RECURSO DE QUEJA. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DECLARAR FUNDADO EL INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, AUN CUANDO AL RESOLVERLO HUBIERA TRANSCURRIDO LA FECHA LEJANA SEÑALADA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL DE ORIGEN COMO ACTO RECLAMADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, ELÍAS ÁLVAREZ TORRES, ALEJANDRO ANDRACA CARRERA, ROGELIO JOSUÉ MARTÍNEZ JASSO, ALFREDO BARRERA FLORES Y OCTAVIO RAMOS RAMOS; DISIDENTE: VICENTE MARICHE DE LA GARZA, Y VOTO ACLARATORIO DEL ALEJANDRO ANDRACA CARRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELÍAS ÁLVAREZ TORRES. SECRETARIO: ARMANDO ANTONIO PALOMEQUE.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para resolver del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, y por el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas entre dos Tribunales Colegiados del Circuito en que este Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, en relación con el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, en el recurso de queja **********, y con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, ambos con residencia en Villahermosa, Tabasco, en el recurso de queja **********, los cuales, a consideración del denunciante, resultan contrastantes.
TERCERO.—Ejecutorias que participan como contradictorias. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los tribunales contendientes, así como hacer referencia a los hechos que les dieron origen.
1. En sesión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, al resolver el recurso de queja **********, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, en la parte considerativa, que interesa, sustentó lo que a continuación se transcribe:
"Tercero.—Auto recurrido. El auto combatido, en lo que interesa, establece lo siguiente:
"‘Villahermosa, Tabasco, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.
"‘Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra el acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número **********; y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).
"‘Análisis de la demanda de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano.
"‘Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos.
"‘En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable.
"‘En este sentido, a fin de explicar el concepto de ‘motivo manifiesto e indudable de improcedencia’, se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen:
"‘Novena Época
"‘Registro: 193379
"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"‘Jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo X, septiembre de 1999
"‘Materia: Común
"‘Tesis: I.6o.C. J/19
"‘Página: 730
"‘«DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN <MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA>.» (se transcribe)
"‘Por otra parte, cabe precisar que en el amparo en revisión ********** el Pleno de esta (sic) Suprema Corte de Justicia, determinó que para declarar improcedente el juicio, al advertir la imposibilidad para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, es necesario realizar un ejercicio especulativo sobre una posible violación de derechos, para determinar la eficacia para restaurar el orden constitucional que se alega violado, es decir, debe llevarse a cabo un análisis conjunto del derecho que se aduce transgredido, a la luz del acto de autoridad y la afectación, con la finalidad de determinar si la autoridad responsable está en posibilidad de repararla.
"‘Así, el Máximo Tribunal del País consideró que constituye una obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, verificar que de existir una posible violación de derechos humanos, dicha decisión pueda concretar sus efectos.
"‘En efecto, la técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad.
"‘En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de Ley de Amparo, por lo que se debe desechar de plano la demanda que nos ocupa.
"‘Al respecto, es preciso citar el contenido de los dispositivos en que se funda la causa de improcedencia invocada, que prevén:
"‘«Artículo 61.» (se transcribe)
"‘«Artículo 77.» (se transcribe)
"‘De lo expuesto en el amparo en revisión ********** y de los preceptos legales transcritos, se obtiene que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; por tanto, el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de sus derechos vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos quebrantados en perjuicio de la parte quejosa.
"‘En el caso, la parte quejosa reclama el auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral **********, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en la que señala el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro de la citada contienda laboral.
"‘Acto que, aun cuando se considerara inconstitucional, no podría restituirse a la parte quejosa en el derecho humano que estima violentado.
"‘Para demostrar la anterior afirmación, es menester determinar si, en su caso, la sentencia que conceda la protección constitucional podría concretar sus efectos, para lo cual es necesario tomar en cuenta las condiciones en que se realizaría su cumplimiento.
"‘En ese sentido, la concesión del amparo sería para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acuerdo reclamado en la parte en que se señaló fecha para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y, en su lugar, dictara otro, en el que fijara nueva fecha para su celebración, dentro de los términos de ley.
