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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO PUEDEN FORMULAR LA RECLAMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRA EL AUTO INICIAL QUE LA FIJA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. · Registro digital (IUS): 26006
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 2120.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ, JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO, ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN, EZEQUIEL NERI OSORIO E ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. DISIDENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIO: PEDRO CARRANZA OCHOA.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, los considerandos segundo y cuarto, y los artículos 3, 4 y 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el caso fue formulada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado con sede en Boca del Río, Veracruz; de ahí que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.-Posturas contendientes. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, y en su caso resolverla, se estima conveniente analizar las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes:

I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Resolvió el recurso de queja número **********/2015, respecto del cual destacan los siguientes antecedentes:

El tres de febrero de dos mil quince, **********, en representación de su menor hija, promovió juicio de amparo indirecto contra el acto del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, que hizo consistir en el auto de nueve de enero de dos mil quince, mediante el cual se decretó una pensión alimenticia provisional a favor de su representada, consistente en el 25% del sueldo y demás prestaciones a cargo de su presunto padre **********, dentro del expediente número **********/2013 de ese índice.

De dicha demanda correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz y por acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, la desechó de plano, por estimar que en contra del acto reclamado procedía el recurso de apelación y, por ende, no se agotó el principio de definitividad. Tal postura la apoyó en una tesis aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.

Inconforme con dicha resolución, el doce de febrero de dos mil quince, **********, con la representación citada, a través de su autorizado, interpuso recurso de queja del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; quien en sesión de diez de abril de dos mil quince, dictó resolución bajo las consideraciones que -en la parte que interesa- se exponen a continuación:

"QUINTO.-Resultan fundados los agravios hechos valer, suplidos en su deficiencia, al estar en controversia derechos que tienen que ver con una menor de edad, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.

"En tales inconformidades se expresa:

"1. Que por la inmediatez y urgencia de la necesidad de la menor **********, a recibir alimentos, se vio en la necesidad de solicitar la protección constitucional frente a la violación del derecho a percibir alimentos; que es menester defender los derechos de alimentación, vivienda, medio ambiente sano y salud, previstos en el artículo 4o. constitucional, así como el interés superior del menor contenido en dicho precepto; principio que tanto el Juez responsable como el de Distrito, debían respetar, según lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Amparo; que no obstante la claridad de este precepto, en su fracción V, el a quo desechó la demanda, excusándose en la aplicación del principio de definitividad que rige en materia de amparo e ignorando las tesis jurisprudenciales que prevén la excepción a tal principio, cuando se deben tutelar derechos sustantivos del estado de familia; que de acuerdo al principio de definitividad, por regla general, no existe la posibilidad jurídica de promover demanda de garantías contra actos dentro de procesos judiciales, en tanto no se agoten los recursos ordinarios que prevé la ley de la materia, no obstante, igual que con todos los principios, el de definitividad no es absoluto, dado que en ciertas ocasiones puede ceder cuando entra en tensión con principios de índole sustantiva y en consecuencia, el juzgador debe llevar a cabo una ponderación en el que obtenga como resultado que uno de ellos posea más peso que el otro en un caso concreto;

"2. Que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al segundo párrafo del artículo 1o. y del criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios **********/2010, se ha confirmado un control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema jurídico mexicano, en el que se reconoce y se obliga a respetar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; que en el caso que nos ocupa, en tratándose de una menor de edad, es válido admitir como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano, siendo en este caso, el tan importante previsto por el artículo 4o. constitucional;

"3. Que el Juez de Distrito debió ponderar que en tratándose de asuntos en que estén involucrados menores de edad, opera un caso de excepción al principio de definitividad que rige sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, consistente en que para salvaguardar su interés superior derivado de los derechos de la infancia, cuya obligación de proteger y garantizar se impone a toda autoridad judicial en términos del artículo 1o. de la Carta Magna; debe eximírseles de cumplir con dicha regla procesal, cuando el recurso ordinario que debiera agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para los infantes en caso de ejecutarse el acto reclamado, dado que en ese supuesto, el medio defensivo no sería eficaz para alejarlos de la situación de peligro en que podrían encontrarse;

"4. Que desde el punto de vista en que el citado principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar adecuadamente la violación a las leyes cometida por el acto de autoridad;

"5. Que el recurso de apelación -que a criterio del a quo federal debió agotarse en la especie-, no admite la suspensión de los actos susceptibles de combatir a través de dicho medio defensivo, luego es claro, que la citada menor no tenía obligación de agotar aquel recurso, previo a incoar el presente juicio de amparo indirecto, pues al tratarse de un medio ordinario de defensa que no admite la figura de la suspensión, implica que no es idóneo ni eficaz para alejar a la infante de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse, ante la naturaleza del acto reclamado y circunstancias especiales que prevalecen en el asunto;

