AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, CARLA ISSELIN TALAVERA, RICARDO RAMÍREZ ALVARADO, ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ Y JUSTINO GALLEGOS ESCOBAR. PONENTE: CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: MARCELO GUERRERO RODRÍGUEZ.
Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Pleno del Decimoctavo Circuito, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil quince.
VISTOS, para resolver la contradicción de tesis 5/2015 entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado y el Quinto Tribunal Colegiado, ambos del Décimo Octavo Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia. Mediante oficio, recibido el veinte de abril del dos mil quince, en la oficialía de partes de la presidencia del Pleno del Decimoctavo Circuito, el Juez Octavo de Distrito del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el recurso de queja 220/2014, y el Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito, al fallar el recurso de queja 33/2015.
SEGUNDO.-Trámite. Por auto de veinte de abril de dos mil quince, el presidente del Pleno del Decimoctavo Circuito admitió a trámite la contradicción de tesis relativa a "Determinar si el auto de requerimiento de pago y embargo debe considerarse autónomo a la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo."
En ese proveído, solicitó a las presidencias del Tercer y del Quinto Tribunales Colegiados de Circuito, que informaran dentro del plazo de tres días, si los criterios sustentados en los asuntos con los que se denunció la contradicción de tesis se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados y remitieran copias certificadas de los asuntos que motivaron la denuncia de mérito.
Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil quince, se ordenó agregar el oficio 90/2015, signado por la Magistrada presidenta del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el que informó que continuaba vigente el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 33/2015 y anexó copia certificada de dicha resolución.
Asimismo, en auto de veintiocho de abril de ese año, se agregó el oficio 09/2015-ST, firmado por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el que informó que continuaba vigente el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 220/2014; no obstante, como omitió enviar copias certificadas de dicha resolución, se le solicitó de nueva cuenta su remisión.
En ese proveído, se solicitó a los demás Tribunales Colegiados de este circuito, que informaran si dictaron alguna sentencia en la que se hubiera abordado el tema relativo a la contradicción de tesis planteada y, de ser el caso, enviaran copia certificada de la sentencia correspondiente.
Por acuerdo de seis de mayo de dos mil quince, se tuvo al Quinto Tribunal Colegiado de este circuito, remitiendo las copias certificadas de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 220/2014 del índice de ese órgano jurisdiccional.
En acuerdo de doce de mayo de dos mil quince, se ordenó agregar el oficio CCST-X-107-05-2015, suscrito por la Maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que de una consulta que la Secretaría General de Acuerdos de ese Alto Tribunal realizó en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictadas por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar tuviera relación con el tema "Determinar si el auto de requerimiento de pago y embargo debe considerarse autónomo a la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo".
Por acuerdos de siete, trece y catorce de mayo de dos mil quince, se tuvo al Primero, Segundo y Cuarto Tribunales de este circuito, respectivamente, informando que no se habían pronunciado respecto al tema de la posible contradicción planteada; por lo que en el último auto citado se reservó a proveer el turno del asunto hasta en tanto la nueva integración de este Pleno de Circuito se reuniera para acordar al respecto.
TERCERO.-Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil quince, se ordenó enviar el presente asunto a la Magistrada Carla Isselin Talavera, representante del Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, el cual fue recibido el diecinueve de mayo siguiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sustentada entre Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos; de ahí que, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Posturas contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios en materia de la contradicción.
1. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.
Resolución dictada en el recurso de queja 220/2014:
"SEXTO.-Estudio. En su único agravio señala el recurrente, en esencia, que el Juez de Distrito indebidamente desechó su demanda de amparo, por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo anterior bajo las consideraciones de que cuando se reclaman actos en ejecución de sentencia, el juicio sólo puede promoverse contra la última resolución en el procedimiento; sin embargo, el juzgador federal pierde de vista que en el presente caso se actualiza una excepción a la regla de procedencia señalada, pues el quejoso fue quien obtuvo la sentencia favorable en el juicio laboral, por tanto, al ser la parte vencedora quien promueve el amparo debe admitirse la demanda, pues sería inadmisible hacerlo esperar hasta que se declarara cumplida la sentencia o la imposibilidad de dar cumplimiento, si lo que se reclama es el retardo injustificado, por lo que es evidente que se causa en su perjuicio un daño jurídico irreparable.-El agravio planteado deviene infundado por las siguientes razones.-Esto es así, toda vez que contrario a lo manifestado por el recurrente, en el acuerdo reclamado del veintiuno de octubre de dos mil catorce -según lo narra el propio quejoso en la demanda de amparo-, la responsable comisionó al actuario respectivo para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le requiriera de pago; por tanto, no se está ante alguna excepción a la regla de que el amparo procede sólo contra la última resolución en la fase de ejecución, con independencia de si es el vencedor quien acuda al amparo, pues se trata de un acuerdo dictado en el periodo de ejecución de sentencia y no se ha dictado ahí la última resolución. En cuanto a la tesis que invoca el recurrente de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. CASO DE EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.’, la misma ha quedado superada por la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.