INFORME JUSTIFICADO EN AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE CINCO DÍAS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE PARA RENDIRLO, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 22 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintidós de octubre de dos mil diecinueve emite la siguiente:
Resolución
1. Mediante la cual se analizan los autos relativos a la contradicción de tesis 116/2019, entre los criterios sustentados por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
I. Antecedentes
2. Denuncia. Los Magistrados integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por ese órgano colegiado y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el primero el recurso de reclamación 3/2019 y el segundo, el amparo directo 246/2018 que dio origen a la tesis IV.1o. A.12 K(10a.), de rubro: "AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 178, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RINDA EL INFORME CON JUSTIFICACIÓN, ACOMPAÑADO DE LA DEMANDA, LOS AUTOS DEL JUICIO DE ORIGEN CON SUS ANEXOS Y LA CONSTANCIA DE TRASLADO A LAS PARTES, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL EXPEDIENTE ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO."(1)
II. Trámite
3. El Ministro presidente admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y la registró con el número 116/2019; consideró que se surtía la competencia del Tribunal Pleno porque versa sobre materia común, turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek para su estudio(2) y, una vez que el expediente fue debidamente integrado, envió los autos al ponente.(3)
III. Competencia y legitimación
4. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por Tribunales Colegiados de distintas materias y Circuitos.
5. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los tribunales contendientes.
IV. Existencia de la contradicción
6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios de este Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(5)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(6)
7. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido tanto la Primera Sala,(7) como este Tribunal Pleno,(8) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
9. Por otro lado, no es obstáculo para que este Tribunal Pleno se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001 de este Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(9) y la tesis aislada P. L/94 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10) de este mismo Tribunal Pleno.
10. En atención a lo anterior, a continuación, se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
11. Este Tribunal Pleno considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, ambos tribunales realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
A. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el recurso de reclamación 3/2019.
12. Ese asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:
a) El presidente del Tribunal Colegiado dictó acuerdo en el que admitió a trámite una demanda de amparo directo. Además, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, determinó imponer multa al Magistrado presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, autoridad responsable, al considerar que el informe justificado y anexos fueron remitidos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito un mes después de que el quejoso presentó su demanda de amparo, por lo que excedió el plazo de cinco días previsto en el artículo 178 del mencionado ordenamiento legal.
b) Inconforme, el Magistrado presidente de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje interpuso recurso de reclamación. Seguida la secuela procesal, el Tribunal Colegiado dictó resolución en la que, por una parte, desestimó los agravios y por otra, lo declaró fundado.
13. En la parte que interesa al presente asunto, el Tribunal Colegiado consideró:
a) El artículo 178 de la Ley de Amparo prevé las obligaciones procesales que se impusieron a la autoridad responsable en relación con el trámite del juicio de amparo.
b) Conforme al citado precepto, la autoridad responsable quedó vinculada para que en el plazo de cinco días contados a partir de la presentación de la demanda, lleve a cabo las acciones siguientes: a) certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas, b) correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso y c) rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y las constancias de traslado a las partes.
c) Las autoridades responsables asumen la obligación de sujetar su actuar a los imperativos normativos contenidos en la Ley de Amparo, que en el momento de la contienda son los que regulan su desempeño.
d) El artículo 17 constitucional consagra el derecho a la administración de justicia en los plazos y términos previstos por las leyes. Dicho precepto, consagra los principios de justicia pronta, justicia completa, justicia imparcial y justicia gratuita.
e) También existe el deber constitucional de todas las autoridades para que en el ámbito de sus competencias promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
f) No es factible la interpretación que el recurrente propone en relación con el artículo 178 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el plazo de cinco días comience a correr una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, es decir, hasta el momento en que obren incorporadas las constancias de notificación correspondientes, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 116/2004 es inaplicable analógicamente al caso, porque el lapso de veinticuatro horas que preveía el artículo 89 de la Ley de Amparo abrogada, a efecto de que el Juez de Distrito remitiera el expediente original y el escrito de agravios al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era un plazo breve. Lo que no ocurre tratándose del artículo 178 de la Ley de Amparo vigente, que establece el plazo de cinco días a partir de la presentación de la demanda de amparo directo, el cual es pertinente a efecto de que la autoridad responsable, como auxiliar de las autoridades federales, notifique a la demandada en el juicio, en su carácter de tercero interesado.
