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Modo: Corpus Pro

TERCERO INTERESADO. EL DESCONOCIMIENTO DE SU DOMICILIO, PARA EFECTOS DE SU PRIMERA NOTIFICACIÓN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO, IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE REQUERIR A AQUELLAS AUTORIDADES QUE, AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR, PUDIERAN TENER UN DATO CIERTO SOBRE AQUÉL, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 254/2016. · Registro digital (IUS): 27057
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-04-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRC
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 1032.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 254/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS. 8 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

CONSIDERANDO:

7. PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema de la materia común del cual puede conocer esta Segunda Sala; además, se considera que resulta innecesaria la intervención del Pleno.

8. SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, quien figuró dentro del juicio del que derivó el recurso de revisión 100/2016 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, residente en la misma localidad (se trató del órgano jurisdiccional que emitió la sentencia ahí impugnada).

9. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 74/2013 (10a.) de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos nueve, Libro XX, Tomo 1, correspondiente a mayo de dos mil trece, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito y, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización. Sin embargo, atento al principio de seguridad jurídica que pretende regularse a través de esa disposición constitucional y a que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se concluye que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar ante este Alto Tribunal contradicciones de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de un mismo Circuito."

10. Asimismo, en la parte considerativa, resulta orientadora la tesis aislada 2a. LXXXV/2012 (10a.) de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil treinta y siete, Libro XV, Tomo 1, correspondiente a diciembre de dos mil doce, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR ESTÁ FACULTADO PARA DENUNCIARLA. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Jueces de Distrito podrán denunciar una contradicción de tesis; en ese tenor el secretario de Juzgado de Distrito encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puede denunciar contradicciones de tesis, pues al sustituir en sus funciones al titular, con autorización del Consejo de la Judicatura Federal, durante ese periodo tiene las facultades inherentes en su carácter de sustituto de aquél, como son la resolución de los juicios de amparo cuyas audiencias se hubiesen fijado durante ese lapso e incluso para pronunciar sentencia definitiva en procedimientos diversos a los de la materia de amparo, es decir, cuenta con todas las funciones jurisdiccionales del Juez de Distrito; lo anterior con el objeto de observar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén de que se estima que sí cuenta con las facultades aludidas durante dicho lapso, pues lo que se resuelve en una contradicción de tesis permite establecer criterios jurídicos que servirán para resolver y brindar certeza jurídica respecto de aspectos jurisdiccionales, lo que corrobora su facultad de hacer la denuncia respectiva, además de que de no hacerlo dejaría de cumplir con la función inherente al cargo."

11. TERCERO.-Es pertinente tener en cuenta lo considerado en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

12. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, falló en sesión de veinticuatro de julio de dos mil catorce el recurso de queja 117/2014, y señaló respecto a la primera notificación al tercero interesado lo siguiente:

"Por otra parte, debe decirse lo siguiente:

"El artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo dispone: (lo transcribió)

"...

"De conformidad con lo transcrito, se colige que la obligación del juzgador para investigar el domicilio del tercero interesado previo a su emplazamiento por edictos no es ilimitada, sino que queda a su prudente arbitrio atendiendo a las particularidades de cada caso, ya que en dicho precepto se establece que el órgano jurisdiccional dictará las medidas ‘que estime’ pertinentes y que ‘podrá’ requerir a la responsable, para que le proporcione el que ante ella se hubiera señalado, es decir, se trata de una facultad discrecional del Tribunal de amparo; sin embargo, sí lo realizó, al requerirse al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, autoridad responsable señalada por las quejosas en su demanda de amparo; luego, si de constancias se desprende que el a quo, giró instrucciones a diversas dependencias públicas (Secretaría de la Función Pública; jefe del Servicio de Administración Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social), solicitando el domicilio a (sic) la empresa tercero interesada, autoridades que se consideraron conducentes, sin obtenerse diverso domicilio al señalado por las quejosas para el emplazamiento; resulta inconcuso que con ello quedó satisfecha la aludida obligación de investigación, sin que pueda seguir paralizado el juicio de amparo al arbitrio de las quejosas que consideran que hay otras instituciones que pudieran tener información, pues con ello se estaría contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que se entorpecería la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley.

