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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE RELATIVO A LA CESACIÓN, TERMINACIÓN O ANULACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA POR LO QUE, EN SU CASO, AQUÉLLA DEBE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. · Registro digital (IUS): 24771
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-01-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, Pág. 2442.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN. SECRETARIO: LUIS ALBERTO MÁRQUEZ PEDROZA.

III. Competencia y legitimación

12. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, 41 Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados del mismo circuito.

13. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados Álvaro Ovalle Álvarez y Esteban Álvarez Troncoso, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que alude esta última porción normativa.

IV. Existencia de la contradicción

14. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que el Máximo Tribunal del País ha fijado, y que son los siguientes:(1)

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de hacer valer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

15. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia:

a. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.

16. A juicio de este Tribunal Pleno de Circuito, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de hacer valer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

17. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 226/2010, analizó un asunto con las características siguientes:

i. Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución interlocutoria que dictó un Juez del ámbito local, en la que se declaró improcedente el incidente de cesación de pensión alimenticia que aquél promovió.

ii. Dicho inconforme adujo que la pensión alimenticia derivó del convenio que se celebró dentro del respectivo procedimiento especial promovido en su contra por la representante legal de su hija -en ese entonces menor de edad-.

iii. Sostuvo también que esa obligación feneció, al haber obtenido la acreedora alimentaria la mayoría de edad.

iv. De esa demanda conoció el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien al dictar la sentencia respectiva negó el amparo solicitado, por considerar inoperantes los conceptos de violación planteados por la parte quejosa.

v. El promovente del amparo interpuso recurso de revisión en contra de la anterior decisión, el cual fue admitido y registrado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con el número ARC. 226/2010; medio de impugnación que fue resuelto por unanimidad de votos en la sesión correspondiente al catorce de octubre de dos mil diez, en el sentido de que procedía revocar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de amparo, al advertirse de oficio la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo -vigente en ese entonces-, esto es, por no haberse agotado el principio de definitividad, toda vez que en contra de la interlocutoria reclamada procedía el recurso de queja establecido en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, por lo que, de haberse interpuesto, el inconforme pudo obtener la modificación, revocación o nulificación de tal determinación.

vi. Para sustentar esa decisión, el referido órgano colegiado expuso las consideraciones siguientes:

a. Que en el ordinal 574 del código adjetivo civil local se prevé la posibilidad de modificar, en vía incidental, el monto de la pensión definitiva que decida sobre alimentos, y de manera expresa se contempla la procedencia del recurso de queja contra la resolución interlocutoria que llegare a dictarse en esa vía.

b. Que aunque es verdad que esa disposición legal previene gramaticalmente la posibilidad de "modificar" el monto de la pensión, lo que haría suponer que ello ocurre cuando lo que se pretende es aumentarla (en caso del acreedor) o disminuirla (cuando es el deudor); sin embargo, atento a una interpretación teleológica y sistemática, tal supuesto también se surte cuando la intención del acreedor alimentario consiste en cancelar o dejar insubsistente la pensión definitiva, tal como sucedió en ese asunto en particular.

c. Que la palabra "modificación", prevista en el artículo 574, no está constreñida a su significado literal, sino que permite el cambio total de lo anteriormente sostenido respecto al monto de la pensión definitiva, incluyendo su cesación.

d. Que de acuerdo con la "Real Academia Española", la palabra "modificar" comprende, entre otros significados, la de trasformar, cambiar, restringir o reducir cierto estado de cosas, lo que válidamente puede extenderse al vocablo "cesar", que debe ser entendido como aquello que se suspende o acaba, esto es, la cesación necesariamente implica la modificación de una situación de hecho o de derecho.

e. Que esta interpretación pone de manifiesto que en los casos en que el propósito del acreedor alimentario sea cancelar o dejar insubsistente la obligación a la que fue condenado en sentencia definitiva de alimentos, o en el supuesto de un convenio elevado a categoría de cosa juzgada, el ejercicio de ese derecho se hará en la vía incidental, en términos del aludido artículo 574 y, por consecuencia, contra la resolución interlocutoria que recaiga a esa vía, la parte desfavorecida (acreedor y deudor) podrá interponer recurso de queja.

f. Que de esta forma se otorga seguridad jurídica a las partes, quienes tendrán la certeza de que cualquier modificación que se realice a la pensión alimenticia definitiva podrá ser recurrida en queja, para su análisis, por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.