"6. Que el auto recurrido es notoriamente ilegal y debe ser revocado, atento a que el a quo interpreta indebidamente lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que este numeral sostiene que es procedente el amparo contra actos de imposible reparación, como es el negar pensión alimenticia provisional en favor de una menor de edad, tutelado por la Carta Magna y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"Sobre el particular, el Juez de Distrito determinó desechar la demanda de amparo, al estimar que contra el acto reclamado, consistente en el auto de nueve de enero del dos mil quince, en el que se fijó como pensión alimenticia provisional el equivalente al veinticinco por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; estimando al efecto, que la reclamación contenida en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, reviste la naturaleza de un medio de impugnación que debe ser resuelto por el Juez del conocimiento, por lo que está previsto únicamente para la parte a la cual se le demanda alimentos y no para el acreedor alimentario; razón por la cual, y atendiendo al principio de igualdad procesal, si la actora en el juicio es quien solicitó la medida cautelar y no está de acuerdo con la misma, lo procedente contra tal determinación, es un recurso que sea del conocimiento de una instancia superior, esto es, que al tratarse de una resolución interlocutoria que le causaría un daño irreparable en la sentencia, el recurso idóneo para impugnarla es el de apelación previsto en el artículo 509 del ordenamiento legal citado, ya que es parte del procedimiento y se trata de una resolución interlocutoria que le causaría un daño irreparable en la sentencia.

"Opinión jurídica que este órgano colegiado no comparte, de acuerdo con lo que enseguida se expone:

"El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que procede el desechamiento de plano de la demanda de garantías, cuando la causal de improcedencia del juicio sea manifiesta e indudable, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito relativo.

"Por su parte, el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, tales como:

"a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional; y,

"b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos, se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio.

"En el caso, para efectos de estudio de la presente ejecutoria, interesa lo señalado en el inciso a), interpretación adicional, la cual es conveniente indicar, se hace necesaria cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más interpretaciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional, por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que se denomina interpretación adicional.

"Sentado lo anterior, debe señalarse que este órgano de control constitucional, ha fijado, en otros casos y con otra integración, los alcances del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y emitió la tesis aislada VII.1o.C. 14 C, de rubro y texto:

"‘PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SU RECLAMACIÓN PUEDE HACERLA VALER TANTO LA PARTE ACTORA COMO LA DEMANDADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-Una sana interpretación del artículo 210 del código procesal civil vigente en el Estado, atendiendo para ello a la exposición de motivos que originó la adición de los párrafos segundo, tercero y cuarto, a dicho precepto, conforme al Decreto Número trescientos cincuenta y dos, de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número catorce, de uno de febrero del propio año, permite deducir válidamente que aun cuando en la disposición legal en comento se establece que la reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional fijada en el juicio respectivo, puede formularse dentro del escrito de contestación a la demanda, ello no debe entenderse en el sentido de que tal medio defensivo sólo puede hacerlo valer la parte demandada, pues además de que esta restricción no la establece expresamente ese precepto, cuyo segundo párrafo adicionado sólo tiene como finalidad concederle al deudor alimentista un término suficiente para interponer dicha reclamación, de aceptarse ese criterio habría una dualidad de recursos para combatir específicamente la medida de que se habla, según se trate de quien la impugne, lo que resulta jurídicamente inaceptable. Por consiguiente, debe concluirse que la reclamación citada puede hacerse valer tanto por la parte actora como por la demandada, como así lo establecía el artículo 162 del citado código, dentro del término, ahora, de nueve días, ello desde luego atento, además, al principio de igualdad procesal.’

"Criterio del cual se desprende que, contra el acuerdo que fija alimentos provisionales, procede la reclamación, independientemente de que sea el actor o el demandado quien la interponga; de lo contrario, se sostuvo en tal criterio, habría una dualidad de recursos para combatir específicamente la medida de que se habla, según se trate de quien la impugne, lo que resulta jurídicamente inaceptable, además que vulneraría el principio de igualdad procesal.

