Corpus
Modo: Corpus Pro

DILACIÓN PROCESAL. ES INDEBIDA LA DETERMINACIÓN DE UN TÉRMINO DE TRES MESES O CUALQUIER OTRO QUE SEA FIJO Y GENÉRICO PARA TENER POR ACTUALIZADOS LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, PUES DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO.

Tipo de asunto: QUEJA 123/2017. · Registro digital (IUS): 28211
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-11-30
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Pág. 1953.

QUEJA 123/2017. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR PÉREZ PÉREZ. SECRETARIO: CARLOS SAUCEDO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—El estudio de los agravios conduce a determinar lo siguiente:

En ellos, el quejoso recurrente sostiene, en esencia, que el Juez de Distrito, de manera infundada, determinó que era improcedente la demanda de amparo que presentó, porque el acto reclamado no era de imposible reparación, al no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estimando el disconforme que el acto que reclamó sí viola en su perjuicio en numeral 17 constitucional, por lo que el Juez de Distrito vulneró sus defensas, ya que debió entrar al estudio en concreto de la demanda de amparo, atendiendo a la situación de vulnerabilidad que presenta el quejoso, propiciándole un daño de imposible reparación, atendiendo a la obstaculización por parte de la autoridad demandada para acceder a la justicia y dejándolo sin defensas.

Es inatendible su argumento.

Se estima de esa manera, porque los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad; por tanto, aun cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de queja, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a derechos fundamentales, así como tampoco a la falta de fundamentación o motivación, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez Federal tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos.

Por ello, a través del recurso de queja no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó derechos fundamentales al emitir la resolución que se recurre, o que ésta carece de fundamentación y motivación, dada la naturaleza de este medio de defensa y por la función de control constitucional que desempeña; de ahí lo inatendible del agravio que se hace valer.

En diverso aspecto, refiere la recurrente que es incorrecto lo aducido por el Juez Federal, en cuanto a que "...el criterio de una abierta dilación del procedimiento no puede estar sujeto a una interpretación subjetiva en atención a criterios sustentados aun cuanto (sic) se invoque una jurisprudencia, puesto que por encima de la jurisprudencia se encuentra el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, a quien en el caso concreto el texto del artículo 17 constitucional que para que exista dilación del procedimiento no se puede anunciar y señalar un trascurso de más de tres meses...", puesto que el recurrente estima que "...implicaría en cada acto procesal de la autoridad responsable del desarrollo de un procedimiento pudiera tener el atributo de resolver cada tres meses una petición, ya que los órganos de control constitucional para eludir el cumplimiento de su obligación jurídica procesal tuvieren que exigir al ciudadano que espere tres meses o más a la autoridad responsable del procedimiento resuelva cumplir con los plazos y términos que fijen las leyes."

Asimismo, señala la quejosa recurrente que por cuanto hace al tiempo en el que se debe dar trámite y resolver un incidente de nulidad de actuaciones nos remite al diverso 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo:

"Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones.

"I. Nulidad;

"..."

Así como el diverso artículo 763 de la citada ley:

"Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencias se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento.

"En los demás casos a que se refriere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en las que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento.

"..."

Por lo que la recurrente argumenta que existe una omisión de dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones promovido el ocho de agosto del año en curso, en contra de la falta de notificación del proveído de nueve de junio de dos mil diecisiete dictado en el expediente laboral **********, puesto que la responsable excedió el término de veinticuatro horas, sin que la responsable haya dado trámite a su solicitud.

De igual forma, refiere que el acto reclamado sí es de imposible reparación porque implica una dilación del procedimiento en su perjuicio, toda vez que para poder determinar si le asiste o no la razón, primero se debe resolver respecto de la procedencia del juicio de amparo.

Dichos argumentos se analizan de manera conjunta, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, los cuales son parcialmente fundados pero insuficientes para declarar fundado el recurso.

