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Modo: Corpus Pro

DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: QUEJA 114/2016. · Registro digital (IUS): 26839
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-12-09
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Pág. 1545.

QUEJA 114/2016. 30 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO. SECRETARIO: DANTE OMAR RODRÍGUEZ MEZA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Para una mejor comprensión del problema debatido, a continuación se narran los siguientes antecedentes:

1. Mediante escrito presentado el ********** (fojas 9 a 14), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco **********, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, contra las autoridades y actos siguientes:

"II. Autoridad responsable. Tiene ese carácter:

"a) La H. Junta Especial Número 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (sic), con domicilio en Avenida Alcalde Número 500, Patio Principal, Palacio Federal, colonia Alcalde Barranquitas, C.P. 44280, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

"b) El C. Actuario notificador adscrito a esa H. Junta Especial Número 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (sic), con domicilio en Avenida Alcalde Número 500, Patio Principal, Palacio Federal, colonia Alcalde Barranquitas, C.P. 44280, Municipio de Guadalajara, Jalisco.

"III. Acto reclamado.

"a) De la H. Junta Especial Número 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (sic), el acto que se le reclama es:

"La falta de avocamiento respecto de la demanda laboral presentada por el suscrito y en consecuencia la falta de señalamiento de fecha para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la cual debe ajustarse a los términos establecidos en dicho dispositivo legal sin que hasta la fecha se haya acordado lo conducente, es decir, sin que la autoridad responsable se haya avocado al conocimiento del mismo y, como consecuencia, no existe notificación ni emplazamiento a la demandada sobre tal rubro, incurriendo con ello en una violación a lo dispuesto por el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 17 constitucional.

"b) Del C. Actuario notificador adscrito a esa H. Junta Especial Número 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco (sic), el acto que se reclama constituye la falta de notificación del auto de avocamiento referido en el inciso anterior al trabajador actor y la falta de emplazamiento dentro del término legal a la(s) demandada(s)." (fojas 9 a 10 ídem)

En el punto "3" del capítulo de pruebas, anunció documental, consistente en el acuse de recibo original de la demanda laboral que presentó ante la responsable el "2 de mayo de 2016" (foja 13), lo que así sucedió, ya que tal documento obra a fojas 15 a 20, donde precisamente existe sello que avala dicha data.

2. De esa demanda de garantías tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, donde mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 28 a 35), registró la demanda con el número de amparo indirecto 1490/2016 y la desechó de plano, señalando entre otros, los siguientes razonamientos:

"Consiguientemente, resulta palmario que en el presente caso, respecto de los actos reclamados referidos, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación al (sic) 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo." (fojas 34 a 34 vuelta)

3. Inconforme con esa decisión, el quejoso **********, por conducto de su apoderado **********, interpuso recurso de queja el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. (folios 3 a 7)

OCTAVO.-Estudio del recurso de queja. El análisis de los motivos de disenso que se plantearon, permite realizar las siguientes consideraciones:

En primer lugar se aclara que, como quien acude a pedir la protección federal es la parte actora trabajadora en el proceso de origen, en el caso procede suplir la deficiencia de la queja, en razón de que, tratándose de asuntos de índole laboral, dicho beneficio opera de manera exclusiva a favor de la parte trabajadora, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo.

Consideraciones respecto a la existencia de alguna abierta dilación o paralización total del procedimiento. De la lectura del acuerdo recurrido, se obtienen las siguientes razones que expuso el juzgador para desechar la demanda de amparo:

"1. En el caso no se advierte que exista una abierta dilación o paralización total del procedimiento, que sería el único caso en que pudiera proceder el amparo indirecto que se tramita respecto de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque se aleguen violaciones a los artículos 8, 14 y 17 constitucionales, dado que no se trata de una omisión autónoma al proceso, sino incluida en el trámite del mismo.

"2. Como la omisión reclamada se verificó dentro del expediente laboral de origen, sólo produce afectación formal o procesal, por lo que no se puede considerar de imposible reparación, al no afectar de modo cierto e inmediato algún derecho fundamental, como la vida, integridad personal, libertad (en diferentes manifestaciones), propiedad o posesión.

"3. Citó como apoyo de su determinación, la jurisprudencia P./J. 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’, así como la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: ‘AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.’"

No se comparte esa decisión, al tener en cuenta que se reclamó la inactividad jurisdiccional en que se dijo incurrió la autoridad laboral, al omitir acordar lo procedente respecto de la demanda laboral presentada el dos de mayo de dos mil dieciséis.

