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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA EN AMPARO INDIRECTO. SI SE DECLARA FUNDADO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, PORQUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBIERON SER MATERIA DE LA INCIDENTAL, PROCEDE EL REENVÍO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 178/2024. · Registro digital (IUS): 32821
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-15
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.876.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 178/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al treinta de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Ver cuadro 1

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Noveno Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formularon las personas titulares integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver los recursos de queja administrativos 270/2024, 271/2024 y 273/2024, los dos primeros, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, y el último, en sesión del día siguiente.

4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver los recursos de queja administrativos 246/2024, 247/2024 y 248/2024, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver los recursos de queja administrativos 270/2024, 271/2024 y 273/2024, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materias y circuito al resolver los recursos de queja administrativos 246/2024, 247/2024 y 248/2024.

7. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 270/2024, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características 1

8. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 271/2024, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características 2

9. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 273/2024, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características 3

10. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 246/2024, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características 4

11. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 247/2024, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características 5

12. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 248/2024, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características 6

13. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:

Ver cuadro 2

14. En estas condiciones, sí existe la contradicción de criterios, como se explica a continuación:

15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales colegiados decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la procedencia de la medida cautelar en el juicio de amparo indirecto.

16. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes, porque ambos se ocuparon del tema en comento tratándose de un recurso de queja interpuesto en contra de una resolución de suspensión de oficio y de plano emitida en un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos no comprendidos en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo y respecto de los cuales el juzgado de distrito no abre el incidente de suspensión a pesar de que se formuló por la persona quejosa la solicitud respectiva.

17. Sin embargo, entre los contendientes se generó un diferendo luego de que establecieron que los actos reclamados no eran materia de una suspensión de oficio y de plano, pues uno consideró que no podía reasumir jurisdicción, sino que era menester devolver el asunto al juzgado de distrito para que tramitara el incidente y proveyera sobre la medida cautelar; mientras que el otro reasumió jurisdicción y resolvió sobre la suspensión provisional.

18. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: Si se declara fundado el recurso de queja interpuesto en contra de una resolución de suspensión de oficio y de plano por estimar que determinados actos reclamados no están comprendidos en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, ¿el tribunal colegiado está facultado para reasumir jurisdicción o debe devolver el asunto al juzgado de distrito para que abra el incidente respectivo?

19. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver los recursos de queja administrativos 270/2024, 271/2024 y 273/2024, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materias y circuito al resolver los recursos de queja administrativos 246/2024, 247/2024 y 248/2024.

20. Desde luego, para alcanzar esta conclusión no se inadvierte que en los casos que dieron origen a los criterios en contienda los actos reclamados no fueron iguales, pues en unos se combatió la omisión de expedir a favor de las personas quejosas, en su calidad de migrantes, la clave única de registro de población y la tarjeta que les reconoce la calidad de visitantes por razones humanitarias; en otros, además de estas omisiones, se reclamó la omisión de tramitar y resolver el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada; en uno más, la omisión de reanudar dicho procedimiento; y en el restante, el procedimiento mismo y su resolución en sentido desfavorable a la persona migrante.

21. Empero, tales aspectos son secundarios considerando que ambos tribunales colegiados dilucidaron la misma cuestión, a saber, si podían reasumir jurisdicción para ocuparse directamente de la suspensión provisional en un recurso de queja interpuesto en contra de la suspensión de plano.

22. Es aplicable la tesis P. XLVII/2009(8) que dice así:

CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser solo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.

V. Estudio

23. El artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones determinadas en la ley de la materia.

24. Los artículos 126 a 128 de la Ley de Amparo refieren los diversos tipos de suspensión que pueden decretarse.

25. El numeral 126 prevé que la suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, privación total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna,(10) a saber, pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental.

26. El numeral 127 establece la suspensión de oficio incidental para los casos de extradición y cualquiera otro cuya ejecución sea físicamente irreparable.(11)

27. Y el artículo 128 prevé la suspensión a petición de parte, de tramitación incidental, para los casos restantes en que se solicita por la persona agraviada y se realiza un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho con el orden público y el interés social.

