AMPARO DIRECTO. POR REGLA GENERAL CORRESPONDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EFECTUAR EL TRÁMITE PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO PERJUDICADO, A MENOS QUE NO CONSTE EN AUTOS SU DOMICILIO O EL SEÑALADO RESULTE INCORRECTO, PUES EN ESE CASO SE ESTÁ ANTE EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, Y ENTONCES DEBE HACERLO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 146/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 17 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIA: ERIKA FRANCESCA LUCE CARRAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios que se suscitaron en asuntos en materia de trabajo, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En principio, debe tenerse presente que los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En este caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, órgano auxiliado en el dictado de la sentencia emitida en el juicio de amparo directo laboral 473/2010 (que es una de las sentencias en las que se contiene el criterio denunciado) por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región.
El artículo 197-A de la Ley de Amparo es del tenor siguiente:
"Artículo 197 A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En consecuencia, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima por haber sido dictada en un asunto de la competencia del órgano auxiliado, tal como lo dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Toda vez que los asuntos de contradicción de tesis tienen como punto de partida los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, es preciso reproducirlos en lo conducente:
El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al resolver el expediente auxiliar 120/2011 del amparo directo laboral número DT. 473/2010, en lo que al tema interesa, determinó:
"... No se formulará pronunciamiento en torno a la procedencia ni al fondo del asunto que nos ocupa, porque el Pleno de este tribunal advierte una irregularidad en el trámite del amparo que debe ser enmendada. Lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo(1). La irregularidad advertida radica en que en el amparo directo en cuya segunda instancia se actúa, la Junta responsable efectuó trámites cuya realización correspondía al presidente del tribunal auxiliado. Es decir, el juzgador común realizó las siguientes actuaciones: 1. Previno al quejoso para que señalara el domicilio correcto de los terceros perjudicados********** e ***********; 2. Ordenó que se efectuara la investigación del domicilio de estos justiciables; 3. Mandó que se les emplazara por edictos, y 4. Declaró que el agraviado no había recogido los edictos dentro del plazo que le fue concedido para tal efecto. La Junta responsable realizó en exceso tales actuaciones, ya que su facultad para emplazar al tercero perjudicado está limitada a aquellos casos en los que se conozca el domicilio de dicho justiciable. En efecto, los artículos 30, fracción II, 166, fracción II, 167 y 168 de la Ley de Amparo establecen: (se transcriben). De la interpretación sistemática de los artículos transcritos se desprende que, en el juicio de amparo directo, el emplazamiento del tercero perjudicado debe sujetarse a las siguientes reglas: A) La autoridad responsable emplazará al tercero perjudicado mediante notificación personal cuando cuente con el domicilio correcto de éste, ya sea porque el quejoso lo haya señalado en su demanda de amparo o porque tal domicilio conste en el expediente natural (artículos 30, fracción II y 166, fracción II, de la Ley de Amparo). B) Cuando no se haya señalado en la demanda de garantías el domicilio del tercero perjudicado ni conste ese dato en el expediente de origen, el notificador adscrito al tribunal responsable lo asentará así (artículo 30, fracción II). La regla anterior, es aplicable, por identidad de razón, cuando el domicilio señalado resulte inexacto o incorrecto. C) Con la razón del notificador, la autoridad común dará cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer del asunto (artículo 30, fracción II). D) Si el presidente del Tribunal Colegiado estima que se actualiza el caso mencionado en el inciso B), prevendrá al quejoso para que en un plazo de cinco días subsane su demanda, señalando el domicilio correcto del tercero perjudicado (artículo 178). En el mismo acuerdo, se apercibirá al promovente de que en caso de no cumplir la prevención o de señalar un domicilio incorrecto se dictarán las medidas pertinentes para investigar el domicilio de su contraparte (artículo 32, fracción II). E) Si el quejoso desahoga la prevención, señalando el domicilio del tercero perjudicado, el presidente del Tribunal Colegiado ordenará al actuario de la adscripción que se practique el emplazamiento en ese lugar. F) Si el quejoso no desahoga la prevención o señala un domicilio incorrecto, el presidente del Tribunal Colegiado le hará efectivo el apercibimiento consistente en ordenar la investigación del domicilio del tercero perjudicado. Para ello, podrá solicitar tal información a las instituciones y empresas que cuenten con bases de datos domiciliarios (artículo 32, fracción II). G) De resultar estéril la indagación del domicilio, el presidente del Tribunal Colegiado ordenará que se emplace por edictos al tercero perjudicado a costa del quejoso, (artículo 32, fracción II). Asimismo, prevendrá a éste para que recoja los edictos, pague