g. Que una interpretación contraria llevaría al absurdo de sostener que sólo el aumento o disminución del monto de la pensión es recurrible, y no su cancelación o cesación, siendo que esto último acarrea mayores perjuicios en quien lo sufre (acreedor alimentario), privándosele del derecho de ejercer un medio de impugnación para combatir tal determinación, cuando en dicho supuesto, por mayoría de razón, debería dársele la posibilidad de acudir ante el Tribunal Superior del que dictó la interlocutoria en primera instancia.

h. Que en tal sentido, si en el caso particular el quejoso promovió incidente para dejar de cubrir la pensión alimenticia definitiva que se encuentra obligado a cubrir en favor de su hija, es evidente que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, pues el objeto principal de su pretensión es transformar su situación jurídica de dar alimentos que prevalece en su contra, reduciéndola a la nada.

i. Que similar criterio sostuvo ese Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el ARC. 159/2010 y el ARC. 216/2010, fallados en sesiones de doce de agosto y treinta de septiembre de dos mil diez, respectivamente.

18. Al respecto, se estima oportuno mencionar que en los diversos asuntos ARC. 159/2010 y ARC. 216/2010, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito se pronunció en el mismo sentido indicado, con la única diferencia de que en el primero se precisó, como argumento adicional, que la referida interpretación adoptada resulta acorde con el sistema de impugnación previsto en los diversos numerales 404, fracción II, y 426 de la propia codificación adjetiva, de cuyo contenido se advierte, en términos generales, que el recurso de queja procede contra las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia.

19. Por otra parte, es importante aclarar que en el diverso amparo en revisión civil 37/2013, que el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo adjuntó a su oficio 8310, no se resolvió propiamente sobre el tema precisado con antelación, pues aunque se mencionó la postura que ese Tribunal Colegiado ha sustentado en ese sentido en los asuntos precisados con antelación, esa controversia derivó del reclamo de la resolución que decretó alimentos provisionales, contra el que sí es procedente el juicio de amparo indirecto sin necesidad de cumplir el principio de definitividad, en tanto que el artículo 574 del código adjetivo civil de la entidad prevé de manera expresa que en contra de ese tipo de resolución no procede recurso alguno.

20. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja civil 41/2013, analizó un asunto con las características siguientes:

i. Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra la interlocutoria que declaró la improcedencia de la cesación de la pensión alimenticia.

ii. De dicha demanda conoció el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien desechó la misma, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo -vigente a partir del tres de abril de dos mil trece-, toda vez que, expuso, el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige en este tipo de asuntos, en tanto que no recurrió la resolución interlocutoria mediante la queja que establece el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

iii. El quejoso interpuso recurso de queja en contra del mencionado desechamiento de la demanda de amparo, el cual fue tramitado y resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito (recurso de queja civil 41/2013), en el sentido de que procedía revocar el auto impugnado y ordenar al Juez de Distrito que admitiera la demanda de amparo.

iv. Tal decisión la apoyó dicho órgano jurisdiccional en las consideraciones siguientes:

a. Que -como lo indicó el recurrente- la expresión denominada "modificar", significa cambiar una cosa sin alterar su naturaleza misma y, por tanto, el "cese" de pensión alimenticia pretendido no puede incluirse en tal connotación.

b. Que el artículo 574 del código procesal civil de la entidad faculta a los Jueces de lo Familiar para modificar el monto de la pensión provisional o la definitiva, pero sin alterar su naturaleza misma, esto es, sin llegar al "cese" de la pensión alimenticia, por lo que resultó incorrecta la determinación del resolutor federal de primer grado, al establecer que la palabra "modificación", que se utiliza en el numeral referido, debe interpretarse en sentido extensivo para comprender también la cesación o "terminación", como una modificación de una situación de hecho o de derecho.

c. Que la Real Academia Española atribuye al vocablo "modificar", un significado que comprende transformar, cambiar, restringir o reducir a cierto estado las cosas, por tanto, para que operen tales connotaciones, se requiere la subsistencia de la naturaleza misma de la obligación, pues al hablar de "cese" o "terminación", ya no se podría considerar la "modificación" de lo que ya no existe, precisamente, porque lo que se pretende es la variación del monto (su aumento o disminución), no su supresión absoluta.