El Juez Federal señala que para establecer que el juicio de amparo indirecto será procedente contra violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales, siempre que se trate de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, en caso de que hayan transcurrido más de tres meses de la fecha en que la quejosa instó la protección constitucional a la dilación reclamada; lo cual, en el mismo sentido de la inconformidad de la recurrente, se considera arbitrario, pues además de no exponer por qué debe ser ese término y cómo lo determinó, en modo alguno toma en cuenta la naturaleza del caso concreto, las circunstancias del problema jurídico sometido a su consideración; en suma, los elementos que permitan tener un panorama amplio para determinar si se trata o no de una violación autónoma del procedimiento, o bien, de una violación que se presenta dentro del procedimiento.

En ese sentido, el a quo dejó de lado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que derivó en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), relativa al tema de la personalidad en el juicio laboral, estableció que para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación en el proceso o el procedimiento, el legislador secundario, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo,(7) dispuso dos condiciones:

a) La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo.

b) Los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

Asimismo, el Máximo Tribunal del País estableció que de las mencionadas condiciones se deduce que a fin de que los actos sean calificados como irreparables en términos del mencionado precepto legal, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas.

La referida jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se vieron plasmadas tales consideraciones, es del siguiente contenido:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;’; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos ‘que afecten materialmente derechos’, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos ‘derechos’ afectados materialmente revistan la categoría de derechos ‘sustantivos’, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de ‘imposible reparación’, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ‘... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo’; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a ‘derechos sustantivos’, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza ‘material’ de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."(8)

De ahí que el Juez Federal omitió realizar el análisis de los elementos que tomó en consideración para señalar si el acto reclamado se trata o no de una violación autónoma del procedimiento, o bien, de una violación que se presenta dentro del procedimiento. Y, de estimar la actualización de este último supuesto, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, establecer el término de la dilación procesal o su paralización total.

Por tanto, como se anticipó, resulta parcialmente fundado el argumento de la recurrente; sin embargo, es insuficiente para poder declarar fundado el recurso que aquí se estudia, porque el acto reclamado formalmente no es desvinculado del procedimiento laboral.

A fin de exponer la conclusión alcanzada, se estima pertinente tener presente los siguientes antecedentes relatados por la quejosa en su escrito de demanda de amparo indirecto:

a. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil diez, la recurrente demandó el pago de diversas prestaciones a la Comisión Federal de Electricidad, Subdirección de Construcción, Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación; Subdirección de Distribución, Coordinación de Distribución; ambas, dependientes de la Comisión Federal de Electricidad; al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable; a los codemandados físicos **********, **********, **********, ********** y **********, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social.

b. La Comisión Federal de Electricidad negó la relación laboral; por ende, que las prestaciones reclamadas son improcedentes; **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, negó acción y derecho de la accionante para el pago de las prestaciones, aunado que era la única responsable de la relación de trabajo; asimismo, los demandados físicos, el sindicato y el Instituto Mexicano del Seguro Social dieron contestación a la demanda (sin que se advierta mayor alusión de la quejosa).

c. La Junta responsable emitió laudo el uno de agosto de dos mil dieciséis, absolviendo a la demandada del pago de las prestaciones reclamadas.

a. Inconforme con dicha determinación, la actora, aquí recurrente, interpuso juicio de amparo directo, del cual conoció este órgano colegiado, bajo el número **********, concedió el amparo para el efecto de reponer el procedimiento a fin de admitir y desahogar dos elementos de prueba.

b. El nueve de junio de dos mil diecisiete, la Junta responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dictó un nuevo auto admisorio de pruebas y ordenó su notificación a las partes.

c. Según la quejosa recurrente, la representación de la accionante tuvo conocimiento de dicho acuerdo el once de julio de dos mil diecisiete, empero, que el ocho de agosto de dos mil diecisiete tuvo conocimiento formal y material del acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete, cuando interpuso incidente de nulidad de actuaciones por falta de notificación.

d. Que el expediente laboral ********** fue turnado al actuario el veintidós de junio de dos mil diecisiete; data señalada para el desahogo de la prueba de inspección, de conformidad con el acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete; además que, nuevamente se turna el expediente laboral al actuario el tres de julio de dos mil diecisiete, es decir, en una fecha posterior en la que procedió a realizar la notificación del acuerdo de nueve de junio de dos mil diecisiete.

