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EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 492/2013. · Registro digital (IUS): 26026
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , Pág. 70.

EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 492/2013. ENTRE LA SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 24 DE FEBRERO DE 2015. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veinticuatro de febrero de dos mil quince.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 492/2013, entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 99/2013 (cuaderno auxiliar 508/2013) respecto de los criterios sustentados por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 397/2012 y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el juicio de amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012); y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia. El doce de diciembre de dos mil trece,(1) se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito mediante el cual, **********, por propio derecho y con el carácter de recurrente en el amparo en revisión 99/2013 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, informó sobre la denuncia de posible contradicción de tesis entre la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 99/2013 (cuaderno auxiliar 508/2013) y los criterios sustentados por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 397/2012 y por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el juicio de amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012).

SEGUNDO.-Trámite de la denuncia. Recibidos los autos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de dos de enero de dos mil catorce,(2) en virtud de que el problema jurídico materia del aparente punto de contradicción derivado de la denuncia de la presente contradicción de tesis se encontraba estrechamente relacionado a las diversas contradicciones de tesis 42/2013 y 275/2013 y que estimó que la competencia para conocer del mismo correspondía al Pleno de este Alto Tribunal: admitió a trámite la denuncia de posible contradicción, formándose el expediente 492/2013, solicitó a los presidentes de los tribunales de referencia, las resoluciones emitidas, al resolver los asuntos citados o copia certificada de las mismas, así como la información necesaria para la integración de la presente contradicción; se ordenó dar vista a los Plenos en Materia Civil del Primer Circuito, así como a los Plenos del Segundo y Décimo Sexto Circuitos, para su conocimiento, y se turnó el asunto para su estudio, al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Mediante oficio SSGA-IX-381/2014,(3) de trece de enero de dos mil catorce el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito informó que ese órgano jurisdiccional no se había apartado del criterio sostenido en el recurso de revisión 397/2012 y acompañó copias certificadas de esa ejecutoria.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito mediante oficio número 04,(4) de veintidós de enero de dos mil catorce, informó que dicho órgano jurisdiccional no había sostenido en ninguna ejecutoria el criterio contenido en el amparo en revisión 99/2013, resuelto por el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo a ese órgano jurisdiccional y acompañó copias certificadas de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en apoyo a ese órgano jurisdiccional (antes Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo) en el amparo en revisión 99/2013.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, mediante oficio número 50/2014,(5) de tres de junio de dos mil catorce, informó que ese órgano jurisdiccional no ha sustentado un criterio diverso al sostenido por ese mismo órgano colegiado en su anterior integración como Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el amparo en revisión 99/2013, por lo que considera que tal criterio se encuentra vigente.

Por último, mediante oficio número 178/2014,(6) de veintiocho de enero de dos mil catorce, el Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, informó que ese órgano jurisdiccional mantiene el criterio sostenido en el cuaderno auxiliar del amparo directo 685/2012 y acompañó copia certificada de dicha ejecutoria.

TERCERO.-Integración del asunto. Por auto de doce de junio de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo debidamente integrada la presente contradicción de tesis, por lo que la remitió a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.

Asimismo, el conocimiento de este asunto por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por el recurrente en el amparo en revisión 99/2013 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito; cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.

TERCERO.-Criterio contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El veintinueve de mayo de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, resolvió el amparo en revisión 99/2013, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del que es necesario conocer los siguientes antecedentes:

1. El veintiséis de abril de dos mil doce, ********** promovió demanda de garantías en contra de la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil doce por el Tercer Tribunal Unitario de Circuito de Guanajuato, Guanajuato, en el recurso de apelación **********, derivado del juicio ordinario mercantil **********.

2. Por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil doce, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito admitió la demanda de garantías; posterior a los trámites legales; en proveído de catorce de febrero de dos mil doce, determinó sobreseer en el juicio fuera de audiencia.

3. Inconforme con la anterior determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio circuito, quien confirmó la resolución recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo, bajo las siguientes consideraciones:

• Los agravios de la recurrente son en parte, infundados y en parte, inoperantes.

• Cierto es que corresponde a los juzgadores de amparo la correcta integración de la relación legal entre las partes, y para ello, es necesario que se cumpla con las formalidades que se establecen para efectuar la primera notificación al tercero perjudicado, a fin de salvaguardar la garantía de seguridad jurídica y equilibrio procesal de los gobernados.