d. Que en tales condiciones, no puede concluirse que el término "modificar" implique, entre sus vertientes, "cesar" o "terminar" una situación de hecho o de derecho, como lo concluyó el a quo federal, ya que estos últimos significados destruirían el contenido de la palabra de la que se pretende obtener tal interpretación; en otros términos, "cesar" o "terminar" destruyen la palabra "modificar", pues no se puede transformar (dar un nuevo modo de existir) a algo que ha dejado de ser con su terminación o cesación; esto, en razón de lógica natural de certidumbre, pues nada puede ser y no ser al mismo tiempo.

e. Que, por tanto, aun suponiendo que al promoverse el incidente del que derivó la interlocutoria reclamada en el caso particular analizado, se hubiese invocado el artículo 574 para ser tramitado en términos de las reglas dispuestas en los artículos 377 al 381, todos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado (de los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial), lo que no era posible saber en ese momento procesal -pues no fue admitida la demanda-; de cualquier forma, el recurso de queja no está previsto para la cesación o terminación de la pensión alimenticia en esos artículos, ni tampoco en el 574 de la normatividad en cita, en virtud de que en su texto vigente dispone que en contra de la resolución interlocutoria que recaiga a la vía incidental, respecto del "cese" o terminación de pensión alimenticia intentado, el perdidoso no podrá interponer el recurso de queja, pues no se está intentado la modificación (aumento o disminución alimentaria, sea provisional o definitiva).

f. Que tal interpretación gramatical (textual), teleológica (atendiendo a sus fines) y sistemática (por el entorno en que está incluido tal precepto en el código procesal civil, que es el título décimo primero, capítulo V, "De los alimentos"), no deja lugar a dudas, en el sentido de que el legislador lo único que quiso tutelar en el artículo 574 del código procesal civil local, fue que cualquier "modificación" que se realice a la pensión alimenticia provisional o definitiva, podrá ser recurrida en queja; pues si hubiese querido que la terminación o "cese", como tales, también quedaran incluidas en la hipótesis de procedencia del citado recurso, así lo habría dispuesto expresamente, sin pretender que se extrajera de la palabra "modificar" una terminación o cesación que, precisamente, es un contrasentido, pues extinguiría aquella palabra, esto es, cualquier transformación, pues no se puede modificar lo que no existe.

g. Que de esta manera cobra aplicación la máxima jurídica que reza donde el legislador no distingue el juzgador no debe hacerlo.

h. Que limitar el término "modificar" sólo al aumento o disminución del monto de la pensión como se sostiene, no priva del derecho a ejercer un recurso eficaz, sencillo y rápido como al caso, en su momento, resultaría ser el juicio de amparo como medio de defensa por excelencia.

21. Visto lo anterior, este Tribunal Pleno de Circuito determina que, como se anticipó, el primer requisito de existencia de las contradicciones de tesis -relativo al ejercicio de arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo- se cumple en este caso, ya que los Tribunales Colegiados contendientes llevaron a cabo sendos argumentos interpretativos en los que ejercieron su arbitrio judicial.

22. En síntesis, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito consideró que el sentido del artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece la posibilidad de "modificar" -en la vía incidental- las sentencias definitivas que decidan sobre alimentos y, de manera expresa, contempla la procedencia del recurso de queja contra la determinación interlocutoria que llegare a dictarse, disposición que incluso es acorde a lo previsto en los diversos numerales 404, fracción II y 426 de la referida normatividad, que disponen la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia.

23. Asimismo, puntualizó que, en tal sentido, la promoción del incidente para dejar de cubrir la pensión alimenticia que el deudor se encuentra obligado a pagar a favor del acreedor, evidentemente se ubica en el supuesto previsto en el mencionado ordinal 574, pues el objeto principal de su pretensión es "modificar" la situación jurídica que en relación con la obligación de dar alimentos prevalece en contra del demandado, reduciéndola a la nada, de tal manera que el acto carece de definitividad y resulta improcedente el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada.

