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Modo: Corpus Pro

MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NO TRAMITA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO O NO REMITE CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA Y EN LOS PLAZOS LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS. PUEDE INAPLICARSE, PREVIO EJERCICIO DE VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 260 DE LA LEY DE LA MATERIA).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 147/2019. · Registro digital (IUS): 29172
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-11-29
Promovente: PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO ONCE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Pág. 2110.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 147/2019. PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO ONCE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MEXICO. 24 DE MAYO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Estudio. En principio, debe dejarse precisado que en el caso concreto, la materia del presente recurso de reclamación lo constituye la multa impuesta a quien fungió como presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el auto de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo directo **********, por no haber dado trámite a la demanda en los plazos que prevé el artículo 178, y que tiene sustento en la fracción IV del artículo 260 del mismo ordenamiento.

En ese orden, resulta relevante considerar que la labor jurisdiccional, incluyendo la que realizan los tribunales de amparo, lleva siempre implícito el ejercicio de la sana crítica y de la ponderación objetiva, a fin de evitar que la aplicación del derecho, inclusive de las normas legales, resulte irracional por no atender a la realidad en cada caso concreto.

Asimismo, es un hecho notorio para los órganos jurisdiccionales competentes en materia de amparo directo, la circunstancia de que en el juicio laboral existe una gran cantidad de factores reales que inciden de manera negativa en la oportunidad del cumplimiento de los plazos legales previstos en la legislación ordinaria, que son también múltiples y variables, por señalar algunos: la promoción de una suma importante de demandas, recursos, una carga de trabajo excesiva, que refleja limitación de recursos materiales y humanos, así como otros derivados de causas de fuerza mayor o hechos fortuitos.

Aspectos como los mencionados, han llevado a sustentar criterios que abonan a la consideración de que en los juicios del orden laboral existen dilaciones procesales que, aun cuando no son deseables, pueden resultar admisibles excepcionalmente. Claro ejemplo de ello, es el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS DILACIONES DE LAS JUNTAS, SI TRANSCURRIERON MÁS DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS."(3)

Ahora bien, si se admite la posibilidad de que dentro del trámite ordinario de los juicios laborales puedan existir dilaciones procesales que aun cuando no son deseables, puedan ser admisibles excepcionalmente, resulta conducente determinar si lo mismo puede aplicarse, por excepción, en el juicio de amparo directo en materia laboral, específicamente en relación con las obligaciones que como auxiliares de la Justicia Federal impone a las autoridades responsables el artículo 178 de la Ley de Amparo, en sus diferentes fracciones y, al efecto, se determina que es posible concluir de esa manera.

Se estima así, porque las vicisitudes que de forma real enfrentan los tribunales del orden laboral, necesariamente inciden en todo el funcionamiento de los mismos y, por tanto, en las obligaciones legales que enfrentan, entre ellas, las inherentes a la remisión oportuna de las demandas de amparo directo en los términos a que alude el artículo 178 de la Ley de Amparo.

En ese sentido, resultaría francamente perjudicial y desproporcionado desconocer en forma terminante y absoluta las circunstancias que imperan en los órganos laborales, al decidir sobre la imposición o no de la sanción establecida en la Ley de Amparo, específicamente en la fracción IV de su artículo 260, tomando en cuenta que, incluso, la de menor cuantía asciende a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente, en la actualidad, a más de ocho mil pesos y, la mayor, que es de mil unidades, llegaría a más de ochenta mil pesos.

De esa manera, es factible establecer como premisa para analizar los acuerdos en que se haya impuesto una multa con base en la fracción IV del artículo 260 de la Ley de Amparo, que en cada caso concreto, se debe realizar una valoración lo más objetiva posible, de la situación real en que se encuentra la autoridad sancionada frente al cumplimiento de sus obligaciones procesales con respecto al juicio de amparo directo, a partir de la presentación ante ella, de la demanda.

Esa valoración debe realizarse sobre la base de dos elementos relevantes, sin que para ello se atienda a la falta o no de dolo o mala fe por parte de la responsable.

El primero de dichos elementos es, precisamente, el referente a sus grandes cargas laborales y a sus limitaciones en materia de recursos materiales y humanos, el cual se debe tener presente y obvio en el ámbito judicial, por ser un hecho notorio para los propios juzgadores; el segundo, en cambio, tendría que responder a la razonabilidad del tiempo consumido o transcurrido desde la recepción de la demanda hasta su remisión, incluidos sus anexos, al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de que pueda afirmarse que, a pesar de exceder el plazo legalmente establecido de cinco días, no llegue a ser desproporcionadamente excesivo e injustificado.