"Ahora bien, es necesario también señalar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en diversa integración a la actual, al delimitar los alcances del numeral artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, emitió la tesis aislada VII.2o.C. 125 C, que señala:

"‘APELACIÓN. EL ACREEDOR ALIMENTARIO DEBE AGOTAR ESTE RECURSO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN EN QUE SE NIEGA FIJAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).-La interpretación al tercer párrafo del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, permite deducir que la reclamación reviste la naturaleza de un medio de impugnación que debe ser resuelto por el Juez del conocimiento; de ahí que el mismo esté previsto únicamente para la parte a la cual se le demandan alimentos, y no para el acreedor alimentario. En consecuencia, con base en el principio de igualdad procesal que debe existir entre las partes, si la actora en el juicio principal es quien solicitó la medida cautelar y se le niega, lo procedente en contra de tal determinación es la interposición de un recurso que sea del conocimiento de una instancia superior; esto es, que al tratarse de una resolución interlocutoria que le causaría un daño irreparable en la sentencia, el recurso idóneo para impugnarla es el de apelación previsto en el artículo 509 del citado cuerpo normativo pues, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra.’

"Como se observa, el Segundo Tribunal Colegiado, concluyó en el sentido de que la reclamación prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, reviste la naturaleza de un medio de impugnación que debe ser resuelto por el Juez del conocimiento; de ahí que el mismo esté previsto únicamente para la parte a la cual se le demandan alimentos, y no para el acreedor alimentario. En consecuencia, concluyó ese órgano colegiado, con base en el principio de igualdad procesal, si la actora en el juicio principal es quien solicitó la medida cautelar y se le niega, lo procedente en contra de tal determinación es la interposición de un recurso que sea del conocimiento de una instancia superior; esto es, que al tratarse de una resolución interlocutoria que le causaría un daño irreparable en la sentencia, el recurso idóneo para impugnarla es el de apelación, previsto en el artículo 509 del ordenamiento legal en consulta.

"Postura que, evidencia que la procedencia del recurso o medio de defensa procedente, debe fijarse a través de una interpretación adicional, esto es, se trata de un supuesto de facto que al contrastarse con el artículo 210, no se adecua al supuesto jurídico que contempla en alguno de ellos y es factible acceder al menos a dos interpretaciones sustentables, derivadas, a su vez, de la intelección que se ha atribuido a ese mismo ordinal para aquellos supuestos en que un proveído que ordinariamente es reclamable para el demandado (por disposición expresa de la ley) no lo es para el actor.

"En efecto, a fin de arribar a la conclusión de si es recurrible o no el acto reclamado, se hace indispensable primero, aplicar el artículo 210, atendiendo al criterio emitido por este órgano colegiado, que precisa que es recurrible a través de la reclamación; y segundo emprender un análisis de la naturaleza jurídica de la determinación reclamada y dilucidar si la misma es una interlocutoria o un auto, para luego en función de la postura que se asuma, concluir si es o no impugnable a través del recurso horizontal, siendo esta última operación argumentativa la que desemboca en la necesidad de realizar una interpretación adicional, en tanto se requiere fundamentar del porqué no se está en presencia de una determinación que tenga la naturaleza jurídica de una interlocutoria y justificar así, la razón que informa la asunción de esa interpretación.

"De lo anterior se sigue que, a pesar de que este órgano de control constitucional considere que el acto reclamable es susceptible de controvertirse a través de la reclamación, lo cual sería bastante para confirmar la decisión del Juez de Distrito, aunque por diversas consideraciones, sin embargo, como el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, introdujo la excepción al principio de definitividad, resaltada supralíneas, es que al demostrarse que la procedencia del recurso de apelación o del medio de impugnación denominado reclamación, se encuentran sujetos a una interpretación adicional, es por ello que, en el caso, debe concluirse que la quejosa no se encuentra obligada a observar el principio de definitividad.

"Cabe acotar que la anterior determinación, es orientada por la misma razón que permea en la reforma a la Ley de Amparo, esto es, la modificación del artículo 1o. constitucional que ahora contempla que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, por ello, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, vínculos que en principio se colman a través de disposiciones legales, en el caso, la Ley de Amparo y en concreto, con disposiciones como la antes evidenciada que propicia el acceso al juicio de amparo, excluyendo supuestos de improcedencia que per se le sujeten a variables dependientes de interpretaciones complejas sobre las que no existe un consenso que, por una parte, tornarían al amparo en un recurso -lato sensu- de difícil acceso, burlando la eficacia de aquella máxima de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; por otra, resultaría que en supuestos de facto iguales, algunos gobernados estuvieren en aptitud de dar curso al juicio constitucional y otros no, dependiendo del órgano de control constitucional que conociera del asunto, lo cual conlleva un trato desigual, que pretendió minimizarse a través de la porción normativa en comento. Por lo demás, es deseable evitar que los medios de impugnación sean de difícil intelección, porque se corre el riesgo de convertir el sistema de impugnación en una verdadera ‘trampa procesal.’.