"Por otra parte, si bien las recurrentes señalan que la moral tercero interesada es una empresa dedicada a los viajes, y que, por ello, se debió requerir a las Secretarías de Turismo; no menos cierto lo es, que como se dijo en líneas que anteceden, la decisión de a qué dependencias se deben requerir para la búsqueda y localización del tercero interesado, queda al prudente arbitrio del juzgador de amparo; y de las constancias de autos se desprende que debidamente requirió a dependencias que pudieran tener información de dicha tercero, como lo es la Secretaría de la Función Pública (señalada por las recurrentes); como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Servicio de Administración Tributaria.

"Aunado a ello debe precisarse, que tan fueron prudentes dichos requerimientos, que todas las dependencias señaladas proporcionaron el domicilio encontrado en su base de datos; sin que sea imputable al juzgador que haya sido el mismo que las quejosas proporcionaron, y en el que no se pudo llevar a cabo su emplazamiento por ser el domicilio correcto, como se desprendió de la razón levantada por el actuario adscrito al Juzgado de Distrito.

"Por otro lado, deviene también infundada la aseveración de las recurrentes, de que el Juez de Distrito debió emplazar a la tercero en el domicilio que señaló expresamente ante las Secretarías de Educación Pública y de la Función Pública, y si no atendían al llamamiento debió ser por lista, como lo señala la parte final del inciso b) de la fracción III del citado numeral, pues es un procedimiento seguido en forma de juicio.

"Lo anterior es así, pues como se dijo, el domicilio que proporcionó la Secretaría de la Función Pública (autoridad responsable), fue el mismo donde no se pudo llevar a cabo el emplazamiento.

"Y por otra parte, no es jurídicamente factible aplicar lo que señala el numeral, en específico que la notificación se haga en el último domicilio señalado en el juicio de origen, pues del citado arábigo se desprende que para que opere esta opción, el juicio debe ser del orden judicial, lo que no acontece en el caso concreto, al tratarse de un procedimiento administrativo, derivado de una licitación pública.

"Aunado a que, de autos se desprende, el juzgador requirió a la autoridad responsable Secretaría de la Función Pública el domicilio para que pudiera ser localizada la tercero, siendo el mismo señalado en autos donde no se pudo llevar a cabo éste, cumpliendo con lo señalado en el numeral 27 de la ley de la materia, que señala que el Juez podrá requerir a la responsable el domicilio."

13. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, emitió sentencia el dieciocho de septiembre de dos mil quince en el amparo en revisión auxiliar 703/2015 (en apoyo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito), en la cual señaló:

"2.2. Indebida interpretación del precepto que prevé la notificación por edictos. Agravio inoperante.

"...

"Ahora, en el proveído de catorce de mayo de dos mil catorce se ordenó la notificación por edictos que originó el sobreseimiento del juicio constitucional.

"En ese proveído, en cuanto al tema de interés, el Juez determinó lo siguiente:

"...

"El proveído de catorce de mayo de dos mil catorce fue impugnado a través del recurso de queja (117/2014) que interpusieron las personas morales quejosas y en sesión de veinticuatro de julio de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado Auxiliado (Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito), determinó procedente pero infundado dicho medio de impugnación.

"Las consideraciones que expuso dicho tribunal para arribar a tal conclusión son las siguientes: (las transcribió)

"...

"El cuatro de septiembre de dos mil catorce, el Juez celebró la audiencia constitucional; en dicha actuación procesal, el secretario realizó la relación de constancias del juicio constitucional y dio cuenta con el escrito registrado con el número de correspondencia 018029.

"El citado funcionario además certificó que las quejosas no desahogaron el requerimiento efectuado en proveído de catorce de mayo de dos mil catorce (foja 545 vuelta), a efecto de acreditar el pago de las publicaciones de los edictos, además, certificó que dicho plazo transcurrió del quince al diecinueve de agosto de dos mil catorce.

"Por tanto, el Juez Federal determinó hacer efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes mencionado y únicamente ordenó agregar sin mayor proveído el escrito a través del cual las quejosas acreditaron el pago de los edictos en el Diario Oficial de la Federación (por tres veces) y por una ocasión en uno de los periódicos de mayor circulación en el país (El Sol de México) con el argumento de que ya había fenecido el plazo para acreditar los pagos, además de que las erogaciones de las publicaciones habían sido realizadas el veintinueve de agosto y dos de septiembre de ese año, esto es, posterior al plazo señalado para tal efecto.

