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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO LABORAL (ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL). PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN.

Tipo de asunto: QUEJA 84/2017. · Registro digital (IUS): 27506
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-12-01
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Pág. 1895.

QUEJA 84/2017. 6 DE JULIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ. SECRETARIO: MARCO MARTÍNEZ MENESES.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Estudio del asunto.

En sus agravios, la recurrente aduce lo siguiente:

• El juicio de amparo es un medio de control de garantías (sic) que tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica en actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pero también procede por la violación de derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues debe considerarse que la quejosa menciona los artículos 8o. y 17o., el primero correspondiente al derecho de petición ante la autoridad competente y, el segundo, al derecho a la justicia pronta y expedita, como también lo establece la Ley de Amparo en su artículo 1o.

• La autoridad federal argumenta que no hay abierta dilación y que se trata de un retardo por cargas de trabajo de la autoridad, lo cual deja en estado de indefensión a la quejosa; pero lo que se reclama por medio del amparo es el acuerdo del escrito primigenio de la solicitud declaratoria, pues la quejosa presenta la petición en tiempo, de manera pacífica y respetuosa, como lo establece el artículo 8o. constitucional; en ese mismo orden de ideas, debe ser notificada lo antes posible para saber si reúne todos los requisitos para responder a la pretensión. Que debe estimar que quien reclama la omisión de radicar la petición tiene una innegable dependencia económica, así como atenciones médicas, mismas que eran proporcionadas a través del de cujus (sic).

• El juicio laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí en los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo y, al a ver (sic) un retraso u omisión, ocasiona una afectación en un desarrollo normal y oportuno en el juicio, lo cual sí afecta la esfera jurídica de la quejosa, y cita en apoyo la tesis de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO PROMOVIDO CONTRA LA DEMORA DE PROVEER CON OPORTUNIDAD PROMOCIONES FORMULADAS POR ADULTOS MAYORES EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAUDO FAVORABLE."

Tales agravios son fundados, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo,(1) por ser la recurrente beneficiaria del finado trabajador.

Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto la parte conducente de la ejecutoria de la contradicción de tesis 325/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:

"...Es por ello que existe contradicción de criterios sobre un mismo punto jurídico.

"Su materia consiste en determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional, reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta, suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo promovida en la vía indirecta.

"Cabe puntualizar que el punto de contradicción así fijado, no comprende el caso en que se reclame en la demanda de amparo la falta de emisión del laudo, debido a que sobre ese punto en concreto, sólo existe un pronunciamiento en el recurso de queja 68/2015 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de ahí que respecto de este tema no exista oposición que resolver.

"SEXTO. Estudio de fondo. El criterio que debe prevalecer como jurisprudencia es el que se desarrolla a continuación y, conforme al cual, en casos como los que fueron analizados por los tribunales que participan en esta contradicción, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente.

"El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que:

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘...

"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ...’

"Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas.

"De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento:

"‘La primera, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo.

"‘La segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de «sustantivos», expresión opuesta a los derechos de naturaleza «formal o adjetiva» (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)’

"Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a ‘derechos sustantivos’, aunado a la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de ‘formal o adjetiva’.

"Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite.

"Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta.

"Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta.

"En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción."

De la anterior ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), consultable en la página 1086, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente."

De acuerdo con la ejecutoria y criterio jurisprudencial que anteceden, el Máximo Tribunal del País determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, cuando se interponga contra actos de esta naturaleza y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

Sin embargo, existe una excepción, que opera cuando el Juez de amparo advierta del contenido del libelo que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo pues, en tal caso, la demanda de amparo es procedente.

De igual forma, cabe precisar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo vigente, de aplicación supletoria a la ley burocrática, estatuye lo siguiente:

"Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley."

Conforme a tal precepto, el tribunal dictará sus resoluciones dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la citada ley.

Ahora bien, en el caso concreto, del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, presentó ante el tribunal responsable, demanda referente a la declaración de beneficiarios del de cujus **********, sin que a la fecha haya recaído acuerdo alguno sobre tal petición.

