EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO (INCULPADO). PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL QUEJOSO, AUN EN LOS CASOS EN QUE SE RECLAME LA NEGATIVA DE EMITIR LA ORDEN DE APREHENSIÓN, CON LA SOLA EXCEPCIÓN PARA EXIMIRLO CUANDO, A JUICIO DEL JUZGADOR SE TRATE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO, LUIS PÉREZ DE LA FUENTE Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. DISIDENTE: TAISSIA CRUZ PARCERO. PONENTE: RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ. SECRETARIO: MANUEL ANTONIO CORREA DIP.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 9o., 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue realizada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios en contradicción.
Las consideraciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, declaro infundado el recurso de queja 15/2018, al considerar que procede el pago de edictos a costa del quejoso si éste no acreditó su estado de insolvencia, sin que sea necesario para dictar tal determinación y eximir al quejoso de dicha carga, el hecho que cuando el acto reclamado sea la negativa de orden de aprehensión, la no localización del tercero interesado obedece, invariablemente y siempre, a que éste tiene la finalidad de no ser localizado, en tanto su no localización puede obedecer a razones diversas y se da en cualquier litigo, aunado a que ello, le impediría comparecer al juicio y hacer valer lo que a su interés convenga, a fin de defender la constitucionalidad del acto reclamado por la quejosa.
Los argumentos de la decisión, son:
"VISTOS, para resolver, los autos del recurso de queja 15/2018.
RESULTANDO:
"1. Recurso. **********, a través de su autorizado, interpuso queja contra el auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete en los autos del juicio de amparo 690/2017-V, dictado por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el cual, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de ese mes y año, y en consecuencia ordenó emplazar a la tercero interesada **********, por medio de edictos, los que deberán publicarse a costa del quejoso.(1)
"2. Admisión. El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el recurso fue admitido a trámite y radicado como queja 15/2018.(2)
"3. Turno. Por acuerdo de seis de febrero del año en curso, se turnó el asunto al Magistrado ponente, para la formulación del proyecto de resolución;(3) y,
"CONSIDERANDO:
"I. Competencia. Este tribunal es competente para conocer y resolver este expediente que se formó por la interposición de una queja prevista en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 37, fracción III, 38 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el auto recurrido fue dictado durante la tramitación del juicio de amparo en materia penal, instruido por un juzgado de esa especialidad y con sede en este Circuito.
"II. Oportunidad. El recurso es oportuno, pues se interpuso el primer día del plazo previsto para ello.(4)
"III. Decisión. Es infundada la queja.
"El juicio de amparo de donde emana este medio de impugnación, fue promovido por el hoy recurrente ********** –en adelante sólo **********–, contra la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca penal **********, de su índice, mediante la cual confirmó la negativa de la orden de aprehensión de cinco de abril del año en curso, emitida por la Juez Primero Penal de esta ciudad, en la causa penal **********.
"El delito materia de análisis en la determinación combatida fue el de fraude genérico, que en su momento denunció ********** contra los probables responsables ********** –en adelante **********– y ********** –en adelante **********–, en la averiguación previa **********.
"Por ese motivo y confirmada dicha relación procesal (denunciante e indiciados) por la Juez responsable en su informe justificado,(5) en auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete,(6) el Juzgado de Distrito ordenó el emplazamiento a juicio de ********** y **********, en carácter de terceros interesados, con base en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.(7)
"********** fue emplazado al día siguiente (veinte de julio), en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad.(8)
"Empero **********, a pesar de la investigación que emprendió el Juzgado de Distrito a efecto de localizarla y llamarla a juicio, no pudo lograr tal cometido, pues no consiguió su paradero en ninguno de los domicilios que le fueron proporcionados –por las autoridades e instituciones administrativas a quien les requirió información– para los fines señalados.
"Incluso, a lo argüido en el párrafo anterior, debe sumarse que este Tribunal Colegiado, en la queja 148/2017,(9) declaró fundado dicho medio de impugnación, al advertir que no había sido atingente que el Juzgado de Distrito –en su momento– ordenara el emplazamiento por edictos de **********, cuando la investigación relativa a los domicilios en los que ésta podría ser localizada, aún no se había completado. Por lo cual, este órgano colegiado en la ejecutoria respectiva, instó al juzgado recurrido para que realizara la práctica de determinadas diligencias (que en la propia determinación se precisaron)(10) a efecto de que se agotara la investigación correspondiente y, una vez hecho esto, en caso que aun así no se lograra la localización de la referida tercero interesada, acordara lo conducente al emplazamiento vía edictos, ya sea a costa del Consejo de la Judicatura Federal (en el supuesto de que se acreditara la imposibilidad de pago), o bien, a cargo del propio accionante del amparo, **********.