• Fue apegado a derecho que el Magistrado del Tribunal Unitario ajustara su decisión de citar al tercero perjudicado, conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, y atribuir al quejoso la publicación a su cargo de los edictos, pues atendió a la particularidad del caso concreto y dictó las medidas pertinentes y necesarias para su localización.

• Contrario a lo sostenido por el recurrente, el a quo llevó a cabo la investigación a que se obliga conforme a la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", a efecto de localizar el domicilio del tercero perjudicado; le dio margen para que manifestara su imposibilidad que pudiera tener para cubrir los gastos de los edictos y obvio es, el de demostrar su precariedad, por lo que si a pesar de ello no se concretó dicho fin, ni se externó y ofertó medio de convicción para demostrar la carencia de ingresos, fue ajustado a derecho que dicha potestad decretara el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución General.

• Tampoco es cierto que el Magistrado tuviera la obligación de apercibir al impetrante de garantías de manera primigenia, a través de la imposición de una multa, dado que amén de que su afirmación se torna dogmática y carente de razonamiento lógico-jurídico, de la ejecutoria de origen a la jurisprudencia antes citada, no se desprende tal hipótesis, sino que impone a los juzgadores de amparo, un catálogo de determinadas exigencias para lograr emplazar a la parte tercero perjudicada en un juicio de amparo, las cuales fueron cumplidas en el caso por el Tribunal Unitario.

• A más de lo anterior, aun cuando el inconforme aduzca que careció de los recursos económicos para sufragar su obligación procesal y que para ello anexó un escrito por el que el presidente del **********, asentó que el quejoso era jornalero y avecindado de ese lugar; tal documento no tiene el alcance para demostrar esa calidad, al carecer de nombre, firma o huella de quien lo extendió.

• Por ende, no media prueba alguna que haga presumir que no tenía capacidad económica para sufragar un pago semejante.

• En concordancia con lo anterior, no asiste razón jurídica al inconforme, al estimar que se ha contravenido el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que de así estimarse por este Tribunal Colegiado se entorpecería la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley.

• Además, con la aplicación de la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo no se contravienen los artículos 1o., 8o., 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no existió motivo de discriminación alguna al quejoso, ya que como se advirtió, la prueba documental allegada, además de extemporánea, era un escrito simple carente de valor probatorio.

• Tampoco es cierto que con la obligación a su cargo respecto a la publicación de edictos se atentó contra la gratuidad de la administración de la justicia, ya que lo prohibido en el artículo 8o. de la convención referida y en el 17 de la Constitución Federal, es que el gobernado pague a quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado, una determinada cantidad de dinero por la actividad que realiza el órgano jurisdiccional, pues dicho servicio es el que debe ser gratuito; máxime que el agraviado, se insiste, no manifestó ante el a quo la imposibilidad de publicar los edictos.

• Por último, es inoperante el motivo de disconformidad en el que aduce que no se debió llamar o considerar como tercero perjudicado a ********** dado que el proveído en el que el Magistrado determinó ese carácter no fue recurrido en su oportunidad a través del medio de defensa que establece la Ley de Amparo, por ende, el mismo ha de quedar firme.

• Así, al resultar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad examinados, lo procedente es confirmar la determinación recurrida y sobreseer en el juicio de garantías promovido por el quejoso.

II. El veinticuatro de enero de dos mil trece, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió el amparo en revisión 397/2012, del que es necesario conocer los siguientes antecedentes:

1. El ocho de mayo de dos mil doce, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo en contra de la falta de emplazamiento en el juicio especial hipotecario promovido en su contra por el ahora tercero perjudicado, así como todos los demás actos derivados de dicho proceso.

2. De dicho juicio correspondió conocer al Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien previo requerimiento, admitió y ordenó el emplazar a juicio a la tercero perjudicada.

3. Concluido el procedimiento, la Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal dictó sentencia en la que resolvió sobreseer en el juicio de garantías.

4. Inconforme el quejoso interpuso recurso de revisión, del que conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto **********, de conformidad con las siguientes consideraciones:

• Es esencialmente fundado el agravio en el que la recurrente señala que la circunstancia de que el quejoso no hubiera recogido los edictos para su publicación en términos de lo ordenado por la Juez de Distrito, en modo alguno implica que se deba sobreseer en el juicio con base en los argumentos apuntados en la sentencia recurrida.

