AMPARO INDIRECTO. CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE PROVEER RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ELBA SÁNCHEZ POZOS, GABRIELA GUADALUPE HUÍZAR FLORES, GABRIEL MONTES ALCARAZ, ARTURO CEDILLO OROZCO Y MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ. PONENTE: ELBA SÁNCHEZ POZOS. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS GARCÍA PÉREZ.
CONSIDERANDO:
I. Competencia.
Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, párrafo segundo y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
II. Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)
III. Existencia de la contradicción de tesis.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que una contradicción de tesis debe estimarse existente cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adopten en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias. Estos razonamientos se sustentan en los siguientes criterios:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(5)
Para poder determinar si existen criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
• Recurso de queja 87/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Antecedentes:
1. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la omisión de proveer sobre la admisión de la demanda laboral y fijar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo -vigente a partir del uno de diciembre de dos mil doce-, acto atribuido a la ********** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, así como la omisión de llamar a juicio a las demandadas por parte del actuario notificador adscrito a la Junta señalada, al estimar transgredido el derecho de acceso a la justicia, en razón de que el procedimiento laboral no se llevó a cabo dentro de los términos procesales que marca la ley de la materia.
2. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, en el Estado de Jalisco, desechó la demanda por considerarla improcedente.
3. El veintitrés de mayo siguiente, se recibió en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el recurso de queja interpuesto por el quejoso, así como el informe correspondiente y las constancias de todo lo actuado en el juicio de amparo indirecto.
4. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se dio trámite al recurso de queja, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y el trece de junio siguiente, se turnaron los autos a la ponencia para la elaboración del proyecto de sentencia.
5. En sesión de seis de julio de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por mayoría de votos, declaró infundado el recurso de queja 87/2016, al considerar que no había transcurrido un plazo desmesurado entre la fecha en que se dijo se presentó la demanda laboral y la demanda de amparo, ya que sólo fueron diez días naturales, por lo que no se actualizaba el supuesto de excepción de una abierta dilación o paralización total del procedimiento.
Dicha determinación se sustentó en las consideraciones siguientes:
"CUARTO.-Los agravios son infundados.
"En ellos se sostiene en lo medular, que la determinación de desechar la demanda por considerar que los actos reclamados constituyen una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos es incorrecta, en la medida de que se desatiende por una parte, los alcances de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 8o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por otra, los hechos narrados en la demanda, con los cuales, se afirma, se pone de manifiesto la transgresión al derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita.
"Para desechar la demanda de amparo, en el auto recurrido se consideró que el acto reclamado no constituye una abierta dilación al no haber transcurrido un tiempo desmesurado.
"Para sustentar esa determinación, se tomó en consideración la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.’
"De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 48/2016 (10a.), se pone de manifiesto que el Alto Tribunal estimó que en los casos en que se reclame exclusivamente una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, independientemente de que se alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro de él.
"Asimismo, consideró que pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, señaló, que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, en razón de que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta.
"Concluyéndose en esa ejecutoria, que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza, por regla general es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; salvo que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción.
"En el caso, contrario a lo que se esgrime en los agravios, de lo expuesto en la demanda de amparo, se carece de elementos para concluir que exista paralización total del juicio laboral o abierta dilación, por consiguiente, no se actualiza el caso de excepción de procedencia del juicio de amparo.
"Es así, pues la interpretación que debe darse al concepto ‘abierta dilación’, no implica la existencia del solo retraso en la impartición de la justicia, sino que éste sea de tal manera evidente, actual y lesivo, que la eventual protección de la Justicia Federal conlleve, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, a restituir al quejoso en el goce de las garantías violadas, de tal forma que dicha demora deje de existir, pues sería nugatoria la tramitación de un juicio y la eventual concesión que se lograra en el que, al resolverse, los términos acordados por la autoridad ya hubieran transcurrido o se hubiera subsanado la omisión.
"De igual forma, que la total paralización del procedimiento implique la ausencia absoluta en el cumplimiento de las obligaciones de prosecución que competen a la autoridad jurisdiccional, de tal forma que, la vía constitucional represente una forma efectiva de acabar con la conducta anómala y no únicamente un medio de coacción en el actuar del órgano responsable.
"Luego, ponderando los elementos existentes en la demanda de amparo y, atendiendo al caso en concreto, se pone de manifiesto que la demanda laboral se presentó el veintiséis de abril de dos mil dieciséis; en tanto que el seis de mayo de ese mismo año, se presentó la demanda de amparo.
"De ello se obtiene que entre la fecha en que se dijo se presentó la demanda laboral y la de amparo, transcurrieron solamente diez días naturales, por lo que no puede concluirse la existencia una abierta dilación o paralización total del procedimiento, en tanto que como correctamente se expuso en el acuerdo recurrido, se considera no ha transcurrido un plazo desmesurado.
"Consecuentemente, al no actualizarse el supuesto de excepción, de que existe una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, este recurso es infundado ..."
• Recurso de queja 183/2016 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Antecedentes:
1. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la omisión de dictar acuerdo dentro de las veinticuatro horas posteriores a la recepción de la demanda laboral, donde señalará fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, acto atribuido a la Junta Especial Número ********** de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, y la falta de notificación a las partes de dicho acuerdo, acto atribuido al actuario notificador adscrito a la Junta ya señalada, transgrediendo con ello los plazos y términos que para tal efecto ordena el numeral 893 de la Ley Federal del Trabajo -vigente a partir del uno de diciembre de dos mil doce-.
2. El ocho de julio de dos mil dieciséis, el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, desechó la demanda de amparo, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.
