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Modo: Corpus Pro

LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2014. · Registro digital (IUS): 25570
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-04-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 1162.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 28 DE OCTUBRE DE 2014. PONENTE: LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ. SECRETARIA: CLAUDIA ELENA HURTADO DE MENDOZA GODÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 10 y 49 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y de acuerdo a lo establecido en el oficio SECJACNO/CNO/1255/2014, emitido por el secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis,(6) en materia administrativa, sustentadas por tres Tribunales Colegiados de este circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

El artículo 227, fracción III,(7) de la ley de la materia, establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226,(8) podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis la formula el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, por lo que, es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 74/2013 (10a.),(9) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de un mismo circuito y, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización. Sin embargo, atento al principio de seguridad jurídica que pretende regularse a través de esa disposición constitucional y a que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se concluye que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar ante este Alto Tribunal contradicciones de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de un mismo circuito."

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 63/2014, en sesión de seis de mayo de dos mil catorce, consideró lo siguiente:

"SÉPTIMO. Estudio de los agravios. Los argumentos señalados en una parte del agravio tercero son fundados y suficientes para revocar el auto impugnado.

"Señala que el sustento legal para que se proceda a la admisión de la demanda está inmerso en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal, al ser los actos reclamados violatorios del artículo 134 constitucional, al no garantizar los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que prevé la norma constitucional.

"Por otra parte argumenta que se debe admitir la demanda de amparo de conformidad con el contenido de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, de acuerdo a lo narrado en la demanda y que hicieron físicamente imposible que la quejosa contendiera libremente y en igualdad de circunstancias en la licitación.

"Los motivos de agravio son en esencia fundados.

"En el caso, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías, al considerar configurada de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXXIII (sic), en relación con el 107, fracción III, inciso a), ambos de la referida ley de la materia.

"Lo anterior, al considerar que al ser las resoluciones impugnadas actos dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, su impugnación debe necesariamente hacerse hasta la resolución final o definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto las violaciones de fondo como de procedimiento, lo que tiende a armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales.

"Los artículos 61, fracción XXXIII (sic), y 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en los que el a quo sustentó su determinación, establecen:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘...

"‘III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

"‘a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución.’

"Ahora los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal establecen lo siguiente:

"‘Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"‘I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’

"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"‘IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.’

"Por su parte la Ley de Amparo en su nuevo marco normativo, señala en los artículos 1o., 5o., fracción I, 107, fracción III, inciso b) y 117 lo siguiente:

"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"‘I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

"‘...

"‘El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. ...’

"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"‘I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.’

"‘Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

"‘...

"‘Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. ...’

"Del contenido de dichos preceptos, y a raíz de las reformas constitucionales de seis y el diez de junio de dos mil once, se introdujeron dos aspectos importantes para la materia en estudio como son: la institución protectora de los derechos fundamentales, incluso, por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, la procedencia del juicio de amparo en contra de actos omisivos, reflejados posteriormente, en la reforma a la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril del año dos mil trece.

"En lo concerniente a los actos omisivos, el legislador federal estableció la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de esta naturaleza. Por lo que, el presente estudio necesariamente debe versar en el análisis integral con este tipo de actos en conjunción con la impugnación de los actos en los que se aducen puramente violaciones directas a la Constitución Federal, sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa, previstos en la legislación común, ni esperar a la resolución final del procedimiento.

"Además que de los preceptos constitucionales y legales transcritos, se advierte que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"Empero, contiene como excepción a la regla general, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.

"Cierto, en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Federal, se alude a que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, entre otras hipótesis.

"Del contenido de la demanda de garantías, origen del presente recurso, se advierte que la empresa quejosa se dolió de una violación directa a la Constitución, como lo fue la ausencia total de fundamentación y motivación, y más concretamente de una ausencia de fundamentación en la competencia de la autoridad que emitió los resúmenes de las convocatorias de licitación.

