RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 723, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. ES OBLIGATORIO INTERPONERLO PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO DA TRÁMITE A LA DEMANDA POR CONSIDERAR EL JUEZ QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DE ELLA, DICTADA EN UNA CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR EN LA QUE ESTÁ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ, MÓNICA CACHO MALDONADO, ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER Y J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI (PRESIDENTE). DISIDENTES: J. REFUGIO ORTEGA MARÍN Y FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, QUIENES FORMULARON VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA. SECRETARIA: MARÍA CONCEPCIÓN BADILLO SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la realizó el Magistrado presidente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que emitió uno de los criterios contendientes.
TERCERO.—Posturas contendientes. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del juicio de amparo directo DC. 161/2020, promovido por **********, por su propio derecho y en representación de su menor hijo, en contra de la resolución que puso fin al juicio de doce de febrero de dos mil veinte, dictada por la Jueza Décima de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar 226/2020, en el que los propios quejosos demandaron de ********** la suspensión de actos de violencia física y moral, así como la guarda y custodia ejercidos sobre el menor de edad.
Por auto de doce de febrero de dos mil veinte, la Jueza del conocimiento determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda, porque el actor pretendía modificar o suspender la guarda y custodia decretada por un diverso Juez de lo familiar, por lo que dejó a salvo sus derechos.
De lo anterior –y conforme a lo expuesto en la ejecutoria de amparo– se desprenden como aspectos relevantes del procedimiento de origen, que en éste no se le dio trámite a una demanda del orden familiar –en la que estaba involucrado un menor de edad– por considerar que se carecía de competencia legal para conocer de ella.
Ahora bien, al conocer del juicio de amparo directo DC. 161/2020, mediante ejecutoria de treinta de octubre de dos mil veinte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sobreseyó en el juicio de amparo, en lo conducente, con base en las siguientes consideraciones:
"Resulta innecesario analizar los conceptos de violación hechos valer en contra de la resolución reclamada, en virtud de que este tribunal estima que en el caso se surte una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso a cualquier otra cuestión conforme a lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo.—En efecto, conforme a la técnica que rige al juicio de amparo y en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo es oficioso y preferente al fondo del asunto, por lo que dichas causas que tornan improcedente el juicio de amparo deben analizarse lo aleguen o no las partes. ... Este órgano de control constitucional estima actualizada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: ... La norma transcrita prevé que antes de acudir a la vía constitucional para combatir actos de carácter jurisdiccional, debe agotarse el medio ordinario que la ley regule, lo que constituye el principio de definitividad.—El mencionado principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; principio que encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es obligatorio para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal.—Pues bien, de las constancias que obran agregadas al juicio natural, a las que por tratarse de actuaciones judiciales y, por ende, de documentos públicos, este tribunal les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado lo constituye el auto de doce de febrero de dos mil veinte, dictado por la Juez Décimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, en el que se consideró incompetente para conocer del juicio planteado por el actor, hoy quejoso, porque a través de éste se pretendía modificar o suspender la guarda y custodia decretada por el Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar, en el expediente 1142/2015, por lo que dejó a salvo sus derechos para que los hiciera valer ante esa autoridad que conoció de ese controvertido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 287 del Código Civil y 501 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad (sic); y ordenó devolver los documentos exhibidos, previa toma de razón.—En el caso, el quejoso previamente a promover el presente juicio de amparo, debió impugnar el auto reclamado mediante el recurso de queja previsto en el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad (sic), que establece: ... . En efecto, acorde con el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad (sic), el recurso de queja es el medio ordinario de defensa previsto por el legislador para combatir los autos por medio de los cuales se deje de dar curso a una demanda, para que se dicte por el superior la resolución que corresponda.