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RECURSO DE QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER SOBRE EL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI ÉSTA JUSTIFICA QUE REALIZÓ LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA TURNARLA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: QUEJA 53/2016. · Registro digital (IUS): 27122
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-05-19
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Pág. 1767.

QUEJA 53/2016. 29 DE AGOSTO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE MASON CAL Y MAYOR. SECRETARIO: SALOMÓN ZENTENO URBINA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Resulta innecesario analizar el escrito de queja presentado por la inconforme, en virtud de que este órgano colegiado advierte que el presente medio de impugnación ha quedado sin materia.

En el recurso de queja se combate la omisión de tramitar la demanda de garantías promovida el siete de abril de dos mil dieciséis por **********, a través de su apoderada **********, contra la sentencia definitiva de ocho de marzo del citado año, dictada por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en el toca penal **********, derivado de la causa **********, en el que la inconforme aparece como parte ofendida y como indiciados **********, **********, **********, *********, **********, **********, **********, ********** y **********.

Como se relató en el capítulo de antecedentes de la presente ejecutoria, en proveído de veintisiete de abril del año en curso, dictado por el presidente de este tribunal, se admitió este recurso y, por ende, se requirió a la Sala responsable para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, rindiera informe justificado y remitiera copia certificada de las constancias que estimara pertinentes, relativas al toca penal ********** y causa **********, con el apercibimiento de que de no hacerlo se tendría por cierto el acto recurrido. (folio 14)

La Sala no cumplió con dicha prevención, a pesar de estar notificada desde el nueve de mayo anterior, según se advierte del acuse de recibo que obra a foja diecisiete de este toca; por tanto, en acuerdo de presidencia de cuatro de agosto posterior, se tuvo por cierto el acto aquí impugnado.

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como hecho notorio se destaca que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que la demanda de amparo promovida por **********, a través de su apoderada **********, en contra de la sentencia definitiva de ocho de marzo del año en curso, dictada por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en el toca penal **********, ya fue remitida por dicho órgano de apelación a la Oficina de Correspondencia de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Civil de este circuito, y ésta a su vez, lo remitió a este Primer Tribunal Colegiado de las citadas materias para su tramitación, el cual lo admitió en auto de veinticuatro de mayo pasado, lo que se advierte de la siguiente inserción:

Ver inserción

Se precisa que es oportuno citar la referida información capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), porque las resoluciones que ahí se registran generan un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia dentro un expediente judicial; por lo que al constituir un hecho notorio, acorde con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda.

Es aplicable la tesis aislada I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1946, registro digital: 2006082 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas», que se comparte, la cual establece:

"SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo."

De lo anterior se desprende que la autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, dio trámite a la demanda de amparo promovida por la quejosa **********, a través de su apoderada **********, y una vez que la integró, la remitió con el toca penal, la cual, por razón de turno, tocó su conocimiento a este Tribunal Colegiado.

En tal contexto, atendiendo a que el objetivo del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, es que se rompa con la contumacia en que pudiera incurrir la autoridad responsable de dar trámite a la demanda de amparo presentada ante ella, o bien, se tramite debidamente, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, tal situación se logra cuando la autoridad realiza las actuaciones correspondientes, hasta lograr su remisión al órgano jurisdiccional que corresponda conocer de la misma.

Por tanto, si como se ha relatado, la referida Sala ya dio trámite a la demanda de amparo, entonces, ello implica que ha desaparecido la conducta omisa en la que incurrió; cuestión que implica que el fin buscado por la promovente de este recurso carece de objeto, lo que obliga a declarar sin materia este medio impugnativo.

Esto es, como el recurso de queja se interpuso con fundamento en el artículo 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra de la omisión de la autoridad responsable para proveer sobre el trámite de la demanda de amparo directo; tomando en consideración que, como quedó visto, la responsable ya levantó ese estado de abstención, es claro que el recurso quedó sin materia, al haber sido subsanada esa omisión y obtenerse el fin buscado, pues con ello desapareció el posible perjuicio que se pudo causar a la promovente con la abstención de la responsable.