"‘Ahora, tomando en consideración los indicadores estadísticos de productividad que se reflejan en la página de la Dirección General de Estadística del Consejo de la Judicatura Federal (http://www.dgepj.cjf.gob.mx/), respectivamente del Juzgado de Distrito y del Tribunal Colegiado, de los cuales se desprende que los juicios de amparo por regla general, en este Circuito, se resuelven en un plazo que podría ser hasta de nueve meses; ello evidencia que, de concederse el amparo, no tendría finalidad práctica alguna, ya que no podría restituirse a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado, en la medida en que sería física y jurídicamente imposible su cumplimiento, incluso podría generar un efecto contrario a las pretensiones del impetrante.
"‘Ello es así, si se toma en cuenta el tiempo promedio de duración en el trámite del juicio de amparo, puesto que al momento de resolver, la fecha señalada para la audiencia ya habría acontecido; así lejos de obtener un beneficio como sería acortar los términos con base en la ley el aplicable al acto reclamado, podría ocasionar incluso el diferimiento de la referida audiencia; además para la responsable sería imposible retrotraer el tiempo transcurrido entre el dictado del acuerdo reclamado y la fecha señalada para la celebración de la aludida audiencia.
"‘En efecto, para hacer efectiva la tutela constitucional de los derechos fundamentales de la parte quejosa, es imperioso tener en cuenta que el juicio de amparo siempre debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, es decir, hipotética o imaginativa que no permita que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, en el supuesto que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de tal violación.
"‘Lo anterior, ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 90/973 (sic), de rubro y texto:
"‘«IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE.» (se transcribe)
"‘Por ende, de admitir a trámite la demanda de amparo y resolverse definitivamente en el plazo estimado de nueve meses, esto es, hasta junio de dos mil diecinueve, no sería factible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados (impartición de justicia pronta y expedita), en caso de que se le concediera la protección constitucional; además, la probable infracción no podría ser subsanada con el pronunciamiento del fallo, porque la aludida audiencia fue fijada para el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, y ningún fin práctico tendría conceder la protección constitucional solicitada, pues se insiste, sólo se retardaría aún más el litigio, cuestión de la cual precisamente se resiente el inconforme.
"‘Además, como se dejó apuntado, en términos del artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, en el caso de que el inconforme obtuviera sentencia favorable a sus intereses a la presente fecha, tal fallo protector no podría surtir sus efectos inmediatamente, sino hasta que se declarara ejecutoriada o causara estado por ministerio de ley, es decir, hasta después de trascurrido el plazo de diez días hábiles a que alude el artículo 86 de la ley de la materia, como plazo para interponer el recurso de revisión contra dicha determinación; lo cual hace más notorio que existe la imposibilidad jurídica de que se produjeran los efectos restitutorios de una posible sentencia concesoria; incluso de recurrirse en revisión la posible sentencia amparadora, pues en ese caso habría que esperar a que resolviera tal medio de impugnación, en franco perjuicio de los intereses de la parte quejosa; que según datos estadísticos se trata de nueve meses.
"‘Máxime que, resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación correspondiente en la Ley Federal del Trabajo, respecto del plazo para el desahogo de las audiencias respectivas, tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, ello debe ser estimado para calificar la actuación de la autoridad en relación a la pronta impartición de justicia.
"‘Sirve de apoyo la tesis P./J. 32/92, de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 18 del Tomo 57, septiembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son:
"‘«TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.» (se transcribe)
"‘Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos (sic) 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción I, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo.
"‘Tiene aplicación a lo anterior, la tesis, I.6o.T.89 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1089, Tomo XIII, mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"‘«AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EN MATERIA LABORAL. CUANDO LA AUTORIDAD YA LA CELEBRÓ, ES IMPROCEDENTE ESTIMAR COMO VIOLACIÓN PROCESAL EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA.»’ (se transcribe)
"Cuarto.—Agravios. La parte recurrente hizo valer los siguientes agravios:
"‘Agravios
"‘Primero: La resolución recurrida dictada por esta autoridad, causa agravios al quejoso en virtud de que en la demanda de garantías se reclamó de la junta obrera la violación al artículo 17 constitucional en virtud de que la misma señala una fecha excesivamente lejana. Lo cual viola la garantía consagrada en el numeral antes citado. No obstante lo anterior el Juez de Distrito contrario a derecho y a lo manifestado en la Carta Magna determinó desechar de plano la violación cometida por la responsable, emitiendo razonamientos absurdos y fuera de lugar. Fundamentándose en una supuesta causal de improcedencia que no existe.