-En efecto, la referida Sala sostuvo que el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento de ejecución se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural, es una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ese aspecto no altera la circunstancia de que se trate de actos en ejecución de sentencia; dicha jurisprudencia se encuentra publicada con el número 1a./J. 36/2004, página 75 del Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.-La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada.’ En consecuencia, contrario a lo argüido por el recurrente, el hecho de que sea el vencedor en el juicio laboral, no hace procedente el amparo indirecto cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia y/o laudo, si no se trata de la última resolución ni son de imposible reparación.-Misma suerte corre su argumento de que no se debe obligar al quejoso a esperar hasta que se dicte la última resolución, pues se provocaría un daño jurídico irreparable.-Lo anterior, toda vez que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece, en principio, una regla autónoma de procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, en tanto que la fracción III, inciso b), del mismo precepto, prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entre ellos los que afectaren materialmente derechos sustantivos; de modo que cuando existan actos emitidos en la fase o procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, en orden con la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción III, inciso b), del propio precepto para la admisión o no de la demanda de amparo indirecto, como se sigue en vía analógica del contenido de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, materia común, enero de dos mil once, página seis, que a su letra se transcribe: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.-La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.’ En ese contexto, a pesar de que el aquí inconforme exprese que el acto reclamado no podría estudiarse una vez que se declare cumplido el laudo y que se ocasiona un perjuicio irreparable; sin embargo, debe destacarse que es parte en el juicio natural y fue oído en juicio, sin apreciarse la violación de alguno de los derechos sustantivos del recurrente, que actualizara una excepción a la regla establecida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.-Es infundado el presente recurso de queja."
2. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.
Resolución dictada en el recurso de queja 33/2015:
"QUINTO.-Son sustancialmente fundados los agravios, además que en el caso procede suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, para revocar la resolución recurrida y ordenar la admisión y trámite de la demanda de amparo, por las razones que a continuación se indican: Como puede apreciarse de la resolución impugnada el Juez Federal determinó desechar la demanda de amparo por notoria e indudable causa de improcedencia toda vez que, a su juicio, el acto reclamado no consistió en la última resolución dictada en la fase procesal de ejecución del laudo. Determinación que fundó en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.-En las consideraciones de las resolución, el Juez Federal aduce que la regla de procedencia del amparo indirecto prevista en la citada fracción IV del artículo 107 de la ley que lo rige, distingue entre los actos dictados por autoridades jurisdiccionales después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, en donde rige la regla que en ese caso, la procedencia del amparo se posterga al último acto de esa fase, identificada con la resolución que declara cumplido el fallo o la imposibilidad material de cumplirlo.-No obstante la distinción que hace el Juez Federal, en el caso basa el desechamiento de la demanda de amparo, en considerar que el acto reclamado -auto de requerimiento de pago y embargo-, no se trata de uno de esos actos independientes a la ejecución del laudo en contra de los cuales procede el juicio de amparo y lo asimila o lo clasifica como acto propio de ejecución del laudo, por lo que aplica la regla específica de improcedencia prevista en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, lo cual es incorrecto, pues el acto reclamado no es un acto propio de la ejecución del laudo, sino después de concluido el juicio laboral.-El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo literalmente dispone: ‘Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.-En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ...’.-Como puede advertirse del dispositivo transcrito, y tal como lo ha interpretado la jurisprudencia el amparo indirecto procede en contra de los actos dictados después de concluido el juicio.-La regla específica es que no proceda en contra de los actos en ejecución de sentencia, sino hasta que sea pronunciada la última resolución en dicha etapa, con la intención de garantizar el eficaz cumplimiento de las sentencias.-De esto se sigue que no todo acto posterior a concluido el juicio, entendido esto como después de haber causado ejecutoria la sentencia, es una acto de ejecución de sentencia. Incluso así lo distingue el Juez Federal pero enseguida lo confunde para fundar el desechamiento.-Ahora bien, el considerable número de criterios que extienden o limitan la procedencia del juicio de amparo indirecto después de concluido el juicio, revelan la dificultad que en ocasiones se puede dar para considerar a un acto posterior al juicio, como autónomo a la ejecución de la sentencia propiamente dicha. Punto de partida importante a considerar al momento de desechar una demanda por notoria e indudable improcedencia, es decir, que el juzgador debe tener absoluta certeza que el acto de que se trata es autónomo o no de la fase de ejecución.