Así las cosas, es dable afirmar que en el presente asunto se actualiza el supuesto de excepción previsto en la jurisprudencia anteriormente transcrita, pues de acuerdo con los antecedentes del acto reclamado y que es la única información con la que se cuenta al momento, es evidente que la autoridad responsable ha incurrido en una abierta dilación en el procedimiento laboral de origen.

En efecto, tomando en cuenta tales datos, se puede advertir que desde la fecha en que la quejosa manifestó que presentó su demanda (dieciséis de marzo de dos mil diecisiete) la cual no ha sido radicada a la data en la que se presentó la demanda de amparo -uno de junio de dos mil diecisiete- se tiene que transcurrieron más de dos meses, sin que la citada autoridad responsable haya dictado el acuerdo respectivo, no obstante que la ley establece que tiene cuarenta y ocho horas para proveer lo conducente en relación con las promociones presentadas.

Aspecto el anterior que revela que en el caso, se materializó una abierta dilación en el procedimiento, por un periodo mayor de setenta y seis días naturales a la fecha de presentación de la demanda de amparo y de ciento doce días a la data en que este asunto se resuelve; razón por la que debe considerarse que, al menos con la información obtenida hasta este momento, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo respectivo, es de ejecución irreparable y, como consecuencia, podría ser violatorio del artículo 17 de la Constitución Federal.

Ello es así, tomando en consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicho precepto constitucional en la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Registro: 1011737

"Instancia: Pleno

"Tipo de tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011

"Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la justicia

"Materia(s): Constitucional

"Tesis: 445

"Página: 1497

"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da."

Así, atento al alcance que el Máximo Tribunal del País otorgó al derecho fundamental garantizado en el artículo 17 constitucional, conviene indicar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, necesariamente debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende.

Por tanto, si en el presente caso la parte quejosa reclamó la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de dictar el acuerdo que provee sobre su demanda, referente a la declaración de beneficiarios del de cujus **********, sin que dicho tribunal laboral la haya radicado, podría patentizar la transgresión al derecho fundamental de impartición de justicia pronta que establece el artículo 17 constitucional.

En esa medida, debe desestimarse la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que para que se actualice una abierta dilación deben transcurrir tres meses de falta de actuación de la autoridad responsable, atento a las cargas de trabajo, pues se trata de un simple retardo que no deja sin defensa a la parte quejosa, al no ser una afectación autónoma al juicio natural.

Lo anterior, porque no puede establecerse un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos, sin tomar en consideración las peculiaridades de cada uno, de modo que es necesario atender en cada caso concreto a diversos factores para estar en aptitud de determinar si ha transcurrido o no tiempo suficiente para que la autoridad emita el acto cuya omisión se le atribuye y, de esta manera, concluir si existe o no una abierta dilación del procedimiento o su paralización total.

Entre los diversos parámetros que se deben considerar para realizar tal ejercicio podrían ser: el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; la naturaleza de la propia resolución; la complejidad del asunto; los antecedentes del caso, entre otros.

Por ello, no puede servir como base el término fijo de tres meses para considerar que existe una abierta dilación, de manera que atender a ese término fijo para todos los casos, no tiene base legal alguna.

Por tanto, es incorrecto que el Juez de Distrito haya desechado de plano la demanda de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, en correlación con la diversa V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

Atento a lo anterior, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja, revocar el acuerdo recurrido y devolver los autos al Juez de Distrito, a efecto de que proceda a proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda, en términos de los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo.

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 901, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas», cuyo contenido es:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."

Consecuentemente, lo que procede es revocar el auto recurrido de dos de junio de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto **********.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se declara fundado el recurso de queja.

SEGUNDO.-Se revoca el auto recurrido de dos de junio de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto **********.

TERCERO.-Se ordena devolver los autos al Juez de Distrito a efecto de que provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda, en términos de lo dispuesto en los artículos 112 a 115 de la Ley de Amparo.

Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al Juez de Distrito con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Miguel Mendoza Montes (presidente), Miguel Ángel Ramos Pérez (ponente) y Francisco Esteban González Chávez.

En términos de lo dispuesto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 54, 55, 56, 57, 58 y demás relativos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 325/2015 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1053.

________________

1. "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

"...

"V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;"

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27506-80c1cdbf/procedimiento-laboral-abierta-dilacion-o-su-paralizacion-total · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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