• Lo anterior es así, en virtud de que la legislación federal aplicable no previene tal sanción, y que en todo caso, el Juez Federal debió dictar las medidas de apremio que estimara conducentes para obligar al peticionario del amparo a dar cumplimiento, en términos del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues, se reitera, no existe precepto legal en que se establezca como causa de sobreseimiento, el no recoger los edictos ordenados.

• La Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 108/2010: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", señaló que la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, supone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr emplazar a la parte tercero perjudicada en un juicio de amparo, pero no siempre su incumplimiento conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de amparo.

• De la ejecutoria en comento se advierte que la Segunda Sala señaló que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, presupone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr emplazar a la parte tercero perjudicada en el juicio de amparo. De las que se desprende que sólo en la hipótesis de que a pesar de hacer efectiva la medida o medidas de apremio con que el juzgador de amparo haya prevenido al quejoso y previo nuevo requerimiento, pero ahora con el apercibimiento de sobreseer en el juicio de garantías, si el agraviado no acude a recoger los edictos para su publicación, o bien, que habiéndolos recogido, no informe al Juez de Amparo dentro de los términos concedidos para ello, las gestiones realizadas para su publicación, entonces sí, el Juez Federal estará en posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia.

• En la especie, de las constancias que remitió la Juez Federal para la sustanciación del recurso de revisión, se advierte que una vez agotado el procedimiento de investigación sin resultado alguno, por auto de tres de octubre de dos mil doce, el Juez de amparo ordenó que el emplazamiento de la tercero perjudicada **********, se llevara a cabo por medio de edictos a costa del quejoso, requiriéndole para que en el término de tres días, compareciera al local de ese órgano jurisdiccional a recoger los edictos y una vez hecho lo anterior, en el mismo término acreditara el pago de la publicación de los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo, se decretaría el sobreseimiento en el juicio de amparo, por falta de interés en la prosecución del mismo.

• Determinación que se estima incorrecta dado que, lo que procedía, era que la Juez de Distrito apercibiera al quejoso con alguna de las medidas de apremio que estimara pertinentes, para el caso de que no acatara tal decisión, en observancia de la jurisprudencia 2a./J. 108/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al no haberlo hecho así, es inconcuso que se transgredió en perjuicio del solicitante de garantías las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo.

• Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, cuyos rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.-Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo."

• En las condiciones apuntadas, ante lo esencialmente fundado del agravio, resulta procedente revocar la sentencia recurrida para el efecto de que se reponga el procedimiento, atendiendo a los lineamientos precisados en las líneas precedentes.

III. El veintisiete de septiembre de dos mil doce, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia de Guadalajara, Jalisco, resolvió el juicio de amparo directo 685/2012, en apoyo del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, del que es necesario conocer los siguientes antecedentes:

1. ********** demandó de **********, diversas prestaciones, entre ellas, la desocupación y entrega del inmueble objeto del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, el pago de las rentas por los meses de junio, julio y agosto de dos mil diez, así como el resto de las rentas vencidas y no pagadas y el pago de gastos y costas. De dicho juicio conoció el Juez Segundo Civil de Cuantía Menor de Nezahualcóyotl, Estado de México, quien dictó sentencia en el sentido de condenar a la demandada a las prestaciones reclamadas.

2. Las partes promovieron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, de los que conoció la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con residencia en Texcoco México, quien resolvió confirmar la sentencia recurrida.

3. Inconforme con dicha resolución, la parte actora promovió juicio de amparo directo, del que por razón de turno correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, el que lo admitió a trámite el tres de julio de dos mil doce. Sin embargo, a través de diversos oficios suscritos por el secretario técnico y secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, se ordenó la remisión del juicio de amparo directo al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, quien resolvió negar el amparo solicitado por el quejoso.

4. En la ejecutoria de amparo, por lo que hace a las consideraciones que atañen a la presente contradicción de tesis, el Tribunal Colegiado de referencia sostuvo lo siguiente:

• Previo al análisis de las cuestiones de fondo, es conveniente analizar las particularidades del caso, en relación con la procedencia del juicio de garantías. De constancias de autos se advierte que la Sala responsable en su informe justificado manifestó que, luego de agotar una búsqueda a través de diversas dependencias sin haber localizado el domicilio de la tercero perjudicada, ordenó su emplazamiento a través de edictos y requirió al actor para que dentro del término de tres días acudiera a la Sala a recoger los edictos, sin que hubiera comparecido.