"Es ilustrativa al tema, la tesis aislada I.8o.A.7 K (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto:

"‘JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON SU PROCEDENCIA.-Conforme a esta porción normativa, cuando la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada la resolución de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pero su procedencia se sujete a una interpretación adicional, es decir, que la hipótesis normativa que la regule no sea clara, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso queda en libertad de interponer dicho recurso o acudir directamente al juicio de amparo.’

"Asimismo, cobra aplicación la diversa tesis aislada XVI.2o.C.T.1 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que indica:

"‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL).-El citado artículo prevé dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la disposición contempla que tal regla no opera: a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional y b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla; en ambos supuestos se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio. Ahora bien, la hipótesis contemplada en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una interpretación adicional, figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina interpretación adicional. Así, de ser ese el caso, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo, ello en el entendido de que no opera tal excepción cuando exista jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna. Por lo demás, esta exclusión del principio se comprende mejor si se tiene en cuenta que el artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, vínculo que de inicio se colma al través de disposiciones legales, como la norma en comento, que propician un fácil acceso al juicio de amparo y se evita la proliferación de trampas procesales.’

"Como corolario de lo anterior, debe señalarse que la posible existencia de un recurso contra el acto reclamado, no es bastante para desechar la demanda constitucional respectiva, sino que es conveniente iniciar la tramitación de esta última, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de dictar el sobreseimiento que corresponda si del resultado de ese estudio, apareciere realmente la existencia de una causa de improcedencia.

"Al caso cobra aplicación, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"‘DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA.-La posible existencia de un recurso contra el acto que se reclame en un amparo, no es bastante, por sí sola, para desechar la demanda constitucional respectiva, sino que es conveniente iniciar la tramitación de esta última, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de dictar el sobreseimiento que corresponda si del resultado de ese estudio, apareciere realmente la existencia de una causa de improcedencia.’

"En esas condiciones, no es ajustado a derecho que el Juez de Distrito declarara actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone declarar fundado el presente recurso de queja y, por ende, se deja insubsistente el auto de cuatro de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio de amparo indirecto 120/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, promovido por la propia recurrente, y se ordena a su titular provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda, en términos de lo dispuesto en los artículos del 112 al 115 de la Ley de Amparo.

"Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica:

"‘RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR.-El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde.’

"Finalmente, cabe señalar que los criterios citados por este órgano colegiado, generados conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, resultan aplicables al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que aquéllos no se oponen a lo dispuesto en ésta, en los aspectos analizados.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por **********, en representación de su menor hija **********, por conducto de su autorizado **********, contra el auto dictado el cuatro de febrero de dos mil quince, por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, en los autos del juicio de amparo indirecto **********/2015, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por la propia recurrente.

"Notifíquese..."

I.I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. Pronunció sentencia en el juicio de amparo en revisión número **********/96, respecto del cual destacan los siguientes antecedentes:

Por escrito presentado el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y seis, ********** y **********, de apellidos **********, promovieron juicio de amparo contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, que hicieron consistir en la resolución de 8 de junio de 1996 dictada en los autos del expediente **********/96-IV; que recayó a un recurso de revocación que se interpuso en contra del auto de inicio, en el cual, se fijó pensión alimenticia a favor de los quejosos.

El Juez Quinto de Distrito en el Estado, en sentencia dictada el veinte de agosto de ese año, negó a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, esencialmente porque fue conforme a derecho el que se desechara por improcedente el recurso de revocación en contra del auto que fijó pensión alimenticia, en virtud de que esa decisión era impugnable mediante la reclamación.

Inconformes con esa determinación, ********** y **********, de apellidos **********, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; el cual fue admitido el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, y en sentencia dictada el siete de noviembre siguiente, resolvió confirmar el fallo emitido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, y negó la protección constitucional, bajo las consideraciones que -en la parte que interesa- se exponen a continuación:

"QUINTO.-Son infundados los agravios transcritos en el considerando anterior.

"Para una mejor comprensión de los términos en que será resuelto el presente asunto, conviene destacar los antecedentes del caso, mismos que según constancias que a su informe justificado acompañó el Juez responsable, visibles a fojas de la veintidós a la cincuenta y cuatro del juicio de amparo, se refieren en síntesis, a que ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, se radicó el juicio ordinario civil número **********/96, en el que se advierte que ********** y **********, ambos de apellidos **********, por su propio derecho le demandaron a su padre **********, el pago de una pensión alimenticia y otras prestaciones, para estar en posibilidad de alimentarse y concluir sus respectivas carreras universitarias, señalándose para tal e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26006-da18fba1/pension-alimenticia-provisional-tanto-el-actor-como-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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