REVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CUANDO CONTENGA CONSIDERACIONES DE QUE NO PUEDE EJECUTAR EL ACTO POR MANDATO DEL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 24 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO PRESIDENTE, JEAN CLAUDE TRON PETIT Y ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON. PONENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. DISIDENTES: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ARTURO ITURBE RIVAS. AUSENTE: ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: JORGE ALBERTO RAMÍREZ HERNÁNDEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, correspondiente al día lunes veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por conducto del director general de Defensa Jurídica de dicho instituto, denunció la posible contradicción de tesis respecto de los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el RA. 11/2014 (incidente), y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, en las mismas materias, al resolver los incidentes en revisión RI. 37/2014 y RI. 36/2014, en los cuales fue parte el denunciante.
SEGUNDO. Radicación y admisión de la contradicción. Mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis registrándola con el número CT. 4/2014; asimismo, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados involucrados informaran si los criterios sustentados en los asuntos relacionados con la presente contradicción de tesis, subsistían o, en su caso, si habían sido superados o abandonados.
TERCERO. Turno. En proveído de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, una vez recibidos los informes respectivos en el sentido de que subsistían los criterios sustentados en los asuntos de mérito, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, turnó el expediente a la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, titular de la ponencia B del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia del Pleno de Circuito. El Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, modificado por su similar 20/2014, publicado en el mismo medio oficial el veinticinco de agosto de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien fue parte en los asuntos cuyas resoluciones se denunciaron como parte de esta contradicción, quien acude a través del director general de defensa jurídica de dicho instituto, facultado para representarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, inciso B), de la fracción II del Estatuto Orgánico de ese instituto.(1)
TERCERO. Resoluciones que dan motivo a la contradicción.
Los datos del primer asunto son los siguientes:
Ver datos del primer asunto
Los datos del segundo asunto son los siguientes:
Ver datos del segundo asunto
Y los datos del tercer asunto son los siguientes:
Ver datos del tercer asunto
CUARTO. Existencia de la contradicción. En el presente asunto se satisfacen los requisitos que consideran la existencia de una contradicción, en términos del artículo 225 de la Ley de Amparo,(4) y las tesis de jurisprudencias de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD y CONCEPTO.",(5) "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.",(6) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(7) aplicables al caso, por analogía, en tanto interpretan el texto del numeral 197-A(8) de la ley abrogada, cuyo texto coincide, en lo esencial, con el primero de los citados.
1. Ambos tribunales conocieron de la misma cuestión jurídica: La legitimación del Instituto Federal de Telecomunicaciones para interponer el recurso de revisión en contra de una resolución que negó la suspensión definitiva, pero que, en sus consideraciones hizo un pronunciamiento sobre la ejecución del acto reclamado por parte de las responsables, que resulta contrario a los intereses de éstas.
2. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
3. Los tribunales resolvieron la cuestión jurídica de manera distinta:
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de revisión incidental RA. 11/2014, sostuvo lo siguiente:
• El recurso de revisión es interpuesto por parte legitimada, pues lo promovieron las autoridades responsables en el juicio de origen, respecto de cuyos actos, aunque se negó la suspensión, se señaló que no podían ejecutarse.
• Procedió al estudio de los agravios.
Y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en los incidentes en revisión RI. 36/2014 y RI. 37/2014, resolvió, en idénticos términos, lo siguiente:
• Las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, porque si la Juez de amparo negó la suspensión definitiva relacionada con los efectos y las consecuencias para los cuales se solicitó, dicha determinación no les ocasiona perjuicio, al no producir efecto alguno en su esfera de atribuciones, pues, en términos del artículo 153 de la Ley de Amparo, la resolución que niega la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, de lo que se sigue que no les priva del ejercicio de una atribución, ni les restringe su libertad de acción, ni menos aún, les impone un deber o una obligación de actuar en cierto sentido.
• La consideración de la Juez en donde implícitamente ordenó la suspensión de la ejecución de la resolución reclamada o prohibió su ejecución, no contradice lo anterior, porque las razones que llevaron a la Jueza a negar la suspensión tienen eficacia sólo en cuanto sirven de motivación a la resolución dictada en el incidente, es decir, surten efectos en el juicio, pero no trascienden al ámbito en donde las autoridades ejercen sus competencias propias, por lo que no pueden ser interpretadas al punto de considerar que tienen autonomía propia, pues ello significa descontextualizarlas y desconocer que el resultado que decide el punto litigioso fue favorable a las recurrentes.