Cabe precisar que proceder en esta forma no implica desconocimiento ni, menos aún, desacato de la ley ni de la jurisprudencia sino, por el contrario, sólo refleja una preocupación auténtica porque la aplicación de ambas no derive en un perjuicio irracional y contrario a la realidad material que pueda traducirse en sancionar a alguien por no hacer algo que en verdad le hubiere resultado imposible.

Lo anterior, permite arribar a la conclusión de que, por un lado, el plazo de cinco días que establece el artículo 178 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, no debe entenderse con un sentido rigorista, sino tomando en consideración los diversos aspectos o factores que hacen nugatoria la posibilidad de enviar la demanda de amparo y sus anexos con la prontitud esperada; y, por otro, que aun cuando la autoridad responsable remita su informe con justificación y sus anexos fuera del plazo señalado, deben ponderarse las particularidades del caso, y establecer si la recepción se efectuó dentro de un plazo razonable, y determinar, en consecuencia, si la conducta amerita o no la sanción económica que señala la fracción IV del artículo 260 de la Ley de Amparo o, si por el contrario, atendiendo a las circunstancias reales del caso concreto, pudiera estimarse la actualización de una dilación procesal justificable.

Ahora bien, en su primer agravio, la recurrente señala que en el acuerdo combatido, el presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito le impuso una multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización por los retrasos ocasionados en la remisión de la demanda de amparo promovida por **********; en ese sentido solicita sea valorado que las "aparentes" dilaciones no son dolosas o negligentes, sino que se deben a las excesivas cargas de trabajo que tiene la Junta responsable y las limitantes, tanto humanas como materiales, para atenderlas.

Agrega que, si bien la demanda fue presentada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y doscientos diecinueve días naturales después fue recibida en la oficialía de partes, lo cierto es que, entre ambas fechas existieron varios periodos inhábiles, como periodos vacacionales, sábados y domingos; por lo que si se suman todos esos periodos en que no se laboró, existe una reducción a ciento cuarenta y ocho días.

No obstante, admite que aun siendo ciento cuarenta y ocho días en la tramitación y envío de la demanda de garantías, no debería ser, hace notar, que no es un tema caprichoso, doloso o negligente, sino de imposibilidad material.

Manifiesta que para dimensionar lo rebasado (sic) del trabajo, es un hecho notorio y consultable en los informes que exhibe, anexos al presente recurso, que la Junta a cargo de la recurrente contaba con un personal reducido a 5 actuarios, 2 auxiliares y 2 secretarios de acuerdos, de lo que deduce que es una plantilla de 9 (nueve) personas para atender el universo de asuntos que tiene bajo su índice, incluyendo audiencias, dictamen, ejecución, atención al público, área de amparos, esta última en la que se reciben ejecutorias de 17 Tribunales Colegiados de Circuito y 9 Juzgados de Distrito.

De ahí que, considera, fue humano y sin mala intención la imposibilidad material y humana de enviar en menor tiempo la demanda de amparo, pero de ninguna manera una contumacia.

Adiciona que, si bien el espíritu de la ley es que las sanciones impuestas estén encaminadas a sancionar aquellas contumacias o dilaciones dolosas, dicha regla no debe tornarse rígida, máxime cuando surge de una limitación material y humana que sale del ámbito de competencia y voluntad de la autoridad responsable, como lo es el volumen de trabajo.

Admite que está ante un exceso de trabajo que no permite desahogar los requerimientos con la prontitud e integridad deseada, y que ese mismo volumen de trabajo ocasiona una imposibilidad humana en lo requerido por el legislador, pero de ninguna manera un dolo.

Señala que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para juzgar si un funcionario incurre en responsabilidad al rebasar los plazos y términos procesales en los juicios, debe atenderse a la capacidad material y personal con que cuenta el tribunal, la tesis de que se trata es la P./J. 32/92, de rubro: "TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO."

Argumenta que en la exposición de motivos de la reforma al artículo 123 constitucional, que contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se reconocen las dificultades con las que en los últimos años han operado las mismas, consistentes en:

"...9. La frecuencia con que el litigio iniciado ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje se prolonga en el ámbito de la justicia federal mediante la interposición del juicio de amparo. Actualmente no existen elementos suficientes para limitar el abuso de ese medio de control de la constitucionalidad.

"11. El retraso en la entrega de notificaciones y exhortos por parte de los actuarios de los órganos de impartición de justicia del trabajo. La práctica de estas comunicaciones es tardada y se identifica como un elemento que afecta la diligencia con que debe realizarse el procedimiento laboral, al tiempo que es un espacio para la corrupción.

"14. La asimetría de los representantes obreros y patronales en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con relación al presidente de la misma, lo que genera el desinterés de aquéllos por llevar a cabo el cumplimiento puntual de sus funciones para la elaboración, revisión y suscripción de un laudo. En los hechos, dichos representantes tienen una situación distinta en términos de acceso y disposición de recursos humanos, materiales y tecnológicos, así como ingresos salariales distintos a las del tercer integrante de esos órganos colegiados.