—Las constancias de autos revelan que el quejoso no agotó el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, porque omitió interponer el referido recurso de queja, contra el auto de doce de febrero de dos mil veinte, en el cual la Juez de origen dejó de dar trámite a la demanda, al estimar que carecía de competencia legal.—Luego, al no existir justificación para incumplir con el principio de definitividad, porque no se advierte actualizada (sic) alguno de los supuestos previstos por el legislador para dejar de agotar el medio de (sic) ordinario procedente, pues el quejoso no es tercero extraño; el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; ni se considera que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; únicas excepciones que prevé el referido artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en lo que hace al principio de definitividad.—Por tanto, para que el juicio de amparo fuera procedente era necesario que la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo, hubiera interpuesto el citado recurso previsto en la ley que regula el acto reclamado (recurso de queja).—No es óbice a lo anterior, que en la controversia de origen se encuentren involucrados los derechos de un menor de edad, para estimar actualizada por esa sola circunstancia una excepción al principio de definitividad.—Lo anterior es así, si se parte de la base de que el recurso de queja es el medio ordinario de defensa previsto en la ley de la materia, el cual resulta adecuado y eficaz.—Es adecuado porque su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida, esto es, para reparar, de ser necesario, el indebido desechamiento de la demanda de origen; además, es eficaz porque tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Además, es resuelto por el superior de la Juez de origen, dentro de un plazo razonable de cinco días.—Por lo que al tener a su disposición el justiciable un recurso existente, adecuado, eficaz, expedito, oportuno y obligatorio, para ser oído y, eventualmente, protegido por el órgano superior y no lo agotó, entonces, no se considera legítimo que dejara de observar la regla de la definitividad.—Tampoco es óbice a lo anterior que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 77/2013, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.’.—Se dice que esa jurisprudencia no es obstáculo para resolver en el sentido que se hace, porque en ésta se prevé una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, luego, sus consideraciones no pueden imperar en el presente amparo directo, pues no pueden trasladarse a este juicio constitucional, en tanto que tienen una naturaleza distinta, en razón de que este órgano colegiado no resuelve sobre la suspensión del acto reclamado, como en cambio sí lo hace el Juez de Distrito al conocer del amparo indirecto, para el caso de que se le solicite.—Amén, que en el caso no se reclama una resolución cuyos efectos pongan en peligro al menor de edad, toda vez que se reclama el auto mediante el cual se deja de admitir una demanda, de modo que el solo dictado de ese proveído no coloca en peligro al menor de edad y, por tanto, existe una razón más por la cual se debe agotar el principio de definitividad, en tanto que no cobra aplicación la jurisprudencia anteriormente identificada.—Conclusión. En tal virtud, si el quejoso no interpuso, previamente a promover el presente juicio de amparo, el recurso de queja, es inconcuso que se concreta la causa de improcedencia propuesta. Por consiguiente, es claro que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. ..."
De lo anterior se advierte que, entre otras cosas, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que en contra de la resolución que no dio trámite a la demanda por considerar que se carecía de competencia legal para conocer de ella, dictada en una controversia del orden familiar –en la que estaba involucrado un menor de edad–, procedía el recurso de queja previsto en el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal –actualmente Ciudad de México–, el cual, en observancia al principio de definitividad inmerso en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se debía interponer previamente a la promoción del juicio de amparo directo; ya que dicho recurso ordinario era adecuado, eficaz y expedito, sin que fuera aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", atendiendo a que el juicio de amparo directo es de naturaleza diferente a la del indirecto al que se refería la jurisprudencia en cita.
Por otra parte, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del juicio de amparo directo DC. 488/2020, promovido por **********, por su propio derecho y en representación de su menor hijo, en contra de la resolución que puso fin al juicio de siete de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juez Trigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de controversia del orden familiar 816/2020, en el que los propios quejosos demandaron de **********, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia, así como la guarda y custodia del menor de edad.
Por auto de siete de octubre de dos mil veinte, el Juez del conocimiento determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda por cuestión de territorio, atendiendo al domicilio del menor de edad, por lo que desechó de plano la demanda.