• El Tribunal Colegiado que conoció del asunto, requirió al quejoso para que en el plazo de tres días acreditara haberse apersonado ante la Sala responsable con el propósito de que realizara el pago y publicación de los mismos y así tener por emplazada a la tercero perjudicada, lo anterior bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se admitiría la demanda y se ordenaría el turno de los autos al Magistrado ponente, a efecto de que emitiera la resolución correspondiente, por lo que el Tribunal Colegiado se reservó proveer sobre la admisión de la demanda de amparo.

• Siendo que en la especie, el quejoso no compareció ante la responsable a efecto de recoger los edictos, realizar el pago y publicación de los mismos, ni realizar manifestación alguna sobre el particular, se hizo efectivo el apercibimiento admitiendo la demanda y ordenando el turno del asunto para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

• Por lo que, el Tribunal Colegiado señaló que de una interpretación sistemática de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales, 30, fracción II y 5o., fracción III, del mismo ordenamiento, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre el quejoso, al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio al tercero perjudicado, actualiza una causa de improcedencia.

• No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado arribó a la firme conclusión de que en el caso se debe ejercer de manera oficiosa el control difuso de convencionalidad, a efecto de inaplicar el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, al resultar contrario al derecho humano que descansa en el principio de gratuidad en la administración de justicia.

• Lo anterior pues, a partir de las reformas a los artículos 1o. y 103, fracción I, de la Constitución General, los órganos del Poder Judicial de la Federación, ante la violación de los derechos humanos, deben ejercer control difuso de convencionalidad, al ampliarse su competencia en cuanto al objeto de protección del juicio de amparo.

• En el caso, el control difuso de convencionalidad se ejerce a fin de inaplicar lo dispuesto por el numeral 30, fracción II, de la Ley de Amparo, a efecto de respetar el principio de gratuidad en la administración de justicia contemplado en el artículo 17 constitucional y 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• En la especie, la violación a los citados artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se configura porque el texto del numeral 30, fracción II, de la Ley de Amparo hace ineficaz el derecho de defensa, en tanto impone condiciones con las cuales se obstaculiza el mismo; de ahí que se atente el derecho humano que prevé tal instrumental.

• Tanto la norma constitucional (artículo 17) como el instrumento internacional (artículo 25) invocado, garantizan el derecho a la defensa al insertarse en el Texto Constitucional la posibilidad real a favor de toda persona para acceder a órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, ante los cuales se plantea una pretensión o defensa de ella y, seguida la secuela procesal, se decida a quien le asiste razón legal, mientras que en el instrumento internacional, se aprecia la obligación del Estado de implementar los mecanismos necesarios y suficientes para permitir a toda persona hacer efectivo su derecho de defensa a fin de que el acto considerado violatorio de derechos se atienda por una autoridad con atribuciones legales sobre el mismo para revisar su legalidad, constitucionalidad o convencionalidad; además ordenan respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a jurisdicción del Estado, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

• El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto establece que si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso; tiene por efecto condicionar la procedencia del juicio de amparo a que quien promueva lleve a su costa, una carga económica derivada de la publicación a su cargo de los edictos por los que se notificará al tercero perjudicado y esto viene a configurar la contravención con los artículos 17 constitucional y 1o., 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• En efecto, si bien la integración del juicio constitucional exige el emplazamiento al tercero perjudicado, ello no justifica condicionar el ejercicio del derecho de defensa al pago de la carga económica derivada de la publicación de los edictos, a costa del quejoso.

• Se estima que el artículo en comento, por un lado, transgrede el derecho de igualdad y no discriminación, porque limita la impartición de justicia a quienes por su posición económica, puedan cubrir a su costa la publicación de los edictos; y, por otro lado, desconoce la prerrogativa de ejercicio pleno, abierto y sin restricciones al momento de ejercer la defensa particular en contra de un acto determinado, estatuido tanto por la norma internacional como por el artíc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26026-dc70e197/emplazamiento-al-tercero-perjudicado-el-articulo-30-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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