"15. Las dificultades que se presentan para la ejecución de los laudos, ante la falta de herramientas legales y administrativas suficientes para su efectivo cumplimiento y ejecución inmediata, cuando han alcanzado la calidad de definitivos e inatacables.

"16. Las insuficiencias administrativas que se presentan en un número importante de órganos de impartición de justicia del trabajo. Hacen falta diagnósticos integrales sobre su situación para atender problemas de falta de organización, integración adecuada de recursos humanos, materiales y tecnológicos, en un ambiente de cargas excesivas de trabajo y falta de incentivos a la productividad de los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje..."

Finalmente, señala que deberá ser valorado de manera objetiva y lógica para llegar a la conclusión de que los retrasos que actualmente enfrentan las Juntas de Conciliación y Arbitraje salen de la voluntad de quienes laboran en ellas y, por ello, imponerles multas revictimizan las precarias condiciones en que prestan sus servicios.

Dichas manifestaciones son infundadas, porque este tribunal estima que el retraso en el envío de la demanda de amparo no está justificado, como se verá enseguida.

En efecto, este órgano de control constitucional no es ajeno a lo manifestado por la recurrente en cuanto a que las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuentan con una carga excesiva de trabajo y pocos recursos humanos para combatirla, pero ello de ninguna manera debe impedirles dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo; máxime que la dilación de la remisión de la demanda de amparo fue de más de doscientos diecinueve días naturales.

Dicho numeral establece que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá, entre otras cuestiones, rendir el informe con justificación, acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes.

Ese numeral es del tenor literal siguiente:

"Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá:

"I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

"Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente;

"II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y

"III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes.

"Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión.

"..."

Por su parte, el precepto 260, fracción IV, de la ley citada, prevé que se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que no tramite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por la ley las constancias que le sean solicitadas.

El precepto es del tenor literal siguiente:

"Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que:

"...

"IV. No trámite (sic) la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional."

De la transcripción de los numerales de referencia se advierte que la Ley de Amparo impone a la autoridad responsable que emitió el acto reclamado la obligación de rendir el informe con justificación, remitir la demanda de amparo, sus anexos y las constancias de traslado a las partes dentro de los 5 días contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda y, para el caso de no hacerlo, se le impondrá una multa que va de cien a mil días.

Luego, se puede concluir que la Ley de Amparo obliga a las responsables a que en el plazo de cinco días remitan su informe justificado con la demanda y anexos a la misma, sin que en dicho precepto establezca algún caso de excepción o prórroga de dicho plazo.

Incluso, la obligación de la que se habla, se encuentra inmersa en el artículo 22, fracción X, del Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que dispone que además de las facultades y obligaciones que la ley le confiere a las presidentas de las Juntas Especiales, es la de rendir los informes respectivos en los juicios de amparo en que sean autoridad responsable, realizar los trámites y gestiones de ley, así como dar estricto y puntual cumplimiento a las ejecutorias y otras determinaciones que emitan los órganos jurisdiccionales de amparo.

No obstante lo anterior, como se anunció, este tribunal no es ajeno a las cargas de trabajo que tienen las Juntas y al poco personal con que cuentan para combatir dichas cargas; sin embargo, en el caso concreto, el tiempo de dilación por parte de la responsable de enviar la demanda de amparo fue de más de doscientos diecinueve días naturales, es decir, excede por mucho el plazo previsto en el artículo 178 de la ley de la materia; de ahí que no se considere justificado el retraso en la remisión de la demanda, bajo el argumento de las cargas de trabajo que tiene la responsable.

En esa tesitura, este órgano jurisdiccional estima que los motivos dados por la responsable para la dilación de más de doscientos diecinueve días en el envío de la demanda de amparo no están justificados, aun cuando argumenta que en realidad fueron ciento cuarenta y ocho, por lo que fue correcta la imposición de la multa, en términos del artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario, se atentaría contra el derecho humano a la tutela jurisdiccional, previsto en el precepto 17 constitucional, como es el acceso a la justicia de manera pronta y expedita dentro de los plazos y términos fijados por las propias leyes en perjuicio del gobernado.