De lo anterior –y conforme a lo expuesto en la ejecutoria de amparo– se desprenden como aspectos relevantes del procedimiento de origen, que en éste no se le dio trámite a una demanda del orden familiar –en la que estaba involucrado un menor de edad– por considerar que se carecía de competencia legal para conocer de ella.
Ahora bien, al conocer del juicio de amparo directo DC. 488/2020, mediante ejecutoria de seis de mayo de dos mil veintiuno, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito desestimó la causa de improcedencia alegada por la autoridad responsable –en el sentido de que los quejosos no observaron el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo– y otorgó la protección constitucional para efectos.
Las razones con base en las que el Tribunal Colegiado en cita consideró que no se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo conducente, fueron las siguientes:
"No se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez responsable.—Para sostener dicho aserto, se impone transcribir, en lo que interesa, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: ... . En relación con dicha porción normativa, aplicada en asuntos donde se vean involucrados intereses de menores, la Primer (sic) Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 139/2013 de su índice, consideró, en esencia, lo que a continuación se expone: (lo precisó). Conforme a lo expuesto, la Primera Sala concluyó, en esencia, que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida; de que en términos del artículo 1o. constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y de que, particularmente, los derechos de la infancia merecen una especial protección por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hayan, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes.—Las consideraciones que preceden dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 990, Décima Época, con número de registro digital: 2004677, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación: ‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.’ (la transcribió).—Ahora, si bien dicha jurisprudencia se refiere a una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, lo cierto es que las consideraciones que la sustentan son también observables en el amparo directo. Ello, en atención a que si bien existen matices en cuanto a la suspensión del acto reclamado, atendiendo al tipo de procedimiento constitucional de que se trate, lo cierto es que tanto en el juicio de amparo directo como en el indirecto, el acto reclamado es susceptible de suspensión bajo las mismas directrices, siendo que lo único que cambia trascendentalmente es que, mientras en el amparo indirecto es el Juez de Distrito quien se pronuncia en relación con la suspensión del acto reclamado, en el amparo directo es la propia autoridad responsable quien emite dicho juzgamiento.—Otra diferencia en la suspensión del acto reclamado, dependiendo del juicio constitucional de que se trate, es que en el juicio de amparo indirecto la suspensión puede distinguirse entre provisional y definitiva, mientras que en el juicio de amparo directo no existe la distinción antes apuntada. No obstante, esta diferencia no es trascendente para la presente litis constitucional porque la jurisprudencia de la Corte no limita ni hace ninguna diferenciación a que las reglas ahí emitidas sean exclusivas de la suspensión provisional o de la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que se deben considerar aplicables a cualquier caso.—Luego, si el Alto Tribunal no separó sus consideraciones y emitió las mismas como regla general, entonces es indudable que éstas son observables también en la vía directa, ya que, se insiste, en la jurisprudencia no se hizo un discernimiento específico en cuanto a qué tipo de suspensión se trataba, sino que solamente se emitió un criterio observable en cualquier tipo de suspensión; de ahí que la jurisprudencia de mérito sí sea aplicable, por analogía, al caso concreto.—Lo anterior se patentiza al imponerse del artículo 190 de la Ley de Amparo vigente, mismo que es del tenor siguiente: ... . De la transcripción que antecede se pone de manifiesto que, tratándose de la suspensión en amparo directo, con excepción de la materia penal, son aplicables algunas de las reglas fundamentales de la suspensión del acto reclamado en amparo indirecto. Es decir, que para decidir sobre la suspensión del acto reclamado en amparo directo, la autoridad responsable debe observar lineamientos similares a los que se encuentran sujetos los Jueces de Distrito al pronunciarse sobre el mismo tema en amparo indirecto, con independencia de que se trate de una vía distinta y que la autoridad que la pronuncia tenga una naturaleza constitucional distinta, pues lo verdaderamente trascendente es que la suspensión, en ambas vías, se concede o se niega con base en disposiciones semejantes y bajo parámetros casi idénticos, lo que pone de relieve que no existe impedimento técnico ni legal para aplicar la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al caso concreto.