Cobra aplicación la tesis aislada XX.2o.3 K (10a.), emitida por este tribunal (en su anterior denominación como Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo II, abril de 2015, página 1817, registro digital: 2008860 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas», que establece:

"QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA PROVEER SOBRE EL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI AQUÉLLA JUSTIFICA QUE REALIZÓ LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA TURNARLA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. Si el recurso de queja se interpone con fundamento en el artículo 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, contra la omisión de la autoridad responsable para proveer sobre el trámite de la demanda de amparo directo, pero si ésta acredita que levantó ese estado de abstención, al realizar las actuaciones pertinentes para que la demanda fuera turnada al Tribunal Colegiado de Circuito, debe declararse sin materia el recurso, al haberse subsanado esa omisión y obtenerse el fin buscado, ya que con ello desaparece el posible perjuicio que pudo causarse al promovente con la abstención de la responsable, sin perjuicio de que, en su caso, se le aplique la multa prevista en el artículo 260, fracción IV, de la citada ley."

No obstante lo anterior, cabe precisar que el numeral 260, fracción IV, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que:

"...

"IV. No trámite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional."

El precepto legal transcrito prevé la imposición de multa en cantidad equivalente de cien a mil días de salario, a la autoridad responsable que, entre otros supuestos, no dé el trámite correspondiente a la demanda de amparo, con la debida oportunidad y en los plazos previstos en la ley de la materia.

La imposición de dicha sanción pecuniaria ante la omisión de la responsable respecto del trámite de la demanda de amparo directo, su aplicación evidentemente corresponde al Tribunal Colegiado, por ser el órgano encargado del conocimiento y resolución de los juicios de amparo uniinstancial.

La finalidad u objeto de la multa de que se trata no es obtener el cumplimiento de los deberes procesales que imponen a la responsable los artículos 176, 177 y 178 de la Ley de Amparo, sino sancionar, en lo que aquí interesa, la falta de trámite de la demanda de amparo; además, su naturaleza jurídica no es la de una medida de apremio o de una corrección disciplinaria, pues no deviene de un mandato del órgano de control constitucional, ni se encamina a la preservación del orden o respeto en un juicio, sino la de una sanción, pues constituye una consecuencia jurídica que resulta del desacato a un mandato directo de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento sí es previo para la autoridad responsable.

Atento a lo anterior, aunque la finalidad de los órganos de amparo no es erigirse como meros sancionadores, per se (por sí mismos), sino como guardianes del orden constitucional, la referida multa debe imponerse de oficio y de manera general en esta ejecutoria que resuelve la queja interpuesta por el inconforme, pues la sanción se actualizó ante el solo hecho de que se materializó el supuesto correlativo de infracción a la ley, esto es, al quedar acreditada la omisión de la aludida autoridad responsable en el trámite de la demanda de amparo directo presentada ante ella.

Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 41/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 364, con número de registro digital: 2007291 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas», del tenor siguiente:

"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. EL HECHO DE QUE QUEDE SIN MATERIA, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO IMPONGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA MULTA PREVISTA EN EL NUMERAL 260, FRACCIÓN IV, DEL MISMO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la finalidad u objeto de la multa en comento no es obtener el cumplimiento de los deberes procesales que impone a la responsable el artículo 178 de la Ley de Amparo, sino sancionar, en lo que aquí interesa, la falta de trámite de la demanda de amparo. Además, su naturaleza jurídica no es la de una medida de apremio o de una corrección disciplinaria, pues no deviene de un mandato del órgano de control constitucional, ni se encamina a la preservación del orden o respeto en un juicio, sino la de una sanción, pues constituye una consecuencia jurídica que resulta del desacato a un mandato directo de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento sí es previo para la autoridad responsable. Por ello, aun cuando la finalidad de los órganos de amparo no es erigirse como meros sancionadores, per se, sino como guardianes del orden constitucional, en principio, la referida multa debe imponerse, de oficio y de manera general, sea en un apartado de la resolución que se emita al resolver la queja, o en una diversa resolución, incluso un auto emitido por el Magistrado que presida el Tribunal Colegiado que conozca del asunto, pues la sanción opera ante el solo hecho de que se haya materializado el supuesto correlativo de infracción a la ley. En esa medida, aun ante el hecho de que el recurso de queja en comento pudiera estimarse que habría de quedar sin materia, por la atención ulterior que la autoridad responsable efectúe de los lineamientos que le impuso el legislador en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo, y que se llegara a demostrar en el informe de queja que debe rendir en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 101 de ese mismo ordenamiento; legalmente no puede permitirse que por ese mero y eventual cumplimiento, que, de cualquier modo, aconteció fuera de plazo, se permita a la autoridad responsable evadir la imposición de la multa condigna que le debe ser impuesta por haberse ubicado previamente en el supuesto de infracción que el legislador expresamente ha dispuesto sancionar, al haber dejado de actuar en su debida oportunidad, en plena concordancia a los lineamientos relativos que le impone el numeral 178 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe agregar que la observancia ulterior de tales lineamientos, sólo implica que en el caso particular de que se trate, ya no se le exija a la autoridad responsable, mas en modo alguno, puede seguirse de ello una dispensa de la sanción prevista para el caso de inobservancia de esa disposición legal. No puede desatenderse que el obstáculo a la prosecución de la instancia de amparo entraña infracción a lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ni que el artículo 1o. de ésta, por un lado impone a todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y; por otro, su mandato en el sentido de que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