• La aseveración de la Juez no permite asumir que instruye a las autoridades responsables a paralizar la ejecución de los actos reclamados, sino que están en aptitud de interpretar las disposiciones constitucionales y legales respectivas, y aplicarlas al caso concreto de la manera que, en ejercicio de las funciones que les corresponden, estimen apegadas a derecho, sin que su actuación se encuentre conminada por la interlocutoria recurrida.
En estas condiciones, la contradicción consiste en determinar, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene legitimación para recurrir una resolución que niega la suspensión, pero en sus consideraciones afirma que el acto reclamado no puede ejecutarse por la autoridad, conforme al artículo 28 constitucional.
No es obstáculo a lo anterior, que el segundo tribunal especializado, para determinar la inexistencia de agravio que producía la negativa de la suspensión definitiva, se sustentó en el artículo 153 de la Ley de Amparo vigente hasta el trece de agosto de dos mil catorce, y el primer tribunal especializado no haya invocado este precepto, pues ambos órganos resolvieron un mismo punto jurídico, referente a la legitimación de las autoridades responsables para impugnar una resolución que, aunque se hizo un pronunciamiento en el sentido de que no podían ejecutarse los actos reclamados, negó la suspensión definitiva solicitada.
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010,(9) del Pleno de este Alto Tribunal, cuyo título dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
QUINTO. Análisis de la contradicción.
1. La legitimación constituye un presupuesto procesal referido a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y supone que se tenga un interés jurídico en que el órgano jurisdiccional que conoce de un procedimiento judicial declare o constituya un derecho, imponga una condena o genere una obligación o por quien tenga un interés en que ello no ocurra, en términos del artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles,(10) de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del segundo párrafo de su numeral 2o.
2. Tratándose de las autoridades responsables en el juicio de garantías, la legitimación para interponer el recurso de revisión deriva entonces no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio, tal como lo disponen los artículos 81 y 87 de la Ley de Amparo.(11)
3. Así se obtiene de diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis que interpretan los artículos 83, 87 y 88 de la Ley de Amparo abrogada, de contenido sustancial similar al de los preceptos citados con antelación, de rubros:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL."(12)
"REVISIÓN IMPROCEDENTE EN AMPARO DIRECTO. CARECE DE LEGITIMACIÓN EL TERCERO PERJUDICADO, AUN EN EL CASO DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO HAYA REALIZADO UN PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD, SI ESTE NO AFECTÓ A SUS INTERESES."(13)
"RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS."(14)
4. Para calificar la legitimación en cada caso, debe realizarse un análisis del impacto de las resoluciones en la esfera de intereses del recurrente, como se desprende de las tesis cuyos rubros se reproducen:
"REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA."(15)
"AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LAS."(16)
5. Para realizar este análisis, debe considerarse que una resolución judicial está compuesta de una parte considerativa y una resolutiva, las cuales deben regirse por el principio de congruencia, según el cual, en principio, el contenido de los considerandos determina el sentido de los resolutivos.
Así se desprende de las siguientes tesis que por su interés, se reproducen su rubro y texto íntegros:
"SENTENCIA. CUANDO SE DEBEN TOMAR EN CUENTA LOS CONSIDERANDOS PARA CONCRETAR SU SENTIDO Y ALCANCE. La cosa juzgada se constituye únicamente con lo que el fallo decide y no con las motivaciones de éste. Si los puntos resolutivos no son terminantes y precisos, y por ello se crea la duda acerca del contenido exacto de lo resuelto o de sus límites, se advierte la conveniencia, y aun la necesidad, de aprovechar la parte considerativa para concretar el sentido y el alcance de la decisión. Sin embargo, cuando, a la inversa, el punto resolutivo es perfectamente preciso en su contenido y en sus alcances y determina con exactitud el efecto que debe atribuirse a la sentencia, resulta necesario atenerse sólo a lo que ésta dice, de modo terminante, en la parte resolutiva, y no debe recurrirse a los considerandos del fallo que parecen contradecir el sentido de lo expresamente resuelto."(17)