-En el particular, el acto propiamente reclamado, -omisión de decretar apercibimientos- pertenece al primer acuerdo por el que la parte que obtuvo laudo favorable, insta al presidente ejecutor para que inicie dicha fase ejecutiva, requiera de pago y en su caso embargue bienes.-Para este tribunal, el hecho que sea el primer acto de instancia o solicitud de la fase de ejecución, es importante para considerarlo autónomo a la fase de ejecución propiamente dicha.-En este sentido debe entenderse por actos propiamente de ejecución del laudo, aquellos que tienden a materializar la obtención concreta de la condena que se haya determinado, como por ejemplo, la diligencia de embargo, y los actos derivados de éste como depósitos; requerimientos de investigación registrales o para aseguramiento de bienes, pagos, consignaciones y en general cuyo fin inmediato sea disponer lo necesario para obtener lo que haya sido objeto de la condena.-En el particular se considera que el acuerdo de requerimiento de pago y embargo prepara la ejecución del laudo, pues el resultado de la materialización de éste, que sería la diligencia respectiva, es incierto y puede ocurrir que no pueda diligenciarse, que se haga el pago o que se embarguen bienes. Resultado sobre el cual, podrían ya emitirse actos tendentes a la ejecución, mas no es, un acto de ejecución propiamente dicho, por lo que le aplica la regla genérica de procedencia del amparo prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al ser una acto autónomo no concatenado necesariamente a la ejecución del laudo y, por lo mismo, no debe postergarse la protección constitucional a la última resolución que se dicte, pues se corre el riesgo de dejarlo irreparable.-Tampoco tiene aplicación en el particular la consideración que hace el juzgador federal al pretender darle al acto reclamado la categoría de acto intermedio dictado en etapa de ejecución de sentencia, precisamente porque se determinó que el auto de requerimiento de pago y embargo no pertenece a esa etapa del proceso. A este respecto, la jurisprudencia si bien ha considerado la categoría de actos intermedios, están circunscritos a la fase de ejecución, son intermedios respecto a la propia ejecución o a la fase de remate, mas no se refiere lo ‘intermedio’ a que sea un acto previo a la fase de ejecución o de remate o en preparación de, para lo cual sigue rigiendo la categoría de acto autónomo a estas fases etapas del procedimiento.-Por la misma razón, resulta inaplicable la jurisprudencia que cita el Juez Federal para soportar su criterio(1) pues también se circunscribe a actos pertenecientes a la fase de ejecución y se insiste, en el particular, el acto reclamado es preparativo de ésta, no de ejecución propiamente ni intermedio de esta fase; es autónomo a la ejecución y por tanto le aplica la regla genérica de procedencia de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al ser simplemente un acto dictado después de concluido el juicio.-Por último, la regla de procedencia prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en contra de actos realizados después de concluido el juicio -no en ejecución ni en remate- no depende de la afectación material a derechos sustantivos derivado de la ejecución de un acto de imposible reparación, en contra de lo cual hay regla de procedencia expresa en el propio artículo 107 en comento y que ni siquiera se refiere a la misma etapa del procedimiento. La fracción IV del citado artículo, se dirige a proteger derechos fundamentales de los gobernados después del juicio en el que ya se agotaron los medios de defensa ordinarios y extraordinarios por lo que no debe supeditarse uno al otro.-Al contrario, en todo caso, el contenido de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo (procedencia en contra de actos en juicio de imposible reparación por afectar derechos sustantivos) pudiera extenderse en el caso de reglas de improcedencia o limitantes de la acción de amparo, como precisamente en tratándose de actos realizados en etapa de ejecución de sentencia (en donde la procedencia del amparo se posterga a la última resolución), para ampliar el ámbito de la protección del juicio de amparo si en actos de esta índole se afectan materialmente derechos sustantivos de imposible reparación, tal como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.’(2).-De esta forma no debe existir confusión en la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos dentro de juicio en que sólo es procedente si se afecta materialmente un derecho sustantivo que sea imposible reparar en otra instancia, y respecto de los actos después de concluido el juicio, en general, en contra de los cuales procede el amparo indirecto sin necesidad de supeditar su procedencia a ninguna otra circunstancia más que se trate de actos de ejecución de sentencia propiamente dichos (incluido el remate), y en este caso, aún hay que verificar que el acto en sí mismo no afecte materialmente derechos sustantivos.-Orienta el presente fallo, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 230 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, con número de registro digital 196894, aplicable por analogía en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, de rubro y texto siguientes: ‘RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.’.-En este orden de ideas, procede declarar fundado el recurso de queja, por lo que debe revocarse la resolución impugnada, debiendo en consecuencia y de no advertir alguna otra causal de improcedencia, admitir a trámite el amparo promovido por el aquí recurrente.-Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 101, último párrafo y 103 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.-Es fundado el recurso de queja."
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente, cuando al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales a través de la unidad interpretativa del orden jurídico.
Lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno del Alto Tribunal del País, visible en la página 7, Tomo XXXIII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito dism
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25975-798b6d2e/auto-de-requerimiento-de-pago-y-embargo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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