En torno a ese acto, aun cuando en el acuerdo impugnado se partió de la existencia de una dilación procesal, incorrectamente se concluyó en que ello no causaba una afectación de manera inmediata a un derecho fundamental, pues la inactividad reclamada no era abierta ni representaba la paralización total de la secuela procedimental.

Lo incorrecto de esa decisión resulta de tener en cuenta, que conforme a lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral cuenta con veinticuatro horas para proveer sobre la presentación de la demanda laboral, al establecer:

"Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia, cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta ley.

"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor."

Conforme a ello, la autoridad laboral tiene que resolver dentro del plazo de veinticuatro horas sobre la admisión de la demanda laboral; proveído en el que, además, se debe fijar fecha y hora para realizar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que se haya recibido el escrito de demanda.

Con relación al tema, cabe precisar que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (instrumento ratificado por el Estado Mexicano en términos de lo establecido por el artículo 133 constitucional), previenen:

"Artículo 8. Garantías Judiciales.

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

"Artículo 25. Protección Judicial.

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

Las citadas disposiciones garantizan el derecho fundamental al acceso efectivo de la impartición de justicia que desarrollan los tribunales, el cual se ha concebido como una prerrogativa predominantemente formal, que en principio no afecta el fondo del asunto, sino que su contenido sólo implica que quien se estime titular de un derecho que aduce fue violado o menoscabado, o bien, que tal derecho no se le ha querido reconocer, esté en aptitud de acudir a los tribunales previamente establecidos por el Estado, a fin de que el litigio respectivo sea sometido a la potestad jurisdiccional de los juzgadores competentes y éstos emitan la decisión correspondiente; sin embargo, la tendencia actual está orientada a asignarle también un contenido material, al considerar que la efectividad del acceso a la jurisdicción comprende el hecho de que la decisión correspondiente solucione el problema planteado, que lo haga conforme a la legislación aplicable y que la resolución se encuentre debidamente fundada y motivada, además de que sea ejecutada.

En ese tenor, se deben adoptar las medidas que tiendan a hacer efectivo el respeto a los derechos fundamentales de la parte agraviada, en cuanto a las prerrogativas de audiencia y acceso efectivo a la justicia, concretando así el control de convencionalidad que armoniza las normas internas e internacionales.

Es aplicable al respecto, la tesis 2a. CV/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 635, que refiere:

"DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES.-El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que ‘toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías’, está establecida en el segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe otorgarse ‘dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial’, está en consonancia con el mencionado artículo 17, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes." (Lo destacado es por este tribunal).

Además, el derecho a la tutela judicial es el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades y dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute la decisión.

Así, conforme al artículo 17 constitucional, exclusivamente el legislador tiene la facultad de establecer plazos y términos razonables para el ejercicio de los derechos de acción y defensa ante los tribunales, lo que en inicio responde a una exigencia razonable y constituye un legítimo presupuesto procesal que no lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, es preciso establecer el concepto de abierta dilación o paralización a que alude la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), como excepción a que las dilaciones procesales sean de ejecución irreparable, debe entenderse como aquella que muestra que el camino procesal se ha retardado de tal forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, a partir del principio del plazo razonable, de motivación contenida en el artículo 17 constitucional, que implica tomar en cuenta la complejidad que represente el asunto, ya sea técnica, jurídica o material; la actividad que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; o, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a la petición, así como sus cargas de trabajo.

Así es, sobre ese aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo eco en lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en estudiar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no.

Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos, como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ende, el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.

Lo anterior se sostiene en las tesis siguientes, cuyo criterio se comparte.

"PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el ‘análisis global del procedimiento’, y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el ‘plazo razonable’ en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de ‘plazo razonable’ debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.". (Tesis aislada I.4o.A.4 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1452)

"PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.-A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de ‘plazo razonable’ conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de ‘plazo razonable’ es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos.". (Tesis aislada I.4o.A.5 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1453)