—Para robustecer lo anterior, se impone transcribir los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 154 y 156 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son precisamente las disposiciones legales que son aplicables para la suspensión del acto reclamado en ambas vías.—Los preceptos de mérito son del texto siguiente: ... . De los artículos preinsertos, se pone de manifiesto que, tratándose de la suspensión del acto reclamado, independientemente de la vía en que se esté pronunciando, son observables varios principios y reglas idénticas. En esencia, dichos principios consisten en que (i) la suspensión se decreta a petición del quejoso y, de ser el caso, de oficio; (ii) que con excepción de los casos en que proceda de oficio, y de ciertas materias, la suspensión se concederá siempre que así lo pida el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; (iii) que el artículo 129 de la Ley de Amparo enlista, en forma numerus apertus, los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público al concederse la suspensión del acto reclamado; (iv) que la suspensión puede pedirse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria; (v) que cuando se puedan ocasionar daños o perjuicios al tercero interesado con la suspensión, el quejoso debe otorgar garantía bastante para reparar los mismos y que la suspensión concedida a los núcleos de población no requiere de garantía para surtir sus efectos legales; (vi) que la suspensión queda sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía con la que garantice al quejoso la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y el pago de daños y perjuicios para el caso de que se conceda la protección constitucional, también se prevé que la contragarantía deberá cubrir, además, el costo de la garantía que otorgó el quejoso; (vii) que en la suspensión de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, existen estándares matizados respecto al otorgamiento de la garantía; (viii) que la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido y que la suspensión deja de surtir efectos cuando no se presenta la garantía respectiva; (ix) que la suspensión puede modificarse o revocarse a petición de parte e, incluso, de oficio cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, siempre y cuando no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; y finalmente, (x) que la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías, se tramita ante el órgano judicial que conozca de ella en un incidente.—Como se ve, los principios rectores de la suspensión del acto reclamado, y su esencia, es sumamente similar tanto en el juicio de amparo directo como en el tramitado en la vía biinstancial, por lo que es indudable que si comparten la misma sustancia y naturaleza, entonces no existe impedimento técnico ni constitucional para aplicar la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues lo ahí previsto no se opone en ninguna parte a los alcances y naturaleza de la suspensión del acto reclamado decretada en amparo directo; de ahí que este tribunal considere que los asertos anteriores fundan suficientemente la aplicación, de manera análoga, de dicho criterio a este caso concreto.—En la especie, el alegato principal de la autoridad responsable es que el juicio de amparo es improcedente porque la quejosa fue omisa de agotar el medio de defensa ordinario previsto por la ley procesal para obtener la modificación o revocación del acto reclamado.—Sin embargo, como se adelantó, la autoridad responsable no tiene razón y, para demostrarlo, primero habrá que determinar si contra el auto reclamado, procedía algún medio ordinario de defensa para, posteriormente, determinar si el mismo es idóneo y eficaz; ya que sólo en ese caso, su interposición será obligatoria de forma previa a instar el juicio de amparo.—Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, en los numerales 257, 723, 725, 726 y 727 establece lo siguiente: ... . De conformidad con el sistema procesal antes apuntado, contra la determinación de un Juez de no admitir a trámite una demanda, procede el recurso de queja, siempre y cuando la causa sea apelable.—En ese tenor, cabe destacar que contra las sentencias definitivas dictadas en las controversias donde se deduzcan derechos alimentarios, procederá el recurso de apelación por disposición expresa del artículo 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México; por lo que, al ser apelable la causa de origen, contra el auto que le puso fin sí procedía el recurso de queja, ya que el auto reclamado desechó la demanda de alimentos y custodia, en virtud de que, en concepto del Juez, carecía de competencia en razón de territorio.