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Modo: Corpus Pro

MEDIDA CAUTELAR DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL DECRETADA EN EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 183/2024. · Registro digital (IUS): 33823
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-01-30
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo V, Volumen 1, Pág.668.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 183/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ. PONENTE: MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. SECRETARIA: VIANNEY RODRÍGUEZ ARCE.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el cinco de junio dos mil veinticinco, y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito presentado de forma electrónica, el veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, ante el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ***** ****** ******* *******(1) denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver, respectivamente, el recurso de queja ******** y el recurso de revisión ********, a efecto de: Determinar si antes de acudir al juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de admisión de la demanda que establece las medidas provisionales, entre ellas, la pensión alimenticia provisional, se debe agotar el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.

2. Radicación, admisión, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de Presidencia de veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, se radicó el asunto como contradicción de criterios 183/2024; se admitió a trámite y se ordenó formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).

3. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo, en términos del artículo 37(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

4. En el mismo proveído se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(3) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

5. Finalmente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existía alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución, relacionada con el tema materia del presente asunto.

6. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. En atención a los requerimientos formulados, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes rindieron los informes solicitados, los cuales se tuvieron por recibidos por acuerdos de cuatro y nueve de julio de dos mil veinticuatro; de los que se advierte que los criterios contendientes continúan vigentes.

7. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con motivo del rechazo a la Reforma Judicial, manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre siguiente, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad antes mencionada, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.

8. Nueva Integración de este Pleno Regional. Por auto de presidencia de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se tomó conocimiento del oficio SEADS/3327/2024, mediante el cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción informó que en sesión de once de septiembre de dos mil veinticuatro, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas en la plaza que ocupaba su homólogo Alejandro Villagómez Gordillo, con efectos a partir del treinta del mes y año en cita; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encontraba integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

9. Returno. En proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, se returnó el presente asunto al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, en términos del artículo 37(4) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.

10. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa y se confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas, para la formulación del proyecto de resolución.

11. Nueva integración de este Pleno Regional. Por proveído de presidencia de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento del oficio SEADS/271/2025, mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de veintidós de enero de dos mil veinticinco, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, en la plaza que ocupaba la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, con efectos del uno de febrero al quince de agosto de dos mil veinticinco o hasta que el Pleno lo determine; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encontraba integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández, Guillermina Coutiño Mata, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.

12. Nueva integración de este Pleno Regional. En proveído de doce de mayo de dos mil veinticinco, se tomó conocimiento de que a través del oficio SEADS/1576/2025 de treinta de abril del mismo año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal comisionó temporalmente al Magistrado José Patricio González Loyola Pérez para cubrir la plaza que ocupaba la Magistrada Silvia Cerón Fernández, con efectos a partir del tres de mayo al quince de agosto del año en curso o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine. Asimismo, se hizo de conocimiento a las partes que este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, se encuentra integrado por la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y José Patricio González Loyola Pérez.

13. Amicus curiae. En términos del artículo 45, segundo párrafo, del Acuerdo General 67/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en el presente asunto no se recibieron opiniones de amicus curiae.

14. Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo, décimo primero(5) y 107, fracción XIII,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(7) 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(8) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(9) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales(10) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(11) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés.

15. El presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, pues se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Civil del Segundo Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad Civil sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.

16. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada en términos de los artículos 107, fracción XIII,(12) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(13) de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el recurrente en el recurso de queja ********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, del cual surgió uno de los criterios contendientes.

17. Valoración de las constancias. Las constancias que obran en los expedientes electrónicos constituyen hechos públicos y notorios conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al poder consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

18. Ilustra lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017123, cuyo rubro es: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).”

19. Transcripción de las ejecutorias contendientes. No se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.

20. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164618, cuyo rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.

21. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de determinar lo conducente, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes, por lo que se sintetizan a continuación.

22. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito al resolver el recurso de queja ********, en sesión de doce de junio de dos mil veinticuatro.

23. En escrito presentado electrónicamente el once de abril de dos mil veinticuatro, ****** ****** ********* *******, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra el auto dictado el veinte de febrero de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Juez Mixta del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, admitió la demanda del juicio instaurado por ****** ****** **** *****, en la vía de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, y fijó una pensión alimenticia provisional a favor de los menores de edad, hijos de las partes.

24. La demanda de amparo fue enviada, por razón de turno, al Juez Primero de Distrito en el Estado México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que la desechó por considerar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que contra el acto reclamado procedía el recurso de revocación previsto en la ley secundaria, que no fue agotado.

25. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja mediante escrito presentado electrónicamente el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que por auto de presidencia de trece de mayo de dos mil veinticuatro lo admitió a trámite bajo el número de expediente ********.

26. Mediante sentencia de doce de junio de dos mil veinticuatro, el tribunal colegiado declaró fundado el recurso de queja, bajo las siguientes consideraciones esenciales y que interesan a la materia de análisis de la presente contradicción de criterios:

27. El Tribunal Colegiado señaló que, por un lado, conforme al artículo 2.110 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el proveído que admite la demanda no es recurrible y, por otro, de acuerdo con el numeral 5.74 del propio ordenamiento, la resolución sobre la pensión alimenticia provisional admite recurso de revocación.