De igual forma, se destacan las siguientes manifestaciones en los agravios de la recurrente en su escrito de queja, a fin de tener un mejor panorama del reclamo sustancial en la demanda de amparo:

"...Señalando literalmente que: ‘...incidentes de previo y especial pronunciamiento las... Nulidad...’ de actuaciones interpuestas en contra del acto de notificación del auto de fecha 9 de junio del 2017, señalando: ‘...día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes...’, ya que de dicho incidente se argumentó oportunamente ante la autoridad señalada como responsable de la falta de notificación oportuna, formal y material del auto de fecha nueve de junio del dos mil diecisiete de la que se ordenó el desahogo de elementos probatorios en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, y que al ser notificada extemporáneamente el hoy recurrente, es decir, después de haberse desahogado los actos procesales en la que se desahogaron pruebas y que al no notificarse formal, materialmente (sic) y extemporáneamente dejó en completo estado de indefensión a la parte quejosa hoy recurrente, violándose derechos adjetivos que trascienden a los sustantivo (sic), y que al interponer el recurso ordinario como es la interposición del incidente de nulidad de actuaciones a efecto de cumplir con el principio de definitividad, así como cumplir con los lineamientos formales que establece la Ley de Amparo para que en su momento oportuno se puedan anunciar, como agravios y en cumplimiento a lo señalado por el artículo 171 de la Ley de Amparo, toda vez que del laudo que se dicte al efecto tomará en consideración el desahogo de dichas pruebas entre las que se encuentran el reconocimiento de cartas renuncia atribuidas a la parte actora en el juicio de origen, lo cual en ningún momento se ha reconocido formales (sic) y materialmente, puesto que al notificarse extemporáneamente una vez desahogada la prueba de reconocimiento en la que se tuvo por reconocidos dichos documentos a la parte actora del juicio de origen indudablemente serán utilizados por la autoridad responsable para absolver a las demandadas, por lo cual en forma oportuna se: ‘...hacerse (sic) valer las violaciones a las leyes del procedimiento, ... las ... impugna durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo...’ la tramitación del recurso o medio de defensa señalado por la Ley Federal del Trabajo, interponiendo el incidente de nulidad de actuaciones respectivo haciendo valer las violaciones procesales que trascenderán al resultado del fallo y que en los términos fijados por la Ley Federal del Trabajo es de prever (sic) y especial pronunciamiento y debe tramitarse y resolverse dentro de las 24:00 (sic) siguientes a su planteamiento.

"...

"Trascendencia de las violaciones procesales que trascienden al (sic) derechos sustantivos puesto que la extemporaniedad (sic) de la notificación para el desahogo de la prueba de reconocimiento de documentos privados emanados por uno de los codemandados y que a la falta de notificación oportuna y previa al desahogo de dicha diligencia se tuvo por reconocido (sic) dichos documentos en forma ficta, dejando en completo estado de indefensión a la hoy recurrente, y que trascenderán al fallo, puesto que son utilizados como elementos de defensa por una de las codemandadas y que afectará directamente a la apreciación de los elementos probatorios como sustento de las resoluciones judiciales emanado de la conducta de las partes, y que existe un acto viciado como es la falta de notificación oportuna y previa al acto procesal y que a su omisión deja en completo estado de indefensión a la hoy recurrente, puesto que al no notificarse formal y materialmente previo al acto que (sic) reconocimiento que las cartas renuncia, éste tiene por reconocido un documento que se ha tachado y objetado en cuanto a su alcance y valor probatorio y que técnicamente serán tomadas en consideración afectando el derecho sustantivo de la hoy recurrente."