3. El doce de julio de dos mil dieciséis, la parte quejosa por conducto de su apoderado, interpuso recurso de queja contra el auto de desechamiento aludido. Por razón de turno correspondió su conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en que se admitió a trámite; se registró como 183/2016; se tuvo al Juez de Distrito, rindiendo su informe justificado; y, el nueve de agosto siguiente se turnaron los autos a la ponencia para la elaboración del proyecto de sentencia.
4. En sesión de trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por mayoría de votos declaró fundado el recurso de queja 183/2016, al considerar que en el procedimiento laboral había existido una abierta dilación y paralización total, porque entre la presentación de la demanda laboral y la demanda de amparo, transcurrieron seis días hábiles, sin que la Junta del conocimiento hubiera emitido el auto de radicación respectivo.
Esa determinación se sustentó en las consideraciones siguientes:
"OCTAVO.-Estudio del asunto. El presente recurso es promovido por quien figura como parte actora en el juicio laboral ordinario y, por ende, es susceptible de suplir la deficiencia de la queja a su favor, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo; siendo que la suplencia de la queja opera no sólo cuando existe una deficiente exposición de los conceptos de violación o agravios de parte de la clase obrera; sino también ante la ausencia de éstos, porque solo de tal forma se garantiza a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal.
"Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 39/95,(6) sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, del rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’
"Así, el análisis del agravio hecho valer, permite realizar las siguientes consideraciones jurídicas.
"Alega la recurrente, en esencia, que contrario a lo resuelto por el Juez Federal, el juicio laboral de origen sí queda inactivo en forma total, hasta en tanto la responsable subsane la omisión reclamada en el juicio de garantías, por lo que se debe revocar el auto recurrido y ordenar que se admita la demanda de amparo.
"Tal alegación, suplida en su deficiencia, se estima fundada.
"En principio, cabe precisar que la aquí agraviada, según se advierte del juicio de amparo que se revisa, reclamó de la Junta Especial número ********** de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, y su actuario notificador, la falta de emisión del correspondiente auto de avocamiento en el juicio laboral de origen, y el no señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de ley; así como la falta de notificación de la fecha en que se debe llevar a cabo el desahogo de la referida audiencia, respectivamente.
"Precisado lo anterior, se estima que fue incorrecta la determinación asentada en el acuerdo recurrido en cuanto a desechar de plano la demanda de amparo presentada por **********, por su propio derecho, al haber advertido un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
"En efecto, en el referido auto impugnado, se advierte que el a quo desechó de plano la demanda de amparo con fundamento en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, al estimar que se actualizaba de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos del ordenamiento legal invocado, este último aplicado a contrario sensu, lo cual según se precisó en el referido auto, el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación dictado en el proceso que afecte materialmente derechos sustantivos; pues únicamente tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal.
"Ahora bien, en el caso, resulta oportuno señalar que uno de los cuestionamientos resueltos en la contradicción de tesis que dio origen a los criterios jurisprudenciales 1a./J. 7/2015 (10a.) y 1a./J. 8/2015 (10a.),(7) emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistió en determinar si era posible que el particular reclamara en forma autónoma el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, cuando aquél está dentro de un procedimiento material y/o formalmente jurisdiccional.
"La respuesta fue en sentido negativo.
"El argumento toral se hizo consistir en que aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación.
"Así, se estableció que el derecho de petición regula, de forma genérica, las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular con la finalidad de obtener respuesta.
"No obstante, los artículos 14 y 17 constitucionales también regulan, aunque de manera específica, el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, dependiendo si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, siendo esos preceptos constitucionales los aplicables para dar respuesta a las solicitudes, al haber sido el particular el que se sometió a ese régimen para entrar en contacto con la autoridad.
"De esa manera, se concluyó que el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término.
"En cambio, los artículos 14 y 17 constitucionales prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado, pues esto constituye el objeto del proceso.
"Entonces -añadió la referida Primera Sala-, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional, el gobernado promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 constitucionales.
"Asimismo precisó el Alto Tribunal que lo anterior no dejaba de estar vinculado con lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, en cuanto a su obligación de hacer saber a los solicitantes o peticionarios, en un lapso corto, todos los trámites y acciones llevadas a cabo en relación con sus peticiones, de conformidad con los principios de universalidad e interdependencia de los derechos humanos.
"De esa manera, se expuso que los derechos consagrados en los diversos 8o., 14 y 17 de la Carta Magna regulaban cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), empero, debían entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implicara dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad, y se concluyó con lo siguiente:
"‘Entonces, si bien resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de forma autónoma la transgresión reclamada en relación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (derecho de petición), cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento materialmente jurisdiccional e incluso cuando la autoridad sea parte en el procedimiento, puesto que las reglas que rigen ese tipo de procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, ello no impide que conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia la autoridad esté obligada a analizar los derechos de forma armónica y como una unidad, para resolver de mejor forma el planteamiento que formula el particular.
"‘A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los procedimientos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio se rigen conforme a los plazos y términos establecidos en las leyes secundarias, ya que mediante la actividad legislativa ordinaria se logra una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados de lo previsto en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional.
"‘Esto es, a través de la legislación secundaria se realiza el desarrollo, inclusive ampliación, a favor de los habitantes del país de los preceptos que consagran los derechos fundamentales, ejercicio que debe realizarse sin anular esos derechos, sino que, por el contrario, debe desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó.
"‘Por tanto, ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria.
"‘Así, la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales ni legales, cuando el particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regulan la referida situación.’
"Por otra parte, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que el a quo básicamente se apoyó para arribar a la conclusión de desechar la demanda en cuestión, establece lo siguiente:
"‘AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como «irreparables» deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una «omisión» autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.’
"(El subrayado es de este tribunal)
"De lo anterior, se puede advertir que el Alto Tribunal esti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27523-339dee28/amparo-indirecto-caso-de-excepcion-a-la-regla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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