28. El órgano contendiente destacó que ante esta situación, el quejoso se vería obligado a hacer una interpretación adicional de la ley, para determinar si procede o no recurso ordinario en contra del acto reclamado, lo que constituye un caso de excepción al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo de la Ley de Amparo, que da la opción al promovente de interponer el recurso ordinario, o bien, presentar directamente su demanda de amparo.

29. Apoyó su decisión en el criterio de la tesis XVI.2º.C.T.1K (10ª),(14) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con rubro y texto siguientes:

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL). El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales.

30. Indicó que, además de lo anterior, existía otra razón por la que el quejoso estaba relevado de interponer el recurso ordinario, derivada de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de criterios 139/2013, que dio lugar a la jurisprudencia 1ª./J. 77/2013 (10ª),(15) de rubro “DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO”.

31. El Tribunal señaló que conforme a dicho criterio, no debe observarse el principio de definitividad cuando el recurso ordinario con el que se puede combatir la situación jurídica infringida en los casos en los que estén involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, no admita suspensión y se alegue un riesgo para los menores en caso de ejecutarse la resolución impugnada.

32. En respaldo a esta conclusión, el Tribunal Colegiado precisó que el interés superior de la niñez debe ser considerado como un principio regulador de la normativa que se funda en la dignidad misma del ser humano, a efecto de tener como referente las características propias de quienes son infantes; dicho principio implica que el desarrollo de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos se constituyen como criterios rectores para las autoridades del Estado en la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida de los niños y de las niñas.

33. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión ********, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil doce.

34. Por escrito presentado el tres de enero de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en Toluca, Estado de México, ********* ******** *******, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó el auto de doce de diciembre de dos mil once, dictado por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el que admitió la demanda del juicio presentada por la quejosa en la vía de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, y fijó una pensión alimenticia para los hijos de las partes, pero negó la solicitada por la actora, en su calidad de

concubina. 35. Por razón de turno tocó conocer del asunto al Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien por auto de cuatro de enero de dos mil doce, admitió la demanda y la registró con el número ********.

36. En sentencia de uno de febrero de dos mil doce, el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dictó sentencia en la cual sobreseyó en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo.

37. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión ante la Oficialía de Partes Común del juzgado de conocimiento, el cual tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que lo admitió por auto de catorce de mayo de dos mil doce.

38. En sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de revisión y confirmó la resolución recurrida, bajo las consideraciones esenciales siguientes:

39. En términos de los artículos 2.107 al 2.110 y 5.40 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la admisión de la demanda implica que las acciones, elementos o sujetos materia de admisión formen parte del proceso litigioso; en cambio, conforme a los preceptos 5.43 al 5.45 de dicha legislación, ante la solicitud alimentaria del acreedor, el juez puede emitir, por lo menos, dos determinaciones cautelares que habrán de regir hasta el dictado de la sentencia: una, para fijar alimentos provisionales y otra, relativa al monto de dicha pensión.

40. El Tribunal Colegiado estimó que esas determinaciones son independientes, pues la procedencia o improcedencia de la pensión alimentaria provisional depende del cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 4.126 al 4.144, 4.403 y 4.404 del Código Civil del Estado de México, de modo que, con relación a este tema, el artículo 2.110 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece la improcedencia de recurso en contra del auto admisorio de la demanda, no es aplicable.

41. En ese contexto, tanto el acreedor como el deudor alimentario pueden controvertir las resoluciones sobre la pensión provisional, a través del recurso de revocación. Ello porque en términos del artículo 5.74 de la misma codificación, las resoluciones dictadas fuera de la audiencia inicial y el auto que negó la procedencia de la pensión alimentaria provisional son revocables.

42. Estas consideraciones dieron lugar a la tesis “ALIMENTOS PROVISIONALES. SUPUESTOS EN QUE PUEDEN CONTROVERTIRSE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PREVIO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 2.110 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO).”(16)

43. Mismo criterio sostuvo el Tribunal Colegiado al decidir previamente el recurso de revisión ********, que dio lugar a la tesis: “ALIMENTOS PROVISIONALES. LA DETERMINACIÓN QUE LOS DECIDE ES RECLAMABLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).”(17)

44. Vigencia de los criterios contendientes. Por oficio *********, el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito informó que el criterio sustentado en el recurso de queja revisión ********, continúa vigente. Por su parte, mediante oficio recibido por correo electrónico, el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, hizo del conocimiento de este Pleno Regional que el criterio emitido al resolver los recursos de revisión ******** y ********, continúa vigente.

45. Existencia de la contradicción de criterios. Por cuestión de método, es necesario establecer si en el caso se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.

46. En principio, conviene destacar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

47. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(18) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.”

48. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución, o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.

49. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(19) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33823-74b9c857/medida-cautelar-de-pension-alimenticia-provisional-decretada-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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