"Diligencias –ordenadas– que la Juez de Distrito llevó a cabo en su totalidad,(11) pero que a pesar de ello, el resultado continuó siendo el mismo, dado que no se logró la localización y el emplazamiento de **********.
"Como se verá, en los agravios que esgrime el recurrente en la presente queja, no se observa que cuestione o que controvierta algún tópico relacionado a la investigación del domicilio que se hizo en torno a la referida tercero interesada (la que concluyó en sentido negativo), ni tampoco se aprecia que sea objeto de impugnación, el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en el que la Juez de Amparo habiendo realizado un análisis del sumario, determinó que no se acreditaba que ********** sea una persona de escasos recursos y que, por ende, no cuente con capacidad económica para sufragar el pago de los edictos a efecto de emplazar a **********, siendo que en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal en la queja 148/2017, lo requirió de nueva cuenta para que en el plazo de tres días, estuviese en posibilidad de demostrar tal extremo, o sea, la imposibilidad económica que adujo tener para erogar el pago correspondiente, lo cual, tal como se certificó en el auto recurrido de veintiocho siguiente, no hizo ninguna manifestación al respecto.
"Por ende, como en lo relativo a la investigación del domicilio de la tercero interesada no se observa motivo por el cual haya que suplir la deficiencia de la queja,(12) aunado a que se trata de un pronunciamiento firme el proveído de diecinueve de diciembre del año pasado, donde se estableció que en autos no se acreditó que el quejoso tuviese incapacidad económica para los fines señalados (pues fue susceptible de haberse recurrido); se precisa que la materia de la presente queja se delimita al auto impugnado en mención –de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete–, en el que la juzgadora federal ordenó el emplazamiento por edictos de **********, lo cual correría a costa del propio impetrante (**********), por no haberse probado el estado de imposibilidad económica que adujo poseer.
"En esa tesitura, se tiene que el recurrente en contra de la anterior determinación, en síntesis, arguye lo siguiente en sus motivos de agravio:
"• La Juez de Distrito omitió realizar un ejercicio de ponderación del derecho humano del quejoso al acceso a la administración de justicia, al igual que el derecho de audiencia que tiene el tercero interesado, pues tales prerrogativas se protegen en mejor medida cuando se procura que el emplazamiento sea personal, en razón de que los edictos (que son una excepción a aquella forma a la notificación personal) tienen una eficacia comunicativa considerablemente menor.
"Por lo que, de ordenar el emplazamiento del tercero interesado por edictos, el juzgador dependiendo de los datos que se adviertan del juicio, el tipo de derechos afectados y atendiendo a la naturaleza del acto, deberá determinar si constituye una carga justa y equitativa que el quejoso erogue los gastos de la notificación, a fin de que no se sobresea en el juicio; mas cuando el acto reclamado se hace consistir en una resolución judicial que negó librar la orden de aprehensión en contra del tercero interesado –como ocurre en la especie–, lo cual debió haber sido ponderado, ya que es evidente que cuando todavía se encuentra sub júdice la pretensión ministerial de obtener una orden de aprehensión, se entiende que las personas imputadas en la comisión del delito –por regla general– tienen interés en no ser localizadas.
"Por lo que en el caso, no es una medida proporcional ni equitativa que ********** sufrague los gastos de los edictos, cuando cumplió con la obligación de señalar el nombre de la tercero interesada y proporcionar domicilio para su emplazamiento.
"Sustentando lo anterior, en la tesis I.8o.P.16 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (emanada del amparo en revisión 336/2016, de su índice), de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO (INCULPADO) EN EL JUICIO DE AMPARO. ANTES DE ORDENAR SU PUBLICACIÓN POR EDICTOS, CON CARGO AL QUEJOSO (VÍCTIMA U OFENDIDO), EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO.’
"Es infundado el planteamiento del quejoso y en lo no alegado, nada que suplir.
"El artículo 17 constitucional, que reconoce el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional, en su segundo párrafo, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 17. ...
"‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ...’
"De acuerdo al texto fundamental en cita, en la administración e impartición de justicia se encuentran prohibidas las costas judiciales, mas no las costas procesales.
"En efecto, el principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado.
"Situación contraria que conllevan las denominadas ‘costas procesales’, ya que éstas se refieren a los gastos y erogaciones que las partes (que intervienen en un litigio) deben de efectuar con motivo del proceso que se trate.
"En esa guisa, el derecho de acceso a la justicia gratuita se protege y se garantiza desde el momento en que sin costo alguno y sin la necesidad de hacer pagos adicionales en los emolumentos que tienen conferidos los servidores públicos, el gobernado se encuentra en libertad de instar a los órganos de gobierno encargados de la administración e impartición de justicia, a fin de hacer valer sus pretensiones jurídicas para que a la postre, mediante el dictado de una sentencia, puedan ser judicialmente reconocidas. En otras palabras, no se cobra por accionar a los órganos y tribunales materialmente jurisdiccionales.
"Empero, en todo procedimiento o juicio surgen gastos que son necesarios que sean sufragados no sólo para que el promovente de la acción ejerza adecuadamente sus derechos, sino para el correcto desenvolvimiento de los mismos, es decir, para que el proceso respectivo continúe su curso legal y en su momento se emita la resolución conforme a derecho corresponda, verbigracia, el pago de honorarios a abogados particulares, expedición de documentos o de copias, elaboración de promociones, ofrecimiento de pruebas, etcétera. Gastos que sí deben ser cubiertos, directamente, por el promovente de la acción, porque se entiende que es el principal interesado en que el procedimiento o juicio que accionó, sea concluido en todas sus etapas con la finalidad de obtener una sentencia que resulte en sentido favorable a sus intereses legales.
"De tal manera que las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas de esa misma índole, lejos de importar un costo por la administración de justicia (costas judiciales), constituyen el importe que cada litigante asume cubrir –o no– como necesario durante su intervención en el proceso (costas procesales), a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, lo cual es perfectamente válido conforme al principio de gratuidad reconocido en el artículo 17 constitucional, pues lo anterior, como se dijo, no implica el pago de costas judiciales.
"Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 2/2014 (10a.),(13) al interpretar el texto del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (ley abrogada), que preveía la notificación del ‘tercero perjudicado’ por edictos a costa del quejoso (al igual que en la actualidad lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la ley de la materia en vigor),(14) determinó que el eventual pago que realice el quejoso por la publicación de los edictos para poder continuar el juicio de amparo, no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el aludido precepto constitucional, ya que el acto de publicación en los medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material, por el cual, una entidad ajena al tribunal, da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para poder continuar con el trámite del juicio de amparo.
"Jurisprudencia que reza:
"‘EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. Por lo anterior, y acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles a que remite aquél, deriva que la publicación de los edictos ‘a costa del quejoso’ a que se refiere el primero, corresponde únicamente al importe total que se cobre por dicha publicación en: a) el Diario Oficial de la Federación; y, b) un periódico diario de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces, la eventual erogación que realice el quejoso por la publicación de los edictos para poder continuar el juicio de amparo, no contraviene el principio de justicia gratuita porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material, por el cual, una entidad ajena al tribunal, da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para poder continuar con el trámite del juicio de amparo.’
"Y es que adverso a lo que argumenta el recurrente en sus motivos de desacuerdo (apoyándose en el criterio aislado de diverso Tribunal Colegiado que más adelante se aludirá al respecto), el emplazamiento por medio de edictos, no es una figura jurídica que irrogue perjuicio en las prerrogativas fundamentales del quejoso –ni tampoco del propio tercero interesado–, pues cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, no siendo arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, por lo cual es constitucionalmente válida, tal como la Primera Sala del Alto Tribunal del País lo definió en la jurisprudencia 1a./J. 4/2014 (10a.), que dice:
"‘EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento.’