su publicación y exhiba constancia de que se hayan editado, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, podrá actualizarse la causa de improcedencia del juicio de garantías derivada del artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos numerales 30, fracción II y 5, fracción III, del mismo ordenamiento. H) Si el quejoso cumple con los requerimientos formulados para la publicación de los edictos y la notificación se ajusta a las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el presidente del tribunal de amparo tendrá por hecho el emplazamiento del tercero perjudicado. I) Si el quejoso no cumple con alguno de los requerimientos formulados para la publicación de los edictos, el Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo a las particularidades del caso, determinará si se actualiza la causa de improcedencia antes mencionada, o bien, ordenará que se publiquen los edictos a costa de Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, el órgano constitucional deberá atender a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002 y en la diversa 2a./J. 108/2010, que modificó a la anterior, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos dicen: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). ‘EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Cabe mencionar que respecto al tema que nos ocupa este órgano constitucional no comparte la totalidad del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis I.3o.C.488 C, que a continuación se reproduce: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN EL AMPARO DIRECTO, REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACREDITE LAS GESTIONES RESPECTIVAS, Y AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO APLICAR LA CONSECUENCIA QUE PROCEDA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESE REQUERIMIENTO.’ (se transcribe). El criterio transcrito se sustenta, en esencia, en la siguiente consideración: todo lo relativo ... (al emplazamiento del tercero perjudicado) corresponde, en el amparo directo, a la autoridad responsable, como se advierte de la interpretación sistemática de los artículos 163, 164, 167, 168 y 169 de la propia Ley de Amparo, incluyendo el dictado de las providencias necesarias para llevarlo a cabo, como requerimientos y apercibimientos. Pues bien, este tribunal discrepa de la consideración anterior, ya que, como se ha visto, la facultad auxiliar de la autoridad responsable para emplazar al tercero perjudicado (prevista en el artículo 167 de la Ley de Amparo)(2) se limita a aquéllos casos en los cuente con el domicilio de dicho justiciable. Esto es así, porque ante el desconocimiento del domicilio correcto del tercero perjudicado, la Ley de Amparo faculta sólo al Tribunal Colegiado de Circuito para prevenir al quejoso a fin que señale el domicilio correcto de su contraparte y, en su caso, para ordenar la investigación del domicilio respectivo y decretar que el emplazamiento se efectúe por edictos a costa del agraviado. En efecto, el artículo 166, fracción II, de la ley de la materia estatuye que en la demanda de amparo directo debe expresarse el domicilio del tercero perjudicado. En relación con el precepto anterior, el numeral 178 del citado ordenamiento establece que si la demanda de garantías no satisface alguno de los requisitos previstos en el citado artículo 166, corresponderá al Tribunal Colegiado de Circuito prevenir al quejoso para que subsane tal irregularidad en un plazo que no exceda de cinco días. Luego, si el quejoso no señala en su demanda de amparo directo el domicilio correcto del tercero perjudicado, y la responsable no cuenta con ese dato en el expediente natural, corresponderá únicamente al Tribunal Colegiado de Circuito prevenir al agraviado para que satisfaga ese requisito. A contrario sensu, tal potestad de prevención no puede ser ejercida por la autoridad responsable, pues se encuentra reservada expresamente al órgano de control constitucional. En abono a lo anterior, cabe destacar que respecto a la presentación de la demanda de amparo directo la única facultad legal de prevención con la que cuenta la autoridad responsable es la establecida en el artículo 168 de la ley de la materia. Es decir, sólo puede requerir al quejoso que exhiba las copias de la demanda a las que se refiere el numeral 167 del aludido ordenamiento,(3) en los juicios de garantías civiles, administrativos o del trabajo. En cambio, se insiste, no puede prevenirlo para que satisfaga los requisitos de la demanda a los que se refiere el artículo 166 de la Ley de Amparo, entre ellos, la expresión del domicilio del tercero perjudicado. En el mismo sentido, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo establece dos hipótesis que pueden presentarse en el emplazamiento del tercero perjudicado: I. Cuando el domicilio correcto del tercero perjudicado consta en autos (en la demanda de amparo o en el expediente natural). En tal caso, se emplazará personalmente al tercero en el domicilio con el que se cuente. II. Cuando el domicilio del tercero perjudicado no consta en autos. En tal caso, con esa circunstancia se deberá dar ‘cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto, para que dicten las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso’. Así pues, por disposición expresa del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, cuando se ignore el domicilio del tercero perjudicado en un juicio de