
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27993-77d6e8cd/amparo-indirecto-procede-contra-el-acuerdo-del-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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