"Sin embargo, aunque es verdad que la orden de emplazamiento vía edictos y el pago, correspondiente, que de ellos se deba realizar para su publicación, tiene la naturaleza de una costa procesal (constitucionalmente válida) que debe asumir el promovente de la acción, en el caso, la parte quejosa, ya que es el principal interesado en que no se sobresea en el juicio –que promovió– a efecto de que en su oportunidad, se analice la constitucionalidad del acto que le reclamó a las autoridades responsables, y de ese modo, se emita una sentencia que resuelva el fondo del asunto –susceptible de que pueda resultar benéfica para sus intereses legales– por otro lado, no menos verdad es que tanto legal como jurisprudencialmente se ha sensibilizado que el factor económico –en determinados casos– puede representar un auténtico obstáculo que impida e imposibilite al quejoso el ejercicio pleno del derecho de acceso a la justicia.
"Lo anterior, porque es evidente que el impacto que contrae la orden de emplazamiento por edictos es naturalmente presupuestaria, pues de manera inexorable, para que se satisfaga tal carga procesal, el promovente de la acción (quejoso) debe erogar determinada cantidad de dinero a medios de comunicación masiva (oficial y particular), a fin de que se materialice dicha forma de notificación y llamado a juicio.
"De ese modo, aunque no se soslaya que es deber del quejoso asumir las cargas procesales que se susciten durante la tramitación del juicio, como lo son el pago de las costas procesales que se lleguen a originar; tampoco se ha ignorado que esa clase de costas pudieran ser imposibles de cubrir, para quienes no tienen las condiciones ni las opciones materiales para hacerlo, precisamente al tener indisponibilidad económica (por cualquier razón por la que ésta pudiese acontecer) para afrontar un costo como el que puede representar la publicación de edictos tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en un periódico de circulación nacional.
"Así, encontramos que en la propia Ley de Amparo en vigor, en su artículo 27, fracción III, inciso c), de manera expresa establece que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso.
"Sin soslayar que desde la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (o sea, desde antes de la entrada en vigor de la ley de la materia, que actualmente nos rige), el Máximo Tribunal de la Nación emitió criterios en el mismo tenor, o sea, en el sentido que el juzgador de amparo debía ponderar las particularidades de cada caso, de manera que si el quejoso comparecía a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto como el argüido, y tanto de su afirmación como de los elementos que constaran en autos existían indicios suficientes que demostraran que no tenía la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podría determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publicara los edictos para emplazar al entonces denominado ‘tercero perjudicado’; tal como se explica en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010,(15) que dice:
"‘EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.—Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: «EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.», pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo.’
"De ahí, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.),(16) haya establecido que la notificación por edictos a costa del quejoso, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos económicos para sufragarlos, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo, mediante la manifestación que haga el impetrante al Juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
"Entonces, de acuerdo a lo que hasta aquí se ha explicado, se colige que:
"• El emplazamiento por edictos es una figura procesal constitucionalmente válida, que no vulnera el principio de gratuidad en la justicia reconocido dentro del derecho al acceso a la tutela jurisdiccional, por lo que no trastoca derechos ni del quejoso ni del tercero interesado.
"• Se trata de una costa procesal que conforme a la naturaleza jurídica que la ciñe, debe ser asumida y sufragada por el propio accionante del amparo, al tratarse del principal interesado en que el juicio se resuelva de fondo (a través del dictado de una sentencia definitiva); siendo que para que ello suceda, es necesario que la litis se halle correctamente integrada, como lo es que todas las partes que también pudiesen tener legitimación para intervenir en el asunto (como ocurre con los terceros interesados), estén debidamente emplazadas y notificadas.
"• La excepción al punto anterior, la constituye la manifestación de imposibilidad de pago por indisponibilidad económica, que al respecto haga valer el quejoso, porque es evidente que el impacto que contrae la orden de emplazamiento por edictos es meramente presupuestaria; por lo que de acreditarse tal circunstancia, el pago de la publicación de los edictos correrá a costa del Consejo de la Judicatura Federal.
"Factores que imperan en el juicio de amparo, con independencia del carácter procesal que en el acto reclamado pudieran tener tanto el quejoso como el tercero interesado, como por ejemplo, en materia penal, de inculpado o de víctima/ofendido. Esto, pues el emplazamiento de las partes que conforman al controvertido constitucional, constituye un presupuesto procesal necesario, para que las autoridades de amparo puedan analizar el fondo de los argumentos propuestos en la litis, lo cual, el Alto Tribunal del País en la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.),(17) ha establecido que no es violatorio del derecho fundamental a un recurso judicial efectivo.
"‘DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28291-9f229371/emplazamiento-por-edictos-al-tercero-interesado-inculpado-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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