El Juez Federal, en el acuerdo recurrido, determinó lo siguiente:

• Que la quejosa reclamaba la omisión de dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones promovido el ocho de agosto del año en curso, en contra de la falta de notificación del proveído dictado en el expediente laboral **********.

• Asimismo, el Juez de Distrito sostuvo que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; en virtud de que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, no era de aquellos que produjeran efectos de imposible reparación.

• Que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", el juicio de amparo indirecto será procedente contra violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales, siempre que se trate de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo que no acontece en el caso, pues conforme a la discrecionalidad del juzgador a que se refiere dicha jurisprudencia, el a quo estimó que para que se actualice una abierta dilación del procedimiento deben transcurrir más de tres meses de la fecha en que la quejosa instó la protección constitucional a la de la dilación reclamada. En ese contexto, consideró que el incidente de nulidad de actuaciones por falta de notificación se promovió ante la Junta responsable el ocho de agosto de dos mil diecisiete y la demanda de amparo se presentó el quince de agosto siguiente; por tanto, estimó evidente que no transcurrieron más de tres meses.

• El Juez Federal determinó que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "dilación" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo.

• Por tanto, consideró que lo reclamado no constituye una violación a derechos sustantivos, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal, por tratarse de omisiones en el procedimiento laboral; por ende, desechó la demanda de amparo.

Desechamiento que debe seguir prevaleciendo, aunque por otras razones, atento a las siguientes consideraciones:

En el caso concreto, el acto reclamado es la omisión de resolver dentro del término legal el incidente de nulidad de actuaciones, promovido este último en contra de la falta de notificación oportuna, formal y material del auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, en el que la Junta responsable señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba de reconocimiento de documentos privados emanados por (sic) uno de los codemandados y, la falta de notificación reclamada, previa al desahogo de la citada prueba, trajo como consecuencia que se le tuvieran por reconocidos los documentos privados en forma ficta. Lo que se traduce en un acto cuyo efecto no es de imposible reparación, porque no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, no impide en forma actual el ejercicio de un derecho; por ende, únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, como es el hecho de que, en forma ficta, se le tenga por reconocidas las cartas de renuncia atribuidas a la actora en el juicio de origen –aquí recurrente–.

Ahora, conforme a lo relatado por la trabajadora recurrente, su intención al tramitar el juicio de garantías consistía en que se resolviera el incidente de nulidad, a través del cual pretendía combatir una ilegal notificación del proveído en el que la autoridad responsable señaló fecha y hora para la celebración de la inspección sobre las cartas de renuncia que ofreció uno de los codemandados; sin embargo, ante su incomparecencia a dicha diligencia, se le hizo efectivo el apercibimiento de tenerle por reconocidas esas documentales.

Lo expuesto se robustece con el señalamiento de la recurrente en los agravios del presente recurso, según se lee:

"...Trascendencia de las violaciones procesales que trascienden (sic) a derechos sustantivos puesto que la extemporaniedad de la notificación para el desahogo de la prueba de reconocimiento de documentos privados emanados por uno de los codemandados y que a la falta de notificación oportuna y previa al desahogo de dicha diligencia se tuvo (sic) por reconocidos dichos documentos en forma ficta, dejando en completo estado de indefensión a la hoy recurrente..."

Corolario a lo expuesto, esa determinación de tenerle por reconocidas las cartas de renuncia ofrecidas por uno de los codemandados, no constituye una violación directa y material a derechos sustantivos, más bien, se refiere a derechos adjetivos, lo cual, en caso de que el laudo le resultara desfavorable, podrá combatirlo mediante el juicio de amparo directo.

En efecto, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables", deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo.

Sobre dicho tópico, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo; como por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite.

Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta.

Es así que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta.

En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, pues en tal caso, la demanda de amparo es procedente por excepción.

Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la página 1086, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como ‘irreparables’ deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento, sino que se p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28211-d403488c/dilacion-procesal-es-indebida-la-determinacion-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.