"‘Lo anterior es así pues en la resolución recurrida manifestó esta autoridad que resultaría ocioso conceder el amparo atento a que no podría concretarse dichos efectos, en virtud de que el juicio de amparo tarda 9 meses en resolverse, reconociendo además que el acto de la responsable se considera inconstitucional.
"‘Lo anterior es incorrecto y está totalmente fuera de lugar, pues el Juez de Distrito debe de obligar a las responsables a respetar lo estipulado en el artículo que antecede, pues de lo contrario las garantías del quejoso seguirán siendo pisoteadas.
"‘Al parecer tanto la autoridad laboral como el Juez de Distrito se empeñan en que las garantías individuales del quejoso sigan siendo pisoteadas pues lo único que provocan con sus actuaciones y resoluciones es que la situación jurídica del quejoso siga siendo afectada con el atraso del expediente laboral.
"‘Por lo que a consideración del suscrito el Juez de Distrito interpreta erróneamente el análisis de la causa de improcedencia y este proceder, desde luego, implica violación al derecho a tutela jurisdiccional contemplado en el artículo 17 constitucional, no sólo porque la Junta responsable omite respetar los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, sino también en razón de que con tal dilación se ve retrasado el procedimiento de origen, sin que se advierta justificación alguna al efecto, lo que, desde luego, va en contra del derecho a la tutela jurisdiccional. ...’
"Quinto.—Estudio de fondo. Los agravios formulados por la parte recurrente deben desestimarse, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
"‘De inicio, cabe precisar que los criterios invocados en la presente resolución son aplicables no obstante que se refieran a artículos de la Ley de Amparo abrogada, pues no se oponen al contenido de la nueva legislación de amparo, en términos de lo dispuesto por el transitorio sexto.
"Bien, a efecto de justificar la decisión antes referida, se procederá a abarcar los siguientes tópicos: a. Introducción al estudio de la causa; y b. Estudio.
"a. Introducción al estudio de la causa.
"1. El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho ********** promovió juicio de amparo indirecto. En su demanda señaló como acto reclamado, el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral **********, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de la entidad citada, y expuso que en tal proveído se había fijado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que resultaba fuera del término legal establecido en el artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo (fojas 7 y 8).
"2. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho el secretario encargado del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, registró la demanda con el número ********** y la desechó de plano (fojas 9 a 14). En sus consideraciones:
"- Expuso que en el caso se actualizaba de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues aun cuando el acto se considerara inconstitucional, lo cierto es que no se podrían concretar los efectos de una sentencia concesoria de amparo;
"- Mencionó lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión **********, y dijo que en el caso los efectos de la eventual concesión serían a fin de que se señalara fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del término de ley; sin embargo, ello no podría materializarse;
"- Para sustentar lo anterior, tomó como base los indicadores estadísticos de la Dirección General de Estadística del Consejo de la Judicatura Federal y reflejó que, en este Circuito (Décimo), los juicios de amparo se resuelven ‘en un plazo que podría ser hasta de nueve meses’. De ahí que, la concesión no restituiría a la quejosa en el derecho violado, pues al resolverse el sumario constitucional, la fecha señalada para la audiencia en el juicio laboral ya se habría llevado a cabo;
"- Apuntó que el juicio de amparo debe tener una finalidad práctica y ‘no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, es decir, hipotética o imaginativa’; finalidad que no se actualizaría de concederse la protección constitucional. Concluyó en que, además, la quejosa tendría que esperar a que la sentencia causara ejecutoria, lo que generaría un lapso de tiempo más prolongado en la resolución del juicio en comparativa con la fecha de audiencia combatida.