Cabe destacar que con los anexos que envió junto con el escrito de reclamación, consistentes en: "Informe Mensual de Labores de Juntas Especiales", todos relativos a la número once, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos de dos mil dieciocho, los cuales obran a fojas 14 a 24 del recurso de reclamación, se advierte, en la parte que importa, del rubro de "Inventario físico", lo siguiente:

Ver inventario

De las tablas insertadas, se observa que la recurrente, a diciembre de dos mil dieciocho, tenía un inventario total de 13,127 (trece mil ciento veintisiete) asuntos aproximadamente; sin embargo, la mayor parte, esto es, 9,891 está en el rubro de "Archivo General", que representa el 75.11% aproximadamente del total de la carga de trabajo existente en la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

Pero, además, no obstante que este Tribunal Colegiado de Circuito tiene el conocimiento de que las Juntas Especiales se vieron disminuidas en recursos humanos; en el caso concreto, la inconforme no anexó constancia alguna con la que evidenciara que en la Junta que presidió en ese periodo, únicamente contaba con cinco actuarios, dos auxiliares y dos secretarios de acuerdos; a fin de que el Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito estuviera en aptitud de realizar el ejercicio de proporcionalidad y establecer si la carga de trabajo es relativa a los recursos humanos con los que se cuenta.

Ahora, en relación con las manifestaciones de la recurrente relativas a que la demora en la remisión de la demanda de amparo no fue con dolo ni mala fe, se precisa que si la presidencia de este tribunal impuso la multa a la autoridad responsable fue por el retardo excesivo en que incurrió –más de doscientos diecinueve días naturales– y, por ello, impuso la multa mínima que prevé el artículo 260, fracción IV, de dicha ley, es decir, de cien días de Unidad de Medida de Actualización vigente.

Apoya lo razonado, la tesis I.11o.T.3 K (10a.), aprobada por el Pleno de este tribunal, en sesión de esta misma fecha, la cual se encuentra en trámite de publicación, de título, subtítulo y texto siguientes:

" La fracción IV del artículo 260 de la Ley de Amparo dispone que se sancionará con multa a la autoridad responsable que no tramite la demanda de amparo, o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por la propia ley, las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional, lo cual, en principio, llevaría a considerar, bajo una interpretación aislada de dicha norma, que el solo incumplimiento del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda (en el caso del amparo directo), para hacer lo propio, actualiza la conducta sancionable; empero, la labor jurisdiccional lleva implícito el ejercicio de la sana crítica y de la ponderación objetiva, a fin de evitar que la aplicación del derecho resulte irracional por no atender al caso concreto; de ahí que de una interpretación extensiva puede establecerse, como premisa para analizar la procedencia de la multa, que en cada caso concreto debe realizarse una valoración, lo más objetiva posible, de la situación real en que se encuentra la autoridad sancionada frente al cumplimiento de sus obligaciones procesales con respecto al trámite del juicio de amparo directo a partir de la presentación, ante ella, de la demanda; valoración que debe realizarse con base en elementos relevantes, sin que para ello se atienda a la falta o no de dolo o mala fe de su parte. El primero es el referente a las cargas laborales que enfrenta esta última y sus limitaciones en materia de recursos materiales y humanos, lo cual debe tenerse presente y, especialmente en el ámbito judicial, por ser un hecho notorio para los propios juzgadores; el segundo, responde a la razonabilidad del tiempo consumido o transcurrido desde la recepción de la demanda hasta su remisión, incluidos sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito, para que pueda afirmarse que, a pesar de exceder el plazo legalmente establecido, no llegue a ser desproporcionadamente excesivo e injustificado; criterio que no implica desconocimiento ni desacato de la ley ni de la jurisprudencia, sino una interpretación que tiene como finalidad que la aplicación de ambas no derive en un perjuicio irracional y contrario a la realidad material, que pueda traducirse en sancionar a alguien por no hacer algo que en verdad le hubiere resultado imposible."

En consecuencia, lo procedente en el caso es declarar infundado el presente recurso de reclamación.

En similares términos se resolvió el recurso de reclamación **********, por unanimidad de votos en sesión de veinte de febrero de dos mil diecinueve por el Pleno de este órgano jurisdiccional.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Es infundado el recurso de reclamación interpuesto por **********, por su propio derecho y quien fungió con el carácter de presidenta de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, contra el auto de veintiséis de abril dos mil diecinueve, dictado por el presidente de este tribunal en el juicio de amparo **********.

Notifíquese, con testimonio de la presente resolución; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente Héctor Pérez Pérez, María Soledad Rodríguez González y Ángel Ponce Peña, siendo ponente la segunda de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis aislada I.11o.T.3 K (10a.) citada en esta ejecutoria, integró la jurisprudencia I.11o.T. J/1 (10a.), cuyos título y subtítulo aparecen al inicio de esta sentencia.

________________

3. Relativa a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1643 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de marzo de 2019 a las 10:04 horas» registro digital: 2019400, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio –por lo que hace a la materia laboral– a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.

"Segunda Sala

"Contradicción de tesis 294/2018. Entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Mónica Jaimes Gaona."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29172-ed286bb0/multa-a-la-autoridad-responsable-que-no-tramita · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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