En esa medida, por la atención ulterior que la autoridad responsable efectuó de los lineamientos que le impuso el legislador, en términos de los artículos 176, 177 y 178 de la Ley de Amparo, y por haberse ubicado previamente en el supuesto de infracción que el legislador expresamente ha dispuesto sancionar, al haber dejado de actuar en su debida oportunidad, pues de la constancia de autos se advierte que la demanda de amparo fue presentada ante la autoridad responsable el siete de abril de dos mil dieciséis, y la Sala la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este circuito, hasta el veinte de mayo posterior, esto es, cuarenta y cuatro días naturales después de haberla recibido; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción IV del numeral 260 de la Ley de Amparo, se impone a quien haya fungido como presidente de la Sala responsable en el tiempo que transcurrió la omisión de trámite de la demanda constitucional, una multa de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que es el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41 y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en relación con los artículos 193, primer párrafo, 238, 258 y 270 de la Ley de Amparo; que equivale a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional) diarios, de conformidad con el cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de enero de dos mil dieciséis.

Atento a lo anterior, para hacer efectiva la multa impuesta, con copia certificada de esta ejecutoria, gírese oficio al administrador local de recaudación de Tuxtla Gutiérrez (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, que de acuerdo con el domicilio de la responsable es la competente para ejecutar esta determinación, autoridad que deberá informar a la brevedad los resultados de su gestión.

En tales circunstancias, lo procedente es declarar sin materia el presente recurso de queja.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 97, fracción II, inciso a), 98, fracción II y 100 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se declara sin materia el recurso de queja interpuesto por **********, a través de su apoderada **********, contra la omisión de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez (autoridad responsable) de dar trámite a la demanda de amparo promovida contra la sentencia definitiva de ocho de marzo del citado año, dictada por dicha autoridad en el toca penal **********, derivado de la causa **********.

SEGUNDO.-Con fundamento en lo establecido por la fracción IV del numeral 260 de la Ley de Amparo, se impone a quien haya fungido como presidente de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez en el tiempo que transcurrió la omisión de trámite de la demanda constitucional, multa de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que es el equivalente de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41 y, párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en relación con los artículos 193, primer párrafo, 238, 258 y 270 de la Ley de Amparo; que equivale a $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional) diarios, de conformidad con el cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de enero de dos mil dieciséis; y, para hacer efectiva la multa impuesta, con copia certificada de esta ejecutoria, gírese oficio al administrador local de recaudación (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la ciudad antes citada.

Notifíquese como corresponda; con testimonio autorizado de esta ejecutoria, comuníquese al Juez de Distrito de origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, Daniel Sánchez Montalvo (presidente) y Jorge Mason Cal y Mayor, con Juan Manuel Morán Rodríguez, secretario de tribunal en funciones de Magistrado de Circuito, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en oficio CCJ/ST/3600/2016, de nueve de agosto de dos mil dieciséis, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del propio Consejo, que reglamenta su organización y funcionamiento, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VII, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27122-a25b5e39/recurso-de-queja-contra-la-omision-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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