"CONSIDERANDOS. NO CAUSAN AGRAVIO POR SÍ MISMOS. La parte resolutiva de la sentencia es la que puede perjudicar a los inculpados y no los argumentos en que dichos puntos resolutivos se fundan. De tal manera que si no se demuestra que las estimaciones hechas por el Juez hayan conducido a una resolución ilegal, no puede estimarse que causen agravios."(18)
"SENTENCIAS, SU AUTORIDAD SE EXTIENDE A LOS CONSIDERANDOS. Si bien es cierto que ordinariamente la autoridad y fuerza de toda sentencia se limita a lo resuelto en ella, es decir, a los puntos decisorios, y que son éstos los que comúnmente causan el perjuicio que es necesario para la procedencia de juicio de amparo, es pertinente advertir que hay casos en que la autoridad de la sentencia se extiende también a las decisiones implícitas en los puntos resolutivos, que le sirven de fundamento y que se hallan formuladas en la parte considerativa. Según el principio ‘Tantum judicatum quantum disputatum velquantum disputare debet’, la parte decisoria debe corresponder a las cuestiones planteadas por las partes, por lo que si en uno de los considerados se resuelve sobre uno de los puntos debatidos, aun cuando se omita en la parte resolutiva del fallo, debe estimarse que la autoridad de la sentencia no se limita en el caso a lo expresamente resuelto en los puntos decisorios, sino que comprende también dicha resolución, aunque se halle formulada en uno de los considerados, por lo que no obstante que los puntos resolutivos, sean favorables al quejoso, no procede decretar el sobreseimiento."(19)
6. En esta lógica, cuando la resolución culmina en un punto decisorio desfavorable a una de las partes, asiste a ella un interés natural en recurrir el fallo para reparar el agravio sufrido y éste la legitima para combatir tanto la parte resolutiva que decide su situación y la parte considerativa en que se sostiene tal decisión.
7. Sin embargo, en otros supuestos, aunque los puntos decisorios son favorables a una de las partes, existen ciertos pronunciamientos en sus consideraciones que no corresponden con los puntos resolutivos, por ejemplo, cuando:
1. Los considerandos se refieren a la cuestión abordada en el punto resolutivo, pero en un sentido opuesto o divergente;
2. Los considerandos se refieren a cuestiones que deben estar reflejadas en los resolutivos y que no lo están; o,
3. Los considerandos se ocupan de cuestiones ajenas al asunto abordado en el punto resolutivo o que no trascienden a la decisión.
8. En el primer supuesto enunciado, es claro que los considerandos causan agravio a las partes, porque sobre el mismo tema hay pronunciamientos contradictorios o divergentes del tribunal, lo cual otorga legitimación para interponer el recurso de revisión.
Apoya a lo anterior, las siguientes tesis:
"SENTENCIAS, AUTORIDAD DE CONSIDERANDOS DE LAS. En términos generales, la parte resolutiva de la sentencia, por sí misma, es la que puede perjudicar a los litigantes y no la parte considerativa; pero este principio debe entenderse unido al de congruencia, según el cual los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para su interpretación. Consecuentemente, los argumentos de la sentencia no causan agravio a los interesados cuando se demuestra que no han conducido a una resolución ilegal."(20)
"SENTENCIAS, PUNTOS RESOLUTIVOS DE LAS, OMISOS RESPECTO DE PUNTOS LITIGIOSOS RESUELTOS EN LOS CONSIDERANDOS. CUANDO NO SON VIOLATORIOS DE GARANTÍAS. Lo que la jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido es que, si bien es cierto que es la parte resolutiva de una sentencia la que puede ocasionar agravio, ello debe entenderse unido al principio de congruencia, según el cual los considerandos rigen a los resolutivos; de ahí que el razonamiento jurisprudencial concluya que los argumentos de la sentencia no causan agravio, cuando se demuestre que no son ellos los que han conducido a la decisión. En efecto, los considerandos deben ser congruentes con los resolutivos y cuando dicha correlación no existe por haberse aducido un argumento contrario a lo resuelto, es éste el caso en que ya sea el considerando o el resolutivo, según la posición del interesado, causa agravio. Pero cuando la consideración es acorde con el resolutivo, aunque éste no se refiera directamente a aquella consideración, no existe violación ni mucho menos estado de indefensión."(21)