24. Por su parte, los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito -contra el voto de la Magistrada Lucila Castelán Rueda- razonaron en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución interlocutoria que recaiga en la vía incidental, respecto del intento de cesación o terminación de la pensión alimenticia, porque no se ubica en la hipótesis de cumplir el recurso de queja contemplado en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que no se está intentando la modificación (aumento o disminución alimentaria, sea provisional o definitiva), interpretación que, en el sentido gramatical, teleológico y sistemático, no deja lugar a dudas de que el legislador lo único que quiso tutelar en dicho numeral fue que cualquier "modificación" que se realice a la pensión alimenticia provisional o definitiva, podrá ser recurrida en queja, ya que de haber querido incluirlas en la procedencia del citado medio de impugnación, así lo habría dispuesto expresamente, de tal manera que no se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente.

b. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.

25. Este Pleno del Trigésimo Circuito considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, pues los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica, en la que el punto en contradicción es, si en contra de la resolución interlocutoria que dirime lo relativo a la pretensión de cesación, terminación o anulación de la pensión alimenticia procede el recurso de queja contemplado en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y, por consecuencia, si para reclamar este tipo de determinaciones en el juicio de amparo indirecto, esto es, las atinentes a la anulación o pretensión de hacer cesar la pensión alimenticia, es necesario interponer previamente el mencionado medio de impugnación, a fin de cumplir con el principio de definitividad correspondiente.

26. El segundo requisito para la existencia de las contradicciones de tesis queda debidamente acreditado en el presente caso, porque las conclusiones a las que los tribunales contendientes arribaron -habiendo girado sobre un mismo punto jurídico-, resultan opuestas y, por ende, se hace necesario que este Tribunal Pleno del Trigésimo Circuito defina la cuestión en aras de la seguridad jurídica.

27. No pasa inadvertido que los asuntos en comentario fueron analizados bajo la vigencia de Leyes de Amparo diversas, esto es, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, lo hizo conforme a la Ley de Amparo abrogada -vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, lo realizó al tenor de las disposiciones de la vigente Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; sin embargo, esto no es obstáculo para estimar actualizada la contradicción de criterios en cuestión, toda vez que, como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, de la que derivó la tesis P. XLVII/2009, publicada en la página 67 del Tomo XXX, julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es el siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."; no sólo es menester que se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo.(2)

c. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

28. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que lo determinado por los órganos colegiados, al presentar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, permite formular las preguntas siguientes:

I. ¿Procede o no el recurso de queja en términos del artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, contra las resoluciones que diriman lo relativo a la cesación o terminación de la pensión alimenticia?

II. ¿Este tipo de fallos pueden o no combatirse a través del juicio de amparo indirecto, inmediatamente después de haber sido emitidos?

29. Con la confrontación de las consideraciones emitidas por los tribunales antes mencionados, este Tribunal Pleno de Circuito llega a la conclusión de que sí existe contradicción de criterios, pues los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica y, como se advirtió en líneas precedentes, adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, no obstante el análisis esencialmente de los mismos elementos.

30. Para efectos ilustrativos, es conveniente presentar un cuadro comparativo que contenga las consideraciones esenciales sustentadas por los órganos colegiados al emitir sus resoluciones.

Ver cuadro comparativo

V. Estudio del asunto

31. Este Tribunal Pleno de Circuito considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resolución, de conformidad con los razonamientos que se expondrán en la misma.

32. En la contradicción de que se trata se presentan dos temas relevantes a tratar:

• Primero. Si el recurso de queja establecido en el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, procede o no contra las resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes relativos a la cesación, terminación o anulación de la pensión alimenticia.

• Segundo. Si por consiguiente, este tipo de fallos pueden combatirse o no a través del juicio de amparo indirecto, inmediatamente después de haber sido emitidos, esto es, sin necesidad de agotar el recurso de queja.

33. ¿Procede el recurso de queja contra las resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes relativos a la cesación, terminación o anulación de la pensión alimenticia?

34. En principio, se estima oportuno señalar que el artículo 14, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las reglas fundamentales de interpretación e integración en el derecho civil mexicano en relación con las sentencias.

35. El texto del referido numeral es el siguiente:

"Artículo 14.

"...

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

36. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/2006-PS, de donde derivó la tesis 1a. XI/2007,(3) sostuvo que el párrafo transcrito no sólo constituye regla de interpretación, sino de integración, pues aunque ciertamente se refiere de modo exclusivo al acto por el cual el negocio es fallado, como si los problemas hermenéuticos, en esta materia (civil), únicamente pudieran presentarse cuando el Juez dicta la sentencia, las cuestiones interpretativas surgen no sólo al resolver los conflictos, sino en cualquier acto de aplicación de leyes y, por ende, en cualquier momento del juicio, desde la formulación de la demanda hasta el postrer acto de ejecución.

