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DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE DESECHARSE CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.), CUANDO SE RECLAMA UNA ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO, AL NO CONSTITUIR UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, NI DISPOSICIÓN O JURISPRUDENCIA QUE DEFINA DICHOS CONCEPTOS.

Tipo de asunto: QUEJA 180/2017. · Registro digital (IUS): 27529
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-12-08
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Pág. 2152.

QUEJA 180/2017. 3 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ. SECRETARIO: HUMBERTO QUIROZ MARES.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio. Al efecto, es conveniente precisar que el presente recurso es interpuesto por la parte trabajadora y, por ende, es susceptible de suplencia en la deficiencia de la queja en su favor, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues ello rige aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios en la demanda de amparo, directo o indirecto, o en el recurso correspondiente.

En cuanto a este punto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 39/95,(3) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 333, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS."

Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer mención de algunos antecedentes del juicio de amparo, los que se advierten de las constancias del amparo indirecto **********, del que deriva el presente recurso de queja, las cuales adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o. y que, a saber, son los siguientes:

a) Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Zapopan, turnado el día siguiente del mismo mes y año al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, **********, promovió demanda de amparo contra la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por violación a los derechos humanos, en términos de los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales, señalando como acto reclamado la falta de avocamiento y señalamiento de fecha para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como su respectiva notificación personal a las partes en el juicio laboral **********.

b) Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dicho juzgado desechó de plano la demanda de amparo, al advertir la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no ser un acto de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos.

Ahora bien, el recurrente señala que le causa agravio la resolución, en razón de que el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto, en virtud de que debió advertir que si el acto reclamado constituía la falta de avocamiento y admisión de la demanda y su consecuente notificación a las partes, así como el señalamiento para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio natural, ello constituía una paralización total del procedimiento; es decir, se encuentra inactivo, pues dada su etapa procedimental, se requiere necesariamente de la admisión de la demanda.

Así pues, suplidos sus agravios, son fundados y suficientes para revocar el auto recurrido y ordenar que sea admitida la demanda de amparo indirecto.

Debe recordarse que el Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco determinó desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues estimó actualizada, de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos preceptos de la ley en cita.(4)

Ello, bajo el argumento toral de que el acto reclamado consistente en la falta de dictar acuerdo de radicación y señalar fecha para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral **********, con motivo del escrito de demanda presentada el once de mayo de dos mil diecisiete, no son actos de imposible reparación que puedan combatirse en la vía constitucional a través del juicio de amparo indirecto.

Reitera que la omisión de dictar el acuerdo de avocamiento no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental, sino que sólo tiene que ver con las posiciones que las partes van obteniendo en la integración del proceso que puedan o no resultarles adversos y que, de ocurrir esto último, será al momento de resolverse en definitiva el juicio en lo principal, siempre y cuando llegase a influir en el resultado del fallo definitivo cuando es que se verá afectado su interés.

Enfatiza que es manifiesto e indudable que las posibles infracciones impugnadas en sede constitucional no son de imposible reparación, por el contrario, implicarían la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, en virtud de que sólo tienen que ver con las posiciones que las partes van obteniendo en la integración del proceso que pueden o no serles adversas; luego, no es en la vía de amparo indirecto donde debe impugnarse, por ahora, dicha posible infracción.

Sustentó lo anterior, entre otros criterios, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."

Indica que no es estimable que en el caso exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, atendiendo a la conducta omisiva que se reclama en relación con la fecha de la presentación de la demanda.

Aunado a lo anterior, señaló que no se transgrede el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217 de la Ley de Amparo, por las razones siguientes:

"...1. Porque al inicio de este juicio o procedimiento no existe una jurisprudencia previa y específica sobre el tema, del Máximo Tribunal del País, aplicable directamente al punto jurídico relevante para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución de esta demanda de amparo.

"2. Por tanto, al no existir jurisprudencia previa y específica al respecto, la resolución jurisdiccional aquí emitida, con base en el criterio antes señalado, no supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico;

"3. Por eso, menos aún, la aplicación del nuevo criterio jurisprudencia (sic) invocado impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables, máxime que tienen a su alcance el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo..."

Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que no se está en el caso de desechar la demanda de amparo indirecto bajo la hipótesis de haberse actualizado un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

Debe entenderse que lo manifiesto es lo que se advierte de manera clara y patente y lo indudable, consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso.

Asimismo, para advertir el manifiesto motivo de improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas,(5) ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido indicados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que, exclusivamente con esos elementos, se configure dicha improcedencia.

Importante resulta señalar que de ser inexistente la causa de improcedencia manifiesta, o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario, se estaría privando a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite, a fin de estudiar la cuestión planteada, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, de rubro:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."

De ese modo, el análisis de la procedencia del juicio de derechos fundamentales, inclusive en cuanto al reclamo de ciertos actos intermedios dictados dentro de un juicio, implica un examen detallado y ponderado sobre su naturaleza, el cual, en ocasiones es inoportuno verificar en el auto inicial de trámite de la demanda, ya que en esa etapa únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban.(6)

Con apoyo en lo expuesto, se estima que la litis constitucional se basa en el proceder de la autoridad responsable, esto es, que esté ajustado a los plazos y términos legales previstos en la Ley Federal del Trabajo, conforme al artículo 873, precisamente por alegarse infracción al artículo 17 constitucional.

De los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en la demanda de amparo, alude que la responsable omitió dictar acuerdo de avocamiento respecto de la demanda laboral y señalar fecha para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y su consecuente notificación a las partes en el juicio laboral **********, con motivo del escrito de demanda presentada el once de mayo de dos mil diecisiete.

Ahora bien, el artículo 17 constitucional pertenece a la especie (sic) del derecho fundamental de seguridad jurídica, mismo que en lo atinente establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.(7)

De estos atributos, el que resulta oportuno invocar es el relativo a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, así como de resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; sin soslayar que del Texto Constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva.

Por su parte, el procedimiento, en lo atinente al auto de avocamiento, se regula por el arábigo 873 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que en su literalidad dispone:

"Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta ley."

Del anterior precepto se advierte que una vez presentado el escrito de demanda ante la Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se dictará acuerdo en el que señalará fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así como ordenar notificar dicho acuerdo personalmente a las partes; cabe destacar que respecto del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo transcrito, en el cual se pronuncia que la Junta dictará sus resoluciones dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquellas en las que reciba el escrito de demanda, tal punto determina claramente el término que tiene la Junta para proveer el acuerdo respecto de la presentación de la demanda (veinticuatro horas).

Bajo ese contexto, el retraso u omisión en la realización de los actos dentro de un procedimiento laboral afecta el desarrollo normal y oportuno del negocio.

Ese retraso viola en perjuicio del quejoso, como parte actora, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, en cuanto al principio de justicia pronta que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra el cual procede el juicio de amparo.

Cabe señalar que en el caso concreto, es aplicable la contradicción de tesis 325/2015, de la Segunda Sala, jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.),(8) que se cita en el auto recurrido, al actualizarse la excepción de que la omisión de acordar la demanda, podría paralizar totalmente el procedimiento, de título, subtítulo y texto siguientes:

"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como ‘irreparables’ deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente."

La aplicación se materializa, porque la misma ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia aludida establece que de advertirse de la propia demanda la existencia de una abierta dilación del procedimiento o que el mismo esté paralizado totalmente, debe ser procedente el juicio de amparo; circunstancia que se desconoce si el juicio laboral se encuentra en una abierta dilación o se encuentra paralizado totalmente, pues no es suficiente lo expuesto por el Juez recurrido en el auto donde desecha la demanda, al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa, por ser de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo.

Ahora bien, tomando en cuenta que la demanda del juicio laboral **********, fue presentada el once de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, tenía veinticuatro horas para acordar la demanda, por lo que dicho término venció el doce de mayo del año en curso, mientras que la presentación de la demanda de amparo indirecto fue el veinticinco de mayo de esta anualidad, al efecto, transcurrieron nueve días hábiles sin que la responsable hubiere dictado el acuerdo respectivo, excediendo el término previsto en la ley laboral, considerando que el juicio laboral inició desde el once de mayo de dos mil diecisiete, es decir, desde la presentación de la demanda, lo que evidencia que al día en que se promovió el juicio de amparo podría estar paralizado el juicio, que se posterga hasta la fecha en que se resuelve el recurso de queja, pues la parte quejosa no ha informado que las omisiones reclamadas hubieran cesado en sus efectos.