"Para efectos del presente estudio, y dado que en la demanda de amparo formulada por la parte quejosa, y que se encuentra agregada al expediente remitido por el Juez de Distrito en conjunción con el presente recurso de queja, se encuentran glosadas únicamente las fojas nones de la demanda, es decir, no se contienen las fojas pares, tal y como se aprecia de las fojas catorce a veintidós del expediente de la presente queja, y que, como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se trae a la vista el contenido de la demanda de amparo origen del presente juicio de amparo, citado y digitalizado en la ejecutoria pronunciada en el diverso recurso de queja 14/2014, fallada en sesión plenaria de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, el cual es del siguiente contenido:

Ver contenido

"En el tema de hecho notorio se invoca la jurisprudencia 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, página 117, registro 198220, que establece lo siguiente:

"‘HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial.’

"De igual manera se invoca la jurisprudencia 812, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que se comparte, consultable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte T.C.C., Octava Época, página 552, registro 394768, que establece lo siguiente:

"‘HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE. Se considera que son notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria en un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes.’

"Luego, resulta inconcuso que en el caso se da uno de los supuestos de excepción que prevé dicho precepto legal, de ahí que en la especie no se surta la causal de improcedencia invocada por el a quo, hasta la presente estadía procesal.

"Cuestión contraria, hubiese sucedido, si la quejosa paralelamente a las violaciones directas a la Constitución hubiese alegado violaciones indirectas o de legalidad, aspecto en el que se encontraba obligada a agotar los medios de defensa que establezcan las leyes secundarias relativas y esperar a la emisión final del procedimiento.

"Dicho principio tiene como sus excepciones las siguientes: a) los actos no afectan a personas extrañas al procedimiento administrativo natural, b) no son actos dentro de juicio que se estimen de imposible reparación, c) la ley que instituye el juicio contencioso, contempla la suspensión y no exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para la paralización de los actos; y, d) cuando se trate de actos donde únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es, la falta de fundamentación del acto.

"Las excepciones de referencia, se relatan en la tesis 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:

"‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y, X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.’

"De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, registro: 237480, que establece lo siguiente:

"‘RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.’

"En congruencia con el criterio de la Segunda Sala señalado, la quejosa refirió en sus conceptos, violaciones directas a la Constitución, ya que, primordialmente, se argumentó que los actos reclamados se realizaron omitiendo en forma total la fundamentación, al ser omisa en citar los preceptos legales aplicables al caso concreto, lo que le deja en completo estado de indefensión, y por ello se sostiene que se viola en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 17, 103, 107, 133 y 134 de la Constitución Federal.

"Ello es así, ya que del primero al cuarto de los conceptos de violación, la parte quejosa señaló como planteamiento la inconstitucionalidad del acto, al aducir violación a las garantías de fundamentación y motivación, previstas en los artículo 14 y 16 constitucionales, por considerar que la publicidad de los resúmenes de la licitaciones públicas se hicieron omitiendo citar en forma total el fundamento legal aplicable.

"De la digitalización de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en su escrito de demanda de garantías, se puede apreciar, con facilidad, que los reclamos están encaminados y circunscritos a poner en evidencia la violación a sus derechos fundamentales. Es decir, a señalar violaciones directas a la Carta Magna, pues principalmente se argumentó que los actos reclamados se realizaron sin fundamento legal alguno y por autoridad incompetente. Por ello, sostuvo que se violaron en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 17, 133 y 134 de la Constitución Federal.

"Es por ello, como lo ha sostenido el Pleno del Más Alto Tribunal de la Nación, que antes de acudir al amparo no existe obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la anticonstitucionalidad de ésta, ya que sería contrario a los principios de derecho, el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de un acto carente de la debida fundamentación, cuya obligatoriedad impugna, por conceptuarla contraria a los textos de la Constitución.