garantías directo, es el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito quien debe ordenar la investigación correspondiente y, en su caso, determinar que el emplazamiento de aquel justiciable se practique por edictos a costa del quejoso. Siendo así, es claro que la mencionada facultad no puede recaer en la responsable, pues sería incongruente que en un solo juicio la misma actuación hubiese sido encomendada a dos autoridades distintas. No se podría argumentar contra lo anterior que el expresado artículo 32, fracción II, también ordena que se dé cuenta sobre la ignorancia del domicilio del tercero perjudicado ‘al Juez o a la autoridad que conozca del asunto’. Tales menciones, por supuesto, no se refieren a las autoridades responsables en los amparos directos, sino, respectivamente, a los Jueces de Distrito y a las autoridades que conocen del juicio de garantías biinstancial, en ejercicio de la competencia concurrente establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo(4). En síntesis, ante el desconocimiento del domicilio correcto del tercero perjudicado, la autoridad responsable debe dar cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito con la imposibilidad en la que se encuentra para practicar el emplazamiento respectivo. Es así, se insiste, porque el presidente de dicho órgano constitucional es quien tiene las facultades legales para prevenir al quejoso a fin que señale el domicilio correcto de su contraparte y, en su caso, para ordenar la investigación del domicilio y decretar que el emplazamiento se efectúe por edictos. Por tanto, la facultad auxiliar de la autoridad responsable para llamar a juicio al tercero perjudicado se circunscribe a aquellos casos en los que se conozca el domicilio de dicho justiciable, ya porque conste en el expediente del juicio natural, ya porque lo hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías. La conclusión anterior es congruente con la interpretación teleológica del artículo 167 de la Ley de Amparo, que encomienda a la autoridad responsable el emplazamiento de los terceros perjudicados. Esto, porque atendiendo a la finalidad de dicha norma, se infiere que sólo es aplicable cuando el juzgador común conoce el domicilio en el que puede emplazar al tercero, como a continuación se verá: El citado artículo tiene como propósito lograr la pronta y eficaz integración del vínculo procesal en el juicio de garantías, mediante el aprovechamiento de la cercanía e información que tiene el juzgador de origen con respecto al tercero perjudicado. Esto se explica porque la autoridad responsable cuenta con el expediente natural en el que intervino aquel justiciable y, además, con la demanda de garantías en la que debió haberse asentado su domicilio. Por tanto, en principio, se puede considerar que tiene los elementos suficientes para efectuar con éxito el consabido emplazamiento, lo que justifica que se le encomiende tal actuación. Sin embargo, se desvanece la finalidad del expresado auxilio, cuando el juzgador natural ignora el domicilio correcto del tercero perjudicado, por no desprenderse ni del expediente de origen ni de la demanda de garantías. En tales condiciones, no puede considerarse que el tribunal común tenga con respecto al tercero una cercanía o información aprovechables para su emplazamiento. Por tal razón, si el tribunal ordinario ignora el domicilio del tercero perjudicado, no se justifica que conserve la responsabilidad de integrar correctamente la relación procesal en el juicio de amparo directo. De ahí que el legislador haya reservado al Tribunal Colegiado de Circuito la facultad de diligenciar el emplazamiento del tercero perjudicado cuando se desconoce el domicilio de éste. Aunado a lo anterior, resulta conveniente que sea el tribunal de garantías quien prevenga y aperciba al quejoso respecto al señalamiento del domicilio correcto de su contraparte; efectúe la investigación de tal domicilio; ordene que se emplace por edictos al tercero perjudicado y declare que el agraviado no recogió los edictos, no pagó su publicación o no acreditó que hubiesen sido editados. Se estima provechoso que el órgano constitucional efectúe tales actos porque, en comparación con las autoridades comunes, presumiblemente tiene un mayor dominio de las reglas que para tal efecto disponen la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que se trata de la normatividad que aplica de forma ordinaria. Tampoco debe perderse de vista que, en caso de que se ordene llamar a juicio por edictos al tercero perjudicado, el aludido procedimiento podría desembocar en que se tenga por emplazado a un justiciable mediante una publicación general y no de forma directa; en que se sobresea el juicio de garantías(5) o en que se publiquen los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, dada la trascendencia de cualquiera de esas medidas, es conveniente que sea el propio órgano constitucional quien realice el sobredicho procedimiento, a fin de que vele por su estricto apego a derecho y, en su caso, pueda sustentar firmemente sobre él cualquiera de las mencionadas determinaciones. Por todo lo anterior, es procedente regularizar el procedimiento de un amparo uniinstancial cuando, ante el desconocimiento del domicilio correcto del tercero perjudicado, la autoridad responsable requiere al quejoso que señale el domicilio exacto de su contraparte, efectúa la investigación de tal domicilio, ordena