Sin importar que la demanda de amparo se presentara a los nueve días hábiles de que la autoridad responsable omitiera avocarse al conocimiento de la demanda laboral, pues por el momento, se desconoce si existen medidas cautelares que sea urgente decretar, además de que el juicio podría estar totalmente paralizado, pues la omisión de admitir la demanda impide a las partes instar el juicio.

Máxime, que en el caso propiamente no se trata de una omisión de proveer un escrito, sino que la quejosa se duele que la autoridad responsable se ha abstenido de dictar auto de avocamiento, esto es, tramitar la demanda de origen y dar continuación al juicio, señalando fecha para la audiencia de ley y citando a la parte demandada.

De ahí que, al no haber radicado la demanda laboral la responsable, a la fecha de presentación de la demanda de amparo se encuentra paralizado el juicio, por lo que procede la admisión de la demanda de amparo indirecto, conforme al caso de excepción que señala la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala, tal como se advierte de la ejecutoria respectiva, que dice:

"En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción."

De ahí que, -se insiste- la falta de avocamiento y señalamiento de la fecha para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral **********, con motivo del escrito de demanda presentado el once de mayo de dos mil diecisiete, a la fecha de presentación del amparo indirecto, el juicio laboral se encuentra paralizado, por lo que procede la admisión del amparo indirecto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), antes transcrita.

No es obstáculo para lo anterior, la justificación que el Juez de Distrito establece al expresar que la dilación reclamada por la parte quejosa no afecta derechos fundamentales, ya que sólo tiene el carácter adjetivo, que producen efectos formales o intraprocesales, en virtud de que sólo tienen que ver con las posiciones de las partes que van obteniendo en la integración del proceso que pueden no serles adversos, pues determina que luego será el momento de resolverse en definitiva el juicio, si es que llega a influir en el resultado del fallo, cuando es que se verá afectado su interés, además de que estime que en el caso no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, atendiendo a la conducta omisiva que se reclama en relación con la fecha de la presentación de la demanda de amparo y conforme a las cargas de trabajo de aquélla.

Sin embargo, a juicio de este órgano colegiado, sí existe una paralización del juicio, puesto que no existe norma legal o jurisprudencial que establezca que sólo transcurrido el plazo de diez, veinte o treinta días, se considerará paralizado el proceso; aunado a que el Juez de Distrito no indica la razón por la cual no ha transcurrido un plazo razonable, por lo que el referente objetivo es que la autoridad se ajuste a los plazos que prevé la ley; lo cual no fue acatado por la Junta, al no respetar los plazos y términos conforme a los cuales se administra justicia, circunstancia contraria a lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene plenamente determinado en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de que el artículo 17 constitucional, párrafo segundo, garantiza a los gobernados el acceso efectivo a la justicia, dejando el referido artículo a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administre justicia, por lo que aun cuando pueda limitarse tal prerrogativa fundamental con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyen el mecanismo expedito, eficaz y confiable para los gobernados, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan tengan el apoyo de los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República y que, por ello, el Juez de Distrito se tenga que apegar a lo dispuesto en la Norma Fundamental, debiendo tomar en cuenta la naturaleza del reclamo, consistente en la falta de avocamiento y señalamiento de fecha para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral **********, con motivo del escrito de demanda presentada el once de mayo de dos mil diecisiete.

Por tanto, la consideración utilizada por el juzgador para desechar por notoriamente improcedente, se contrapone con la voluntad del legislador de establecer los plazos y términos para la administración de la justicia en términos de expeditez, eficacia y confiabilidad, máxime que no existe norma secundaria alguna y las determinaciones establecidas en el criterio invocado de "abierta dilación" o "paralización total", ya que no están determinadas; lo cierto es que excede en demasía el término previsto en el ordinal 873 de la codificación obrera, contraviniendo así el artículo 17 constitucional.