g) Tampoco pueden invocarse elementos relacionados con el emplazamiento a las partes o la dilación en que incurran los fedatarios para practicar las notificaciones, pues la obligación de remitir las demandas de amparo directo recae en el presidente de la autoridad encargada del envío, quien puede emplear algún medio disciplinario a efecto de que las diligencias se verifiquen oportunamente o justificar el retardo.
h) El criterio sustentado por la Segunda Sala en relación con el plazo para remitir el recurso de revisión, conforme a la Ley de Amparo abrogada, en modo alguno es aplicable porque la remisión del recurso de revisión implicaba que estuviera debidamente integrado con las constancias de notificación de la resolución recurrida y del auto que tuvo por interpuesto el recurso, ello con el propósito de que las partes tuvieran conocimiento de la interposición del medio de impugnación y del escrito de agravios, para que estuvieran en posibilidad de manifestarse y contaran con oportunidad para interponer la revisión adhesiva.
i) Las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada no eran armónicas, pues disponían que las notificaciones, al igual que la remisión del recurso, se realizaran en el mismo plazo de veinticuatro horas. Además, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia se especificó que el envío del recurso en el tiempo especificado se dificultaba porque al no contar con las constancias de notificación era evidente que el órgano superior que las recibiera, ineludiblemente tendría que dictar los acuerdos tendientes a la correcta integración del recurso, lo que se traducía en la inobservancia de una justicia pronta y completa a que alude el artículo 17 de la Constitución.
14. De la ejecutoria anterior emanó la tesis aislada siguiente:
"AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 178, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RINDA EL INFORME CON JUSTIFICACIÓN, ANEXANDO LA DEMANDA, LOS AUTOS DEL JUICIO DE ORIGEN ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS DE TRASLADO A LAS PARTES, CORRE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 178, fracción III, de la Ley de Amparo establece la obligación de la autoridad responsable de rendir ante el Tribunal Colegiado de Circuito el informe con justificación, acompañado de la demanda de amparo directo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes, dentro del plazo de 5 días, que inicia a partir del día siguiente al de la presentación de la demanda, por tanto, la forma en que transcurre ese plazo no admite interpretación en el sentido de que inicia una vez que la autoridad responsable realiza tales actos, sin que sea aplicable analógicamente la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO.’, al existir diferencias sustanciales, ello en atención a que en el referido criterio, relativo al recurso de revisión, se interpretaron disposiciones de la Ley de Amparo abrogada, que debían encontrar congruencia, puesto que en ella se preveían 24 horas para el envío del medio de impugnación; remisión que implicaba que estuviera debidamente integrado, esto es, incluyendo las constancias de notificación correspondientes, no sólo de la resolución recurrida sino también del auto que tuvo por interpuesto el recurso, pues sólo contando con ellas se tendría la certeza de si las partes diversas al recurrente sabían de la interposición del medio de impugnación y del escrito de expresión de agravios, para que contaran con la oportunidad de hacer valer la revisión adhesiva. Circunstancias que no acontecen tratándose de la remisión de la demanda de amparo directo, pues la jurisprudencia señalada tuvo lugar en atención a una incongruencia normativa de la ley abrogada."(11)
B. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Amparo directo 246/2018.
15. Ese asunto tuvo su origen en los antecedentes siguientes:
a) Una persona promovió demanda de amparo directo contra una sentencia dictada por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
b) La Sala responsable rindió informe justificado y lo remitió con las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito.
c) El Tribunal Colegiado de Circuito dictó acuerdo en el que ordenó devolver la totalidad de las constancias que recibió de la autoridad responsable, a efecto de que diera cumplimiento a lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo.