"SENTENCIAS DEFINITIVAS. FALTA DE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO. CUÁNDO ACONTECE. De acuerdo con la jurisprudencia número 348, visible a fojas 1048 de la Cuarta Parte de la última compilación de fallos, es la parte resolutiva de una sentencia la que por sí misma puede perjudicar a las partes y no la parte considerativa; sin embargo, unido esto al principio de congruencia que debe tener ‘toda resolución judicial, en algunos casos, la autoridad de la sentencia se extiende a los considerandos, cuando se demuestra la inconformidad de estos puntos resolutivos, o sea, cuando en las consideraciones se establece una cosa y en los puntos decisorios se determina otra diferente, o bien cuando se omite hacer declaración en los puntos resolutivos, sobre un punto analizado en los considerandos, pero, cuando los argumentos de la sentencia son los que determinan lo resuelto en los puntos decisorios, aquéllos no causan por sí mismos ningún agravio a los interesados, ya que lo que perjudica son los puntos resolutivos. Si en un caso, la recurrente promovió el juicio de amparo directo en contra de una sentencia definitiva, no obstante que dicha sentencia le es favorable, ya que en los puntos resolutivos de la misma se revoca la del inferior y se ordena que los bienes inmuebles en litigio pasen a su dominio, por lo que en este juicio de garantías no se atacan estos puntos resolutivos ni las consideraciones que rigen a los mismos, sino que se impugnan las consideraciones del tribunal de alzada, en la que se estiman infundados unos agravios, así como por la omisión de otros, en que incurrió la mencionada autoridad, pues al estimar procedente un agravio, ya no creyó necesario el estudio de los demás, en consecuencia, los argumentos y consideraciones que rigen los puntos resolutivos de la sentencia definitiva que constituye el acto reclamado en este amparo, por sí mismos, no le causan perjuicio a la quejosa; ya que por una parte, los puntos decisorios de aquélla le son favorables a los intereses de dicha quejosa, y por otra, las consideraciones de la responsable, en las que se estiman infundados unos agravios y la omisión del estudio de otros, no rigen lo resuelto en definitiva, pues, se insiste, los puntos resolutivos son benéficos a los intereses de la peticionaria de garantías, razón por la cual cabe concluir que resulta correcto y ajustado a derecho lo resuelto en el sentido de que la demanda de garantías es improcedente."(22)
9. En el segundo supuesto enunciado, la parte afectada por la consideración tiene legitimación para acudir al recurso, porque la omisión de reflejar una consideración en un punto resolutivo puede trascender al resultado del juicio o crear incertidumbre jurídica sobre un aspecto del juicio.
10. En el tercer supuesto, por regla general, puede afirmarse que si las consideraciones no guardan relación con los puntos resolutivos o con el tema que debe ser abordado con éstos, es porque son inconducentes o irrelevantes, es decir, ajenas a la controversia; y entonces no producen un perjuicio a las partes que deba ser reparado a través de un recurso, porque carecen de trascendencia en el juicio y los recursos están diseñados para reparar las violaciones que resulten relevantes para el resultado del mismo.
11. En el caso de esta contradicción, la materia de los incidentes versó sobre la suspensión en amparo del acto reclamado y, en todos los casos, las decisiones fueron en el sentido de negar la suspensión definitiva, porque no se reunían los supuestos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pero, en su parte considerativa, el órgano que conoció determinó que la autoridad no debía ejecutar el acto reclamado.
12. Como primer punto de análisis se obtiene que, si bien los resolutivos plasmados en los incidentes materia de la revisión guardan relación con las afirmaciones expuestas por las Juezas de amparo para negar la suspensión definitiva, la parte restante de las consideraciones del fallo no pueden calificarse estrictamente como accesorias, marginales o expuestas a mayor abundamiento, pues se refieren a la actuación de la autoridad como ejecutora del acto.
13. Como segundo punto de análisis, debe considerarse que las afirmaciones de las juzgadoras de que no podía ejecutarse el acto reclamado, si bien no correspondían propiamente a la suspensión, se relacionaban con el artículo 28 constitucional(23) e imponían expresamente a la autoridad una obligación de "no hacer", vinculada con la restricción de sus facultades para emitir algún acto de ejecución que guardara relación con la resolución reclamada.
14. Y como tercer punto de análisis, cabe reflexionar que aun cuando la eficacia de la resolución que niega la suspensión definitiva prevista en el artículo 153 de la Ley de Amparo, según el cual: "La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se interponga recurso de revisión; pero si con motivo del recurso se concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita.", la pretensión principal de la recurrente consistió en evidenciar la violación en que incurrieron las Juezas de amparo a los principios de legalidad y congruencia, al afirmar que no podían ejecutar el acto reclamado.
