EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 275/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EN APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, RESPECTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema de materia común que, por derivar de asuntos de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 250/2009.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente pues, en el caso, fue realizada por el Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras, presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del actual Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. El diecinueve de abril de dos mil trece, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (tribunal denunciante) resolvió el recurso de queja 9/2013, del que es necesario conocer los antecedentes:
• ********** interpuso recurso de queja en contra de los autos de tres y quince de enero de dos mil trece, dictados en el juicio de amparo indirecto 804/2012-IV, mediante los cuales se ordenó el emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, así como negar la petición de que se regularizara el procedimiento para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal cubriera el costo de los edictos, por no advertirse de las constancias del juicio que el agraviado estuviere imposibilitado económicamente para ello, respectivamente.
• De dicho recurso correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió que era infundada la queja, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
• El emplazamiento encuentra su origen en el artículo 14 constitucional, dentro de las formalidades esenciales del procedimiento en lo referente a la audiencia previa. Su realización para salvaguardar el derecho fundamental a la audiencia previa del enjuiciado, cuya esencia se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados.
• El artículo 17 constitucional garantiza a los gobernados el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, donde no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado, también contempla el principio de gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales.
• Cuando el emplazamiento no puede efectuarse de manera habitual, la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo prevé la necesidad de que se efectúe a través de edictos, no obstante, ese medio de notificación implica un costo, cuya erogación el legislador impuso en el juicio de amparo a quien insta el órgano jurisdiccional.
• Existe un criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." que, como excepción a la regla general, dispensa al quejoso de cubrir el costo de los edictos cuando manifieste al tribunal que no cuenta con la capacidad económica para ello y lo acredite indiciariamente. Ello resulta proporcional a fin de no mermar el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, así como el principio de gratuidad.
• Sobre esa base, es inconcuso que es convencional la medida decretada en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece la imposición del costo de edictos a la parte quejosa, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, el costo de ellos será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho de acceso a la jurisdicción.
• Ello, toda vez que se generaron las condiciones necesarias de tener un acceso a la función jurisdiccional del Estado a favor de las personas que tienen una insolvencia o precariedad económica y lo han demostrado indiciariamente; de forma tal que no se vean perjudicados por una denegación de justicia ante su insolvencia económica.
• Cuando el artículo 17 constitucional habla del principio de gratuidad, se refiere a la prohibición de las costas judiciales (el costo de la función jurisdiccional), es decir, el artículo no exime del pago de los costos propios del juicio como serían las costas en general, sino exclusivamente las judiciales. De lo que se desprende que hay una distinción entre costas judiciales y costas procesales. Estas últimas son erogaciones económicas que las partes necesitan hacer, de manera común y ordinaria, para encausar sus intereses durante el desarrollo de un proceso jurisdiccional y la ley secundaria prevé su compensación mediante la imposición del pago de las costas.
• De manera que si, en la especie, hasta el momento, el quejoso no ha manifestado si quiera ante la Jueza de Distrito incapacidad económica para cubrir el costo de los edictos y que ésta se demostrara de forma indiciaria con los elementos del juicio, en atención al criterio jurisprudencial citado, resultó apegado a derecho que en el auto recurrido se ordenara la publicación de éstos a costa del peticionario del amparo.
• No obsta para lo anterior la tesis aislada que cita el recurrente, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, AL IMPONER AL QUEJOSO LA PUBLICACIÓN A SU COSTA VIOLA EL DERECHO DE GRATUIDAD DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", toda vez que lo postulado en el referido criterio se aparta de las tesis de jurisprudencia emitidas por el Máximo Tribunal, por lo que, con base en las consideraciones expuestas, se procede a hacer la denuncia de contradicción de criterios.
• Se concluye que, contrario a lo aseverado por el agraviado, no se violenta el principio pro homine o pro persona, ya que, como se ha esclarecido, el quejoso se encuentra en aptitud de acudir ante el tribunal de amparo a manifestar y acreditar indiciariamente que se encuentra imposibilitado económicamente para cubrir el costo de los edictos para emplazar a los terceros perjudicados, para que tal cuestión sea abordada por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País.