"En la sentencia recurrida, el Juez sobreseyó en el juicio de amparo, al estimar acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, que se refiere a la hipótesis de cuando el quejoso no acredite haber realizado el pago, publicación y exhibición de los edictos para emplazar al tercero interesado en el juicio constitucional.

"Ahora bien, este Tribunal Colegiado advierte un impedimento técnico por el cual no es dable pronunciarse respecto a si el Juez de Distrito se ajustó al trámite del procedimiento de emplazamiento por edictos.

"Como se ha relatado, en el auto de catorce de mayo de dos mil catorce, se estableció la forma en que debía cumplirse con el emplazamiento por edictos y los plazos ahí señalados (a saber, veinte días para recoger la notificación y tres días siguientes para acreditar el pago de las publicaciones, las cuales debía exhibir progresivamente), en virtud a que dicho proveído fue impugnado a través del recurso de queja que interpusieron las quejosas, se confirmó en sus términos ese acuerdo; incluidos, -por supuesto-, los términos y plazos establecidos por el juzgador de amparo.

"En efecto, el referido recurso dejó firmes todas las cuestiones del proveído, de suerte que en el recurso de revisión no puede ser materia de análisis nuevamente, en atención al principio de seguridad jurídica y cosa juzgada que deben prevalecer, ya que, se reitera, dicho auto fue materia de impugnación, sin que se originara su modificación o revocación.

"En ese orden de ideas, lo resuelto en el recurso de queja adquirió la calidad de cosa juzgada propia de toda decisión jurisdiccional y, por ende, es irrebatible, indiscutible e inmodificable, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica de los gobernados.

"Por tanto, tienen el carácter de inoperantes los argumentos que tienden a cuestionar lo determinado en el proveído de catorce de mayo de dos mil catorce.

"Y si bien, como lo refieren las inconformes, tal decisión acaeció en el trámite del juicio de amparo indirecto y en su caso sería dable analizarlo a través del recurso de revisión, lo destacable es que el proveído de mérito fue materia de análisis a través del recurso correspondiente y no es dable jurídicamente volver a examinarlo, ya que quedó firme en todos sus términos.

"En ese sentido, este Tribunal Colegiado advierte un impedimento técnico para analizar los argumentos que las inconformes proponen respecto de una interpretación diversa a la que hizo el resolutor federal de los términos y plazos establecidos en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para la realización del emplazamiento a juicio a través de edictos."

14. En sesión de catorce de abril de dos mil dieciséis, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, resolvió el amparo en revisión 100/2016 en el sentido siguiente:

"QUINTO.-Estudio del asunto.

"Tomando en consideración el sentido que regirá esta ejecutoria, resulta innecesario analizar los agravios hechos valer por el recurrente, en virtud de que se advierte la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento que trascendió al sentido de la sentencia, lo que conlleva a (sic) ordenar la reposición de aquél en términos de la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo.

"Ello es así, en virtud de que de las constancias que conforman el juicio de amparo si bien es cierto, se aprecia que el a quo ordenó la investigación para localizar el domicilio del tercero interesado, este Tribunal Colegiado estima que la misma es incompleta, pues no se requirió a todas las instituciones posibles el domicilio de éste, como son Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Oficina Recaudadora del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl de esta entidad, a las empresas de telefonía celular, así como a las instituciones de crédito.

"En efecto, el juzgador de amparo en acuerdos de catorce y veintidós de octubre de dos mil quince, determinó que se agotaron los medios para la investigación del domicilio del tercero interesado, por lo que se otorgó el plazo de tres días al quejoso para que recogiera los edictos a fin de llevar el emplazamiento de aquél.

"Asimismo, es necesario indicar que en autos obran diversos oficios enviados por el Juez de Amparo a fin de lograr la localización del buscado, como son los dirigidos a la Comisión Federal de Electricidad, director ejecutivo del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional Electoral, Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, administrador central de Identificación de Contribuyente de la Administración General de Servicios al Contribuyente, del Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Movilidad del Distrito Federal y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México.