15. De acuerdo con lo anterior, este Pleno determina que, si la negativa de la suspensión lleva implícita o entre líneas, una decisión que perjudica a la autoridad responsable, entonces, con independencia del sentido "formal" del pronunciamiento en el punto resolutivo, debe atenderse al "fondo" y la "sustancia" que, en el caso, concluye y establece una decisión, que es la no ejecución del acto reclamado por la autoridad, conforme al artículo 28 constitucional. Estas ideas dejan subsistente el criterio de que las decisiones de los nuevos reguladores, admiten poder llegar a ser suspendidas mediante el incidente respectivo.
Luego, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citados con antelación, relativos a la interpretación de los artículos 83, 87 y 88 de la Ley de Amparo abrogada, es el caso que sí hay consideraciones que perjudican, como sucede en el caso, por lo que asiste legitimación para interponer el recurso de revisión con base en los preceptos respectivos de la ley de la materia.
En efecto, al existir una determinación en los considerandos, desfavorable a los intereses de la autoridad, es claro que le asiste legitimación para combatirla, acorde al principio de tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, frente a pronunciamientos que vulneren sus intereses y con incidencia en la seguridad jurídica. Estas ideas se inscriben en el nuevo paradigma que protege la Constitución y el juicio de amparo, al reconocer y habilitar medios para la defensa de intereses, más allá de derechos en su contexto jurídico formal.
16. Así, al estar en presencia de un caso en el cual, ante el mandato constitucional de impartición de justicia completa, debe optarse por la interpretación más garantista a fin de otorgar seguridad jurídica a la autoridad encargada de implementar las medidas pertinentes para hacer efectiva la resolución reclamada.
17. Esta conclusión otorga seguridad jurídica pues, de lo contrario, no podrían calificarse los agravios del recurso ni analizarse la legalidad de la determinación adoptada por la a quo, si el medio de defensa se declaró improcedente, porque tal postura invalida la posibilidad de hacer algún pronunciamiento relacionado con el fondo del asunto y tiene como consecuencia que lo decidido en la interlocutoria de que se trata adquiera eficacia jurídica plena.
18. En esa tesitura, al margen del resolutivo plasmado en el incidente materia de la revisión y de las afirmaciones expuestas para negar la suspensión definitiva, la parte restante de las consideraciones sobre la imposibilidad de ejecutar el acto reclamado ocasionan un agravio directo a los intereses de las autoridades inconformes que las legitima para interponer el recurso de revisión en su contra.
19. En consecuencia, debe concluirse, por tanto, que en la presente contradicción de tesis debe prevalecer el criterio de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene legitimación para interponer el recurso de revisión cuando la resolución que niega la suspensión definitiva contiene consideraciones sobre la aplicación al caso de la regla del artículo 28 constitucional, que establece: "Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva."
SEXTO. Tesis que resuelve la contradicción. Por las razones expresadas con anterioridad, este Pleno concluye que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, conforme a los artículos 215, 216, párrafo segundo, y 226, fracción III, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el criterio redactado de rubro y texto siguientes:
De acuerdo con los artículos 81 y 87 de la Ley de Amparo, la legitimación de la autoridad para interponer el recurso de revisión deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio. En este sentido, la resolución que niega la suspensión definitiva de los actos reclamados al Instituto Federal de Telecomunicaciones porque de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, cuando contenga consideraciones de que en términos del artículo 28 constitucional la autoridad debe suspender la ejecución de los actos reclamados dejan subsistente el criterio que sus decisiones pueden llegar a ser suspendidas mediante el incidente respectivo, lo que otorga legitimación a dicha autoridad para impugnarla a través del recurso de revisión, en tanto que tales afirmaciones no son accesorias, marginales o expuestas a mayor abundamiento, sino que imponen expresamente a la autoridad una obligación de "no hacer" vinculada con la restricción de sus facultades para emitir algún acto de ejecución que guardara relación con la resolución reclamada, pues ante el mandato constitucional de impartición de justicia completa, debe optarse por la decisión más garantista a fin de otorgar seguridad jurídica a la autoridad encargada de implementar las medidas pertinentes para hacer efectiva la resolución reclamada.
Por lo anteriormente expuesto, se
RESUELVE:
PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere.
SEGUNDO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en los términos de la tesis redactada en el último apartado del presente fallo.
Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los tribunales contendientes, dése publicidad a la jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo y 47 del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, modificado mediante el diverso Acuerdo General 20/2014; y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.
Así lo resolvió el Pleno de Circ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25454-ad445ef7/revision-el-instituto-federal-de-telecomunicaciones-tiene-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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