Sin que tampoco se soslaye el que el Juzgador Federal haya invocado como hecho notorio para fundar su decisión los criterios adoptados por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este circuito, al resolver los recursos de queja ********** y **********, así como **********, respectivamente; ello en razón de que, por cuanto ve a lo decidido por el Segundo Tribunal Colegiado, se advierte que son supuestos similares, puesto que se trata de la omisión de la Junta para avocarse al conocimiento de la demanda laboral, lo cierto es que en aquellos casos, el término transcurrido entre la presentación de la demanda laboral y la demanda de amparo fue de tres y seis días hábiles, y en el presente asunto han transcurrido aproximadamente nueve días, sin que este Tribunal Colegiado de Circuito cuente con mayores elementos que los que obran en el expediente, para determinar si a la fecha en que se resuelve el mismo, el juicio laboral continúa paralizado.

Al respecto, se cita la tesis emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, pendiente de publicarse, que dice:

"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE SU DESECHAMIENTO, CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016, AL NO SER MANIFIESTA E INDUDABLE, PUESTO QUE NO EXISTE NORMA LEGAL O JURISPRUDENCIA OBLIGATORIA QUE DEFINA QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO. El análisis de la procedencia del juicio de derechos fundamentales, implica un examen detallado y ponderado, el cual en ocasiones es inoportuno verificar en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto, ya que el solo hecho de que se genere duda o debate sobre el acto reclamado, rompe con el requisito a que alude el artículo 113 de la Ley de Amparo, sobre lo indudable y manifiesto que requiere la actualización de la causal de improcedencia para estar en aptitud de desechar la demanda en ese momento. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de rubro ‘AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.’, estableció que cuando el acto reclamado sea la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, existe un caso de excepción a su improcedencia, relativa a que de advertirse del contenido de la propia demanda la existencia de una abierta dilación del procedimiento o que el mismo esté paralizado totalmente, es procedente el juicio de amparo. Sin embargo no existe norma legal o jurisprudencia obligatoria que establezca que sólo transcurrido el plazo de uno, cinco, diez, veinte o más días, se considerará una abierta dilación al procedimiento o su paralización total; por el contrario, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia P./J. 113/2001, que el alcance del párrafo segundo del artículo 17 constitucional, es el de garantizar a los gobernados el acceso efectivo a la justicia, por lo cual dejó al legislador la facultad de fijar los plazos y términos conforme a los cuales debe administrarse aquélla y cuya regulación pretende lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir sus conflictos, por tanto, si de la demanda de amparo se advierte que la autoridad jurisdiccional excedió los plazos y términos para proseguir con el juicio en tiempo, ello será suficiente para actualizar el caso de excepción a que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en aras de proporcionar seguridad jurídica al justiciable, pues el referente objetivo, debe ser que la autoridad ajuste su proceder a los plazos previstos en la ley conforme a los cuales se administra justicia; y por ello el Juez de Distrito tiene que apegarse a lo dispuesto en la Norma Fundamental al momento de analizar preliminarmente la naturaleza de la omisión reclamada."

En relación con el precedente del Tercer Tribunal Colegiado, el mismo no resulta aplicable al caso, porque ese órgano jurisdiccional comparte el criterio de este tribunal, tal como se advierte de la jurisprudencia por reiteración de criterios, con número de registro digital: 2013301,(9) de título y subtítulo: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS ‘ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ O ‘PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO’, COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA.", en la cual precisó que la demanda de amparo en la que se combata la dilación procesal, debe atenderse a la importancia del retraso o a la inactividad procesal considerando elementos que propiamente se advierten de las constancias del juicio laboral, por lo que su constatación no es notoria e indudable.

Respecto a este punto, similar determinación se adoptó al resolver los recursos de queja ********** y **********, del índice de este órgano jurisdiccional y resueltos en sesión de doce de enero y uno de junio de dos mil diecisiete, respectivamente.

Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 113/2001,(10) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.-De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la natur

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27529-7ee1f423/demanda-de-amparo-indirecto-no-debe-desecharse-conforme · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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