16. Las consideraciones que sustentaron esa determinación, en lo que interesa, son las siguientes:
a) De las constancias recibidas se aprecia que la sala responsable ordenó notificar al tercero interesado de la interposición de la demanda de amparo, mediante notificación depositada por correo, lo que se advierte del sello de recepción respectivo. Sin embargo, no obra el acuse de recibo del que se aprecie que fue debidamente recibido por la autoridad demandada en el juicio de origen.
b) En los artículos 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 183 de la Ley de Amparo se establecen las reglas relativas a la interposición y tramite de la demanda de amparo directo.
c) A fin de determinar la interpretación del artículo 178, primer párrafo, de la Ley de Amparo es importante tener presente que la demanda de amparo directo debe presentarse ante la autoridad responsable, quien debe verificar que se acompañen las copias para correr traslado a las partes y rendir el informe justificado acompañado de la demanda, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Además, debe dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada y proveer en relación con la suspensión.
d) De los antecedentes de la Ley de Amparo se advierte que la intención del legislador fue actualizar las disposiciones en materia de amparo, orientándolas hacia una justicia eficaz, pronta y expedita, como lo exige el artículo 17 de la Constitución.
e) La interpretación que debe darse al primer párrafo del artículo 178 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del propio numeral, en cuanto establece la obligación a cargo de la autoridad responsable de rendir informe con justificación acompañado de la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes "dentro del plazo de cinco días" no puede ser literal y aislada para establecer que dicho plazo comienza a partir de que se presente la demanda, ya que esa interpretación implica desconocer no sólo las reglas relativas a la interposición y trámite de la demanda de amparo directo, sino también la intención del legislador, en detrimento del derecho a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial tutelado en el artículo 17 de la Constitución.
f) Una vez presentada la demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, ésta tiene diversas obligaciones que cumplir antes de rendir el informe justificado y presentarlo ante el Tribunal Colegiado en turno.
g) Específicamente, debe prevenir al promovente en caso de que no presente las copias o las presente incompletas, o bien, tramitar oficiosamente la expedición de copias, en asuntos de orden penal, laboral tratándose de trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal, ejidal o de los ejidatarios o comuneros o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio o cuando la demanda sea presentada por vía electrónica. También debe certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Destaca la obligación que tiene de correr traslado al tercero interesado.
h) Una vez hecho lo anterior, debe rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Además de dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión.
i) El presidente del Tribunal Colegiado a quien corresponda conocer del asunto, calificará la procedencia del juicio, para lo cual admitirá la demanda, prevendrá al quejoso para su regularización o la desechará si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como está previsto en el artículo 179 de la Ley de Amparo.
j) De interpretar literalmente el artículo 178 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable está obligada a rendir informe justificado acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de la presentación de la demanda, aun cuando el expediente no se encuentre debidamente integrado, esto es, a pesar de que no hubiera transcurrido aún el plazo para que el quejoso exhibiera las copias de la demanda faltantes, en su caso, o bien, no obren en el expediente las constancias de notificación a la quejosa del acto reclamado y las de emplazamiento a los terceros, pueden presentarse situaciones que entorpezcan el desarrollo del procedimiento del juicio de amparo directo y multipliquen el trabajo de los órganos jurisdiccionales, en detrimento de la garantía de impartición de justicia pronta, eficaz, expedita, completa e imparcial que consagra el artículo 17 de la Constitución.
k) Si la autoridad responsable remite al órgano jurisdiccional que debe conocer del juicio de amparo directo, el expediente del juicio de origen del acto reclamado, pero no las constancias de notificación del acto reclamado que respalden la certificación que debe asentar, el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado estará impedido para calificar la procedencia de la demanda, para determinar si su interposición fue oportuna o no.
l) Si por la premura de rendir el informe justificado, la autoridad lo hace sin adjuntar las constancias de traslado a las partes, porque las constancias de notificación podrían encontrarse en trámite, el presidente del Tribunal Colegiado no tendrá la seguridad respecto a si las partes distintas de la quejosa tienen conocimiento de la interposición de la demanda de amparo directo y su contenido, a fin de que estén en posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga ante el órgano jurisdiccional que debe resolver el juicio uniinstancial, o bien, para formular el amparo adhesivo.
m) Dichas situaciones no sólo entorpecen la tramitación del juicio de amparo directo, sino que provocan la multiplicación del trabajo judicial, para el órgano jurisdiccional que debe conocer del juicio de amparo directo el que tendrá que requerir las constancias que no obren en el expediente. Además, la autoridad responsable tendrá que dictar el auto en el que atienda los requerimientos formulados, así como las diligencias que deban realizarse para hacer del conocimiento de aquél
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29909-cfec5af3/informe-justificado-en-amparo-directo-el-plazo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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