28. Los preceptos citados son del tenor literal siguiente:

Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.

Artículo 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:

I. Extradición; y

II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.

Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el quejoso; y

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.

Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica.

Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

29. Por su parte, el artículo 129 de la ley de la materia estatuye, de forma enunciativa y no limitativa, los supuestos en los cuales se considerará que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la suspensión incidental:

Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:

(...)

30. En un análisis histórico se observa que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, expedida el dieciocho de octubre de mil novecientos diecinueve, ya regulaba la suspensión de oficio y a petición de parte en sus artículos, entre otros, 53o., 54o., 55o., 56o., 57o., 58o. y 59o.

31. Al tenor de estos preceptos, la suspensión de oficio se decretaba de plano al recibirse la demanda de amparo y se notificaba a la autoridad responsable incluso vía telegráfica para su inmediato cumplimiento.

32. Por otra parte, la suspensión a petición de parte se tramitaba de la siguiente manera:

• Una vez solicitada la medida cautelar, tratándose de casos urgentes y de notorios perjuicios para la persona quejosa, el juzgado de distrito ordenaba que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban por setenta y dos horas —providencia que dejaba de surtir efectos si en el plazo en comento no se dictaba la suspensión en forma—.

• El incidente de suspensión se tramitaba por cuerda separada y se solicitaba a la autoridad responsable ejecutora su informe previo, que debía rendir dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación respectiva.

• Se citaba a la audiencia incidental que debía celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la recepción de dicho informe y en ese acto, oyendo a las partes quejosa y tercera perjudicada y al Ministerio Público, se resolvía si procedía o no la suspensión.

33. Los numerales de mérito eran del tenor siguiente:(12)

Artículo 53o. La suspensión del acto reclamado en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada por el juez de distrito ante quien se interponga la demanda de amparo, en los casos y términos que previenen los artículos siguientes.

Artículo 54o. Procede la suspensión de oficio:

I. Cuando se trate de la pena de muerte, destierro, o de algún otro acto violatorio del artículo 22 de la Constitución Federal;

II. Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible poner al quejoso en el goce de la garantía individual violada.

Artículo 55o. Fuera de los casos previstos en el artículo anterior, la suspensión solo podrá decretarse a petición de parte y cuando sea procedente y aun en el caso de la fracción IX del artículo 107 constitucional conforme a las siguientes disposiciones:

I. La suspensión debe concederé siempre que la pida el agraviado; en los casos en que, sin seguirse por ello daño o perjuicio a la sociedad, al estado o a un tercero, sean de difícil reparación los que se causen al mismo agraviado, con la ejecución del acto;

II. Cuando la suspensión pueda producir algún perjuicio a tercero si el quejoso da fianza de reparar ese perjuicio; pero en este caso, la suspensión quedará sin efecto si el tercero da a su vez fianza bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y de pagar los daños y perjuicios que sobrevengan por no haberse suspendido el acto reclamado. Además de esta fianza, el tercero deberá indemnizar previamente el costo del otorgamiento de la fianza dada por el quejoso. Esta última disposición se observará en el caso del artículo 51. Artículo 56o. En los casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, el juez, con solo la petición hecha en la demanda de amparo sobre la suspensión del acto, ordenará, bajo su más estricta responsabilidad, que se mantengan las cosas en el estado que guarden, durante el término de setenta y dos horas, tomando las providencias que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y evitar, hasta donde sea posible, perjuicios a los interesados; el transcurso del término sin dictarse la suspensión en forma, deja sin efecto la providencia mencionada.

Artículo 57o. Cuando en la demanda de amparo se pida la suspensión del acto reclamado en los casos en que esta suspensión no esté comprendida en el artículo 54, se acompañarán dos copias simples de dicha demanda para que, cotejada una de ellas por la Secretaría del Juzgado respectivo, se remita a la autoridad responsable al pedirle el primer informe. Con la otra copia se dará principio al incidente de suspensión, el cual deberá tramitarse por cuerda separada.