37. Asimismo, el citado órgano del Máximo Tribunal del País sostuvo en la mencionada ejecutoria, que el apartado constitucional en comentario debe entenderse de la manera siguiente: "El Juez civil ha de resolver, de acuerdo con la ley, las controversias de que conoce, cuando aquélla prevé la situación jurídica controvertida.". En otras palabras, que la autoridad jurisdiccional se encuentra ligada a los textos legales, si éstos le brindan la solución que busca.

38. En las relatadas condiciones, si el mencionado precepto constitucional establece que el Juez se encuentra obligado a resolver la cuestión jurídica que se le plantee conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta, fundarse en los principios generales del derecho, es válido concluir que sólo si el texto de la norma respectiva es oscuro o incompleto y no basta el examen gramatical, es hasta entonces que se autoriza al juzgador a utilizar cualquier otro método de interpretación para conocer, controlar, completar, restringir o extender su alcance, tal como se desprende también de la diversa tesis 1a. LXXII/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 234 del Tomo XIX, junio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, al tenor del epígrafe siguiente: "INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO."(4)

39. A mayor abundamiento, cabe señalar que el autor Riccardo Guastini, en su obra intitulada Estudios sobre la Interpretación Jurídica,(5) señala que la interpretación literal o declarativa puede entenderse, grosso modo, como aquella interpretación que atribuye a una disposición su significado "literal", es decir, el más inmediato -el significado prima facie, como suele decirse-, que se desprende del uso común de las palabras y las reglas sintácticas.

40. Dice además que, de esta forma, al calificar una interpretación como "literal", se hace referencia al significado exactamente literal de la disposición interpretada. Al calificarla como "declarativa", se hace hincapié en que se refiere más bien al significado querido -o que supone querido- por el legislador, asumiendo que este último interpreta lo que dijo "al pie de la letra".

41. Ahora bien, el objeto de la presente contradicción lo constituye -en esencia- el contenido del artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, el cual dispone textualmente lo siguiente:

"Artículo 574. Contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales, no habrá recurso alguno y contra el que los deniegue procederá el de queja. El monto de la pensión provisional y aun la definitiva podrá ser modificado en vía incidental, y contra la resolución procederá el recurso de queja."

42. De la exégesis de dicho precepto legal se desprende -en principio-, que las resoluciones que otorgan alimentos provisionales no pueden ser impugnadas en la vía ordinaria, pero sí las que los denieguen, en tanto que para ello se prevé el recurso de queja.

43. Por otra parte, dicho artículo dispone que es posible "modificar" en la vía incidental, el monto de la pensión provisional y aun la definitiva, así como que en contra de la interlocutoria que le recaiga procede el recurso de queja.

44. Atento a las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, para dilucidar la controversia de que se trata, es menester determinar, en primer lugar, cuál es el significado de la palabra "modificar".

45. La Real Academia Española define el mencionado vocablo (modificar ),(6) de la manera siguiente:

"Modificar. (Del lat. modificâre).

"1. tr. Transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes.

"2. tr. Fil. Dar un nuevo modo de existir a la sustancia material. Se usa también en sentido moral.

"3. tr. p. us. Limitar, determinar o restringir algo a cierto estado en que se singularice y distinga de otras cosas. U. t. c. prnl.

"4. tr. p. us. Reducir algo a los términos justos, templando el exceso o exorbitancia. U. t. c. prnl."

46. Como se puede observar, tal palabra entraña en su significado -entre diversas connotaciones-, el de transformar, cambiar, restringir o reducir algo a cierto estado, esto es, como presupuesto que para que operen tales significados, se requiere la subsistencia de la naturaleza misma de la cuestión o cosa modificada, en tanto que únicamente pueden cambiarse sus elementos accidentales, pero sin alterar su esencia.

47. De esta forma -como lo sostuvo uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes-, el término "modificar" no puede implicar el cambio total de la cuestión o cosa de que se trate hasta extenderse a su anulación o cesación, puesto que al hablar de "cese" o "terminación", ya no se podría considerar la "modif

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24771-31b8b288/recurso-de-queja-es-improcedente-contra-la-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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