"Sin embargo, este tribunal considera que en el presente asunto se debió ampliar la búsqueda del tercero interesado Eugenio Ruiz Bolaños, para lo cual se debieron librar otros oficios, para pedir información a efecto de lograr su emplazamiento, motivo por el cual el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil quince, en el que se previene al quejoso Miguel Ángel Palacios García, para que con fundamento en la fracción II del artículo 297 del código adjetivo de la materia en el término de tres días contados a partir de la legal notificación, recogiera los edictos y procediera a su publicación en el término de veinte días, resulta contrario a derecho.

"Esto es así, porque además de las autoridades a las que giró oficio el Juez de amparo para pedir informes sobre el domicilio de la antes indicada, existen otras instituciones que pueden tener registrado su domicilio, por lo que se debió ampliar la investigación para obtener su domicilio cierto, motivo por el cual, el a quo también debió girar oficio a diversas instituciones, como las antes referidas (Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Oficina Recaudadora del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl de esta entidad, a las empresas de telefonía celular, así como a las instituciones de crédito), pues es posible que éstas cuenten con una base de datos amplia en la que puedan tenerse los datos necesarios para la localización del domicilio buscado, por lo que, al omitir requerir dicha información a las instituciones referidas vulnera los derechos de la parte recurrente.

"En este sentido este Tribunal Colegiado, estima que se debe procurar la debida integración jurídico-procesal en el juicio, y realizar cabalmente el llamado a éste de la tercera interesada agotando el Juez de Amparo los medios a su alcance para localizarla y evitar que, sin mayor trámite, se imponga al quejoso la responsabilidad de que sea él quien soporte la carga procesal y económica de una incompleta investigación de los domicilios mencionados, ya que de acuerdo con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el emplazamiento por edictos debe llevarse de manera especialísima, como una verdadera excepción a la regla general de la notificación personal, y no como un recurso inmediato.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis III.4o.C.23 C (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. EL JUZGADOR DEBE ATENDER TANTO A UN ASPECTO CUALITATIVO COMO CUANTITATIVO EN RELACIÓN CON LAS AUTORIDADES O INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO A LAS CUALES REQUIERE INFORMACIÓN CON EL OBJETO DE LOCALIZAR AL DEMANDADO, ELLO EN ATENCIÓN AL TIPO DE INFORMACIÓN CON LA QUE ÉSTAS CUENTEN PARA ESE EFECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO).’ (la transcribió)

"En ese contexto, debe decirse que la violación procesal indicada trasciende al sentido del fallo, dado que en éste se sobreseyó en el juicio, bajo la premisa, de que el quejoso incumplió con la carga procesal consistente en no dar cumplimiento a la publicación de edictos a efecto de emplazar a juicio al tercero interesado, al desconocerse su domicilio, empero, de las constancias del juicio de amparo se aprecia que la investigación realizada a ese efecto es incompleta, de ahí, que en el caso, sí es dable en atención a la citada violación procesal, revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento."

15. CUARTO.-La circunstancia de que las consideraciones y decisiones de los Tribunales Colegiados de Circuito que aparecen como contendientes, no constituyan jurisprudencia ni estén expuestas formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones correspondientes, no representa obstáculo para que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ocupe de la posible contradicción de tesis, pues a fin de que se determine su existencia, es criterio fijado por el Tribunal Pleno que basta para ello con que se adopten criterios diferentes, al resolver sobre un mismo punto de derecho.

16. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia plenaria P./J. 27/2001, consultable en la página setenta y siete, Tomo XIII, correspondiente al mes de abril de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que tiene por rubro y texto los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

17. Asimismo, por analogía, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos diecinueve, Tomo XII, correspondiente a noviembre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

18. QUINTO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

19. Al respecto, el Tribunal Pleno sostiene que una forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en ese tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por esos órganos jurisdiccionales.

20. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, se requiere determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una discrepancia en el proceso de interpretación, para lo cual será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de determinar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas.

21. De tal suerte que si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, y no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumpla con las siguientes condiciones:

• Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método cualquiera que fuese; y,

• Que la interpretación gire respecto del mismo problema jurídico y que sobre éste los tribunales adopten criterios jurídicos discrepantes respecto de la solución adoptada en la controversia planteada aunque no se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales.

22. Ello quedó de manifiesto en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en la página siete, Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27057-0a1f0b3c/tercero-interesado-el-desconocimiento-de-su-domicilio-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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