—Dilucidado lo anterior, el estudio deberá ceñirse a determinar si el citado recurso de queja es idóneo y eficaz, a la luz de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—En esa medida, este tribunal considera que el recurso de queja previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, no es idóneo ni eficaz, por lo que agotar el mismo constituye una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo.—Lo anterior, en virtud de que, según quedó demostrado, una de las características esenciales para que un recurso sea idóneo y eficaz, radica en que éste debe admitir la posibilidad de suspender el acto de autoridad para que con ello se aleje al menor de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y, por ende, se elimine el riesgo de poner en peligro la integridad del menor al ejecutarse el acto reclamado.—En esa medida, de la intelección conjunta de las disposiciones procesales transcritas en esta ejecutoria, es indudable que el recurso de queja interpuesto contra el auto que desecha una demanda inicial no admite suspensión, ya que en ninguna de sus disposiciones prevé la posibilidad de que el recurrente pueda tramitar la queja con efectos suspensivos y mucho menos señala los lineamientos a los que habría de sujetarse tal suspensión, lo que pone de relieve que en este recurso no existe ningún tipo de suspensión del acto recurrido.—En consecuencia, si la queja no admite efectos suspensivos y, por ende, mientras la misma se tramita y resuelve, el acto de autoridad sigue surtiendo efectos en la esfera jurídica del justiciable, entonces es indudable que agotar dicho recurso, previo a acudir al juicio de amparo, tratándose de menores, no es obligatorio, ya que vincular a las personas a que agoten un recurso que no es adecuado ni eficaz tiene por efecto mantenerlas en el estado de vulnerabilidad en el que las colocó el acto de autoridad, por lo que exigirles que agoten un medio de defensa que obstruye el acceso a la suspensión del acto es inconstitucional, porque transgrede los derechos de la niñez y su interés superior.—En efecto, como el recurso de queja no admite el efecto suspensivo, los justiciables siguen resintiendo las consecuencias remotas del acto de autoridad recurrido hasta tanto no se resuelva éste, lo que los mantiene en una misma situación, en este caso, el acto de autoridad mantiene al menor quejoso en un estado de vulnerabilidad grave porque impide que el Juez de lo familiar se pronuncie en relación con la petición de alimentos provisionales que solicitó en su demanda; lo que, sin duda, transgrede su derecho a recibir alimentos y, por ende, lo coloca en un ámbito de fragilidad porque su integridad, desarrollo y hasta su subsistencia se encuentran en inminente riesgo; de ahí que no sea acertado considerar que las y los niños del Estado Mexicano deben interponer el recurso de queja de manera previa a acudir a la justicia constitucional, pues, como se ha visto, dicho medio de defensa ordinario no es adecuado ni eficaz por no admitir el efecto suspensivo en su tramitación.—Tanto más que es obligación de todas las autoridades del país, en los respectivos ámbitos de sus competencias, el velar en absolutamente todo momento por el interés superior de los menores; de ahí que este tribunal no debe obligar al quejoso a que agote un medio defensa que lo mantiene en una situación vulnerable grave y que impide que acceda a la justicia ordinaria en reclamo de sus derechos alimentarios.—En ese tenor, es que este órgano constitucional no converge con lo propuesto por el Juez responsable y, por ende, desestima la causa de improcedencia invocada por éste al rendir su informe justificado."
De lo anterior se advierte que, entre otras cosas, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que en contra de la resolución que no dio trámite a la demanda por considerar que se carecía de competencia legal para conocer de ella, dictada en una controversia del orden familiar –en la que estaba involucrado un menor de edad–, no era necesario interponer previamente a la promoción del juicio de amparo directo y en observancia al principio de definitividad inmerso en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el recurso de queja previsto en los artículos 257 y 723 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal –actualmente Ciudad de México–; ya que dicho recurso ordinario no era idóneo ni eficaz, por lo que su interposición constituía una excepción al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", pues si bien se refería a una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, lo cierto era que sus consideraciones se podían observar en el amparo d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30436-16122ae0/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-723 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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