II. El veintisiete de septiembre de dos mil doce, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (tribunal denunciado), resolvió el amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012), en apoyo del actual Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
• ********** demandó de ********** diversas prestaciones, entre ellas, la desocupación y entrega del inmueble objeto del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, el pago de las rentas por los meses de junio, julio y agosto del dos mil diez, así como el resto de las rentas vencidas y no pagadas y el pago de gastos y costas. De dicho juicio conoció el Juez Segundo Civil de Cuantía Menor de Nezahualcóyotl, Estado de México, quien dictó sentencia en el sentido de condenar a la demandada a las prestaciones reclamadas.
• Ambas partes promovieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, de los que conoció la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Texcoco, México, quien resolvió confirmar la sentencia recurrida.
• Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que, por razón de turno, correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl. Sin embargo, a través de diversos oficios suscritos por el secretario técnico y secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, se ordenó la remisión del juicio de amparo directo al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, quien resolvió negar el amparo solicitado por el quejoso.
• En la ejecutoria de amparo, por lo que hace a las consideraciones que atañen a la presente contradicción de tesis, el Tribunal Colegiado de referencia sostuvo lo siguiente:
• Previo al análisis de las cuestiones de fondo, es conveniente analizar las particularidades del caso en relación a la procedencia del juicio de garantías. De constancias de autos se advierte que la Sala responsable, en su informe justificado, manifestó que, luego de agotar una búsqueda a través de diversas dependencias sin haber localizado el domicilio de la tercero perjudicada, ordenó su emplazamiento a través de edictos y requirió al actor para que dentro del término de tres días acudiera a la Sala a recoger los edictos, con el propósito de que realizara el pago y publicación de los mismos y así tener por emplazada a la tercero perjudicada; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se admitiría la demanda y se ordenaría el turno de los autos al Magistrado ponente, a efecto de que emitiera la resolución correspondiente. Siendo que, en la especie, el quejoso no compareció ante la responsable a efecto de recoger los edictos, realizar el pago y publicación de los mismos ni realizar manifestación alguna sobre el particular.
• Por lo que el Tribunal Colegiado señaló que de una interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 30, fracción II y 5o., fracción III, del mismo ordenamiento, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre el quejoso, al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio al tercero perjudicado, actualiza una causa de improcedencia.
• No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado arribó a la firme conclusión de que, en el caso, se debe ejercer de manera oficiosa el control difuso de convencionalidad, a efecto de inaplicar el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, al resultar contrario al derecho humano que descansa en el principio de gratuidad en la administración de justicia.
• Lo anterior, pues a partir de las reformas a los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución Federal, los órganos del Poder Judicial de la Federación, ante la violación de los derechos humanos, deben ejercer control difuso de convencionalidad, al ampliarse su competencia en cuanto al objeto de protección del juicio de amparo.
• En el caso, el control difuso de convencionalidad se ejerce a fin de inaplicar lo dispuesto por el numeral 30, fracción II, de la Ley de Amparo, a efecto de respetar el principio de gratuidad en la administración de justicia contemplado en los artículos 17 constitucional y 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• En la especie, la violación a los citados artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se configura, porque el texto del numeral 30, fracción II, de la Ley de Amparo hace ineficaz el derecho de defensa, en tanto impone condiciones con las cuales se obstaculiza el mismo; de ahí que se atente el derecho humano que prevé tal instrumental.
•Tanto la norma constitucional (artículo 17) como el instrumento internacional (artículo 25) invocado garantizan el derecho a la defensa, al insertarse en el texto constitucional la posibilidad real a favor de toda persona para acceder a órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, ante los cuales se plantea una pretensión o defensa de ella y, seguida la secuela procesal, se decida a quién le asiste razón legal, mientras que en el instrumento internacional se aprecia la obligación del Estado de implementar los mecanismos necesarios y suficientes para permitir a toda persona hacer efectivo su derecho de defensa a fin de que el acto considerado violatorio de derechos se atienda por una autoridad con atribuciones legales sobre el mismo para revisar su legalidad, constitucionalidad o convencionalidad, además, ordenan respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a jurisdicción del Estado, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
• El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto establece que si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, tiene por efecto condicionar la procedencia del juicio de amparo a que quien promueva lleve a su costa una carga económica derivada de la publicación a su cargo de los edictos por los que se notificará al tercero perjudicado, y esto viene a configurar la contravención con el artículo 17 constitucional y 1o., 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• En efecto, si bien la integración del juicio constitucional exige el emplazamiento al tercero perjudicado, ello no justifica condicionar el ejercicio del derecho de defensa al pago de la carga económica derivada de la publicación de los edictos, a costa del quejoso.