"Dichos razonamientos encuentran sustento, en la tesis jurisprudencial 343 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1995(sic), Tomo I, página 319, Sexta Época, cuyo texto literal es el siguiente:

"‘AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. RECURSOS ORDINARIOS. Antes de acudir al amparo no existe obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la anticonstitucionalidad de ésta, ya que sería contrario a los principios de derecho, el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de esa ley, cuya obligatoriedad impugnan, por conceptuarla contraria a los textos de la Constitución.’

"A mayor abundamiento, es incorrecta la determinación del a quo, en el sentido de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXXII (sic), en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por no haberse impugnado la determinación final en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, porque como ya quedó evidenciado, los planteamientos propuestos en cada uno de los conceptos de violación de la demanda de garantías, son referidos a violaciones directas de la Constitución, y específicamente, respecto de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el caso se adujo el quebranto de la garantía de fundamentación al no contener el acto impugnado, los fundamentos legales que le dan competencia a la autoridad en la emisión de los resúmenes de las convocatorias de las licitaciones públicas, que en relación con los argumentos que se invocan, resulta procedente su reclamo en forma directa, mediante la acción constitucional, sin necesidad de esperar a la emisión final del acto administrativo.

"Además, porque al tratarse de actos dictados dentro del procedimiento se tornan de imposible reparación al señalarse afectación material de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ello de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

"Lo anterior, ya que la quejosa se duele fundamentalmente, que la responsable fue omisa en citar los fundamentos legales, lo que dice afecta materialmente sus derechos fundamentales tutelados en la Carta Magna.

"Sin que lo que hasta aquí expresado prejuzgue sobre la fundamentación del acto, ya que la autoridad responsable en términos del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, al ser un amparo en materia administrativa en su informe justificado deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado y en su caso la parte quejosa quedará facultado para ampliar la demanda respectiva en dicho aspecto.

"Por ende, dada la eficacia jurídica de los argumentos examinados, resulta innecesario analizar los restantes agravios, pues se colma la pretensión medular de la parte quejosa, que es precisamente que se admita a trámite la demanda de amparo.

"Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia VI.1o. J/6 107, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, misma que se comparte por este tribunal, por lo innecesario del análisis del resto de los agravios formulados por la parte quejosa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 470, registro 202541, cuyos rubro y texto dicen:

"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente.’

"Así, ante lo fundado de los argumentos formulado por la quejosa, procede revocar el acuerdo recurrido, dictado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, y, en consecuencia al no advertir este tribunal causa manifiesta de improcedencia de conformidad con los artículos 61, 62 y 103 de la Ley de Amparo, se ordena admitir a trámite la demanda de garantías presentada por la representación legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"PRIMERO. Es fundado el recurso de queja.

"SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido.

"TERCERO. Se ordena al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, admita la demanda de garantías presentada por el representante legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las razones expuestas en el último de los considerando del presente fallo."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 154/2012-III, en sesión de doce de julio de dos mil doce, determinó lo siguiente:

"QUINTO. Estudio de los agravios. Son infundados y en parte inoperantes los agravios planteados por la quejosa.

"La recurrente señaló en su primer agravio, que la resolución recurrida era contraria a derecho, pues la Juez de Distrito había resuelto de manera errónea, que el procedimiento de licitación pública es un procedimiento administrativo que se lleva en forma de juicio, arribó a dicha conclusión de manera dogmática. Que contrario a lo expuesto por la a quo, la licitación pública es un procedimiento administrativo, pero no seguido en forma de juicio y, por tanto, la publicación de la convocatoria pública, sí puede ser impugnada en vía de amparo por vicios propios.

"Se dice que el agravio es infundado, ya que contrario a la exposición de la impetrante, la Juez de Distrito resolvió de manera correcta en el fallo recurrido, pues tal y como lo apreció, el acto reclamado no era impugnable mediante el juicio de control de constitucionalidad, debido a que el acto reclamado consistía en la etapa inicial de un procedimiento administrativo (licitación pública) seguido en forma de juicio.

"A continua

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25570-ba92398a/licitacion-publica-contra-los-actos-intermedios-dictados-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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