"3. Inconforme con tal determinación, la quejosa **********, por conducto de su autorizado **********, interpuso recurso de queja (foja 4), el cual se radicó por el Juzgado de Distrito aludido y se remitió al órgano colegiado para su resolución (foja 17).
"b. Estudio.(1)
"1. Agravios en los que la recurrente refiere que el Juez trasgredió sus garantías individuales.
"Son inoperantes los agravios en los que la recurrente sostiene que el Juez de Distrito trasgredió su derecho a la tutela jurisdiccional, contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es así, pues jurisprudencialmente el Más Alto Tribunal del País ha definido que los Jueces, al conocer del juicio de amparo indirecto, ejercen un control constitucional; en tanto que, a través de los recursos, se analiza su actuar, sin que éstos se constituyan como medios de control constitucional autónomos. De ahí que, por su naturaleza, en los recursos (como los de queja o revisión) no se debe analizar si el Juez violó derechos del quejoso, pues de hacerse se ejercería un control constitucional sobre otro.
"Sirve de apoyo la jurisprudencia 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo V, enero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro : 199492, que dice:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’
"2. Agravios en los que la recurrente alega que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez.
"Deben desestimarse los agravios en los que la recurrente alega: i) que el Juez emitió razonamientos erróneos, fundamentándose en una causa de improcedencia inexistente; ii) que es incorrecto lo determinado por el Juez, pues él es el encargado de vigilar que la responsable actúe dentro del marco constitucional; y iii) que el Juez interpretó de manera errónea la causa de improcedencia.
"Lo anterior, pues con independencia de lo acertado o no de las consideraciones del resolutor de amparo para desechar la demanda, este tribunal considera que se ajusta a derecho el auto recurrido, por las razones siguientes.
"En efecto, de la revisión a las constancias remitidas a este Tribunal Colegiado se advierte que la quejosa destacó, como acto reclamado, el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral **********, en el que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco señaló el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que conforme a su reclamo resultaba fuera del término legal establecido en el artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo.
"Ahora bien, si se toma en cuenta la fecha en la que el presente recurso de queja se sesiona, se llega a la conclusión de que a ningún fin práctico conduciría ordenar la admisión de la demanda de amparo, puesto que la fecha determinada por la Junta para celebrar la audiencia mencionada, ya transcurrió.
"De lo que se sigue que sería imposible restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho que, ante el Juez de Distrito, consideró violado; esto es, aun atendidos en sustancia los agravios de la recurrente, ello no cambiaría el hecho de que la fecha señalada para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas –diecinueve de febrero de dos mil diecinueve–, ya se suscitó, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.
"Esto además, si se toma en cuenta que el estudio del acto reclamado (proveído) y, por ende, de la decisión del juzgador de amparo, se ciñe a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que el análisis constitucional no podría abarcar otras etapas del juicio laboral.
"Es ilustrativa la tesis aislada 2a. CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Tomo I, diciembre de 2013, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2005150, que dice:
"‘CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.’
"En mérito de lo anterior, como se adelantó, deben desestimarse los agravios hechos valer, al actualizarse en forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia de la acción constitucional."
2. Por su parte, en sesión de cuatro de abril de dos mil diecinueve el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el recurso de queja **********, en lo conducente del fallo expuso lo siguiente:
"Quinto.—Estudio. Son infundados en parte y esencialmente fundados en otra, los motivos de agravio, analizados bajo el principio de suplencia de la queja previsto en el artículo 79, fracción V; de la Ley de Amparo.(2)
"En principio, debe decirse que la discusión en el recurso de queja que se interpone contra el auto que desecha la demanda de amparo, se centra en analizar si la causa de improcedencia expuesta por el juzgador federal, se acreditó de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo,(3) entendiéndose por lo primero, aquello que se advierta de manera contundente para apoyar la causa de improcedencia que en el caso se actualice y que permita desechar la demanda y, lo segundo, significa evidente, esto es, lo que no puede ponerse en duda.
"La norma referida evita que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a prosperar, cuando de la lectura de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29135-1059f25d/recurso-de-queja-el-tribunal-colegiado-de-circuito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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