• Se estima que el artículo en comento desconoce la prerrogativa de ejercicio pleno, abierto y sin restricciones al momento de ejercer la defensa particular en contra de un acto determinado, estatuido tanto por la norma internacional como por el artículo 17 constitucional.
• De la lectura de la sesión del Congreso Constituyente, celebrada el veintiséis de enero de mil ochocientos cincuenta y siete, se desprende que se pretendió establecer a nivel constitucional la gratuidad en la administración de justicia.
• Por ello, el principio de gratuidad en la administración de justicia no debe entenderse de manera absoluta, sino en el sentido de que lo prohibido por el artículo 17 constitucional, en su segundo párrafo, es que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en la administración de justicia una determinada cantidad de dinero como contraprestación de la actividad que realizan, por lo que dicha retribución debe ser cubierta por el Estado, de manera que dicho servicio sea gratuito y, por ende, están prohibidas las costas judiciales.
• En esas condiciones, el principio de gratuidad únicamente tiene relación con la actividad jurisdiccional; de modo que los demás gastos sí deben ser cubiertos por el justiciable (los que no impliquen una actuación de la administración de justicia).
• No obstante lo anterior, el emplazamiento a la parte tercero perjudicado mediante edictos sí implica la actividad de la administración de justicia, pues la integración de la relación jurídica corre a cargo del órgano jurisdiccional, toda vez que este tipo de actos procesales es propio e inherente a la función judicial, en tanto que se trata de actuaciones que de una u otra manera benefician o perjudican a las partes y determinan la posición que éstas van tomando en el procedimiento, lo que resulta indicativo de que deben ser cubiertas por el órgano jurisdiccional, por ende, forman parte de la administración de justicia que el Estado se encuentra obligado a proporcionar de manera gratuita.
• En esa tesitura, el dispositivo en comento deviene contrario a la normativa constitucional e internacional, en virtud de que las partes no deben hacer erogación alguna por ejercer su derecho de defensa.
• No obsta para arribar a la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", en donde se sostiene que el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, como es la manifestación del quejoso de no poder cubrir el gasto de la publicación de edictos, y los indicios suficientes que demuestren que no tiene capacidad económica para sufragar el pago de los edictos. Sin embargo, se considera que conforme a la reforma constitucional invocada, la tutela de los derechos humanos debe alcanzar tanto la normativa constitucional como los instrumentos internacionales, por lo que, en el caso, conviene acudir al control difuso de convencionalidad, bajo el principio de interpretación conforme, en relación con los numerales 17 de la Carta Magna y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para arribar a la conclusión de que el principio de gratuidad tiende a facilitar el acceso a la administración de justicia y lograr la tutela efectiva, en tanto no se permite exclusión de persona alguna en su afán de acceder a una entidad con funciones jurisdiccionales ante quien se ejercite su derecho de defensa, es decir, toda persona, sin condición alguna, debe tener la seguridad jurídica de que habrá una autoridad a su disposición, quien contará con facultades legales para dirimir la controversia a la cual se encuentre sujeto.
• Por lo que no resulta exigible al quejoso que comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de la publicación de edictos y que, además, se analice dicha afirmación en conjunto con los indicios que consten en autos para que se demuestre que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, y así sean cubiertos por el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa.
• Se dice lo anterior, porque como se vio, el principio de gratuidad tiende a facilitar el acceso a la administración de justicia y lograr la tutela efectiva, y no permite exclusión de persona alguna en su afán de acceder a una entidad con funciones jurisdiccionales ante quien se ejercite su derecho de defensa.
• Importa destacar que el criterio que sigue este Tribunal Colegiado no es con la intención de desacatar la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sino que deja de observarlo en atención a la normativa imperante a partir de las reformas a los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución Federal. Ello, porque la jurisprudencia de mérito se emitió antes de las reformas constitucionales sobre derechos humanos.
• En las relatadas condiciones, de conformidad con el control difuso de convencionalidad que se emprende y del análisis conforme de los artículos 17 de la Carta Magna y 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso concreto, se inaplica el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte que impone la publicación de los edictos a costa del quejoso, por resultar contrario al principio de gratuidad en la administración de justicia; consecuentemente, no procede el sobreseimiento en el juicio de amparo por esa causa.