que se emplace por edictos al tercero perjudicado y declara que el agraviado no recogió los edictos, no pagó su publicación o no acreditó que hubiesen sido editados. En tal caso, debe enmendarse el procedimiento, pues, como se ha visto, la realización de las enunciadas actuaciones no corresponde a la autoridad responsable sino al tribunal de garantías. Ahora bien, del expediente de amparo directo 120/2011 del índice del tribunal auxiliado se desprende lo siguiente: 1. Mediante oficio presentado el veinticinco de mayo de dos mil diez ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Circuito (foja 2), la presidenta de la Junta responsable remitió la demanda de amparo promovida por *********** contra el laudo de treinta de noviembre de dos mil nueve, dictado en el juicio laboral 904/2001, seguido por el quejoso contra ***********,********** e ***********. 2. En auto de veintiséis de mayo de dos mil diez (foja 9), el tribunal auxiliado admitió la demanda de garantías. En el mismo proveído, requirió a la autoridad responsable para que enviara las constancias de emplazamiento de los terceros perjudicados ***********,*********** e **********. 3. En auto de ocho de junio de dos mil diez (foja 30), se tuvo a la Junta responsable exhibiendo la constancia de emplazamiento de Pemex Exploración y Producción. Asimismo, se tuvo al juzgador común presentando una razón actuarial de treinta y uno de mayo de dos mil diez, en la cual se hizo constar que la fedataria de la Junta, al buscar a ********** e **********, se constituyó en la calle ***********, sin poder encontrar la manzana ********* ni el lote ***********(6). 4. En auto de dieciséis de junio de dos mil diez (foja 40), se tuvo al tribunal responsable exhibiendo la constancia del emplazamiento de ************, practicado en el local de la propia Junta. 5. En auto de veinticuatro de junio de dos mil diez (foja 49), se tuvo a la Junta responsable informando lo siguiente: a) que requirió al quejoso para que en el plazo de tres días proporcionara los domicilios correctos de ************ e ************ y b) que ordenó la investigación a la que se refiere el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. 6. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil diez (foja 94), se tuvo a la Junta responsable informando lo siguiente: a) que el quejoso no había proporcionado los domicilios correctos de ************ e *************, b) que la propia Junta ordenó emplazar por edictos a dichos terceros perjudicados y c) que ordenó notificar personalmente al agraviado para que recogiera los edictos. 7. En auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diez (foja 150), el tribunal auxiliado acordó lo siguiente: (se transcribe). Como se puede ver, en el trámite del presente amparo directo, la autoridad responsable realizó, entre otras, estas actuaciones: a) previno al quejoso para que señalara el domicilio correcto de los terceros perjudicados *********** e ***********; b) ordenó que se efectuara la investigación de su domicilio; c) ordenó que se emplazara por edictos a los mencionados terceros, y d) declaró que el agraviado no había recogido los edictos dentro del plazo que le fue concedido para tal efecto. Ahora bien, según se apuntó, la Junta responsable carecía de facultades legales para efectuar las enunciadas actuaciones, ya que éstas corresponden al presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento. En tal virtud, se ordena devolver los autos al tribunal auxiliado por medio de la secretaría de acuerdos a su cargo, para que se regularice el procedimiento a partir de auto de ocho de junio de dos mil diez, en los siguientes términos: a) Se determine si se actualiza la imposibilidad de la autoridad responsable para practicar el emplazamiento de *********** e ***********, por no constar en autos sus domicilios correctos (en la demanda de amparo o en el expediente natural). b) De actualizarse la referida imposibilidad, el presidente del tribunal auxiliado deberá seguir el procedimiento expuesto en el inicio de este considerando, a partir del inciso D). Lo anterior en el entendido de que en el tribunal auxiliado no se deberá dar de baja o archivar como asunto concluido el juicio de garantías en el que se actúa ni se deberán realizar las anotaciones respectivas en su libro de gobierno. Sirve de apoyo a todo lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 106/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen: ‘TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO DIRECTO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS A LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). Cabe apuntar que la imposibilidad de dar de baja el juicio de amparo directo y de realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno únicamente opera por lo que respecta al tribunal auxiliado y no por lo que toca a este órgano auxiliar. En efecto, de conformidad con el punto tercero del acuerdo 33/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(7) el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región sólo cuenta con competencia para apoyar a los tribunales auxiliados en el dictado de sentencias. Luego, al tratarse de un órgano estrictamente resolutor, se encuentra imposibilitado para mantener vigentes en sus registros juicios de amparo directo que estén en la etapa de instrucción. De ahí que este tribunal deba archivar como asunto concluido el expediente auxiliar en el que se actúa y realizar las anotaciones correspondientes en su libro de gobierno. Es así, porque no puede seguir conociendo del amparo directo que dio origen al auxilio, en tanto que ese juicio retornará a su fase de trámite ante el tribunal en el que se encuentra radicado, por haber sido ordenada la regularización del procedimiento. Ilustra sobre lo anterior, por identidad de razón, la tesis 1a. LXXX/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen: ‘TRIBUNALES COLEGIADOS AUXILIARES. AL CONCLUIR SU INTERVENCIÓN CON EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, LOS AUTOS DEBEN VOLVER A SU TRIBUNAL DE ORIGEN PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE RESPECTIVO.’ (se transcribe). Finalmente, no es obstáculo a la regularización ordenada el hecho de que el presidente del tribunal auxiliado haya acordado de conformidad las actuaciones practicadas en exceso por la Junta responsable. Tampoco es óbice a lo anterior, que en auto de presidencia del tribunal auxiliado dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil diez y en auto de presidencia de este tribunal auxiliar dictado el veinticinco de enero de dos mil once, el asunto haya sido, respectivamente, turnado y returnado a ponencia para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse que los referidos proveídos de presidencia no causan estado ni son vinculantes para el Pleno del Tribunal Colegiado, por lo que en virtud de esta resolución quedarán insubsistentes. Esto, porque el propio Pleno del órgano constitucional es el que debe decidir en definitiva si se siguió de forma correcta el trámite del amparo directo, a fin de determinar si el asunto efectivamente se encuentra en estado de dictar sentencia. Sobre el tema, se comparte y se estima aplicable por analogía la jurisprudencia 669 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo contenido se reproduce enseguida: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA. NO CAUSAN ESTADO LOS.’ (se transcribe). Así las cosas, dado que este tribunal de garantías auxilia al de origen en el conocimiento del presente asunto, indudablemente cuenta con la facultad de examinar el trámite del amparo directo en el que se actúa y de ordenar que sea regularizado. Al respecto, cabe hacer hincapié en que el tribunal auxiliar puede hacer todo lo que el de origen haría si estuviera resolviendo. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, aplicable al caso por analogía, criterio que establece: ‘ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA.’ (se transcribe)."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación RR. 4/2005, expresó:
"CUARTO. En una parte de sus agravios, la recurrente señala, esencialmente, que el auto impugnado carece de claridad, precisión y congruencia, debido a: Que correspondía a la Sala responsable la facultad de emplazar al tercero perjudicado, así como de requerir a la quejosa para que proporcionara los domicilios respectivos y, en su caso, para que se realizara la publicación de edictos a su costa, apercibiéndole en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, por lo que la peticionaria de garantías debió ser requerida por dicha autoridad y no por este Tribunal Colegiado. Que la quejosa dio cumplimiento al requerimiento contenido en auto de veintiocho de enero de dos mil cinco, mediante la presentación de los recibos de pago correspondientes a la publicación de edictos ante el Diario Oficial de la Federación y del periódico La Prensa, los cuales señalaban los días en que se realizarían las publicaciones correspondientes. Que los edictos fueron recibidos por persona autorizada por la quejosa el diez de enero de dos mil cinco, pero no contenían el nombre de uno de los terceros perjudicados, omisión que observó la propia quejosa antes de realizar el pago para su publicación, haciéndola saber a la Sala responsable, quien la subsanó a través de proveído de tres de febrero de dos mil cinco, expidiendo nuevos edictos, de manera que la ausencia de exhibición de la publicación de los edictos, no implicó falta de interés jurídico de la peticionaria de amparo para tramitar tal publicación. Que la publicación de los edictos en el Diario Oficial de la Federación se realizaría cinco días después de realizado el pago correspondiente, por disposición de ese órgano de difusión oficial, sin que la quejosa pudiera obligarlo a que se efectuara el día elegido por ella, de modo que resultó ilógico exigirle que exhibiera la publicación en el término ordenado por auto de veintiocho de enero del año en curso, pues nadie está obligado a lo imposible. Los anteriores agravios se analizan de manera conjunta, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, atendiendo a la estrecha vinculación de las cuestiones que comprenden, y son fundados. En efecto, el Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra facultado para prevenir al quejoso, en el amparo directo, a fin de que subsane las omisiones o irregularidades en que haya incurrido en su demanda de garantías, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Artículo 178.’ (se transcribe). Los requisitos previstos en el artículo 166 de la misma ley reglamentaria, citado en el precep
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23276-62870347/amparo-directo-por-regla-general-corresponde-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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