Artículo 58o. La suspensión de oficio en los casos del artículo 54, de decretará de plano al recibirse el escrito de demanda o la petición telegráfica relativa y se comunicará telegráficamente dicha petición, siempre que tenga por objeto solicitar el amparo en defensa de la vida de una persona, de la cual trata de privarle alguna autoridad, o contra las penas infamantes de mutilación, marca, azotes, palos o tormentos, se transmitirá por la oficina telegráfica respectiva, sin costo alguno y de preferencia a los mensajes más urgentes, siendo de la responsabilidad penal de las oficinas transmisoras la injustificada demora que sufriere la petición referida en llegar a la autoridad a quien se dirija. La misma preferencia debe darse a la resolución que dicte el Juez respectivo acordando la suspensión del acto reclamado, la cual se transmitirá por la vía telegráfica, sin costo del interesado a la autoridad responsable, y así lo ordenará el Juez. La infracción de esta disposición por las oficinas telegráficas constituye un delito comprendido en el artículo 904 del Código Penal del Distrito Federal, que para los efectos de esta disposición se declara vigente en toda la República.

Artículo 59o. Promovida la suspensión que no deba decretarse de oficio, el Juez, previo informe que la autoridad ejecutora habrá de rendir dentro de las veinticuatro horas siguientes aquella en que reciba la copia de la demanda de amparo, citará a audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que reciba el informe, y oyendo al quejoso, al Agente del Ministerio Público y al colitigante o parte civil o tercer perjudicado, si en sus respectivos casos se presentaren en la audiencia, resolverá si procede o no dicha suspensión.

34. Posteriormente, la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis y que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece —salvo que cambió de nombre a Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto publicado en el señalado medio de difusión oficial el treinta de abril de mil novecientos sesenta y ocho—, reguló de manera similar ambos tipos de suspensión, precisando que la suspensión de oficio se decretaba en el auto en el que se admitía la demanda de amparo y, en cuanto a la suspensión a petición de parte, distinguía entre la provisional, que se dictaba en cuanto se solicitara la medida cautelar, y la definitiva, que se emitía una vez transcurrido el plazo para que las autoridades responsables rindieran sus informes previos.

35. La provisional surtía efectos hasta que se resolviera sobre la definitiva.

36. Además, precisó que en la audiencia incidental podían recibirse pruebas documentales, la de inspección judicial y, excepcionalmente, la testimonial; así se advierte de los artículos 122, 123, 124, 130, 131 y 142 de la ley en cita, que en su texto original eran del tenor siguiente:

Artículo 122. En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este Capítulo.

Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:

I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público;

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.

En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.

El juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior.

Artículo 131. Promovida la suspensión, conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará una audiencia dentro de cuarenta y ocho horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que las partes podrán ofrecer las pruebas documental o de inspección ocular que estimen pertinentes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiere, y del Ministerio Público el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión, o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

Artículo 142. El expediente relativo al incidente de suspensión se llevará siempre por duplicado. Cuan- (sic) se interponga revisión contra la resolución dictada en el incidente, el juez de Distrito remitirá el expediente original a la Suprema Corte y se dejará el duplicado.

37. Los artículos 123, 124 y 131 sufrieron diversas reformas de mil novecientos cincuenta y uno a mil novecientos ochenta y dos; además, en mil novecientos setenta y seis se estableció la procedencia de la suspensión de oficio en materia agraria en los artículos 233 y 234, pero no se introdujo algún cambio sobre los tipos de suspensión ni sobre el trámite para la emisión de las correspondientes resoluciones. A continuación se inserta una tabla con los detalles de tales reformas legales:

Ver tabla 1

38. Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se estableció que el incidente de suspensión se tramitaría por duplicado y se modificó el plazo para la celebración de la audiencia incidental de cuarenta y ocho a setenta y dos horas, como ilustran los preceptos respectivos:

Artículo 131. Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

(...)

Artículo 142. El expediente relativo al incide

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32821-e9714c64/recurso-de-queja-en-amparo-indirecto-si-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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