• Lo anterior lleva a concluir que, en el caso concreto, no se encuentra emplazada a juicio la tercero perjudicada; no obstante, y pese a que ello constituye un presupuesto procesal, no afecta las defensas de la parte tercero perjudicada, en atención a que, como enseguida se verá, el sentido de fondo de la sentencia de amparo no le irroga perjuicio alguno.
• Ello aunado a que cuando se advierta que la sentencia le será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya sea porque se va a negar el amparo o porque se sobreseerá en el juicio, por lo que no debe ordenarse su emplazamiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos, durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda. Ello, de conformidad con la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTA DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ."
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis, deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirven de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6) y la tesis: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.".(7)
2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre, al menos, un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(8)
6. Es aceptable apreciar en la contradicción de tesis argumentos que, sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS ‘A MAYOR ABUNDAMIENTO’ SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."(9)
De la lectura de las resoluciones contendientes se desprende que sí existe la contradicción de tesis y que los puntos específicos que presentan diferencia de criterios son:
1. Si la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo abrogada es inconstitucional por transgredir el principio de gratuidad en la administración de justicia, al imponer al gobernado la carga de erogar el monto de las publicaciones para poder continuar con el trámite del juicio constitucional, porque el emplazamiento por edictos implica una actividad propia de la administración de justicia consistente en la integración de la relación jurídica procesal; o si, por el contrario, tal precepto debe considerarse apegado a la Constitución por no transgredir el referido principio de gratuidad, porque la publicación de los edictos constituye el pago de un costo propio del juicio, no costas judiciales.
2. Si la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo abrogada es inconstitucional por transgredir o ser privativo del derecho humano de acceso a la jurisdicción, al imponer al gobernado la carga de erogar el monto de las publicaciones para poder continuar con el trámite del juicio constitucional, porque se priva de tal derecho a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica; o si, por el contrario, tal precepto debe considerarse apegado a la Constitución por no transgredir el referido derecho humano con base en que respecto de las personas que no tengan los medios para cumplir con las publicaciones, existe criterio de jurisprudencia obligatoria que prevé eximir de tal carga a quienes no cuenten con los recursos respectivos.
Lo anterior sobre la base de que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvo, en esencia, que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece la imposición del costo de edictos a la parte quejosa, es constitucional y convencional, al existir previsión jurisprudencial en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, el costo de ellos será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho de acceso a la jurisdicción.
Por lo que estimó que, en el caso concreto, toda vez que el quejoso no manifestó ante la Jueza de Distrito incapacidad económica para cubrir el costo de los edictos y que ésta se demostrará de forma indiciaria con los elementos del juicio, en atención al criterio jurisprudencial de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", resultó apegado a derecho que en el auto recurrido se ordenara la publicación de éstos a costa del peticionario del amparo.
Mientras que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (tribunal denunciado), al advertir oficiosamente que el tercero perjudicado no estaba emplazado al juicio de amparo, realizó un control difuso de convencionalidad, mediante el que determinó inaplicar el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo al caso concreto, por considerarlo contrario al artículo 17 de la Constitución Federal y a los artículos 1o., 24 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, consecuentemente, no procediendo el sobreseimiento en el juicio de amparo por esa causa. Ello sin afectar las defensas de la tercero perjudicada, en atención a que el sentido de fondo de la sentencia de amparo no le irroga perjuicio alguno, al haberse negado la protección constitucional.
El Tribunal Colegiado denunciado sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo es contrario a los artículos antes citados, al condicionar el ejercicio del derecho de defensa al pago de la carga económica derivada de la publicación de los edictos, a costa del quejoso, así como porque desconoce la prerrogativa de ejercicio pleno, abierto y sin restricciones al momento de ejercer la defensa particular.
Adujo que el principio de gratuidad establecido en el artículo 17 constitucional, en su segundo párrafo, prohíbe que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en la administración de justicia una determinada cantidad de dinero como contraprestación de la actividad que realizan, por lo que dicha retribución debe ser cubierta por el Estado; de manera que el servicio sea gratuito. En ese sentido, sostuvo que el emplazamiento del tercero perjudicado sí implica la actividad de la administración de la justicia y, por ende, al ser dicho acto procesal (emplazamiento) inh
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24989-75b169d5/emplazamiento-al-tercero-perjudicado-el-articulo-30-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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