Luego, siguiendo la idea de que para revisar si se está ante la transgresión del plazo razonable, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, para evitar una demora prolongada, sin justificación, que pueda constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso se advierte que sí existe una dilación que abiertamente ilustra que la Junta no ha operado dentro de un plazo razonable la petición del actor sobre la demanda laboral presentada, en la medida que al momento de la presentación de la demanda de amparo, había transcurrido un plazo de dieciséis días hábiles, según la fecha de presentación de la demanda laboral y la de la demanda de amparo, lo que excede con demasía el plazo que tiene la responsable para proveer dentro del término de veinticuatro horas, sin que obste el hecho de las cargas de trabajo que presentan las Juntas tanto locales como federales, lo cual es un hecho notorio y de suficiente conocimiento público, puesto que para ello baste conocer cuántas demandas de amparo directo se encuentran radicadas en los órganos jurisdiccionales de la materia de trabajo en este circuito, en razón de que ello no impide que al menos en tres días hábiles pueda proveer sobre la demanda, mediante un estudio de la misma; sobre todo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el que establece que la audiencia deberá efectuarse dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la demanda laboral y, en la especie, transcurrieron más de tres días e, incluso, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se habría agotado el plazo legal para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia inicial (al haber transcurrido dieciséis días), complicando la instauración del juicio dentro de los plazos previstos en la ley, especialmente dar oportunidad al actuario para emplazar a los demandados dentro del término de diez días de anticipación a la audiencia.

Lo anterior, pese a que, de entrada, no se advierte que la dilación en proveer obedezca a indebida actuación de la responsable, pues de los datos de la demanda no se ilustra ese hecho, empero, acorde a lo relatado en la demanda de amparo, ha transcurrido un suficiente plazo razonable para lograr el avocamiento de la demanda que impide, al menos de los datos referidos, que la audiencia de ley se practique dentro de los plazos previstos en la ley, especialmente que se logre el emplazamiento de la parte demandada diez días antes de la celebración de ésta, lo que, se insiste, sí actualiza el supuesto de excepción.

Más aún, si se parte del primer párrafo del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo que dispone:

"Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.

"..."

Es decir, debe buscarse la inmediatez y conciliación de las partes como elementos básicos para su función, de modo que las dilaciones no justificadas, como en el caso, sí integran la excepción de referencia.

De esa forma, los datos con los que se cuenta, al menos desde la perspectiva de la demanda de amparo, único elemento que por el momento puede tomarse como referencia, además de lo ponderado, vincula a que en el caso se está en el supuesto del concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, antítesis del derecho humano de plazo razonable, previsto en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente, en lo sustancial, con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso.

Por tanto, si entre la presentación de la demanda laboral -dos de mayo de dos mil dieciséis- y la demanda de amparo -veinticinco de mayo de dos mil dieciséis-, transcurrieron dieciséis días hábiles sin que la Junta responsable hubiese emitido el auto de radicación respectivo, ello denota la dilación abierta que establece nuestro Alto Tribunal como excepción a la regla general, pues dicha irregularidad se ubica en un injustificado retraso, que constituye una violación de los derechos sustantivos del quejoso, aquí recurrente, que actualiza ese caso de excepción, puesto que el plazo transcurrido se considera excesivo.

Consecuentemente, al ser patente que en el procedimiento laboral existe una abierta dilación y una paralización total de éste, es de considerarse que, en la especie, resulta procedente el juicio de amparo indirecto.

A mayor abundamiento, se tiene en cuenta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2013, y establecer la jurisprudencia P./J. 49/2014, con relación al derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, consideró:

"III. Tutela jurisdiccional efectiva, derecho de acceso a la justicia y derecho a un recurso efectivo.

"Establecido el parámetro de actuación en materia de derechos humanos, a continuación, este Tribunal Pleno estima conveniente analizar el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo; para determinar, si en términos de la presente solicitud de sustitución, la jurisprudencia que se analiza vulnera o no el contenido de dichos derechos.

"La tutela jurisdiccional consiste en el derecho de toda persona de acceder a tribunales independientes e imparciales para plantear una pretensión o defenderse de ella mediante un proceso justo y razonable en el que se respeten los derechos de las partes y que concluya con la emisión de una resolución que dirima el conflicto.

"Dadas sus características, la tutela judicial efectiva es una garantía compleja que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución.

"Al fallar la contradicción de tesis 35/2005-PL, el Pleno de este Máximo Tribunal estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva, se trata, entre otras cosas, de un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz, de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el derecho de audiencia y el debido proceso.

"En tal virtud, el respeto irrestricto a la garantía de tutela judicial efectiva implica la prosecución del proceso, pues sólo de esta manera se asegura que se respete debidamente el derecho de audiencia y debido proceso de los individuos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26839-570715b8/dilacion-procesal-alcance-de-los-conceptos-abierta-dilacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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